valentin santana

Durante los ejercicios militares del pasado 25 de febrero, el líder del colectivo La Piedrita –quien tiene tres órdenes de captura, dos de estas por homicidio – estrechó las manos de Érika Farías, Ernesto Villegas, Carolina Cestari y del general de división Fabio Zavarse, sin soltar su arma de fuego. El mensaje de los videos que muestran el momento, de acuerdo con expertos consultados, apuntan a la “lógica del terrorismo de Estado”, que busca sembrar miedo en quienes disienten, y dejan claro que el gobierno apoya la impunidad de los grupos armados

 

@loremelendez

NO USA PASAMONTAÑAS, TAMPOCO VA DE NEGRO, pero sí está armado como el resto del grupo. Valentín Santana lleva unas gafas oscuras que se le incrustan en los ojos y dos prendas rojas que le hacen ver la cara pálida: una boina y una chaqueta marcadas con el símbolo de La Piedrita, el colectivo que lidera en la parroquia 23 de Enero. Del hombro izquierdo, a la altura de la cintura, le cuelga el complemento de su indumentaria: un subfusil Uzi. Así se expone ante una cámara, rodeado de otros paramilitares que exhiben sus fusiles AR15, mientras promete fidelidad a Nicolás Maduro y asegura que siempre defenderá a Venezuela con las armas.

El video de Santana – quien desde hace más de una década tiene tres órdenes de captura emitidas por tribunales , dos de estas por homicidio – circuló el pasado domingo en medio de los Ejercicios de Acción Defensiva Multidimensional Independencia 2018 que se desplegaron en el 23 de Enero, donde hace vida La Piedrita, como una especie de ensayo para impedir una hipotética intervención extranjera. Los colectivos armados fueron parte de esta actividad: tomaron edificios, se subieron a las azoteas, dispararon al aire, izaron banderas. Las autoridades locales gubernamentales no solo lo supieron, sino que también le dieron su visto bueno a los hechos.

Un segundo video muestra este apoyo (minuto 1:02 del video de arriba). Santana grita “Chávez vive, la patria sigue”, con el puño el alto, y comienza el desfile de funcionarios. Allí se ve a la alcaldesa de Libertador, Érika Farías y a la jefa del Distrito Capital y ex ministra de la Suprema Felicidad, Carolina Cestari, desviarse de su recorrido por la zona para estrecharle la mano y besar la mejilla del líder paramilitar que porta un subfusil a la altura de la cintura. También se observa cómo el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral del Distrito Capital (Zodi), general de división Fabio Enrique Zavarse, se devuelven para saludarle y darle palmadas en el hombro a Santana, que apenas se mueve de su sitio. Los cuatro miembros del gobierno, escoltados por guardias nacionales, se detienen al pasar por el territorio de La Piedrita y uno de ellos, el militar Zavarse, hasta se permite una broma: “Por favor, le mandas el video a Julio Borges (ex presidente de la Asamblea Nacional) de mi parte”, le comenta al jefe del colectivo.

“Esa es la normalización de la actuación de estos grupos paramilitares con funcionarios del Estado”, sentenció Inti Rodríguez, coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de la ONG Provea, quien recordó que los colectivos ya han ejecutados labores propias de las fuerzas de seguridad del Estado: han reprimido protestas, han tomado partido en programas de seguridad ciudadana, como lo hicieron en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), y han participado en operativos de cuerpos especiales como el que cometió la Masacre de El Junquito, donde mataron a Óscar Pérez y a 6 de sus aliados, junto a Heyker Vásquez, quien era líder del colectivo Tres Raíces y funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

Para Rodríguez, el mensaje de ambos videos se basa en la “lógica del terrorismo de Estado” que busca sembrar el miedo en quienes disienten. Relató que al día siguiente de los ejercicios militares, el lunes 26 de febrero en horas del mediodía, esos mismos colectivos hicieron una marcha hasta la sede de la asamblea nacional constituyente y asistieron encapuchados y con armas de fuego. “Ningún cuerpo de seguridad evitó que esto ocurriera”, reclamó.

