En un acto simbólico, un grupo de jueces venezolanos exiliados impuso el miércoles una sentencia de más de 18 años de prisión al presidente Nicolás Maduro tras procesarlo por hechos de corrupción y lavado de dinero vinculado con la constructora brasileña Odebrecht, acusada de sobornos millonarios en varios países de la región.
El juicio, empero, no tiene transcendencia legal puesto que esos jueces no son reconocidos por las autoridades de Venezuela. La sentencia se enmarca en una estrategia política opositora que, según sus promotores, apunta a poner en conocimiento de los venezolanos y la comunidad internacional los supuestos crímenes cometidos por Maduro y su gobierno socialista.
El llamado «Tribunal Supremo de Venezuela en el Exilio» –reunido simultáneamente en Miami y la capital de Colombia– determinó que el mandatario venezolano es culpable de los delitos de «corrupción propia y legitimación de capitales”, lo cual habría “comprobado con plenas pruebas” la comisión de los hechos punibles y la responsabilidad de Maduro.
El fallo leído por el juez ponente, Rommel Gil, señaló que no se trata de un juicio político. “Este es un juicio legítimo” y ordena librar orden de captura internacional contra Maduro.
Luisa Ortega Díaz, la exfiscal general de Venezuela depuesta de su cargo el año pasado tras romper con el gobierno de Maduro, acusó al mandatario de pedirle a Odebrecht cincuenta millones de dólares para su campaña presidencial en el 2013.
Ortega Díaz suministro a los jueces en el exilio una serie de documentos y testimonios de ejecutivos de la empresa constructora, los cuales implicarían a Maduro en delitos de corrupción y lavado de dinero.
Según Ortega –que también fungió como la fiscal encargada de comprobar que Maduro habría cometido actos de corrupción– a cambio de los 35 millones de dólares que finalmente recibió, Maduro le prometió a Odebrecht contratos para obras públicas en Venezuela, así como ayuda para gestionar pagos atrasados de decenas de millones de dólares.
Los jueces también ordenaron notificar a las organizaciones multilaterales y regionales para que tomen las previsiones en el entendido que Maduro “no es presidente legítimo de Venezuela y está detentando ilegalmente la presidencia del Estado venezolano”. En consecuencia, los tratados suscritos por el gobernante “no serán legítimos ni válidos” y “menos comprometen a la república”.
El tribunal en el exilio está integrado por abogados que huyeron de Venezuela el año pasado luego de que la Asamblea Nacional de mayoría opositora los nominara al Tribunal Supremo de ese país. Maduro los acusó de traición y podrían ser encarcelados si regresan.
En Venezuela siguen en funciones el Tribunal Supremo de Justicia, elegido por los aliados políticos de Maduro en 2015, quienes declararon sin efecto el nombramiento de sus sucesores amparados en una sentencia en la que la Sala Electoral de la Corte suspendió en diciembre de ese año a cuatro diputados, tres de ellos opositores, por supuestas irregularidades en su elección. Desde entonces el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato y en consecuencia considera nulos todos sus actos.
Pese a que varios países de la región han permitido que los jueces exiliados realicen actos y conferencias en su territorio, ninguno ha dado su reconocimiento de manera clara y determinante al tribunal. Éste sólo ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos, donde su secretario general acusa a Maduro de haberse convertido en un dictador.
