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¿Un Presidente en el exilio?, por Edward Rodríguez

 

Recuerdo que para finales del año 2002 vi una película colombiana que se llamaba “Bolívar soy yo”, la trama consistía en la contratación de un actor para personificar al Libertador en el comité de bienvenida a un grupo de mandatarios de las naciones que libertó Bolívar en su gesta independentista.  Aquel actor, que montando a caballo llega al acto, da unas palabras de recibimiento, todos quedan altamente impresionados con el histrionaje del personaje, pero se vuelve loco, sí, se vuelve loco pues se creyó que realmente era Simón Bolívar.

Secuestra a los Presidentes y huye del lugar llevándoselos de rehenes; es perseguido por todos los cuerpos de seguridad, recorre el río Magdalena en una embarcación y de repente  unos uniformados lo abordan. Los mandatarios se emocionan pensando que llegaron a rescatarlos, pero de pronto aquellos uniformados saludan con honores a “Bolívar”, evidentemente los rehenes quedan boca abierta al ver semejante disparate. Al final aquel grupo armado resultó ser la guerrilla de las Farc.

Relato esta historia pues así de disparatadas son las pretensiones de algunos dirigentes políticos venezolanos que están en el exterior que en un arranque de delirio quieren construir y establecer la figura de “Presidente de Venezuela en el exilio”, que goce del reconocimiento de países e instituciones, algo que si terminaría de ponerle la guinda a la maltrecha oposición.

Ya suenan nombres candidateables como los de Diego Arria y Antonio Ledezma, quienes al parecer andarían en esa jugada acompañados de banqueros prófugos y opositores radicales que ven desde Miami en algún café de Brickell la posibilidad de tumbar a Maduro o de formar un “gobierno venezolano” paralelo desde la ciudad norteamericana.

Si usted aún no ha escuchado este cuento pues váyase enterando que en esa jugada andan supuestamente esos personajes. Hoy en día nos guste o no, la institución que se mantiene en pie es la Asamblea Nacional, a mi criterio de bajo perfil para el tamaño del problema en el que andamos metidos.

La otra es el TSJ en el exilio nombrado por ese mismo Parlamento que se debate entre vivir o morir luego de la extraña aparición del nombre de Henrique Capriles en la sentencia contra Maduro; se especula  que las manos de quienes comulgan con ese semejante disparate de “Presidente en el exilio” están metidas en ese asunto contra Capriles. Por cierto, ya varios magistrados se pronunciaron al respecto.

¿Qué ganan los venezolanos con un Presidente en el exilio? ¿Quién lo nombra? ¿Cómo ganó esas elecciones? ¿Quiénes le darán el poder firmado de respaldo sin haber pasado por un sufragio?, son algunas de las preguntas que saltan a la cabeza al escuchar y ver que un grupo delirante comienza a transitar ese camino.

Mientras que Nicolás siga en el poder todo lo que se pelee del lado de la oposición es una botella vacía, sólo la UNIDAD verdadera de opositores  dentro y fuera del país permitirá que no se nos vuelvan locos los actores que aspiran ser “Presidente de Venezuela en el exilio”, sin duda esto es una bufonada y otro disparate más.

@edwardr74

Al tribunal en el exilio, por Brian Fincheltub

 

El desastre que vive actualmente nuestro país va a pasar, nadie sabe cuándo, pero pasará, porque así ha sido siempre en la historia. Cuando eso ocurra, esta nación necesitará de todos para su reconstrucción, de todos, incluso de quienes en algún momento tuvieron posiciones de poder durante este tiempo, pero decidieron rectificar. Eso en modo alguno significará impunidad, se llama transición y las transiciones llegan cuando algo no termina de morir pero comienza a dar paso a una nueva etapa, que para que sea nueva y termine de nacer lo primero que hay que hacer es procurar que las cosas se desenvuelvan de manera distinta, sino nada cambiaría, estaríamos hablando simplemente de un cambio de actores.

