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Manifestantes detenidos el 23F fueron presentados ante tribunales militares en estado Zulia

LA COMISIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS DEL ZULIA (Codhez) informó este martes que 15 manifestantes detenidos el pasado 23 de febrero en Cabimas, estado Zulia, fueron presentados ante tribunales militares.

Codhez aclaró que la justicia militar solo aplica a delitos de naturaleza militar, por lo que los civiles no pueden ser juzgados bajo los parámetros castrenses.

«La Sala Constitucional, en sentencia de 24 de abril del año 2002, sostiene que «la justicia militar sólo se aplica a delitos de naturaleza militar, perpetrados por militares en servicio activo, tanto para la oportunidad en que se cometan, como para la fecha de su juzgamiento”, explicó la Comisión, y agregó que dicho acto constituye una violación de la garantía del juez natural que sostiene la Carta Magna en el artículo 49.3.

El pasado sábado se generaron protestas en varios estados del país para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria al territorio nacional, lo cual fue rechazado por Nicolás Maduro.

ONG de DDHH denuncian que tribunales militares se convirtieron en armas contra la disidencia

Rebelión militar, ultraje y ataque al centinela son las acusaciones más utilizadas por los tribunales militares para juzgar a los civiles. Estas fueron repetidas de forma reiterada por jueces castrenses a lo largo del 2017, en medio de un país que vivió cuatro meses de protestas antigubernamentales.

Así lo indicó Marino Alvarado, coordinador de la organización Provea, quien además agregó que con la llegada de Nicolás Maduro como presidente, en 2013, se pensó que la militarización disminuiría “al tratarse de un civil y sindicalista”. Sin embargo, cinco años después la historia es otra, y el poder de los verde oliva se afianzó a partir de 2015.

De acuerdo con las cifras dada por el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en el foro “Justicia Militar en Venezuela”, celebrado el pasado 23 de marzo, 786 civiles fueron juzgados ante instancias castrenses durante 2017.

Para Himiob, estos casos aumentaron a partir de mayo del año pasado, cuando las manifestaciones vivían su punto álgido y luego de que la fiscal Luisa Ortega Díaz, destituida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y ahora exiliada, marcara distancia con el Ejecutivo al declarar la ruptura del hilo constitucional ante dos sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“En ese momento, actúa más apegada a la ley. Ante las detenciones, Fiscalía da medidas cautelares e inicia el conflicto entre fiscales y tribunales”, señaló el activista.

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Trasladan a Fuerte Tiuna a Rodríguez Torres para ser presentado en tribunales militares

El ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres fue trasladado la tarde de este miércoles a Fuerte Tiuna para ser presentado ante tribunales militares, luego que el Gobierno bolivariano lo acusara de estar “incurso” en “conjuras y complots” contra la “unidad monolítica” de las Fuerzas Armadas y planificar “actos armados y conspiraciones” contra la Constitución.

Según el comunicado del Gobierno, Rodríguez, que también fue director del servicio de Inteligencia, era requerido por la justicia por estar “incurso” en “conjuras y complots que perseguían la intención aviesa de atentar contra la unidad monolítica” de las Fuerzas Armadas.

“Las acciones criminales planificadas por este señor y sus cómplices incluían actos armados y conspiraciones contra nuestra Constitución”, agrega el documento, en el que se señala el “desempeño” de los organismos de inteligencia a la hora de desactivar “todos los planes agresivos y violentos del orden democrático en los que este señor está involucrado”.

El Gobierno encabezado por Nicolás Maduro instó a la Justicia “para que se dé todo el peso de la ley con la severidad debida” frente a “la traición y el crimen”.

Ex militares en la OEA: Del TSJ no sale sentencia sin revisión de Cilia Flores y Elvis Amoroso

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Luego de que este jueves recibieran a defensores de los derechos humanos, la sede de la Organización de Estados Americanos albergo el viernes a militares venezolanos retirados que expusieron la precariedad de los derechos humanos durante la administración de Nicolás Maduro.

«Cuando fui ingresé a La Tumba en el Sebin, un funcionario me dijo: Llegó otro muerto», dijo el teniente coronel retirado, José Gustavo Arocha Pérez, la primera intervención de la mañana en el foro sobre crímenes de lesa humanidad en Washington coordinado por el ex fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo

Arocha Pérez explicó que en ese momento querían que colaborase en una investigación contra María Corina Machado, Antonio Ledezma y Pedro Mario Burelli por presunto «magnicidio». «Estaban obsesionados con ellos».

Posteriormente el turno fue para el capitán retirado Igor Nieto Buitriago, quien expuso que la juridicción militar supervisa todas las cortes venezolanas.

Denunció que en los procesos electorales de 2003 y 2005, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recibía instrucciones del Consejo Nacional Electoral para cerrar los centros de mayoría opositora y mantener abiertos lo de tendencia chavista.

