Denuncian que Asociación Venezolana de Rectores Universitarios ha sido víctima de persecuciones, acosos, hostigamiento, calumnias y amenazas políticas
La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha; y la Secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Keta Stephany, alertaron nuevamente sobre la crítica situación que atraviesan las universidades venezolanas.
Así lo dijeron durante una rueda de prensa de la ONG Aula Abierta.
García Arocha aseguró que en el tiempo que está el chavismo en el poder, el sistema educativo ha sido condenado durante estos 22 años con “presupuestos no otorgados y salarios míseros”.
“En Venezuela se ha luchado mucho por tener universidades autónomas, y la idea de dar autonomía a la universidad es una constante desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX manifestándose como luchas sociales que prosiguieron en diversos proyectos por toda la región y que hoy están condenados a bajos salarios, y aumento de la fuga de profesores, investigadores”, expresó.
García Arocha comentó que en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), han sido víctima de persecuciones, acosos, hostigamiento, calumnias y amenazas políticas que han puesto en riesgo la libertad del personal. “En algunos casos se han materializado en allanamientos y medidas cautelares que han prohibido la movilidad nacional y usurpación del cargo de un rector por encima del derecho constitucional de su comunidad a elegirlo democráticamente”.
La rectora resaltó que solamente entre los años 2012 y 2015 la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, dictó unas 43 sentencias que han afectado los procesos electorales en las principales universidades del país tanto para las autoridades académicas como la representación estudiantil.
Condiciones presupuestarias asfixiantes
García Arocha señaló que las condiciones presupuestarias actuales condenaron a las plantas físicas y no alcanza ni siquiera para cubrir la mitad del mantenimiento de las áreas verdes y, además, la UCV ha sufrido intervenciones por parte del Estado para hacer remodelaciones (con personal externo) porque “los presupuestos de las obras las tiene el Gobierno y a eso se le suma la preocupante designación de ‘protectores’, una figura creada por el Gobierno de forma paralela e ilegal sin que la persona sea miembro de la comunidad universitaria que, pretende asumir las funciones de las autoridades, direcciones y cuerpos colegiados para presuntamente resolver los problemas en las universidades que han sido por la falta de presupuesto”, detalló.
Además, la rectora alertó que en su tiempo al frente de la UCV recibió amenazas por parte del fallecido Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, así como también de los diferentes ministros que han pasado por la cartera de educación superior. “Fuimos víctima de un atentado que casi quema la oficina rectoral y más de cien ataques han sufrido las universidades venezolanas. Todos denunciados ante la Fiscalía”, puntualizó.
En ese sentido, García Arocha pidió que las organizaciones internacionales como la OEA, Unesco, la Alta Comisión para los Derechos Humanos de la ONU, la sociedad civil y los partidos políticos a que se suman a elevar la voz para defender la autonomía universitaria, así como también los derechos humanos y civiles.
“Las universidades venezolanas se recuperarán, de eso estamos seguros, porque cuenta con la fuerza moral y el talento humano necesario. En Venezuela los gobiernos autoritarios están presentes, pero no para quedarse como la UCV que cumplió 300 años dando lo mejor de sí para el país”, expresó durante su intervención.
Tensiones con el Estado
Por su parte, la Secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Keta Stephany, comentó que desde el año 2004 hay una tensa situación entre los profesores universitarios y el Estado, incluyendo dos paralizaciones de las actividades académicas en la última década, medida a la que no habían recurrido desde 1997.
Stephany señaló que esas tensiones se deben al desconocimiento del Estado venezolano hacia las organizaciones gremiales agrupadas en Fapuv, así como también la imposición de condiciones laborales que, hasta la fecha, han llevado a la “precarización del trabajo” y, a su juicio, el único propósito de esto es que desaparezcan el salario y la seguridad social de los docentes universitarios.
“Desde el 2018 los salarios son casi iguales. Se aplanaron las tablas salariales. La asfixia presupuestaria a las universidades es un mecanismo de violación a la autonomía y control de las universidades que incluye la desaparición de la partida para las investigaciones, porque si no hay recursos para investigar, tampoco habrá recursos para los intercambios en las distintas áreas de conocimiento”, dijo.
Stephany alertó que los bajos salarios del personal universitario está llevando la situación a un borde de cierre técnico de las casas de estudios superiores y también a la “destrucción de la carrera académica porque las bajas remuneraciones conducen a la pobreza extrema a los profesores universitarios”.
La vocera gremial reafirmó lo dicho por docentes universitarios desde hace días: un profesor titular –máximo escalafón- gana mensualmente lo equivalente a $11, mientras que un instructor universitario, apenas cobra entre $6 y $7 al mes que imposibilita el acceso a la canasta alimentaria de la semana y del día. “Lo que pagan no cubre la canasta de un día para un grupo familiar”.
“El Estado venezolano se retiró de su obligación de financiar y garantizar la educación universitaria. Si no se fortalecen los ingresos familiares en el sector, la crisis actual se convertirá en una catástrofe humanitaria. Esta situación hay que revertirla”, sentenció.