El uso de fusiles y subfusiles por parte de estos grupos paramilitares también llamaron la atención del experto. “Las armas sofisticadas que tienen no se le ven a los policías que están en la calle, sino a grupos especiales policiales o militares como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) o las FAES. Eso da cuenta del nivel de penetración que los colectivos tienen en las fuerzas de seguridad y cómo son parte de esa estructura”, enfatizó.

Rodríguez indicó que tal penetración refuerza la construcción del Estado militar y policial, en el cual los ciudadanos cumplen acciones propias de estas fuerzas, que van desde la delación y vigilancia hasta los ajusticiamientos. “Además, se refuerza la tesis del enemigo interno y externo y promueve estas figuras tan peligrosas como los son grupos civiles armados”, acotó.

El Estado mafioso

Hugo Chávez mencionó a Valentín Santana durante una alocución en 2009, justo antes del referéndum aprobatorio de la Enmienda Constitucional que permitió la reelección indefinida del presidente de la República. Pero lejos de hacer una intervención para alabarlo, el entonces jefe de Estado lo criticó duramente por haber amenazado de muerte a Marcel Granier, presidente de las Empresas 1BC, y advirtió que su lugar debía ser la cárcel.

“Él (Santana) dice ser jefe de un grupo llamado La Piedrita (…) y él dice algo mucho más grave: que si ellos consiguen a una persona, y le dan nombre y apellido (dice sin referirse a Granier), lo van a matar (…) Yo hoy llamé a la fiscal de la República para que tome las acciones. Esa persona debe ser detenida porque es un delito estar amenazando de muerte a nadie (sic.). El Estado actuará, ellos deben asumir sus consecuencias, actuaremos con todo el peso de la ley. Este es un criminal”, apuntó Chávez. Pero nada pasó.

Todavía hoy, el líder de La Piedrita sigue libre, pese a que desde 2007 tiene una orden de captura por porte ilícito de arma de fuego, uso de documento falso y homicidio intencional simple, emanada por el juzgado 45to del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en función de control. De acuerdo con una declaración pública de la otrora fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, en su expediente hay otras dos detenciones pendientes, dictadas en 2008 y 2009, por homicidio y lesiones personales.

Pero en esos años, según una nota del diario El Nacional, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no se le había ordenado su búsqueda. Sin embargo, en febrero de 2009, el entonces ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami, había asegurado que las fuerzas de seguridad del Estado estaban detrás del rastro de Santana desde enero de 2008, y no habían logrado dar con su paradero.

La impunidad de Santana es tal que en 2017 lanzó su candidatura a la asamblea nacional constituyente, aunque perdió. En medio de esa campaña, el 20 de julio, distribuyó un video para denunciar que el Cicpc perseguía a los colectivos del oeste de Caracas y los culpaba por la muerte de Xiomara Scott, la mujer que fue asesinada en la avenida Sucre de Catia por pistoleros que atacaron a quienes votaban en la consulta opositora del 15 de julio. Por esos días, vecinos de la zona indicaron que la reacción del líder se debía a que los uniformados habían ingresado a uno de los locales comerciales controlados por su grupo.

“Ya hay dos detenidos, uno es un colectivo de Los Frailes. Le allanaron el local a los compañeros del Frente Miliciano Sucre. ¡Qué eficientes son ellos cuando se trata de los pobres! (…) Ustedes osan a tocar el territorio de La Piedrita y lo más seguro es que me saquen muerto, pero yo no me les voy a arrodillar a ustedes”, advirtió.

Rodríguez sostuvo que, con el paso de los años, los colectivos se fortalecieron y, en la actualidad, no solo tienen armas. “Hoy controlan la venta de comida, que viene de los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), a precios super elevados, controlan territorios y ejercen labores de represión contra adversarios políticos”, insistió.

El director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, apuntó que las relaciones entre el gobierno y estos grupos de civiles armados se inscriben en uno de los conceptos que la organización ha utilizado para definir a quienes hoy están en el poder.