La sesión la cerró, el exviceministro de la Defensa Hebert García Plaza, quien aseguró que del Tribunal Supremo de Justicia no sale una sentencia sin la revisión de la primera dama Cilia Flores y Elvis Almoroso.

«El Plan Zamora convirtió a Venezuela en un teatro de operaciones militares, ese Plan Zamora contempla militar acción contra deslealtad y pronunciamientos de opositores».

Denunció también abusos por parte del denominado Comando Antigolpe. «Actuaba de manera autónoma sin el conocimiento del Ministerio Público, determina acciones policiales contra la ciudadanía y fue activado por intenciones políticas».

Aseguró que actualmente hay alrededor de 200 civiles presos luego de ser procesados por tribunales militares. «En el mes de agosto de este año habían 359 detenidos en cárceles militares, los venezolanos están imposibilitados a discernir».

Sostuvo que gobernador que sea electo en los eventuales comicios de octubre deberá subordinarse ante la Asamblea Nacional Constituyente de lo contrario será destituido y posiblemente encarcelado u obligado a huir como los alcaldes opositores. «Y también el presidente que se elija en 2018 porque la ANC es por dos años».

 

 

Delcy Rodríguez: Casos de civiles en tribunales militares volverán a justicia ordinaria

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Los casos de personas detenidas en el contexto de protestas que fueron llevados por la justicia militar fueron declinados hacia tribunales civiles, anunció Delcy Rodríguez, presidenta de la asamblea nacional constituyente (ANC).

La decisión fue acatada por sugerencia de Maduro, explicó Rodríguez al momento de confirmar el dictamen.

No obstante, el Ministerio Público no se encargará de decidir el destino de las personas que estaban en manos de jueces militares, sino que esa tarea la asumirá la  denominada «Comisión de la Verdad».

“Nosotros daremos inmediatamente ejecución a la solicitud realizada por el presidente Maduro, instrumentándola a través de la comisión de la verdad de la ANC”, manifestó Rodriguez durante la sesión de la constituyente.

 

*Con información de El Nacional y Unión Radio

Foro Penal Venezolano: 5.326 personas detenidas desde abril

ForoPenalVenezolano

 

Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, reportó la mañana de este 15 de agosto que 5.326 personas han sido detenidas desde el 1° de abril.

Romero explicó en un tuit que 1.048 personas siguen detenidas por protestar o por expresar su oposición al régimen, 655 civiles fueron presentados ante tribunales militares y confirmó que existen 676 presos políticos en el país.

El Foro Penal Venezolano mantiene un monitoreo constante sobre los casos de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Hace pocos días, presentaron un informe ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con un balance sobre las detenciones y abusos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

 

Mandaron a periodista Carlos Julio Rojas a Ramo Verde

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El tribunal militar segundo de control en Fuerte Tiuna le dictó privativa de libertad al periodista Carlos Julio Rojas este domingo en la noche por tres delitos militares: traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Tras el largo juicio, que terminó casi a la medianoche, el tribunal ordenó que Rojas sea recluido en la cárcel militar de Ramo Verde.

El periodista fue detenido el pasado jueves y permaneció 86 horas sin el debido proceso hasta que en horas de la mañana del lunes, fue trasladado para su presentación y posterior realización del juicio. Elenis Rodríguez, abogada defensora, aseguró que Carlos Julio Rojas es el primer periodista venezolano imputado por delitos militares.

«Cuando una persona es detenida en flagrancia debe ser presentada en ese lapso de tiempo y no a las 86 horas, el Ministerio Público Militar se excedió en la presentación para efectuar la audiencia», explicó la jurista.

«Queda muy mal decir que cargaba 4 kilos de papas por 5 granadas, le están haciendo una mala propaganda a la FANB. Eso significaría que cualquier persona puede decidir llevarse un armamento de este cuerpo militar», agregó.

Precisó que en la decisión el juez dice que no se declara el hecho como flagrante y la Constitución es muy clara en eso. «Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida en flagrancia. En el caso de Carlos Julio, no existe una orden judicial; es un guión montado por el Ejecutivo a los ciudadanos para que  bajen y cesen la protesta pacífica».

Indicó que tras la revisión de las actas policiales de juicio, se demostró que es un caso de orden público, en el que  solo hubo una versión de supuestos testigos. «Por la denuncia contra el líder comunitario de Armando Díaz Zavala, colectivo que ha amenazado de muerte a Rojas y la patriota cooperante Omaira Margarita Fernández, supuestos testigos de los cargos aprehendieron arbitrariamente a nuestro representado».

Al respecto, señaló que se le solicitó al MPM que realizara una investigación, por la complicidad de alguno de estos funcionarios en las aprehensiones de ciudadanos en Caracas.

Cómo son los procesos militares en contra de civiles detenidos en las protestas contra el gobierno de Venezuela

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FOTO: AFP

 

Cristina, Laura y Ana ya no pueden protestar. Si acuden a una marcha de la oposición contra el gobierno de Venezuela, serán detenidas.

