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OVV: ¿Es posible acostumbrarse a los comportamientos violentos?

ENTRE LA NIEBLA Y EL ESTUPOR de una mañana sancristobalense, las calles aún no despiertan, a pesar de ser cerca de las siete de la mañana. Los pocos carros que andan por las vías transitan lentos y sin apuro. Como suele suceder, los escasos autobuses que todavía circulan por estos días se van estacionando cada pocos metros a dejar una tanda de pasajeros. Mientras las personas se bajan en su destino, el sonido de un golpe seco y el reventar de unos cristales, los despierta de repente y los saca de su ensoñación, empero siguen caminado quizás por la premura o por el temor de que el sonido se repita y derive en una situación desagradable.

No obstante, quienes iban en los carros –detrás del autobús- no pudieron evitar conocer el motivo de ese ruido. Un joven sentado en el asiento del copiloto de un Chevette amarillo se asoma por la ventana y con un bate en la mano, golpeó las luces traseras del autobús y sigue su camino por la avenida. Nadie dijo nada. Nadie se alteró mucho. Solo pasó. ¿Había un motivo aparente para que esto sucediera? Al parecer, no. ¿Había razón para asustarse?

Posiblemente. ¿Alguien se alarmó, gritó o dijo algo al respecto? No.
En otras circunstancias, estos actos, si bien no se equiparan a un homicidio o un robo, están lejos de ser lo que se consideraría un comportamiento tolerable.

Y en medio de ese tipo de gestos, actos y sucesos, viven rodeados los ciudadanos tachirenses. Desde los gritos y empujes en una cola del supermercado hasta la travesía y el maltrato de los guardias al cruzar el puente que nos conecta con Colombia. Son el día a día.

Todo demasiado normal.

Pero, ¿es posible acostumbrarse a la violencia? ¿Cómo esta normalización puede afectar a la ciudadanía del estado Táchira a corto, mediano y largo plazo y qué estrategias podrían tenerse en cuenta para paliar la situación?

La ley del más fuerte

Quien sobrevive es quien es más adaptable al cambio es una de las premisas más conocidas de Charles Darwin. Aunque, el naturalista la empleó para explicar el porqué algunas especies se extinguían, sirve también como metáfora para explicar la razón de ser de la normalidad y aceptación de ciertos comportamientos, incluidos los violentos. De acuerdo, con Estefanía Chacón, psicóloga clínica consultada por prensa del Observatorio Venezolano de Violencia Táchira, la constante exposición a estos estímulos y la sobresaturación tiene un papel importante en la aceptación de los comportamiento violentos, sin embargo, también es necesario la constancia, la repetición y de cierta manera, la aprobación de un grupo de personas o de la sociedad para perpetuarlos.

Vivir en un entorno violento hace pensar que el empleo de la violencia es una herramienta para resolver problemas y, “una sociedad que acepta o normaliza los hechos violentos es una sociedad enferma. Ha perdido la práctica de los principios y valores de la mayoría de su gente y por tanto, vive un periodo de decadencia que conduce a la destrucción de la misma. Una sociedad así no puede subsistir, porque sus miembros terminan acabándose entre sí”, afirmó Ricardo Casanova, profesor de Moral y Ética de la Universidad Católica del Táchira (UCAT).

La corrupción y el bachaqueo, son ejemplos de algunos de estos procederes, que si bien las personas tienden a tener conciencia de que no son sinónimos de un actuar aceptable, las circunstancias y el ambiente político, social y económico que vive actualmente el país, suaviza o condiciona su uso, lo que a la larga, se ve como normal. Esto “hace pensar que si muchos lo hacen, ¿por qué yo no puedo hacerlo?”, puntualizó Casanova.

A la par, las consecuencias no tardan en sentirse entre los ciudadanos tachirenses. La desconfianza entre la gente y la costumbre de vivir bajo esta situación, solo fomenta el sentir de indefensión que, a largo plazo –expresó Casanova- “hace inevitable la pérdida de respeto y la degradación de la dignidad humana y por ende, la disolución de la sociedad”. Entre los sectores más vulnerables de esta situación se pueden contar los niños, ancianos y especialmente, en esta entidad, por su condición de estado fronterizo, los indocumentados y refugiados.

Sectores de la sociedad tachirense más vulnerable ante la normalización de la violencia.
Infografía: OVV-Táchira
Qué viene primero, ¿los cambios sociales o los cambios personales?

