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Una Ventana a la Libertad

Casi 40 personas murieron a causa de enfermedades en cárceles y calabozos durante 2023
En su informe correspondiente al año pasado, Una Ventana a la Libertad determinó que tuberculosis y complicaciones respiratorias fueron las principales causas de fallecimiento
Se registraron cinco suicidios dentro de calabozos policiales
Hubo un hacinamiento de 189,31% en los centros de reclusión 
Solo existen 12 calabozos policiales exclusivos para mujeres

 

Al menos 39 personas fallecieron durante 2023 en cárceles y centros de detención preventiva o calabozos a causa de enfermedades, según reveló el informe anual de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) denominado “Situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.

De acuerdo a la investigación efectuada a nivel nacional 22 personas murieron en prisiones y 17 en centros de detención preventiva.

Los fallecidos en prisiones fueron a causa de tuberculosis (8), complicaciones pulmonares o respiratorias (7), hemorragia digestiva (1), meningitis (1), paludismo (1), cáncer (1), desnutrición (1) y tumor cerebral (1).

De los muertos en calabozos, 8 fallecieron en el primer semestre del año pasado y 9 en el segundo.

UVL informó además que en 2023 se registraron cinco suicidios dentro de calabozos policiales.

“La cifra de suicidios es tan alarmante que podemos compararla con la de los casos de tuberculosis”, reza el informe.

Hacinamiento alarmante 

De acuerdo con la investigación de UVL, la mayoría de las muertes en cárceles, prisiones e internados judiciales pudieron evitarse con políticas públicas adecuadas. 

“La mayor parte de estas enfermedades pueden ser controladas o erradicadas, pero el hacinamiento, la falta de ventilación en las celdas y la ausencia de enfermerías acentúa e incrementa la aparición de estas dolencias”, reseñó el documento.

Según la investigación, la tuberculosis avanza con fuerza en los centros de reclusión venezolanos debido al hacinamiento, la falta de agua potable, ventilación y luz solar.

UVL registró un hacinamiento de 189,31% en los centros de reclusión durante 2023, 13 puntos más que en 2022 (176,2%).

Para el segundo semestre del año pasado la población masculina de detenidos se calculó en 17.481, siendo el cupo de menos de 10 mil lo que representó un hacinamiento cercano a 200%

Por su parte, la población femenina tuvo un hacinamiento en el segundo semestre de 832,39%, en espacios para 213 había 2.028 mujeres.

El hacinamiento en los centros de reclusión de Caracas fue de 288,59%, más de 3.000 detenidos ocuparon el espacio adecuado para 1.000 personas.

El informe destaca que la falta de baños, acumulación de heces fecales y basura, además de presencia de alimañas en las celdas contribuyen a la proliferación de enfermedades.

“El aseo urbano puede tardar hasta una semana en llegar lo que facilita la putrefacción de los residuos biológicos”, indica el documento. 

Mujeres discriminadas en cárceles

El informe de UVL sostiene que a nivel nacional solo existen 12 calabozos policiales exclusivos para mujeres, 74 para hombres y el resto (207) son mixtos.

“Solo en tres centros de detención preventiva, a nivel nacional, se les entrega papel toilette y toallas sanitarias a las mujeres detenidas”, refleja la investigación.   

Pese a que la población femenina recluida en centros de detención preventiva (2.028) para el cierre de 2023 no tiene derecho a visitas conyugales, destaca la presencia de embarazadas.

“O ingresan embarazadas o fueron embarazadas durante su estadía en el calabozo policial”, indican los investigadores.

De acuerdo con UVL, a las embarazadas no se les presta atención médica adecuada y solo se les traslada a un centro asistencial cuando se presenta el parto.

“En los calabozos policiales hay más espacios para la población LGBTIQ+ que para las mujeres”, indica el informe.

La investigación destaca que solo los familiares de las detenidas en las cárceles son los que se ocupan de la alimentación, ropa, calzados, agua potable, medicinas, productos de aseo,  limpieza para las celdas y hasta pagan los traslados en carros particulares cuando el detenido  debe ir a un centro asistencial.

Quiebre de la institucionalidad 

De acuerdo a Una Ventana a la libertad, el colapso del sistema penitenciario responde a la crisis general por la que atraviesa el país:

“Los privados de libertad sobreviven no solo al hacinamiento y a las pésimas condiciones de reclusión sino al colapso de la democracia y de toda su institucionalidad”.

Voceros de UVL recordaron que en junio de 2021 se creó la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, cuyo objetivo era resolver en 60 días el hacinamiento en los calabozos policiales. Tres años después el problema persiste.

