Maduro dijo el 21 de junio de 2021 que el sistema judicial sería sometido a un proceso de reforma
«Hace falta en nuestro país una revolución que estremezca, sacuda y que transforme todo el sistema de justicia». Con estas palabras, Nicolás Maduro anunció el 21 de junio de 2021 que el sistema judicial sería sometido a un proceso de reforma. Desde entonces la Asamblea Nacional (AN) ha aprobado o modificado al menos una decena de leyes en ese ámbito, ha reestructurado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y designado al titular de la Defensa Pública. Además, el Gobierno ha intervenido a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y ordenado a los servicios de inteligencia y contrainteligencia que entreguen a las personas bajo su custodia al Ministerio del Servicio Penitenciario.
Esta batería de medidas, sin embargo, no ha servido para castigar a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos y reparar a las víctimas, ni mucho menos para atacar los problemas que aquejan a la justicia, entre ellos la ausencia de independencia judicial, la corrupción y el retardo procesal. Así lo denunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela en su tercer informe sobre el país, el cual presentó el pasado 20 de septiembre al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
«Las reformas legales e institucionales relacionadas con el sistema de justicia siguen siendo un motivo de especial preocupación para la Misión», admitió la instancia, que también señaló que «las reformas que han venido anunciándose desde 2021 se han implementado de forma parcial —en el mejor de los casos— y no han abordado las graves deficiencias del sistema de justicia, que socavan su independencia e imparcialidad».
Hasta ahora las medidas adoptadas por el Parlamento y el Ejecutivo se han centrado en realizar ajustes a los procedimientos judiciales o modificar la conformación de instancias como el TSJ, pero en la mayoría de los casos a nivel normativo, sin llevarlo a la realidad y sin abordar temas estructurales del disfuncional sistema de justicia venezolano, sobre todo en materia penal, tales como la provisionalidad de los jueces y fiscales, la corrupción o la falta de medios y de personal formado.
Cambiar para seguir igual
En su informe, la MDH se refirió a la sexta reestructuración que sufrió el máximo juzgado en las últimas dos décadas y expuso al Consejo de Derechos Humanos que la misma no fue más que una especie de maquillaje.
«En enero de 2022, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, reduciendo el número de magistrados de 32 a 20», reportó, al tiempo que denunció que
«la ley permite reelegir a los magistrados activos, que de otro modo no habrían podido seguir ejerciendo su cargo más allá del límite de 12 años estipulado en la Constitución. Como resultado, 12 de los magistrados que estaban en activo fueron reelectos y siguen ejerciendo poderes discrecionales sobre los nombramientos y ceses de jueces provisionales».
Acceso a la Justicia, en un informe publicado en mayo pasado, reveló que, en el mejor de los casos, de los 844 jueces penales que hay en el país, solamente 164 son titulares (19,43%) y 609 son provisorios (72,16%).
¿Qué significan los números arriba presentados? Que siete de cada diez jueces pueden ser destituidos de un momento a otro por el TSJ, sin que medie proceso alguno; si los magistrados están alineados al Gobierno, es de suponer que designarán como jueces a personas que simpaticen con él.
«El nombramiento de jueces provisionales por parte del Tribunal Supremo de Justicia, en lugar de jueces de carrera, le ha permitido seleccionar y destituir a los jueces sobre la base de consideraciones personales o políticas indebidas. El nombramiento provisional de los fiscales ha tenido un efecto similar dentro del Ministerio Público. Si los agentes fiscales y judiciales hubieran desempeñado su función constitucional de forma adecuada y completa, podrían haber impedido u obstaculizado la capacidad de los organismos de seguridad del Estado de cometer delitos y violaciones».
Esto indicó la MDH en su informe publicado el año anterior, dedicado específicamente al sistema de justicia venezolano y a su rol frente a los presuntos crímenes de lesa humanidad, cometidos en el país al menos desde 2014.
La MDH no solo cuestionó en su tercer informe las reformas institucionales, sino también las legales.
«Los plazos de los procedimientos penales, incluida la detención preventiva, se han reducido mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Código Orgánico Procesal Penal) adoptada en octubre de 2021. Sin embargo, en los casos documentados por la Misión, en la práctica, dichos plazos, sistemáticamente, siguen sin cumplirse».
Aunque saludó la modificación sufrida por el Código Orgánico de Justicia Militar, «estableciendo que ningún civil puede ser juzgado por tribunales militares», la instancia no ignoró la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ que, aún con la reforma del Código, mantiene abierta la posibilidad de que los civiles sean procesados por juzgados castrenses.
El resultado está a la vista
Si bien la instancia de la ONU no dice expresamente que las reformas hayan fracasado, el informe lo deja en claro:
«La Misión no ha encontrado información que indique que las víctimas de los delitos y violaciones cometidas en los centros de detención El Helicoide (Sebin) y Boleíta (DGCIM), documentadas en este informe y en el de 2020, hayan recibido reparaciones por los daños sufridos, sea mediante indemnización, restitución o rehabilitación. En consecuencia, el daño que sufrieron sigue sin repararse. Esto ha perpetuado una situación de falta de justicia y reparación».
A esta denuncia agregó que «Los individuos implicados en estos delitos y violaciones no solo han escapado a las investigaciones y los juicios, sino que han recibido ascensos en sus carreras»,
