Las reacciones en la comunidad ante las acusaciones en contra del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, y el intento de allanar su inmunidad parlamentaria, anunciado este viernes 3 de noviembre, no se hicieron esperar.
Desde parlamentos y senados de la región, pasando por la Organización de los Estados Americano (OEA) y Cancillerías, expresaron su preocupación y rechazo ante lo que consideraron una violación más al Estado de Derecho en el país. En sus comunicados, piden al gobierno respeto a la separación de poderes.
Uno de los primeros en manifestarse fue el diputado uruguayo Jaime Trobo. Trobo manifestó su desacuerdo con las actuaciones del gobierno pues configuran un cuadro en el que el gobierno insiste en irrespetar el Estado de Derecho y la separación de poderes que caracteriza a todo sistema democrático. A su entender “…esta es una más de las violaciones de los derechos humanos de los diputados venezolanos, y el gobierno de Maduro reitera su conducta al margen de la ley. Son ya muchos los parlamentarios venezolanos que han sufrido agresiones físicas, golpizas, cercenamiento de su libertad de tránsito e incluso, este es el segundo caso de en el que ilegalmente despojan de su condición de parlamentario a quien ha sido electo democráticamente por el pueblo venezolano.”
Por su parte, el presidente provisional del Senado argentino, Federico Pinedo, señaló que “…en esta hora difícil para la democracia venezolana, los parlamentarios del continente manifestamos nuestro rechazo a este intento ilegal por desaforar al Diputado Guevara, quien está protegido por la inmunidad parlamentaria. El Gobierno del Presidente Maduro continúa ignorando la separación de poderes y prosigue en su intento por desconocer a la Asamblea Nacional electa por el pueblo venezolano. En medio de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, es necesario que el gobierno respete las atribuciones del poder legislativo venezolano y cese en su empeño de desconocer el rol de los parlamentarios”.
Otro que se pronunció fue el diputado chileno Roberto León. León señaló su desacuerdo con esta situación en la que, a su juicio “…el gobierno del Presidente Maduro se expone nuevamente ante la comunidad parlamentaria mundial, mostrándose como un gobierno autoritario que viola los más elementales principios de la democracia. Es bien sabido que la constitución venezolana establece que los parlamentarios gozan de inmunidad, y que ésta solo puede ser levantada con la expresa autorización de la Asamblea Nacional, y no de la asamblea constituyente que el mundo entero ha rechazado”.
La diputada guatemalteca Stella Alonzo también expresó su rechazo a la medida e indicó que el gobierno de Venezuela debe proceder a reconocer todas las atribuciones constitucionales de la AN que fue electa en 2015, y sobre la cual el gobierno mantiene un acoso.“Es terrible como no respetan el debido proceso, y violan nuestros derechos como parlamentarios. Se desconoce la presunción de inocencia, promoviendo un juicio donde se entra de ante mano sentenciados. No se trata de una discusión entre izquierda y derecha, sino entre democracia y dictadura”, señaló la diputada.
El parlamento chileno no se quedó atrás y su diputado Felipe de Mussy indicó que estas acciones son «completamente ilegal» y comprueban que en el país no existe separación de poderes. «La Constitución venezolana señala claramente que el único órgano que tiene la atribución de autorizar el enjuiciamiento de un diputado es la propia Asamblea Nacional electa en 2015, en la que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo dos tercios de las curules”, explicó.
La presidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial, Gabriela Cuevas Barrón, también expresó su preocupación e hizo un llamado al respeto del Estado de Derecho y la separación de poderes.
A través de su Ministerio de Exterior, España rechazó lo que calificó como «atentado contra la democracia». En el comunicado indican que «España condena este nuevo atentado contra la democracia venezolana y contra su Asamblea Nacional, único poder legislativo legítimo y depositario de la soberanía nacional» del pueblo. Añade que el procedimiento utilizado contra el directivo del Parlamento «y la represión contra la oposición democrática representan un atropello contra el Estado de derecho y contra el principio de la separación de poderes».
Otros país en pronunciarse en contra fue México, en esta oportunidad en un comunicado emitido por su Secretaría de Relaciones Exteriores. En su consideración, estas medidas limitan «ilegalmente el ejercicio de las funciones de los integrantes de la Asamblea Nacional» y desconocen la separación de poderes, «indispensable para una democracia plena y el respeto al Estado de Derecho.» Hicieron un llamado para evitar acciones «que contribuya a la polarización de la sociedad y a la profundización de la actual crisis política, económica y social».
Luis Almagro, Secretario General de la OEA, también aprovechó su Twitter para expresar su rechazo. Aseguró no reconocer la medida al considerar que proveniente de «una institución ilegítima», el Tribunal Supremo de la Justicia.
Por otro lado, el expresidente boliviano, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, también expresó su apoyo a la Asamblea Nacional. En su cuenta de Twitter, afirmó que al gobierno «verse quebrado» no le queda más que «arrestar parlamentarios.
El Grupo de Lima, conformado por 12 países americanos, lamentó este sábado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de pedir el retiro de la inmunidad parlamentaria al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, a quien se le ha prohibido salir del país, reseñó EFE.
“La decisión adoptada por el TSJ constituye un nuevo atentado contra el Estado de Derecho y la división de poderes en Venezuela e impide el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional legítimamente constituida a través del voto popular”, reza un comunicado remitido a Efe en Guatemala.
En el comunicado, reiteran que “no reconocen” ninguno de los actos de la Asamblea Constituyente y ratifican su “pleno apoyo” a la Asamblea Nacional, por lo que piden al Gobierno venezolano “respetar la Constitución y la integridad del poder legislativo”.