Destacaron que en 2021 fueron liberados 6.390 detenidos y trasladados 2.066, en 2022 liberaron a 7.930 y trasladaron a 2.871 y 2023 las cifras bajaron a 453 detenidos liberados y 479 trasladados.

“El gobierno obtuvo lo que buscaba, es decir, propaganda, imagen pública nacional e internacional, pero eso no resolvió el problema de hacinamiento en los retenes policiales”, precisó el documento.

Expertos de UVL. encabezados por su director Carlos Nieto Palma, instaron a la puesta en marcha de políticas públicas penitenciarias y al cese de la violación a los derechos humanos de las personas detenidas.

 

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17 detenidos murieron en el estado Lara durante 2023
La principal causa de fallecimiento es por enfermedades entre la que destaca la tuberculosis 

 

17 muertes de detenidos registró la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) en el estado Lara durante 2023.

La Comunidad Penitenciaria Fénix, el Centro Penitenciario David Viloria, la sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Carora y el Bloque de Búsqueda y el Centro de Detención Preventiva (CDP) Metropolitano de la Policía del estado Lara (Polilara) fueron los lugares donde hubo al menos un detenido muerto el año pasado.

De acuerdo a la investigación de UVL, Fénix fue el lugar donde hubo más decesos con un total de 10, seguido de Viloria (conocido también como Uribana) con cuatro. El Cicpc sumó dos (uno de Carora y otro del Bloque de Búsqueda) y en el Metropolitano hubo otro fallecido. 

Algunos de los detenidos murieron en el hospital “Antonio María Pineda» de Barquisimeto, durante el traslado al centro de salud o en labores de recaptura por fuga como en el caso de Polilara.

La principal causa de muerte entre la decena de fallecidos en Fénix fue por enfermedades, siendo la tuberculosis el padecimiento más común. También se registraron muertos por cáncer, un tumor cerebral y cirrosis hepática.

En la cárcel de Uribana hubo muertos por tuberculosis, cáncer y hemorragia digestiva. Familiares denunciaron que la falta de atención médica oportuna, dificultades para la alimentación, escasez de agua potable y pocos traslados a centros de salud afectan a los presos enfermos y en algunos casos producen la muerte bajo custodia del Estado.

Del total de fallecidos, dos fueron mujeres: Berkys Josefina Maita De Ahmad murió en febrero de 2023, seis meses después de que llegara a Fénix proveniente del estado Bolívar, donde también estaba presa. La mujer de 61 años de edad sufría de cáncer de pulmón, además de otras enfermedades, y estando en el penal larense su estado de salud empeoró.

En octubre falleció en Fénix otra mujer que no pudo ser identificada y que estaba hospitalizada en el “Antonio María Pineda” porque padecía cáncer.

La tendencia de fallecidos en prisión en el estado Lara desde 2022 se ha reducido en 19 por ciento según los monitoreos de UVL. En 2022 se contabilizaron 21 reos muertos.

Una Ventana a la Libertad: Presos en colegio San Agustín provenían de cárceles intervenidas 
Entre el grupo de detenidos estarían los pranes de Yaracuy y Vista Hermosa 

 

Fuentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aseguraron a la ONG Una Ventana a la Libertad que el grupo de reclusos que fue llevado a las canchas deportivas del colegio San Agustín en El Marqués el pasado martes 28 de noviembre proviene de las cárceles que fueron intervenidas en la Operación Gran Cacique Guaicaipuro.   

“En ese grupo están los pranes de la cárcel de Yaracuy y de Vista Hermosa, en el estado Bolívar, que anteriormente habían sido trasladados a la PNB de La Yaguara. Con el ingreso de este grupo que supera a los 100 presos, la población en la PNB de Boleíta ya supera a los mil detenidos”, explicó la fuente policial a UVL. 

La mañana del 28, la comunidad educativa y vecinos fueron sorprendidos por la presencia de privados de libertad vestidos de amarillo concentrados en las instalaciones de la institución. 

Alrededor de 100 reclusos custodiados por efectivos de cuerpos de seguridad armados ocuparon los espacios del colegio causando conmoción entre padres, representantes, estudiantes, profesores y comunidad en general. 

Organizaciones como UVL, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) y Control Ciudadano repudiaron la medida.

Transcurridas 48 horas de la intervención inconsulta a la unidad educativa, autoridades competentes como el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y el de Interior, Justicia y Paz no se han pronunciado.

De acuerdo con el OVP, el hacinamiento en el centro de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta es de 400% y con la llegada de 100 reclusos más la situación empeora.