“Nosotros hemos manejado la teoría del Estado mafioso, donde hay una cantidad de líderes dentro de la estructura gubernamental que están en conjunción con fuerzas delincuenciales (…) Parte del metamensaje del ‘Estado mafioso’ hacia afuera es que está apoyado por personas que no responden ante la ley, en este caso, los colectivos”, afirmó Cedeño, al interpretar el video de Santana al lado de Cestari, Farías, Villegas y Zavarse. “Son tratamientos diferenciados ante la ley que mandan un mensaje que dice que comulgan con esas fuerzas, que ellos tienen su apoyo y que por eso pueden actuar de manera impune”, siguió.

Cedeño distingue a los colectivos deportivos y culturales de grupos armados como La Piedrita, a los cuales identifica como megabandas criminales vinculadas al delito organizado.

“La diferencia con las megabandas está en que estos se autodefinen como colectivos y en las conexiones que tienen con el gobierno, sobre todo con una alcaldía como la de Libertador, que ha sido señalada de bajarles recursos (…)”, recalcó el director de Paz Activa.

El experto también recordó que, desde siempre, los lazos de los funcionarios del Ejecutivo con los colectivos han sido ambiguos. Incluso Hugo Chávez se zafó una vez de la relación con estos grupos en una entrevista concedida a CNN en Español en 2009.

“Yo he repetido que condeno cualquier forma de violencia. Hay un chantaje tremendo de algunos medios de comunicación que son propiedad de la burguesía. Hay un laboratorio que fabrica hechos de violencia y, cuando apenas terminan de ocurrir, de una vez señalan al gobierno”, aseveró cuando le preguntaron sobre los colectivos armados identificados con el oficialismo.

“Es un discurso velado, ambivalente, ambiguo. Ellos (el gobierno) no dicen que los apoyan”, señaló Cedeño, quien recordó que cuando el ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quiso enfrentarlos y recuperar la institucionalidad, lo destituyeron de su cargo. A ese funcionario se le señala de ser el responsable de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el  el edificio Manfreddy de Quinta Crespo, donde José Odreman, líder del 5 de Marzo, y otros cuatro miembros de colectivos del oeste de Caracas fueron asesinados por el Cicpc en octubre de 2014.

La más reciente declaración sobre la cercanía del gobierno y los colectivos la ofreció el pasado jueves, 1 de marzo, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, quien marcó distancia con estos grupos, pese a que participaron en los ejercicios militares del fin de semana.

«La fundamentación de la Revolución Bolivariana está en el pueblo, en la organización popular, en las comunas, en los colectivos para el arte, la música, la política, el deporte y la vida, NO en esas organizaciones que han malinterpretado el mensaje y se hacen llamar colectivos», dijo el el titular de Defensa. Cuatro días antes, sin embargo, Valentín Santana le estrechaba la mano a tres funcionarios del gobierno y al jefe del Zodi Capital, sin siquiera despojarse del subfusil que le cruzaba el torso.

«La fundamentación de la Revolución Bolivariana está en el pueblo, en la organización popular, en las comunas, en los colectivos para el arte, la música, la política, el deporte y la vida, NO en esas organizaciones que han malinterpretado el mensaje y se hacen llamar colectivos» pic.twitter.com/WNfgTTqfla

— MPPDefensa (@PrensaFANB) 1 de marzo de 2018

 

 

 

 

Esos encapuchados fuertemente armados con ametralladoras que aparecieron el sábado pasado, al lado del líder del colectivo La Piedrita, Valentín Santana –prófugo de la justicia con tres órdenes de captura–, que circulan ampliamente por las redes mientras saludan efusivamente a la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, al ministro Ernesto Villegas y, lo que es peor, al comandante de la ZODI Distrito Capital, general Fabio Zavarse Pabón, que en vez de decomisar el armamento de uso exclusivo de la FANB fue a rendirles pleitesía durante unos penosos ejercicios militares de defensa denominados “Ejercicio Multidimensional Independencia 2018”, ofrecieron la imagen de un país donde reina la anarquía y la barbarie, cuyos componentes militares mostraron un bajo apresto operacional mientras cuentan con una estructura paramilitar que tomó por las armas a toda la sociedad.

