El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió un nuevo revés judicial de manos de un tribunal de apelaciones, que decidió mantener la suspensión temporal que impide aplicar el alivio migratorio que el mandatario anunció hace seis meses para regularizar a cinco millones de indocumentados.
El primer golpe encajado por Obama se produjo en febrero, cuando el juez federal de Texas Andrew Hanen, a petición de 26 estados, en su mayoría republicanos y liderados por Texas, dictó la suspensión temporal de las medidas, horas antes de que comenzaran las solicitudes para la primera fase del programa, mencionó Efe.
La decisión de este martes de mantener la suspensión de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans (Louisiana), una de las más conservadoras del país, supone un nuevo golpe para Obama, al que los republicanos acusan de haber propugnado una «amnistía» con medidas «inconstitucionales» sobrepasando su poder como Presidente.
Dos de los tres jueces dictaminaron que las medidas deben seguir paralizadas, al esgrimir que los Estados gozan del amparo legal para presentar la demanda y que la Administración Obama no demostró que la suspensión pueda acarrear daños en la implementación de los cambios migratorios.
Los Estados basaron su demanda en el argumento de que, con las medidas migratorias, Obama había «sobrepasado» los poderes que tiene como presidente al haberlas aprobado por decreto -sin someterlas a un voto del Congreso- y había fallado así en su obligación de garantizar que las leyes son cumplidas.
Un portavoz del Departamento de Justicia consideró «decepcionante» la decisión de la Corte, aunque aseguró que las acciones ejecutivas del presidente son «coherentes» con la ley y con la Historia, pues «durante cinco décadas los presidentes han utilizado su poder para hacer cumplir las leyes migratorias». El Departamento de Justicia está analizando el texto y los siguientes pasos a adoptar, según un funcionario citado por la agencia Reuters.
Tras difundirse el fallo, la Casa Blanca también reaccionó y acusó a los magistrados de “malinterpretar los hechos y las leyes” y defendió que las medidas se integran dentro de los “límites” de la autoridad presidencial.
El Senado aprobó en junio de 2013 un proyecto de ley bipartidista para una reforma migratoria, pero la propuesta ni siquiera fue sometida a voto en la Cámara de Representantes y, por ello, Obama decidió emitir unas acciones ejecutivas en noviembre para frenar las deportaciones.
Contra esta decisión, el Gobierno de EE.UU. puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, algo que podría favorecer a Obama, dado que la máxima instancia judicial de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Ejecutivo federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
La decisión judicial ha despertado la indignación entre grupos proinmigrantes, que urgieron al Gobierno a elevar el tono y llevar la batalla legal al Tribunal Supremo.
«Hacemos un llamamiento al Departamento de Justicia para que continúe con sus esfuerzos para levantar esta suspensión y llevar el asunto, sin demora, ante la Corte Suprema», destacó en un comunicado Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Inmigrantes, una de las organizaciones más activas en esta pugna legal.
El fallo judicial también desató reacciones en el Congreso, donde el congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez consideró la decisión «decepcionante pero no inesperada», y se mostró convencido de que finalmente saldrá adelante porque «la ley está sin duda del lado del presidente».
«Cuanto más tarde el proceso judicial, más difícil será imaginar a un candidato republicano para la Casa Blanca, porque el tema migratorio será definitivamente un tema de campaña», advirtió Gutiérrez, uno de los rostros más visibles en la lucha migratoria con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2016.
En el otro lado del espectro político, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, calificó de «victoria» para la Constitución y el Estado de Derecho el fallo judicial, que pone fin «a meses de ofuscación» del Gobierno de Obama, según dijo en un comunicado.
En el mismo sentido, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, advirtió de que los republicanos «seguirán de cerca» el caso para «frenar» la «extralimitación» de poderes del Presidente.
Desde el primer tropiezo judicial, Obama ha reiterado en varias ocasiones su compromiso para regularizar a cinco de los once millones de indocumentados que viven en el país, una propuesta que formuló por primera vez en 2008, cuando prometió una reforma migratoria que finalmente no pudo sacar adelante el Congreso.
Ahora queda por ver cuál será el siguiente movimiento del mandatario en una batalla legal, en la que cuestión de fondo es quién tiene autoridad para legislar sobre política migratoria, el Legislativo o el Ejecutivo.
En varias ocasiones, el Gobierno federal ha asegurado que posee autoridad única para aplazar las deportaciones, mientras que los estados reivindican su autonomía para decidir sobre unas medidas, que, según aseguran, les supondrán grandes perjuicios económicos.
El fallo de este martes enquista indefinidamente la implementación del plan migratorio. En febrero, estaba prevista la entrada en vigor de la primera parte de las medidas: se abría el plazo de aceptación de peticiones de la extensión del Programa de Acción Diferida (DACA) que beneficia a jóvenes sin papeles. Y este mes de mayo debía entrar en vigor un segundo y nuevo programa (DAPA) destinado a padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente.