“El de Boleíta es el centro de detención preventiva con la mayor cantidad de presos en Venezuela y es catalogado como uno de los más peligrosos. En algunas oportunidades han existido intentos de fuga por medio de las canchas del colegio. Hemos recibido denuncias de escapes de reos en horas de clase”, destacó Carlos Nieto Palma, coordinador general de UVL. 

 

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Colegio San Agustín y PNB de Boleíta tienen una historia larga
Desde 2016, Una Ventana a la Libertad ha estado denunciando irregularidades en el centro de detención preventiva que han afectado a la unidad educativa

 

Este martes 28 de noviembre, más de cien privados de libertad del Centro de Detención Preventiva  de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta ocuparon las canchas deportivas del Colegio San Agustín en El Marqués, provocando una ola de críticas no solo de la comunidad educativa sino de organizaciones no gubernamentales como Una Ventana a la Libertad, el Observatorio Venezolano de Prisiones, Cecodap y Control Ciudadano, entre otras.

De acuerdo con UVL, desde 2016 esta organización empezó a documentar protestas de representantes de los estudiantes del colegio y de vecinos de El Marqués, debido a que cada vez que hay motines, operativos policiales y fugas en ese centro de detención preventiva, la dinámica escolar se ve afectada.

UVL reportó que en una fuga registrada en junio de 2016, un recluso saltó hacia el patio del colegio. 

En septiembre de ese año un grupo de reclusos secuestraron por varias horas a tres funcionarios de la PNB para exigir traslados.

Los detenidos pusieron fin al conflicto cuando se presentó un fiscal nacional para verificar el estado de salud de algunos privados de libertad.

Los funcionarios de la PNB que estuvieron de rehenes fueron los oficiales Gabriel Romero, Yosman Mora y Walter Travieso.

El concejal del municipio Sucre Juan Carlos Vidal dijo que al menos tres motines se registraron en 2016 y advirtió que el colegio San Agustín está en riesgo, porque el muro de un área conocida como “inframundo” limita con el patio de la unidad educativa.

“En junio cuando se registró una fuga uno de los presos saltó al colegio e iba a tomar a un estudiante de preescolar como rehén. Afortunadamente, la policía pudo controlar la situación, pero los estudiantes y miembros de esa comunidad educativa están en continuo riesgo”, explicó el concejal.

Silencio del Estado sobre el hecho 

Hasta este miércoles 29, las autoridades seguían sin dar explicaciones del procedimiento llevado a cabo el martes en la antiguamente conocida Zona 7 y que causó polémica y reacciones de alerta.

El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, señaló que la presencia de presos en el Colegio San Agustín “representa un grave precedente que irrespeta el espacio seguro y de protección que supone un centro educativo”. En ese sentido, instó a la fiscalía a abrir una investigación.

Mientras que Nancy Hernández de Martín, miembro del Consejo Directivo Nacional de la Federación  Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), lamentó que no se tomaran las medidas preventivas necesarias al ejecutar el operativo en un colegio con más de 2.000 estudiantes.

En declaraciones a FM Center, resaltó que las familias no fueron notificadas del traslado a las áreas deportivas de la institución de los presos.

«Fue una situación potencialmente  explosiva, pues a pesar de que se dijo que más de 300 custodios policiales y guardias nacionales estaban presentes en el lugar, no hubo una garantía de que esa situación no se saliera de las manos», denunció.

Añadió que está prohibido legalmente que personal armado esté dentro de instituciones educativas del subsistema de educación básica y   remarcó que se puso en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes. 

«Es una irresponsabilidad y una violación a la integridad física de los estudiantes, del personal docente, obrero y administrativo», insistió. 

Con información de Una Ventana a la Libertad

 

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17 reclusos han muerto en el estado Lara en lo que va de 2023
Según Una Ventana a la Libertad han fallecido 15 hombres y dos mujeres

 

A 17 asciende el número de reclusos que han fallecido en lo que va de 2023 en el estado Lara, según reportó la ONG Una Ventana a la Libertad.

La organización no gubernamental informó que del total de decesos, 15 fueron hombres y dos mujeres.

El caso más reciente aconteció en el Centro Penitenciario David Viloria de Barquisimeto, conocido como la cárcel de Uribana.

El recluso muerto fue Charles Antonio Moreno Soto de 50 años de edad, quien según reportes de reos se encontraba recluido en el hospital central Antonio María Pineda de la capital larense.

Moreno Soto falleció dos días después de que fuera trasladado de emergencia debido a una falla multiorgánica que presentaba, además de una infección respiratoria aguda y neumonía. Fuentes cercanas al penal aseguraron que se trataba de tuberculosis. 