En las transiciones hay un pilar fundamental que ayuda a dejar atrás el pasado autoritario: la justicia. No es extraño que lo primero que destruyen las dictaduras sea la confianza en los jueces, convirtiéndolos en instrumentos de una parcialidad política. Es por ello que cualquier intento por comenzar a transformar esa realidad debe ser muy cuidadoso en no repetir errores, no dejarse llevar por las entendibles ansias de venganza de quienes llevan años siendo perseguidos. Pero el papel de los jueces no es ese, es impartir justicia y la justicia no es venganza. 

Justicia tampoco el uso de las instituciones con intereses de facción, cuando se usan las nacientes instituciones de manera tendenciosa, para castigar a unos y premiar a otros, no hacemos más que repetir los errores que durante tantos años hemos criticado. Nadie se opone a que el rol de las nuevas instituciones es investigar sin distinciones, pero cuando se producen ciertas excepciones la gente comienza a dudar sobre el espíritu imparcial de sus jueces, se comienza a preguntar qué intereses particulares los mueven, sobre todo, si consideramos que un accionar como ese solo favorece al modelo que, aún muriendo, no quiere dejar de existir, sino que su fin último es perpetuarse para siempre. Imaginen si nuestras propias fallas los ayudan en  ese objetivo ¿cómo se sentiría la gente?

 No se trata de simple solidaridad automática, se trata de defender el respeto a las formas y a los valores que nos han movido como pueblo y como generación. La Venezuela que aspira a que este país salga de este atolladero confía en ustedes, pero en la medida que honren la responsabilidad que les fue dada, no para defraudarlos, sino para saciar la sed de millones que han buscado durante años justicia y lo único que han conseguido es opresión.

 

 

@Brianfincheltub

Fincheltubbrian@gmail.com

AN aprueba respaldo a sentencia del TSJ en el exilio contra Maduro

 

Durante la sesión de este martes, la Asamblea Nacional (AN), aprobó por unanimidad el acuerdo al respaldo de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, en contra del presidente  Nicolás Maduro, por hechos corrupción y legitimación de capitales, relacionados a la empresa Odebrecht.

En el texto, además otorgar el respaldo político a la decisión del TSJ en el exilio, ratificó que ya la Asamblea Nacional había aprobado en enero de 2017 el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro, lo cual produjo la falta absoluta de dicho cargo.

Pidieron a los órganos de seguridad del Estado a cumplir con los acuerdos de la Asamblea y señalaron que la decisión ya había sido avalada en su momento por la Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, y los magistrados.

La semana pasada, TSJ en el exilio anunció la decisión de condenar a Nicolás Maduro Moros por 18 años y tres meses de prisión por corrupción, junto a una multa de $ 35.000.

 

 

AN aprueba por unanimidad respaldo a sentencia del TSJ en el exilio contra Maduro por corrupción by La Patilla on Scribd

 

TSJ solicita extradición de testaferro de Diego Salazar y de empresario vinculado al caso Andorra

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala de Casación Penal, declaró procedente la solicitud de extradición activa al Reino de España de dos venezolanos señalados por casos de corrupción: Luis Mariano Rodríguez Cabello, una de las fichas de Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez; y de José Ramón Sánchez Rodríguez, quien presuntamente ayudó a lavar dinero del Estado por medio de la Banca Privada d’ Andorra (BPA).

De acuerdo con la nota de prensa del máximo tribunal, la petición se hizo para que tanto Rodríguez Cabello como Sánchez Rodríguez sean sometidos a un proceso penal en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de corrupción y tráfico de influencias, así como de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Rodríguez Cabello está señalado de ser el testaferro de Diego Salazar, el polémico primo de Rafael Ramírez que presuntamente amasó su fortuna al manejar los contratos de seguros y reaseguros de Pdvsa. Fue detenido en diciembre pasado por blanquear capitales a través de una red que manejó fondos estimados en más de 2.000 millones de dólares entre 2011 y 2012, luego de pedir sobornos a empresas chinas para presentarlas en licitaciones de proyectos de energía.

A Sánchez Rodríguez, de 68 años, lo detuvieron esta semana funcionarios de la Interpol en Madrid, España, luego de haber estado solicitado con notificación roja por el Juzgado Sexto de primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas por los delitos mencionados.

