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En la primera página del documento, el abogado aclaró que María Corina Machado no está demandando la nulidad de la inhabilitación, ya que no existe

Este sábado, 16 de diciembre, el equipo legal de María Corina Machado, ganadora de las primarias de oposición, aclaró los detalles de la asistencia de la exdiputada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la revisión de la inhabilitación política que pesa sobre ella desde el año 2015. 

A través de un hilo publicado en la red  social X, antes Twitter, el abogado Perkins Rocha explicó que Machado presentó una «demanda de reclamación conjuntamente con amparo contra las vías de hecho que materialmente le impiden ejercer a plenitud sus derechos políticos».

2/14 presentó una Demanda de Reclamación conjuntamente con Amparo, contra las vías de hecho q materialmente le impiden ejercer a plenitud sus Dchos Politicos 👇 pic.twitter.com/ucpxvCma6U

— Perkins Rocha (@PerkinsRocha) December 16, 2023

Rocha insistió que a pesar de estar habilitada constitucionalmente, sobre Machado no pesa «ningún acto de inhabilitación ni existe ningún procedimiento administrativo q se haya iniciado con garantías del debido proceso para ese fin».

«Ella ataca la validez de los efectos materiales de una situación irregular: la vía de hecho por la cual indebidamente pretenden inhabilitarla administrativamente…«, dijo Rocha.

7/14 ¿Cuál es el efecto jdco concreto de lo q ayer interpuso Ma. Corina Machado en el TSJ? Aquí el aparte final d su escrito: 👇 pic.twitter.com/Emndipy5a3

— Perkins Rocha (@PerkinsRocha) December 16, 2023

La candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado,  acudió la tarde del 15 de diciembre de 2023 al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), horas antes de que finalizara el plazo que puso el gobierno para que opositores solicitaran la revisión de las inhabilitaciones que les impide ocupar cargos de elección popular.

Sin avisar a medios de comunicación y luego de días evadiendo responder si acudiría al TSJ, Machado se presentó en el ocaso del plazo que había impuesto el gobierno para la revisión de inhabilitaciones, un procedimiento acordado entre el Gobierno y  la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

«Mi posición es la misma: como no inhabilitación, yo no voy a recurrir ese procedimiento. Lo que hemos establecido es una vía de hecho, una reclamación, diciendo que no hay inhabilitación (…) Lo que debe quedar claro es que nadie nos saca de la ruta electoral y que la pelota está del lado de Maduro. Maduro tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta, si cumple o no los acuerdos asumidos con la comunidad internacional», remarcó.

Ratificó que hará todo lo que esté en sus manos «para que hayan elecciones limpias y libres».

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Juan Pablo Guanipa dijo que Machado «abona el camino hacia la elección presidencial», y ahora «le toca al régimen», en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro, «cumplir con su parte»

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela, que agrupa a los partidos de oposición, respaldó este viernes la decisión de la exdiputada María Corina Machado, de acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el último día del plazo establecido para solicitar la revisión de su inhabilitación política.

«Respaldamos y apoyamos su decisión y su lucha para consolidar el cambio político», expresó la alianza en X (antes Twitter), donde, además, señaló que Machado ha dado una «muestra más de que está comprometida con el mandato» dado el 22 de octubre en las primarias.

El partido Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López desde el exilio, publicó un comunicado en respaldo a Machado y su decisión de «interponer una demanda de reclamación por vía de hecho y un amparo cautelar sobre una inexistente inhabilitación», un «paso más hacia la derrota» del chavismo en las presidenciales».

Por su parte, el exdiputado Juan Pablo Guanipa dijo que Machado «abona el camino hacia la elección presidencial», y ahora «le toca al régimen», en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro, «cumplir con su parte».

La líder opositora, sin avisar a medios de comunicación y luego de días evadiendo responder si acudiría al Supremo, optó por apegarse en el último minuto al proceso de revisión de inhabilitaciones acordado entre el Gobierno y la PUD, cuyas solicitudes se recibieron hasta este viernes.

A su salida del TSJ, Machado dijo que «ahora está la pelota del lado» del jefe de Estado, a quien le corresponderá, auguró, decidir si cumple con lo pactado con la comunidad internacional para garantizar elecciones «limpias».