La Fuerza Armada Nacional se encuentra degradada, dejó de ser una institución democrática y está subordinada a las bandas armadas conocidas como colectivos. Santana, rodeado por sicarios que asomaban la mirada por los ojales de sus máscaras, anuncio que estaba activando unos supuestos anillos de seguridad para defender el gobierno de Nicolás Maduro.

Ante esa aparición tan siniestra, lo primero que a uno se le ocurre es que el régimen ha montado una lúgubre mascarada y ha cometido el delito de apología del terrorismo. No hay ningún interés en hacer el más mínimo disimulo, al menos frente a la comunidad internacional que sigue los pasos de un régimen reconocido como forajido.

Al menos Hugo Chávez, cuando los colectivos se pasaban de la raya, vociferaba un par de amenazas y luego los dejaba tranquilos. Así hizo una vez con la difunta Lina Ron, que puso tras las rejas para evitar que lo responsabilizaran en el embarazoso tema de ser permisivo con los actos delincuenciales de su más entusiasta colaboradora, quien había liderado un ataque violento contra la sede de Globovisión. Estuvo dos meses presa y después volvió a sus andanzas como si nada.

En 2009, “el galáctico” tildó de criminal a Valentín Santana, después de explicar que no era posible que un grupo armado amenazara de muerte a un ciudadano –al presidente de Radio Caracas Televisión, Marcel Granier– y hasta pidió que lo apresaran. Como era de esperarse, eso nunca sucedió, porque los escuadrones paramilitares son necesarios para dar apoyo a la GNB y la PNB cada vez que surjan protestas como las escenificadas en 2017, que dejaron un saldo de al menos 130 muertos, y se encargan de hacer el trabajo sucio y cometer con extrema crueldad las peores vilezas bajo el amparo de efectivos militares.

Esa es la verdadera unión cívico-militar que ha logrado convertir al gobierno de Nicolás Maduro en un régimen totalitario, absolutamente impresentable.

Un gobierno apoyado por una plataforma subversiva y por delincuentes de alta peligrosidad no saldrá jamás mediante elecciones transparentes. Solo una Fuerza Armada que cumpla sus deberes constitucionales y propicie una transición democrática puede lograr el cambio que anhelamos los ciudadanos.

La salida militar está en el debate público, el ex ministro de la Defensa general Fernando Ochoa Antich lo planteó el domingo en un extenso artículo en este diario: “Las insurrecciones militares contra Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez fueron actos heroicos de militares que tomaron las armas en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, para derrocar gobiernos que no tenían legitimidad alguna. Actualmente, una decisión tan compleja, como es tomar las armas de la República para insurreccionarse, se transforma en una obligación para el militar profesional”. ¡Así, o más claro!

 

@AliasMalula

El Nacional

Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita, se lanzó como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Promete optimizar los Clap y alejar el hampa del 23 de Enero. Sin embargo, el aspirante lleva a cuestas una gruesa lista de deudas con la justicia. Es señalado presuntamente por homicidio, porte ilícito de arma de fuego y narcotráfico, pero para algunos en la zona es un Robin Hood de los desamparados

 

VALENTÍN SANTANA HA SALIDO de las murallas de La Piedrita a recorrer Monte Piedad y Agua Salud, en la parroquia 23 de Enero para promocionar su candidatura a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero él no salió solo a compartir con la comunidad y dar a conocer su plan de trabajo, va acompañado por 6 hombres que forman parte de su organización y están armados con pistolas de alto calibre. Él junto a su indumentaria que exhibe emblemas de la revolución, lleva también chalecos antibalas para protegerse de sus enemigos.