Según las autoridades venezolanas, Sánchez Rodríguez estaba residenciado en la capital española y presidía una organización que, en alianza con empresas panameñas, se dedicaba a abrir cuentas bancarias en la BPA para blanquear más de 400 millones de dólares proveniente de contratos fraudulentos.

Las autoridades del Principado de Andorra intervinieron este banco en marzo de 2015 en el marco de una investigación por blanqueo capitales. Estados Unidos había denunciado que esta institución financiera fue empleada por bandas criminales para lavar fondos.

La nota de prensa del TSJ asegura que las autoridades venezolanas asumen el compromiso de que ambos venezolanos serán juzgados con las debidas garantías consagradas en la Constitución del país «relativas al principio de no discriminación; prohibición de desaparición forzada de personas; debido proceso; derecho a la integridad física, psíquica y moral; prohibición de ser sometido a penas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho a un sistema penitenciario que asegure su rehabilitación y que no podrán ser juzgados por otros hechos distintos a los señalados en las solicitudes de extradición, cometidos con anterioridad a cada solicitud».

TSJ solicita extradición de Rafael Ramirez, Luisa Ortega Díaz y Zair Mundaray

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó solicitar al Reino de España la extradición del anterior ministro y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, así como solicitar a Colombia la extradición de la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz y uno de los fiscales de su administración, Zair Mundaray.

A través de la Sala de Casación Penal, el máximo tribunal venezolano declaró procedente la solicitud de extradición a Ramírez, acusado de los presuntos delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación.

Por su parte, a Ortega Díaz le acusan por su presunta participación en los delitos de traición a la patria; usurpación de funciones; uso de documento público falso; uso de sello falso; ocultación y retención; falsa denuncia o acusación y asociación. A Mundaray también le adjudican la presunta participación en el delito de traición de la patria y usurpación de funciones públicas.

La ruptura de Ramírez con la administración de Nicolás Maduro se concretó cuando fue forzado a dejar su puesto como embajador ante las Nacionas Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el noviembre del año pasado. En ese momento, en lugar de regresar a Venezuela, partió al exilio sin dar a conocer el país a donde se dirigía.

Desde entonces, Ramírez se convirtió en un crítico del gobierno de Maduro y del estado en que se encuentra la petrolera estatal que manejaba.

Luisa Ortega Díaz fue destituida de su cargo como Fiscal general de la República en agosto de 2017 por la impuesta Asamblea Constituyente por estar presuntamente incursa en varios delitos de corrupción dentro del Ministerio Público.

Por ello, se le embargaron sus cuentas y propiedades, y se declaró al MP en emergencia  para hacer una renovación de la institución y “luchar contra la impunidad”. Desde entonces, el puesto de fiscal es ocupado por Tarek William Saab, antiguo Defensor del Pueblo.

El 31 de marzo de 2017 declaró que las sentencias  155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, que despojaban a la Asamblea Nacional de sus competencias y anulaban la inmunidad parlamentaria constituían “una ruptura del orden constitucional”. Desde entonces, empezó a criticar la actuación represiva del Gobierno contra las protestas antigubernamentales que surgieron desde esa fecha y desmontó versiones que se pretendían instaurar desde el Ejecutivo sobre la muerte de algunos manifestantes, como Juan Pablo Pernalete.

Luego de ser destituida por la ANC, Ortega Díaz se vio obligada a salir del país, y desde entonces ha llevado denuncias a organismos internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional, acusando a Nicolás Maduro y varios de sus funcionarios como responsables en la violación de derechos humanos.

 

*Con información de Tal Cual

 

TSJ declaró procedente solicitar a Colombia extradición de Julio Borges por hechos del #4Ago en la avenida Bolívar

El Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente solicitar a Colombia la extradición del diputado  Julio Borges y de otros seis ciudadanos que estarían en Perú y EE.UU. y que son acusados por el supuesto atentado al presidente Nicolás Maduro.