Reiteró que su inhabilitación, impuesta en 2015 y extendida recientemente hasta 2030, no le ha sido notificada, por lo que no pidió recurrir un documento en concreto y, en cambio, introdujo una demanda de reclamación «por vía de hecho».

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Suprema Injusticia indicó que en años anteriores, muchos inhabilitados han utilizado el recurso contencioso administrativo contra la medida de inhabilitación sin siquiera obtener una respuesta

El portal Suprema Injusticia, iniciativa de la ONG Transparencia Venezuela, señaló que la revisión de inhabilitaciones a los candidatos de oposición ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no da «muchos motivos para el optimismo».

Suprema Injusticia indicó que, en años anteriores, muchos inhabilitados para ejercer cargos públicos han utilizado el recurso contencioso administrativo contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República sin siquiera obtener una respuesta. 

El pasado 30 de noviembre, fecha límite impuesta por Estados Unidos a la administración de Nicolás Maduro para revisar las inhabilitaciones y liberar a los presos políticos, se informó sobre un mecanismo para que sean evaluadas las inhabilitaciones políticas.

Luego de esto, se conoció que los candidatos inhabilitados debían acudir al TSJ entre el 1 y el 15 de diciembre a presentar su apelación, de lo contrario, no podrían participar en las elecciones por no «ejercer el recurso». 

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Posteriormente, María Corina Machado informó que no asistiría ante el TSJ para apelar su inhabilitación política y precisó que no había nada que recurrir «porque no hay decisión (de la Contraloría de la República)».

Aseguró que no confía en las decisiones del Gobierno nacional, quien «no ha cumplido» con los acuerdos en conjunto con la Plataforma Unitaria.

«Yo no he cometido delito alguno, falta alguna, aquí no hay un acto de la Contraloría ni yo he sido notificada de ninguna manera, aquí no hemos recibido ningún papel, por lo tanto, que acto puede recurrirse si no existe, es absolutamente inexistente», dijo Machado.

Suprema Injusticia explicó que el recurso contencioso administrativo es una figura legal a través de la cual los ciudadanos pueden plantear reclamos y conflictos por actos de la Administración Pública o disposiciones de carácter general ante los tribunales, siempre y cuando se hayan agotado las vías administrativas.

Casos de inhabilitaciones sin respuesta

El sitio web recuerda el caso del exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien el 5 de octubre de 2017 presentó dos solicitudes similares contra la sanción a 15 años que le fue impuesta ese mismo año. Hasta el momento, no han sido respondidas. 

La última noticia de estas solicitudes se produjo el 24 de octubre de 2017, cuando el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa le remitió a la  misma sala una de estas peticiones para que procediera a estudiarla, tal y como se lee en la sentencia número 271.

Mientras que el exalcalde de Chacao, Leopoldo López, encabeza la lista de opositores y disidentes del chavismo que en los últimos años ha recurrido al procedimiento pactado por el Gobierno y la oposición para revisar las sanciones que les impiden competir electoralmente. Y él vio cómo su solicitud, presentada en 2005, terminó en la papelera cuatro años después.

Manuel Rosales corrió con mejor suerte; sin embargo, la CGR lo inhabilitó por siete años y seis meses en agosto de 2014, tras declararlo responsable de una serie de irregularidades detectadas en sus primeras dos gestiones como gobernador de la entidad occidental.

El opositor presentó a la Sala Político Administrativa una demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar contra la sanción un año después. El TSJ declaró “procedente” la petición y le levantó la sanción por considerar que la CGR no le garantizó el debido proceso. Pero el proceso se demoró más de dos años.

Suprema Injusticia también indicó que la Sala Constitucional ha rechazado tres acciones que buscaban permitirle a la exdiputada María Corina Machado que se pudiera postularse como candidata para las próximas elecciones.

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Según el documento, ambas partes se comprometieron a revisar las medidas de inhabilitación dictadas por la contraloría General de la República, a todas las personas que desean postularse a la contienda electoral

El Reino de Noruega anunció este jueves, 30 de noviembre, que candidatos de la oposición inhabilitados por el gobierno de Nicolás Maduro tienen 15 días para apelar su condición ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A través de un comunicado difundido por redes sociales, Noruega recordó que en el acuerdo suscrito entre el gobierno y la oposición en Barbados, acordaron promover la participación de todos los candidatos partidos políticos que cumplan los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial.