Hace una grabó un programa de La Hojilla desde el bloque 7. Allí llamó a votar e hizo su oferta de campaña: la optimización en la entrega de los Clap, que todos los vecinos, sin distingos tengan acceso a las bolsas de comida. Sin embargo, en una venta de productos básicos organizado días antes en La Piedrita, él solo entregó los paquetes a quienes firmaban a favor de la constituyente. Quienes se negaron a plasmar su rúbrica los excluyó del beneficio. Santana también planteó limpiar la zona de delincuentes, que los vecinos vivan tranquilos en una zona de paz.

Él y su colectivo se describen como promotores de la paz. “Él es la antítesis de esa palabra. En mi vida había conocido a un hombre tan violento como él. No se dirige a los pobladores con un discurso de reconciliación, sino intimidatorio, habla de acabar con los opositores, a quienes tilda de fascistas, que deben ser perseguidos y destruidos para defender la revolución”, manifiesta un vecino al afirmar que el lanzamiento de su candidatura ha provocado dos tipos de reacciones entre los pobladores: rechazo y miedo.

Comenzó con un trabajo social

Cuenta que Valentín Santana lleva más de 30 años al frente del Colectivo La Piedrita, organización que fundó en 1985. En sus comienzos este frente comunal distaba de lo que es ahora. “Valentín era un luchador social. Se abocaba a denunciar los problemas de la zona, a buscarle solución. Varias veces me invitó a que lo ayudara en sus actividades sociales y culturales. Buscaba ayudas para todos por igual, sin importar ideologías: llamaba a reuniones para tratar el problema del agua, de la basura y la delincuencia. Pero a raíz de una tragedia familiar, se convirtió en un hombre irreconocible, despiadado y vengativo. Él quería frenar la violencia en la zona con más violencia”.

Después de haber consolidado su organización, Santana tuvo discrepancias con José Pinto, uno de los directivos del colectivo Tupamaro que también tiene su centro de operaciones en el 23 de Enero. Ellos tenían una lucha de poderes: se pelaban por quién tenía más simpatizantes y quién era el más influyente en la zona. El 21 de junio de 2006, fue asesinada una personas muy importante para Santana entre los bloques 17 y 18 de La Cañada. El homicidio fue atribuido a Julio Troconis, Edgar Aranguren y Wilfredo Da Costa, integrantes de Tupamaro.

Luego de ese hecho, ese mismo día mataron al padrastro de Troconis, de nombre Rafael González. Él había sido ejecutado dentro de su vivienda en el barrio El Observatorio. La esposa de González acusó públicamente a Valentín Santana de esa muerte. En aquella oportunidad dijo que ella se salvó de haber sido asesinada porque la pistola que supuestamente accionó el líder de La Piedrita para ultimar a González se había quedado sin balas. Los señalamientos fueron desmentidos por Santana, quien expresó que eran parte de un plan para desprestigiarlo. En su defensa alegó que ese día se encontraba de guardia como supervisor de seguridad en la Universidad Central de Venezuela, donde trabajaba.  

Los señalamientos contra Santana no se limitaron a ese homicidio, la lista pica y se extiende. En noviembre de ese mismo año Julio Troconis fue asesinado en las escaleras de la estación Plaza Venezuela del Metro de Caracas. En el lugar Valentín Santana fue detenido y le incautaron una pistola y un documento falso de porte de arma. Solo permaneció tras las rejas un día porque la juez del tribunal 45 de primera instancia, Mariela Hernández, lo dejó en libertad bajo régimen de presentación. El líder del colectivo declaró que él actuó contra Troconis en defensa propia. 

Dos meses después, el 30 de enero de 2007, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones acordó privativa de libertad contra Valentín Santana por porte ilícito de arma de fuego, homicidio y uso de documentos falsos, pero su detención no se concretó. Meses después, José Pinto, enemigo de Santana fue víctima de un atentado en La Guaira. Una pareja de motorizados lo atacó a tiros y culpó a su ex compañero de este hecho. “Estos crímenes han quedado impunes. Él tiene tres órdenes de captura emitidas en 2007, 2008 y 2009. No se han concretado y él no se ha entregado. Aquí se pone de manifiesto el poder que tiene Valentín Santana no solo aquí, sino en las altas esferas del Gobierno. Por eso la gente le teme, le huye. También se cree con autoridad para matar a los delincuentes. No le deja esa tarea a los cuerpos de seguridad. Aquí han caído varios miembros de la banda del Quilombo y de otras organizaciones, a manos de Valentín y sus hombres”, refiere el habitante, quien mantiene su nombre en reserva por razones de seguridad.

