Con las presidenciales de 2018 se abrieron las compuertas para que el elector comenzara a sentir menos libertad electoral
Frente a los comicios parlamentarios que se celebrarán en 2020 y la constitución del Comité de Postulaciones Electorales para seleccionar a un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en el seno de la Asamblea Nacional (AN), Acceso a la Justicia considera importante destacar algunas medidas que desde el partido de Gobierno, junto con órganos públicos cooptados, han creado una progresiva asfixia a la expresión libre del electorado en Venezuela.
Las elecciones celebradas de 2017 en adelante muestran el despliegue de estrategias antes, durante y después del evento electoral que colocan una verdadera soga en el cuello del electorado. La asfixia ha sido tal que se ha llegado a un verdadero secuestro electoral en el país por obra del poder político.
Ello se evidenció en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuestionada y escasamente reconocida internacionalmente. La polémica comenzó cuando Nicolás Maduro convocó al proceso sin efectuar un referendo para preguntarle al pueblo si quería o no ir a una Constituyente, desviándose así del camino seguido por su predecesor.
Con el fin de evadir cualquier consulta, se contó con la “oportuna” actuación de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual esgrimió que no hacía falta el referendo (sentencia n.º 378 del 31 de mayo de 2017). Así se “disipó” cualquier duda sobre la forma en que debía interpretarse el artículo 348 de la Carta Magna.
A fin de lograr un traje a la medida para la elección de los miembros de la Constituyente, el CNE en contubernio con el TSJ, mediante la sentencia n.º 455 del 12 de junio de 2017, aprobaron unas bases comiciales (publicadas en decreto presidencial n.º 2.878 de fecha 23 de mayo) muy peculiares y “novedosas” para el electorado venezolano, pues también se alejaba de la ANC de 1999. Se previó elegir constituyentes en el ámbito sectorial y otros en el ámbito territorial sin importar la población con la que contara cada municipio, con lo cual se violó la universalidad e igualdad del voto.
En medio del cerco electoral impuesto por el régimen, el día de las elecciones de la ANC se flexibilizó la posibilidad de ejercer el sufragio, siendo pintoresca la decisión de designar al Poliedro como centro de votación itinerante, lo que simbolizó la urgencia de llevar a este órgano ilegítimo a buen puerto. Días después Smarmatic –poniendo a buen resguardo su riesgo reputacional– reveló públicamente sus dudas sobre las cifras de participación anunciadas por el CNE.
El pueblo no conoce el proyecto (ni siquiera anteproyecto) de Constitución, salvo uno que circuló por prensa en septiembre de 2018, pese a coincidir con la propuesta de reforma constitucional de Chávez en 2007 y recoger lo que ha agregado y materializado Maduro a partir de 2013, como se ha denunciado desde la ONG.
La ANC se ha centrado más bien en dictar actos para suplantar funciones de la legítima AN y eliminó entes político-territoriales incómodos al régimen de Maduro (por ejemplo, la Alcaldía Metropolitana de Caracas), nombró y destituyó a los representantes del Poder Ciudadano (contralor general, defensor del pueblo y fiscal general); ratificó a los magistrados del TSJ, convocó a elecciones; y dictó “leyes constitucionales” que no han sido consultadas con el pueblo.
Maniobra regional
Las maniobras electorales siguieron con las elecciones regionales en octubre de 2017. Se ejecutaron distintas estrategias coordinadas para sacar del juego a los candidatos opositores vía inhabilitación de la Contraloría General de la República (CGR); se cambiaron los plazos para sustitución de candidatos; y hubo ventajismo electoral, chantaje y otras prácticas denunciadas por las organizaciones de la sociedad civil organizada. No se cumplió con la ley especial que obligaba la elección de los gobernadores, junto a los diputados regionales, para que existiera uniformidad en los tiempos de ejercicio de ejecutivo y la legislatura estadal.
Aún con las desventajas existentes, la oposición logró ganar cinco gobernaciones: Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, pero sus gobernadores fueron obligados a juramentarse ante la ANC. Juan Pablo Guanipa, electo en el Zulia con 700.755 votos, fue el único que no compareció ante la Constituyente y, por ello, se le impidió tomar posesión de su cargo. De forma ilegal, la ANC llamó a nuevos comicios ante el silencio cómplice del CNE y fue “ganador” su contendiente.
El ensañamiento electoral de 2017 también fue claro con la elección de alcaldes a la que no concurrieron los principales partidos opositores, por lo que el TSJ y la Constituyente anularon los pocos partidos de oposición que quedaban inscritos en el Poder Electoral, después de un complejo e inconstitucional proceso de renovación que empezó en 2016. Los comicios de burgomaestres no cumplieron con la ley especial que obligaba a hacer esas elecciones junto con la de concejales para que existiera uniformidad en los tiempos de ejercicio de ejecutivo y la legislatura municipal.
Los rigores de la soga
Con las presidenciales de 2018 se abrieron las compuertas para que el elector comenzara a sentir los rigores de la soga y dejando aún menos aire para respirar la libertad electoral. El TSJ anuló al partido más votado de la oposición (la MUD). Otras toldas opositoras fueron sometidas a un vía crucis para validar su tarjeta si consideraban participar en el evento electoral para elegir al presidente de la República.
Afincada en su “poder plenipotenciario”, la ANC llamó a elecciones al menos siete meses antes de la fecha asignada por la Constitución para el comienzo de un nuevo gobierno. Irregularidades en el voto asistido, puntos rojos violando el perímetro de 200 metros, llamados a escanear el Carnet de la Patria como paso previo a votar y el ofrecimiento público de recompensas por votar por una opción fueron parte de las irregularidades denunciadas por el candidato Henri Falcón en su escrito de impugnación de esos comicios.
Mientras tanto, la CGR siguió inhabilitando candidatos, la Sala Electoral (SE), días antes de las elecciones, afirmó que la eventual ejecución de los programas sociales articulados a través del Carnet de la Patria y su uso a fines electorales “no constituirían per se la presunta comisión de ilícitos electorales ni comportan conductas dolosas que menoscaben el libre ejercicio del derecho constitucional al sufragio” (sentencia n.º 52 del 17 de mayo de 2018).
La impugnación presentada por el candidato Falcón fue rechazada en apenas dos semanas (sentencia n.º 53 del 13 de junio de 2018), lo cual contrasta con los casos de los diputados de Amazonas en 2015, y los resultados de la gobernación del estado Bolívar (Andrés Velázquez) en 2017, sobre los cuales aún no se tiene respuesta.
En este contexto, no queda duda de que las elecciones celebradas en Venezuela desde 2017 han llevado al elector venezolano a desconfiar, debido a una mínima posibilidad de expresar su voluntad a través del sufragio, no sin antes cumplir con un tortuoso camino que promueve o condiciona su participación.
El elector requiere ser rescatado del patíbulo y que alguien retire ese nudo que no le permite respirar. Un esfuerzo por hacer cumplir las leyes electorales sería un buen comienzo para iniciar el rescate en la confianza del voto.