Según el documento, ambas partes se comprometieron a revisar las medidas de inhabilitación dictadas por la contraloría General de la República, a todas las personas que desean postularse a la contienda electoral.

Cabe recordar que el Gobierno de Estados Unidos fijó como fecha límite el 30 de noviembre para que el gobierno de Maduro se pronunciara y. pusiera fin al proceso de inhabilitaciones, además de liberar a los presos políticos venezolanos y estadounidenses.

A continuación 5 claves sobre proceso para apelar inhabilitaciones ante el TSJ:

El TSJ tendrá la última palabra

El comunicado difundido por Noruega expresa que el máximo tribunal deberá pronunciarse «conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia» regidos en la constitución.

El texto también señala que cada uno de los interesados deberá acudir personalmente ante la Sala Político Administrativa para ejercer el recurso contencioso que corresponda contra la medida de inhabilitación dictadas por la contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar en un lapso establecido desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre.

Como facilitador del Proceso de Diálogo y Negociación de #Venezuela, Noruega confirma recepción del siguiente procedimiento, conforme al Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos. pic.twitter.com/bpeR8lN1hM

— Noruega en MX y CA (@NoruegaMexCA) December 1, 2023

No “irrespetar las instituciones” y otras exigencias a inhabilitados

El documento además expresa que en la demanda presentada y en declaraciones públicas, los interesados deberán abstenerse de realizar ofensas en contra de las instituciones del Estado. 

«Cada uno debe asumir el compromiso de respetar la Constitución, las leyes, cumplir con el deber de honrar la patria; sus símbolos y valores culturales, además de acatar la decisión del TSJ que emane de este recurso», se lee en el texto compartido por el Reino de Noruega. 

Blyde con expectativas positivas

El jefe de la delegación de la oposición en las negociaciones con el gobierno, Gerardo Blyde, expresó a través de su cuenta en X, antes Twitter, que el «Acuerdo de Barbados determinó que debía establecerse una vía que con celeridad permita habilitar candidatos presidenciales».

Blyde recordó que la habilitación del actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, en 2017, sentó un precedente judicial a favor de María Corina Machado, para permitirle competir en las presidenciales de 2024, previo levantamiento de la sanción administrativa que pesa sobre ella.

El Acuerdo de Barbados determinó que debía establecerse una vía que con celeridad permita habilitar candidatos presidenciales. El precedente con amparo cautelar está en el caso M. Rosales otorgado con la admisión del recurso. Seguimos! https://t.co/uyq1By0jma https://t.co/ilWvA4kZV8

— Gerardo Blyde (@GerardoBlyde) December 1, 2023

Para el gobierno “se están haciendo respetar las instituciones”

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro valoró como un «paso en la dirección correcta» la fijación de un procedimiento para la eventual habilitación política de opositores impedidos para ocupar cargos públicos.

«Hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta (…) para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada», indicó Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del oficialismo.

¿Un caramelo de cianuro para Machado y otros inhabilitados?

Abogados, políticos, historiadores y defensores de derechos humanos expresaron su opinión sobre el anuncio del gobierno de Noruega. Uno de los primeros en reaccionar fue el abogado Zair Mundaray, quien indicó que Noruega «vende su mediación como panacea, pero cede ante las imposiciones ilegales de un régimen que no respeta norma alguna». 

Ahora bien, el caso de @MariaCorinaYA es complejo, porqué implica recurrir de un acto administrativo inexistente. De hecho la inhabilitación no existe, y el oficio de respuesta que exhibe el mandadero Brito, no es un acto administrativo. En fin… Noruega vende su mediación como… https://t.co/pEkOUHebGV

— Zair Mundaray (@MundarayZair) December 1, 2023

Por su parte, el- abogado y polítólogo Olando Viera-Blanco enfatizó que «la justicia no se negocia».

«No corresponde pactar justicia sobre actos írritos emitidos por un órgano como la Contraloría General de la República», escribió en un mensaje en la red social X.