Moreno Soto era oriundo de la ciudad de Yaritagua en el estado Yaracuy.  Fue detenido y procesado en 2011 por los delitos de abuso sexual y trato cruel, por los cuales estaba purgando una pena de más de 15 años de prisión. 

La sentencia fue adjudicada por un tribunal del estado Portuguesa y su lugar de reclusión fue el Centro Penitenciario de Los Llanos, conocido como Cepella. Sin embargo, luego de que se registrara una masacre e intervención por parte del gobierno en marzo de 2020, fue trasladado hasta Uribana. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Moreno Soto venia de la cárcel de Vista Hermosa

Moreno Soto es el cuarto preso que fallece en Uribana durante 2023. El recinto penitenciario con más muertes en la entidad de larense es Fénix con 10, y también se incluyen en la lista la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Carora con uno, el Metropolitano de Polilara también con uno y el Bloque de Búsqueda del Cicpc con uno.  

En 2022, 33% de los presos fallecidos en Lara fue a consecuencia de tuberculosis.

Voceros del Observatorio Venezolano de Prisiones aseguraron que la desnutrición, el hacinamiento y las paupérrimas condiciones de higiene en las cárceles y calabozos son la principal causa para que esta enfermedad cause estragos en la población penal.

 

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Gobierno intervino “La Cuarta” y aseguró tener control de todas las cárceles 
La administración madurista sigue sin referirse oficialmente al paradero de los pranes de las siete prisiones en las que ha incursionado desde septiembre 
Extraoficialmente se conoce que “Pedro Rapidito” y “El Loro”, pranes de La Pica y Trujillo, respectivamente, están bajo custodia de las autoridades 

 

Con la intervención este viernes 10 de noviembre del Internado Judicial de San Felipe en el estado Yaracuy, conocida como “La Cuarta”, el Gobierno venezolano aseguró que tiene el 100% del control de las cárceles, por lo que se estima que la llamada “Operación Gran Cacique Guaicaipuro” llegó a su final.

“Hemos tomado control total de este centro, y con este control total aquí, en Yaracuy, tenemos 100 % de todas las cárceles del país bajo el régimen penitenciario”, dijo el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos

De acuerdo con la ONG Una Ventana a la Libertad, desde la madrugada de este viernes, funcionarios de diversos entes de seguridad intervinieron el recinto carcelario en el que estiman habían más de 500 internos

Como en las restantes seis incursiones carcelarias, las autoridades no hablan específicamente sobre el paradero de los pranes

“La Cuarta” era controlada por el pran Freddy Barboza Lizarraga alias “La Charra”, en colaboración con Dennis Antonio Parra Rivero, apodado “El Chino”, y alias “El Miguelito”

Antes de tomar la prisión yaracuyana, el Gobierno allanó el Centro Penitenciario de Aragua conocido como “Tocorón”, así como los internados judiciales de Carabobo (Tocuyito), José Antonio Anzoátegui (Puente Ayala, Barcelona), Monagas (La Pica) y Bolívar (Vista Hermosa).

De manera extraoficial se conoció que Pedro Manuel González Mata alias “Pedro Rapidito”, líder negativo de La Pica y Álvaro Montilla conocido como “El Loro”, pran de Trujillo, se entregaron a las autoridades.

Del resto, de los pranes de Tocorón (Héctor “Niño Guerrero” Flores), Tocuyito (Néstor “Richardi” Richardi Sequera ), Puente Ayala (Luis Manuel “Pata e’ Queso” Yegue Mendoza) y Vista Hermosa (Wilkins Rafael “Wilkins” Romero Maluenga, Giovannny Alejandro “Pan” Navas Ochoa  y Edison “Chichi” González) se desconoce el paradero.

Página para ver traslados

Ante el constante reclamo de familiares de privados de libertad por traslados inconsultos a otros estados y maltratos, la ministra de Servicios Penitenciarios, Celsa Bautista, informó que fue habilitada una página web para monitorear la ubicación de los reclusos que estaban en las siete cárceles intervenidas.

La funcionaria sostuvo que en el portal del Ministerio de Servicios Penitenciarios, familiares de los detenidos podrán acceder a un apartado llamado “traslados” donde verán el listado de los reubicados.

 

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Una Ventana a la Libertad: Pran de cárcel de Trujillo se entregó
De manera extraoficial se conoció el rendimiento de Álvaro Montilla alias “El Loro”

 

La ONG Una Ventana a la Libertad informó de manera extraoficial que el pran del Internado Judicial de Trujillo, Álvaro Montilla conocido como “El Loro”, se entregó a las autoridades en el marco de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro que tomó el penal andino este miércoles 8 de noviembre.