A él también lo vinculan con supuestamente con el negocio de venta de droga dentro y fuera del 23 de Enero. En diversas publicaciones señalan que tuvo nexos con la red de narcotráfico de Dino Bourtese, quien está preso en Estados Unidos por esta causa.   

En 2008 se reportaron ataques contra medios de comunicación. A Valentín Santana y a su grupo lo señalaron de lanzar bombas lacrimógenas contra Globovisión y la Nunciatura Apostólica. En una entrevista concedida al semanario Quinto Día, él amenazó de muerte a Marcel Granier. Texualmente dijo: “Si agarramos por ejemplo a Marcel Granier, director de RCTV, lo vamos a pasar por las armas, sin vacilación lo vamos a hacer”.

Toques de queda y desplazamientos

Valentín Santana cada vez que ocurre una situación irregular en la parroquia y en especial, en La Piedrita, que está bajo sus dominios, impone toque de queda y lo anuncia, a través del parlante como lo hizo el sábado 10 de marzo. Ese día, él hizo allanamientos y quemó más de 30 vehículos como una arremetida en contra de un sujeto apodado El Gordo Culón, quien había asesinado a dos miembros del Colectivo La Piedrita: Raimond Bustamante y Oscar Navas. “Eso fue de terror. Hubo tiroteos. Me tuve que meter debajo de la cama hasta que cesara la ráfaga. Los hombres de Valentín se metieron en una casa con capuchas negras, le tumbaron la puerta y le cayeron a disparos. Buscaban al Gordo Culón, desordenaron todo y tirotearon la casa”.

Hace pocos días también hubo otro toque de queda en La Piedrita. Al día siguiente del secuestro del helicóptero del Cicpc por el inspector Oscar Pérez, se prohibió el ingreso de vehículos a La Piedrita por razones de seguridad. “Los que salimos al trabajo, debíamos regresar a nuestras casas a pie. No hubo transporte. La orden fue impartida por Valentín y fue cumplida”.    

Quienes se han opuesto abiertamente a la política de Santana ha sido expulsado de La Piedrita, según una habitante. “A quienes considera una amenaza les dice tienes un lapso de 24 horas para largarte de aquí. Varias familias se han ido, atemorizadas. Las casas han quedado desocupadas. De la premura, algunos las han dejado amobladas. Se han ido al interior del país. No se han atrevido a regresar, dicen: lo material se recupera, pero la vida no”.  

Un Robin Hood en el 23 de Enero

En contraposición a este rosario de irregularidades. Hay quienes respaldan a Valentín. Lo consideran un héroe, una especie de Robin Hood, que ha limpiado la zona de delincuentes y ha hecho obras sociales para favorecer a los más necesitados. En La Piedrita fundó una panadería, una herrería y habilitó la Casa Hogar, Eva Torres. El lugar lleva el nombre de su madre y da refugio a aquellos niños con enfermedades crónicas que provienen del interior del país y que viajan a Caracas a recibir tratamiento médico. “Él le tendió la mano a una amiga, que debía viajar a Caracas porque su hijo tenía que someterse a una diálisis en el JM de Los Ríos. Se quedó varios días y hasta comida le dieron. Por eso le agradezco de por vida”, dijo una residente de La Piedrita.   

Aún así los detractores de Valentín Santana cada día suman más, dejaron de creer en el proyecto socialista. Tienen hambre, sufren los estragos de la crisis económica. Se sienten defraudados por el chavismo y el régimen de Maduro. Ya La Piedrita y el resto de la parroquia del 23 de Enero dejaron de ser bastión de la revolución.