Si bien, las instituciones actualmente no son entes que aseguran o dan confianza al ciudadano, el cambio necesita producirse a partir de las personas en sí mismas pero, también es imprescindible el conjunto para que estos cambios se den. “Podemos ser tendencia”, explicó la psicóloga. “Es el daño que yo permito que suceda (…) si yo quiero evitar, si quiero vivir en otra sociedad, sin violencia, yo comienzo con mi cambio. Si tengo hijos, educo; si soy docente, educo (…) Todo parte de la educación individualizada porque no podemos cambiar a todos, pero sí puedo cambiar mi núcleo familiar (…) Estamos en una situación crítica, bastante angustiosa, bastante tediosa, pero sí se puede”, concluyó Chacón.

Familiares de víctimas de feminicidios en Táchira denuncian impunidad

A POCO MÁS DE UN AÑO de que la palabra “femicidio” apareciera en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cuerpo decapitado y desmembrado de Yessika Durán apareció en el refrigerador de su casa. El 28 de diciembre de 2015, el maltrato que recibía de su pareja terminó en una escena dantesca. En el congelador, su cabeza. El resto de su cuerpo mutilado, en la parte inferior de la nevera.

Un mensaje de texto del homicida a su padre develó el suceso. El hombre ante la noticia se dirigió a la estación de Politáchira en la ciudad de Colón para denunciar a Gaudy Mejía, su hijo. Casi de inmediato se activó un bloque de búsqueda para detener al asesino. Sin embargo, a más de 12 meses del hecho, aún continúa prófugo de la justicia.

La corrupción es la causa que para Luis Durán, padre de la víctima, mantiene libre al homicida de su hija. “Ese hombre es de familia adinerada y ya se ha visto en reiteradas ocasiones en Colón y en Colombia, aun así no lo han detenido. Si mi hija hubiera sido la culpable seguro ya estaría tras las rejas”.

Yessika tenía 25 años y llevaba alrededor de tres meses conviviendo con Mejía, quien la sometía a múltiples maltratos. “No le permitía salir con sus amigos, no la dejaba vestirse como quería, la limitaba muchísimo. Incluso, ese 24 de diciembre ella lo pasó sola, porque él se fue sin razón”, cuenta una amiga cercana.

Kharina Rico también hizo poner en práctica los protocolos de esta ley a tan solo 27 días de su reforma. El 22 de diciembre de 2014 murió asfixiada por su cónyuge, así lo afirma Marta Rico, su hermana, y las pruebas preliminares que hicieron mantener a su presunto asesino dos años tras las rejas.

6 años de convivencia con su pareja fueron el preámbulo del suceso. Las señales de violencia siempre fueron percibidas por su familia. “Él la agredía verbalmente, la trataba malísimo”, cuenta Marta. Detrás del maquillaje las consecuencias de un maltrato que traspasaba las palabras. “Notábamos morados en su cuerpo, que ella intentaba tapar con maquillaje. Nosotros le preguntábamos y siempre tenía alguna excusa, nos decía que se había pegado con cualquier cosa pero jamás responsabilizó a Wagner”.

Pese a que el pasado mes de febrero el tribunal encargado del proceso acordó un sobreseimiento de la causa, que le otorgó libertad plena a Wagner Newman, Marta no tiene duda de que su hermana fue asesinada por su pareja. “Kharina tenía un golpe en la base del cráneo y su autopsia determinó que murió por asfixia mecánica. Todo indica a que él la mató”. En su cuerpo quedaron señales de un maltrato que se acentuaba con el tiempo: “Mi hermana quedó con unas cicatrices de hebilla de correa en sus piernas que demuestran el maltrato al que era sometida”.

La familia de la víctima, al igual que el padre de Yessika, apunta de inmediato a que el giro en el proceso judicial es producto de la corrupción. “Nosotros sabemos que ellos han movido mucho dinero para que el caso quede impune. Él no debe estar libre si está siendo procesado por femicidio agravado. Nosotros solo pedimos justicia”.

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La señal más clara de las irregularidades en el proceso, según Marta, se ilustra en la exhumación del cuerpo de Kharina. Así lo aprobó la jueza luego de más de un año en que la familia del acusado solicitara el procedimiento para demostrar que Wagner no había sido responsable. El resultado dictaminó que la muerte de la mujer de 30 años fue por causas naturales. “La exhumación del cuerpo de mi hermana no era necesaria. Desde el inicio hubo suficientes pruebas que incriminan a ese señor. Además se hizo de manera muy sospechosa y sin nuestro consentimiento”, explica.