«La Sala de Casación Penal del TSJ, este jueves 16 de agosto de 2018, declaró procedente la solicitud de extradición de los ciudadanos Julio Borges (Colombia), Rayder Russo (Colombia), Josser López Valero (Estados Unidos), Virginia Antonieta Da Silva-Pio (Estados Unidos)», dice la máxima corte en una nota de prensa.

También aprobó pedir la extradición de «Carlos Monasterios (Colombia), Osman Delgado (Estados Unidos) y Yilber Escalona (Perú)».

Todos «por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente de la República Nicolás Maduro», por la «presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y con motivos fútiles en grado de frustración» y «traición a la patria».

En el caso de Borges, el Tribunal añade que será juzgado también por «instigación pública continuada y conspiración», mientras que a Da Silva-Pio, Monasterios, Russo, Delgado, López y Escalona se les imputa por «lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir».

El TSJ asegura que todos serán procesados con las garantías de la Constitución venezolana «como el derecho al debido proceso; al principio a la no discriminación; a la prohibición de la desaparición forzada de personas; a la integridad física, psíquica y moral; y a la prohibición de ser sometidos a penas, torturas».

Asimismo, asegura que serán tratados con el «respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, al derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado, al derecho a la asistencia jurídica, así como la garantía de todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad».

El pasado 4 de agosto Maduro interrumpió un acto con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) luego de que varios drones con cargas explosivas detonaran en las cercanías de la tarima presidencial.

¡Quién dijo miedo!, por José Domingo Blanco

 

La sentencia del Tribunal Supremo Legítimo, pero en el exilio, es clara: “Se condena a Nicolás Maduro a 18 años y tres meses de prisión por corrupción en el caso Odebrecht. Debe pagar multa de $25 millones por corrupción propia y reintegrar al Estado venezolano $35 mil millones por legitimación de capitales”. En otras palabras, los magistrados del TSJ hicieron su trabajo, el trabajo que les corresponde y, desde Colombia, declararon a Nicolás culpable de los delitos por los cuales estaba siendo juzgado.

Una vez más, en una situación inusual en nuestro país, y en medio de debates y posiciones divididas, esta decisión del TSJ Legítimo, pero en el exilio, abre opciones para las que solo bastaría la tenacidad y valentía de quien o quienes decidan acatar la sentencia y poner tras las rejas al responsable de tanta miseria y muerte; con la esperanza de que, después de él, comiencen los juicios de cada uno de sus cómplices, sean del bando que sean.  

La sociedad venezolana debe estar percibiendo en este momento que las autoridades y dirigentes políticos que no están en el país, hablan con ferocidad y sin miedo a las represalias de un régimen que sabe cómo callar a sus enemigos. Pero, muchos de los que están aquí, los que hacen vida en el territorio nacional, como algunos de nuestros diputados de la Asamblea Nacional electos por mandato popular, permanecen callados ante la dictadura, sumisos, bajando la cerviz, “encarriladitos” como le gusta decir a Nicolás.

Hoy, muchos celebran la decisión del TSJ Legítimo porque tiene implicaciones que deberían favorecer el restablecimiento del orden constitucional. Otros, por el contrario, se burlan de la sentencia pensando que es muy fácil condenar, “desde la comodidad del exilio”, a quien controla todas las instituciones que deberían acatar el dictamen. No quiero entrar en ese debate. Sin embargo, la institución que está en el exterior está actuando. Ahora es el turno de la AN. Es el momento de escuchar a los diputados declarándose en sesión permanente y evacuando más pruebas condenatorias, desde sus respectivas comisiones, contra cada uno de los integrantes del régimen responsables de la ruina del país. Mientras escribo estas líneas, lo único que sabemos de la Asamblea Nacional, la que elegimos todos los venezolanos, es que se va de vacaciones. Y al irse de vacaciones, desatiende las decisiones del TSJ en el exilio, que ellos eligieron y juramentaron. ¿Alguien puede explicarme la razón por la que, en un momento crucial como este, los diputados deciden tomarse un receso?