La justicia no se negocia. No corresponde pactar “justicia”sobre actos írritos emitidos por un órgano como la Contraloria G.R. que carece de potestades para inhabilitar. Esto no es un acuerdo, es una ardid. Ni el Reino de Noruega ni EEUU deben prestarse a esta burla a los Vzlanos pic.twitter.com/iq06Vo8o7g

— Orlando Viera-Blanco (@ovierablanco) December 1, 2023

Por su parte, el historiado y profesor Ángel Lombardi, cargó en contra del TSJ haciendo referencia a que es la misma institución que anuló la jornada electoral del 22 de octubre pasado que decretó el triunfo de María Corina Machado con un 93% de los votos como candidata Unitaria de la oposición.

Según el acuerdo de Barbados es el TSJ el que habilitará a María Corina Machado. El mismo TSJ que anuló la jornada electoral del 22 de octubre pasado que decretó el triunfo de María Corina Machado con un 93% de los votos como candidata Unitaria de la Oposición. ¿Estamos claros?

— ANGEL RAFAEL LOMBARDI BOSCAN (@LOMBARDIBOSCAN) December 1, 2023

Joel García, también abogado, puso en duda un eventual pronunciamiento favorable del TSJ en favor de Machado.

«Según el acuerdo de Barbados, es el TSJ el que habilitará a Machado. El mismo TSJ que anuló la jornada electoral del 22 de octubre pasado que la decretó ganadora con un 93% de los votos como candidata unitaria de la oposición», expresó, en tono de duda. 

Según el acuerdo de Barbados es el TSJ el que habilitará a María Corina Machado. El mismo TSJ que anuló la jornada electoral del 22 de octubre pasado que decretó el triunfo de María Corina Machado con un 93% de los votos como candidata Unitaria de la Oposición. ¿Estamos claros?

— ANGEL RAFAEL LOMBARDI BOSCAN (@LOMBARDIBOSCAN) December 1, 2023

Finalmente, el defensor de derechos humanos, Marino Alvarado agregó que lo anunciado por el gobierno de Noruega «es una victoria de la oposición y resultado de las primarias». 

«La dictadura que tanto afirmaba que no revisaría inhabilitaciones da un paso atrás. Hay que seguir presionando», enfatizó.

Lo anunciado por el gobierno de Noruega sobre acuerdo para procedimiento acerca de las inhabilitaciones es una victoria de la oposición y resultado de las primarias.

La dictadura que tanto afirmaba que no revisaria inhabilitaciónes da un paso atrás

Hay que seguir presionando

— Marino Alvarado B (@marinoalvarado) December 1, 2023

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El partido Voluntad Popular, que organizaba el acto en la sede el Colegio de Abogados de Carabobo, destacó que la sentencia del TSJ para disolver a la junta directiva de dicho gremio se conoció 24 horas de que se anunciara un acto de María Corina Machado en ese recinto

La ONG Acceso a la Justicia denunció que la Sala Electoral  del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 124 del 22 de noviembre, ordenó suspender todas las fases de la elección en el Colegio de Abogados del estado Carabobo realizada el 3 de febrero de 2022, así como suspender la junta directiva electa en ese comicios.

En la sentencia también se ordenó designar una junta ad hoc, constituida por Erwin Gerardo Fernández (presidente), Williams de Jesús Latuf Rodríguez (vicepresidente), Gustavo Alberto Guevara Morales (tesorero) y Ramón Antonio Navas Martínez (bibliotecario). 

Esta nueva junta directiva se instaló este 23 de noviembre bajo la promesa, en voz de su nuevo presidente, de «trabajar por los agremiados que están desamparados» y «sin ninguna clase de distinción política, religiosa u orientación sexual».

El TSJ emitió el fallo en respuesta a un amparo constitucional que interpusieron los abogados Roymar Armas y Gianni Piva contra la comisión electoral que llevó a cabo el proceso de escogencia de la directiva del gremio.

#ATENCION @MariaCorinaYA es invitada al Colegio de abogados del estado Carabobo, acto seguido el TS J de la dictadura dicta sentencia No. 124 del día hoy, mediante la cual anula a la junta directiva del colegio (recién electa) y designa junta ad hoc (chavistas todos). Esa es la… pic.twitter.com/JLDLNWmTRp

— Zair Mundaray (@MundarayZair) November 22, 2023

El partido Voluntad Popular, que organizaba el acto en la sede el Colegio de Abogados de Carabobo, también resaltó que la sentencia del TSJ se conoció a 24 horas de que se anunciara la presencia de Machado en ese recinto.