Pese a que la ley expone que aquel que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio, y será sancionado con penas de veinte a veinticinco años de prisión, aún ambas familias esperan por justicia.

De la ley a las políticas públicas

La deuda de Venezuela no es en materia legislativa sino en la aplicabilidad de la norma, argumenta Judith Pacheco, abogada y presidenta de Amnistía Internacional Venezuela. “Fue un gran avance haber incluido la palabra femicidio en la ley, que se tipificara un delito tan grave como este. Ahora hace falta aplicar políticas públicas que vayan orientadas a detener realmente la violencia contra la mujer”, precisa.

Al momento de encontrar razones para que este tipo de actos sigan ocurriendo en el estado, la cultura es una variable a atender. “En Táchira vivimos aún con muchas manifestaciones de la cultura del patriarcado, el machismo es una de ellas y esto hace que exista misoginia y la consecuencia más lamentable es que continúen apareciendo estos casos tan lamentables”.

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La Ley entiende esta realidad y en su objeto busca promover “cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres”. Sin embargo para Pacheco aún queda mucho trabajo que hacer pues las sombras culturales parecen haber invadido el andamiaje institucional.

“Si los funcionarios de los órganos de justicia no están conscientes de que las victimas deber ser atendidas de manera especial no vamos a ningún lado. La capacitación debe ser indispensable para la concienciación. Aún la cultura machista está en las instituciones y hace que estos casos no tengan justicia con la celeridad debida”, enfatiza Pacheco.

Mujeres que vencen el miedo

Para vencer ese círculo de violencia es necesario denunciar cualquier caso de maltrato. Así lo entendieron 138 mujeres que fueron atendidas por el Instituto Tachirense de la Mujer solo en febrero. No es un número aislado. El promedio de atención de la institución adscrita a la gobernación del Táchira supera los 100 casos mensuales. Esto dibuja una larga fila de más de 1.000 mujeres que vencieron el miedo en 2016.

En Táchira funcionan cuatro de las 69 dependencias fiscales especializadas en violencia contra la mujer que operan en el país. Se trata de las fiscalías sexta y 18, en San Cristóbal; la 32 en Rubio; y la 26 San Antonio. En La Fría, la de guardia también recibe estos casos.

En el edificio del Ministerio Público en la capital saben que los despachos que llevan los expedientes de mujeres maltratadas son de los más álgidos; el trabajo de los fiscales muchas veces se extiende hasta la noche.

En los periódicos no hay espacio para tantos hechos de violencia. El Observatorio Venezolano de Violencia con sede en la Universidad Católica del Táchira, que se encarga de monitorear la prensa regional, solo registró 14 casos. “Solo se reseñan los sucesos en los que ya no se puede hacer nada, casos de femicidio o de violencia muy grave que se hacen noticia”, comenta Mirian Bustos, periodista de sucesos de Diario La Nación.

La tarea entonces es promover la denuncia, vencer el miedo, romper con el machismo como rasco cultural para que estos casos tengan justicia y no se sumen más mujeres a las cifras de una estadística lamentable. Pues como lo expresó la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet: “La violencia contra la mujer en todas sus formas es una violación a los derechos humanos”.

 

12 detenidos durante protestas en Táchira este #7E

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Photo: @el_carabobeno

 

Desde horas de la mañana del 7 de enero, se presentaron manifestaciones en Táchira. Según testigos, las protestas se llevan a cabo en las cercanías de la Universidad Católica del Táchira (UCAT).

El abogado y director del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que el resultado fue 12 detenidos de los cuales 4 son menores de edad, incluyendo un niño de 10 años.

 

Un grupo de estudiantes de la Ucat de Barrio Nuevo se concentró en las afueras de la institución para escribir en la calle “Libertad Estudiantil”, con el objetivo de hacer un llamado sobre la situación económica y política del país.   

Cerca del mediodía, funcionarios de la PNB arribaron al lugar para dispersar la manifestación con bombas lacrimógenas.

Los estudiantes informaron que, amparados en la Constitución, continuarán las protestas con el propósito de generar conciencia en torno a la situación que viven los venezolanos. Se espera que los detenidos sean liberados en las próximas horas.

De esta forma informaron los usuarios de Twitter el enfrentamiento entre estudiantes de la Ucat y funcionarios de la PNB.

 

*Con información de El Tiempo