Sopesan ir el fin de semana a la playa en una «operación encubierta», porque tampoco pueden salir del estado Carabobo. Y eso significa que baño en el mar también podría llevarlas a la cárcel.

Las tres jóvenes -cuya identidades reales prefieren proteger por temor a represalias- apenas superan los 20 años.

Pero el 15 de mayo fueron detenidas en Valencia, a unas dos horas en auto desde Caracas.

Su delito: participar en una de las miles de protestas contra el gobierno que desde hace más de dos meses se suceden en Venezuela.

Son apenas tres de las más de 200 personas que han sido detenidas y puestas a disposición de la justicia militar en el estado Carabobo.

Este fue el primero en aumentar el nivel del Plan Zamora, con el que el gobierno quiere contener las manifestaciones.En hechos vinculados con la actual ola de protestas se registraron ya más de 60 muertes.

En hechos vinculados con la actual ola de protestas se registraron ya más de 60 muertes.

Y el Plan Zamora -que el presidente Nicolás Maduro activó el 18 de abril, y que pasó a segunda fase en Carabobo y luego en Táchira y Barinas, entre otros estados- se ha plasmado en que civiles han debido responder ante tribunales militares.

La oposición, ONGs, organismos internacionales, la fiscal general, Luisa Ortega, y el defensor del pueblo, Tarek William Saab, han criticado estos procedimientos.

«Nosotros creemos que es contrario a los mandatos y principios emanados de la Constitución», dijo el 24 de mayo la fiscal, la voz más crítica desde el Estado contra el gobierno en este momento.

«Viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos», aseguró Ortega.

Con el testimonio en Valencia de Cristina, Laura y Ana reconstruimos cómo es el polémico proceso.

1. La detención

Como era costumbre, Cristina salió con un amigo el lunes 15 de mayo para participar en el plantón de protesta contra el gobierno.

Lo hizo con su capucha y con el guante con el que recoge bombas lacrimógenas que lanza de vuelta a la Guardia Nacional

El gobierno cataloga como violentas la mayor parte de las protestas. La oposición, a su vez, critica la fuerte represión.

«Cien motos en hilera con dos guardias en cada una arrancaron. Me quedé paralizada, rodeada por la policía. Corrí hacia un comercio», recuerda Cristina.

«Entré y al poco lo hizo un guardia. ‘Se me sale todo el mundo de aquí’, gritó. Y lanzó una bomba lacrimógena en el interior», relata la joven, quien afirma que agarró el artefacto humeante y lo expulsó a la calle.

«Por el celular pude avisar a mi novio. Le dije: ‘Me están llevando presa. Me agarraron, no sé dónde me llevan», cuenta.

En el comercio se refugiaron siete manifestantes. Entre ellos también Ana y Laura, que acudieron juntas a la protesta. Todos fueron subidos en un camión.

2. «Bienvenidos a su nueva casa»

Al sur de Valencia se encuentra Ciudad Chávez, una urbanización planificada con unos 4.000 nuevos apartamentos que fueron entregados desde julio de 2005 a familias en condición de pobreza extrema o situación de riesgo, según las autoridades.

«Ciudad Chávez es un sueño de nuestro líder eterno, Hugo Chávez», dijo entonces el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, un exmilitar cercano al comandante que dirigió Venezuela de 1999 hasta su muerte en 2013.

Cuando uno pasa la verja de entrada al complejo, lo primero que encuentra a la derecha es un destacamento de la Guardia Nacional, la policía militarizada.

«En este comando Chávez vive», se lee en un gran cartel a la entrada.

«Bienvenidos a su nueva casa, bienvenidos a Ciudad Chávez», dice Cristina que fue el mensaje de uno de los guardias al llegar a ese destacamento.

«Nos tomaron los datos, nos metieron en la celda a 19 personas juntas», cuenta.

«Había guardias buenos y malos. Uno me dijo: ‘Tú no vas a salir y si sales, te agarramos y te volvemos a meter'», recuerda Laura, mientras rememora el suceso ya con una tranquilidad que le faltó entonces.

Ana recuerda cómo la insultaron en el camión y cómo durante el trayecto a uno de sus compañeros le pasaban continuamente por la cara y el cuello un guante con gas pimienta, que provoca un gran escozor.

Las 19 personas estuvieron dos días y medio en el destacamento. En ese tiempo, sus familiares, apostados en la verja, preocupados, les suministraban la comida, que no siempre llegó a sus manos.

No hubo aseo y en ese tiempo durmieron en el piso.

«Los guardias preguntaban: ‘¿Quién se ofrece a limpiar el baño?’ Agarraban a una persona y le hacían limpiar el baño. A las mujeres nos tratan mejor que a los hombres», constata Laura.

«No nos tratan mal, pero tampoco la pasamos bien», acota Ana.