«En definitiva, lo que se está produciendo es una decisión de carácter político absolutamente violatoria de los derechos fundamentales del gremio de abogados del estado Carabobo y de la sociedad entera, en virtud a la irrupción sobre la voluntad de los ciudadanos de agruparse y organizarse en los términos que prefieran siempre que no se violente el ordenamiento jurídico», denunciaron. 

    

            

            
    	
            

            

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La APUCV rechaza esta nueva intromisión del TSJ y se solidariza con los compañeros ucistas

Este martes, 14 de noviembre, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) denunció que el el gobierno usa la paridad como pretexto para impedir renovación democrática en universidades.

A través de un comunicado, la APUC afirmó que el Tribunal Supremo de Justicia, hace uso deformado de la ley para arremeter contra la Constitución Nacional y la autonomía universitaria atacando el derecho de los estudiantes de la Universidad de Carabobo a elegir sus autoridades universitarias democráticamente.

La APUC enfatizó que el régimen político pretende imponer su hegemonía trasladando su esquema populista y demagógico al interior de las universidades, a través del sistema paritario. 

«Enarbolar la paridad no es más que un pretexto del régimen para bloquear cualquier renovación democrática al interior de las universidades, a fin de asfixiarlas, además de económicamente, en su quehacer democrático».

La APUCV rechaza esta «nueva intromisión del TSJ» y se solidarizó con los ucistas. Al tiempo que hizo un llamado a un frente nacional universitario para defenderse «de esta y todas las reiteradas agresiones del gobierno contra la universidad venezolana».

Comunicado de la Junta Directiva de la APUCV ante la arremetida del TSJ contra las universidades.#UCV #Profesores #Venezuela #Comunicado #14Noviembre pic.twitter.com/I52ApgBw8J

— APUCV (@APUCV) November 14, 2023

TSJ suspendió elecciones universitarias en Carabobo

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspendió este lunes 13, vía sentencia, las elecciones de autoridades de la Universidad de Carabobo previstas para el 29 de noviembre.

En la sentencia 123 de la Sala Electoral del Tribunal, la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez aceptó un recurso que solicitaron los ciudadanos Pedro Ulacio y Hernán Barrios, en su condición de personal administrativo activo y jubilado (respectivamente), para contener los comicios internos de la academia.

Apelaron ir en contra del Estatuto Transitorio de Elecciones de la UC, publicado el pasado 20 de julio, para que el personal obrero y administrativo tenga el mismo peso porcentual que los docentes a la hora de votar.

Este lunes la Comisión Electoral de la Universidad de Carabobo publicó la lista de admitidos para las elecciones de autoridades. Uno de los excluidos fue el actual vicerrector administrativo, José Ángel Ferreira, quien se postuló al cargo de rector junto a los decanos Ulises Rojas y José Corado.

Ferreira precisó que su candidatura a rector no fue admitida por dos objeciones administrativas: la primera del año 2000, por una sanción aplicada al Consejo Universitario por parte de la Contraloría General de la República, del cual formaba parte; y posteriormente en el año 2003, como decano presidente del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por su interpretación respecto a una jubilación.

La renovación de las autoridades universitarias se encuentra paralizada desde hace más de una década, debido a sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suspendieron los procesos en las universidades autónomas.

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El TSJ informó en su página web que la Sala Constitucional del TSJ declara la constitucionalidad de las preguntas del referendo consultivo sobre la Guayana Esequiba, a efectuarse el 3 de diciembre de 2023

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó este miércoles, 1 de noviembre, que el poder electoral acata el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que dicta constitucionalidad a las cinco preguntas sobre el referendo del Esequibo.

«El poder electoral decidió unánimemente saludar y acatar la referida decisión del Tribunal Supremo de Justicia, rumbo al cumplimiento del cronograma electoral. El 3 de diciembre todos a votar unidos en el consultivo por el Esequibo», dijo Amoroso.

En una rueda de prensa el presidente del CNE detalló que conforme con el artículo 335 constitucional que establece: «el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido y alcance de las normas y principios son vinculantes para las otras salas del TSJ y demás tribunales de la República».