Según la organización, Montilla y sus aliados serán procesados por los delitos cometidos en prisión, entre ellos terrorismo, extorsión y asociación para delinquir.

Con este pran ya serían dos los sometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, luego que trascendiera también de manera extraoficial que Pedro Manuel González Mata “Pedro Rapidito”, líder negativo de la cárcel de La Pica en Monagas fuese sometido en un operativo el pasado 3 de noviembre.

Del resto, de los pranes de Tocorón (Héctor “Niño Guerrero” Flores), Tocuyito (Néstor “Richardi” Richardi Sequera ), Puente Ayala (Luis Manuel “Pata e’ Queso” Yegue Mendoza) y Vista Hermosa (Wilkins Rafael “Wilkins” Romero Maluenga, Giovannny Alejandro “Pan” Navas Ochoa  y Edison “Chichi” González) se desconoce el paradero.

De acuerdo con el ministro de Interior y Justicia y vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos, en la incursión en Trujillo se decomisaron armas, municiones y otros materiales utilizados para el crimen.

Traslados inconsultos a Táchira 

Familiares de los privados de libertad de Trujillo informaron a Una Ventana a la Libertad que  las autoridades militares y policiales trasladaron a 178 detenidos al estado Táchira de manera arbitraria. 

Los familiares sentenciaron que sus propios afectos les dijeron su nuevo destino con señas desde los autobuses. 

“Le leí los labios, porque ellos (refiriéndose a los guardias nacionales y policías) no nos dan información”, expresó una de las mujeres que se encontraba a tres cuadras del recinto penitenciario.

Detallaron que al menos 45 hombres, de los 500 presentes en el recinto penitenciario, salieron en libertad por contar con boletas de excarcelación y cumplimiento total de sus condenas por diversos delitos.

Denunciaron además que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Policía del estado Trujillo golpearon a los detenidos y ofendieron verbalmente a los familiares durante la aplicación del plan.

“No entiendo por qué los golpearon, si ellos pacíficamente entregaron lo que iban a entregar. Nadie se alzó y nosotros como familiares colaboramos”, declaró una de las testigos de la intervención.

 

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¿El Loro voló de la cárcel de Trujillo?
La Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro llegó al penal trujillano este miércoles 8 de noviembre, pero como es usual no hay información oficial sobre el paradero del pran de nombre Álvaro Montilla, apodado “El Loro”

 

Este miércoles 8 de noviembre la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro, comandada por el Ministerio de Interior y Justicia, intervino el Internado Judicial de Trujillo, con lo que ya van seis prisiones supuestamente controladas por el Estado desde la segunda quincena de septiembre.

De acuerdo con ONG como el Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad, el despliegue militar en la zona aledaña al recinto comenzó el martes en la noche y a primera hora del día los funcionarios intervinieron el penal.

Como en anteriores oportunidades, las autoridades no ofrecieron detalles del paradero de los pranes de la prisión. Según UVL existen dos versiones: la primera es que se rindieron y la segunda que algunos de ellos habían dejado las instalaciones días antes de la operación.

La cárcel de Trujillo estaba bajo el control de Álvaro Montilla, alias “El Loro”.

Familiares aseguran que ya los pranes salieron del penal y se mantienen atentos a cualquier eventualidad. Temen porque hay privados de libertad que pueden optar a medias alternativas de pena y medidas cautelares, y los traslados a otros estados impedirían que puedan salir en libertad”, escribió en un mensaje publicado en X el OVP.

Familiares de privados de libertad, en su mayoría mujeres, exigieron información sobre el estado físico de sus afectos, y si es posible, que se les permita quedarse en la región.

“Estamos preocupados por nuestros hijos porque no sabemos a dónde los llevan. No nos dejan acercarnos” expresó el padre de uno de los privados de libertad a UVL.

El OVP detalló que al menos 500 reclusos fueron aglomerados en el patio interno mientras se realizaba la intervención del penal.

Previo a Trujillo, el Gobierno madurista tomó el control de Tocorón en el estado Aragua; Tocuyito en Carabobo; el penal José Antonio Anzoátegui conocido como Puente Ayala en Barcelona, el Internado Judicial de Maturín también conocido como La Pica y Vista Hermosa en el estado Bolívar.

En teoría, a la administración madurista solo le falta incursionar en las cárceles de El Dorado y Yaracuy, ambas con sistema de pranato

 

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