En días pasados, mi estimada amiga, la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León señalaba las tres ocasiones en las que la AN había incumplido con su deber constitucional al no cubrir la vacante presidencial: ante la doble nacionalidad de Nicolás; una vez declarado el Abandono del Cargo y después de autorizar el enjuiciamiento del presidente. En palabras de la doctora Mármol, la Asamblea Nacional “no está ejerciendo su potestad, ni respondiendo a la representación ciudadana que ostenta, fallándole a la ciudadanía”.

Según me explicó Blanca Rosa, “en el caso de la doble ciudadanía de quien detenta la presidencia – porque Venezuela no tiene Presidente actualmente- cuando se planteó, la AN no quiso enfrentarlo. Distorsionó el asunto, nombró una comisión, se propuso recabar pruebas. Llevó las cosas al punto de que interviniera la inefable Sala Constitucional del TSJ para ′saldar′ el asunto con una de sus ′Decisiones′ obedientes al régimen”.

“En el caso del Abandono del Cargo –continúa-  vía abstrusa que escogieron para, presuntamente, remover a Maduro del cargo, prefiriéndola a la línea recta, que es la más corta representada por la primera opción, dijeron que había abandono de funciones; y después de ello, al día siguiente, luego de declarar en pleno al presidente en Abandono del Cargo, se fueron a visitar el Hospital Vargas, sin seguir el procedimiento establecido en el artículo 233 de la Constitución Nacional. ¡Cómo si no estuviera pasando nada! Y Maduro se burlaba desde el TSJ de Dos Pilitas cuando presentaba su Memoria y Cuenta. En realidad, se burlaba de todos nosotros, de quienes le dimos la representación a los diputados. Por eso siempre me pregunto, ¿en nombre de quién actúan?”.

Por último, la doctora Mármol de León me aclara que, en la tercera oportunidad, cuando el TSJ Legítimo encuentra méritos para el enjuiciamiento de Maduro y la Asamblea lo autoriza, “vemos que, de nuevo, no se sigue el procedimiento constitucional, evadiendo la ejecución de la sentencia y enviándosela a la Consultoría Jurídica de la AN. Como si pudiera ésta revisar una decisión del TSJ Legítimo, última instancia legal y constitucional, única en el caso del enjuiciamiento del presidente”.

Coincido con ella cuando dice que nuestros diputados de la Asamblea Nacional, al momento de designar a los magistrados legítimos que están hoy en el exilio, les preguntaron si sabían que podían ir presos por el solo hecho de su designación. Una pregunta que ellos también debieron hacerse cuando decidieron ser candidatos a diputados en Venezuela, en la actual, la que está sometida por un régimen capaz de todo por conservar su poder.

Quienes ostentan cargos públicos, de elección popular, en un país como el nuestro, no pueden sentir miedo. Los magistrados en el exilio ya hicieron parte de su trabajo. Ahora es el turno de quienes tampoco pueden sentir miedo y deben acatar la decisión.

 

@mingo_1

Instagram: mingoblancotv

 

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 14.08.2018: BAJO: Entrenamiento
BAJO
¿YA VIENE LA INVASION?:

Todo lo del régimen es un misterio. Aunque lo quieran esconder todo se descubre. Pues bien, a los funcionarios de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia les ordenaron hacer un “curso anti-invasión extranjera”. Se preguntarán Ustedes: ¿cómo se come eso?, Rueda un informe señalando que varios agentes del TSJ fueron llevados a entrenar a las playas del litoral, obligándolos a lanzarse al mar en preparación ante cualquier ataque de los invasores. Tras aquel pase rasante en helicóptero sobre la sede del TSJ del asesinado Oscar Pérez del CICPC, donde dejó ver las vulnerabilidades del centro de Caracas incluyendo Miraflores, los ministerios y el Tribunal, ahora los metieron en un curso de 48 horas para enfrentar a los gringos y colombianos. Por allí circula la versión de que falleció uno que no sabía nadar. Silencio sepulcral. Nadie informa. ¿Coincide acaso con la sugerencia de Chaderton a JVR en Televén de que “La guerra hacía la cual estamos caminando va a terminar en territorio colombiano? Enfatizó: “Venezuela debe entrar en combate. Venezuela tiene fuerza suficiente para repeler una agresión extranjera de la oligarquía colombiana”…