Más temprano, el TSJ informó en su página web que la Sala Constitucional del TSJ declara la constitucionalidad de las preguntas del referendo consultivo sobre la Guayana Esequiba, a efectuarse el 3 de diciembre de 2023.

La sentencia número 1469 de fecha 31 de octubre se emite luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el pasado 20 de octubre la realización de la consulta popular tras recibir la solicitud de la Asamblea Nacional (AN) oficialista.

¿Qué dice Guyana?

Este martes, Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se declaró competente para revisar la disputa entre los dos países, que impidiera a Venezuela realizar el referendo consultivo.

Por su parte, el gobierno de Maduro alegó en un comunicado que esta solicitud “pretende deslegitimar la voluntad del pueblo venezolano, convocado a una consulta democrática y popular para definir asuntos relativos a los derechos legítimos e históricos que le pertenecen en el territorio de la Guayana Esequiba”.

Insistieron en que tal medida no “tiene asidero legal, y solo demuestra la desesperación de las autoridades de Guyana”. Reiteraron los señalamientos que tras el gobierno guyanés está la petrolera estadounidense ExxonMobil, que busca la explotación de crudo en un territorio que Venezuela reclama como suyo y del que lo despojaron con el Laudo Arbitral de París de 1899.

*Con información de EP

Sobre si queda avalada judicialmente la inhabilitación de María Corina Machado, tal y como establece la Constitución venezolana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Suprema Injustica explicó que no

Un análisis realizado por el portal Suprema Injusticia (SI), iniciativa de la ONG Transparencia Venezuela, reseñó que la decisión que suspende “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la comisión nacional de primarias”, dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), busca dejar claro la inhabilitación de María Corina Machado.

Suprema Injusticia indicó que en julio y agosto, el TSJ rechazó tres acciones que buscaban anular la cuestionada inhabilitación que la Contraloría General de la República (CGR) le impuso a la ahora candidata presidencial de la opositora Plataforma Unitaria.

«Las tres decisiones anteriores son de la Sala Constitucional del TSJ. Es de destacar que el último de los fallos sobre la situación de la candidata se produjo apenas cinco días antes de la primaria opositora celebrada el domingo 22 de octubre de 2023″, señaló SI.

¿Judicialmente inhabilitada?

Sobre si queda avalada judicialmente la inhabilitación de María Corina Machado, tal y como establece la Constitución venezolana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Suprema Injustica explicó que no. 

Según el artículo 65 de la Constitución de Venezuela, “no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”; y hasta el momento, Machado no ha sido enjuiciada penalmente ni mucho menos condenada.

 Sala Electoral del TSJ contra las primarias

La Sala Electoral del máximo juzgado fue más allá que la Sala Constitucional.  Sus magistrados –a través de una ponencia conjunta, no solo declararon que María Corina Machado está “inhabilitada de manera firme por quince (15) años”- por lo que no podría ir a la contienda presidencial contra Maduro, sino que suspendió  “los efectos” de la consulta que ella ganó, bajo el argumento de amparar los derechos del diputado José Brito, que habrían sido violados “en su carácter de aspirante a participar en las elecciones primarias del día 22 de octubre de 2023”.

El diputado José Brito, quien ha sido señalado de ser parte de una “oposición a la medida” del gobierno, presentó su recurso contencioso electoral con amparo cautelar contra los actos inconstitucionales e ilegales de la Comisión Nacional de Primarias el 24 de octubre, dos días después de realizada la consulta opositora y en menos de una semana obtuvo respuesta.

Una celeridad notable si se considera que aún no ha habido decisión sobre el caso referido a las presuntas irregularidades en la elección de los diputados del estado Amazonas en 2015, que dio paso el cerco judicial  y anulación de la Asamblea Nacional electa ese año. En ese caso de manera “provisional”, en ponencia de la entonces magistrada Indira Alfonzo, se acordó “suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena”.

Casi 8 años después de esa “suspensión”, el juicio central no ha sido resuelto, pero los diputados opositores que dominaban el Parlamento en 2015 fueron perseguidos por “desacato” porque se negaron a cumplir la sentencia de la Sala Electoral, alegando que solo el Parlamento decide sobre su conformación.

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