Tribunal

El dirigente gremial había estado privado de libertad durante 11 años. El pasado 15 de abril había quedado libre pero con medidas cautelares

Foto: @LibertadPlenaYa

Rodney Álvarez, dirigente gremial y exempleado de Ferrominera, quedó en la libertad plena luego de 10 años de prisión, en un dictamen de la audiencia conclusiva en el Tribunal.

«Ha vencido la justicia y la verdad por medio de la unidad y la lucha tenaz», tuiteó el Comité por la libertad de los trabajadores presos, que informó la decisión del Tribunal y la acompañó de una imagen de Álvarez.

📢#ULTIMAHORA Después de 10 años de su injusta detención la audiencia conclusiva ha declarado la libertad plena para Rodney Álvarez.

Ha vencido la justicia y la verdad por medio de la unidad y la lucha tenaz.

¡Rodney siempre fue inocente! pic.twitter.com/xq3LCXGh42

— Comité por la libertad de los trabajadores presos (@LibertadPlenaYa) May 18, 2022

La activista Lexys Rendón, coordinadora de Laboratorios de Paz, tuiteó que el dirigente gremial había estado privado de libertad durante 11 años, a pesar de ser inocente. «El 15 de abril de este año se le dio medida sustitutiva y hoy se le concede la absolutoria. Es una alegría que haya demostrado su inocencia y es una profunda tristeza todos los recuerdos que no fueron en 11 años», añadió.

Rodney Alvarez estuvo 11 años preso, en la cárcel siendo inocente. El 15 de abril de este año se le dio medida sustitutiva y hoy se le concede la absolutoria.
Es una alegría que haya demostrado su inocencia y es una profunda tristeza todos los recuerdos que no fueron en 11 años pic.twitter.com/6EywJ67j0J

— Lexys Rendón (@lexysrendon) May 18, 2022

En un tuit del 15 de abril, Rendón había indicado que el día 11 de ese mes el Ministerio Público había solicitado libertad plena y sin restricciones para Álvarez, pero este recibió medida sustitutiva de la privación de libertad. De esta manera, había quedado en libertad con medidas cautelares.

En la madrugada fue liberado Rodney Alvarez, no con Libertad plena como solicitó el @MinpublicoVEN sino medida sustitutiva y régimen de presentación. Un hombre inocente tras casi 11 años puede estar con sus seres queridos y libre pero aún no hay Justicia. Libertad Plena!#15abril pic.twitter.com/wzUfa9CKDa

— Lexys Rendón (@lexysrendon) April 15, 2022

El extrabajador de la CVG Ferrominera Orinoco había estado preso en el Internado Judicial El Rodeo II, en Miranda, acusado de estar involucrado en el homicidio de Renni Rojas, quien en ese momento era su compañero de trabajo. Rojas fue asesinado el 9 de junio de 2011 en una asamblea de elecciones sindicales en la estatal.

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Otros trabajadores de la corporación testificaron que Álvarez era inocente. En 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) solicitó la libertad de Álvarez. El 12 de abril 2022, tras una solicitud de la Fiscalía Novena del Ministerio Público, el Tribunal de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas giró boleta de excarcelación para él. No obstante, fue tres días más tarde cuando se recibió la autorización definitiva del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

Con información de Tal Cual

El Tribunal de Apelaciones de Barlavento, Cabo Verde, otorgó este jueves el arresto domiciliario al empresario colombiano Alex Saab, vinculado en casos de corrupción con el régimen de Nicolás Maduro de acuerdo con investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Así lo dio a conocer la Agencia de Noticias EFE, quienes tuvieron acceso a la sentencia judicial. “Las órdenes de liberación inmediata se producirán tras la presentación de una vivienda adecuada avalada por las autoridades penales, y en la que (Saab) deberá permanecer en todo momento mientras continúa el proceso de extradición en curso”.

La decisión se produce semanas después de que le fuera negado la medida de casa por cárcel. El pasado 30 de noviembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) dictaminó un cambio en el régimen de encarcelamiento del acusado, para que pudiese tener acceso a su familia, abogados y doctores dados sus supuestos problemas de salud.

Según la defensa de Saab, el estado de salud de su cliente es «débil» por una «condición de cáncer existente». 

Antes de la decisión del Tribunal de Cabo Verde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado en el que exhortan a los países que conforman la Cedeao a que intercedan ante la nación insular para que haga cumplir la sentencia de la corte comunitaria africana y le otorguen arresto domiciliario al empresario colombiano Alex Saab, preso desde el 12 de junio.

Con información de TalCual 

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Alex Saab es acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y de haber lavado US$350 millones

La Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde concluyó que no es competente para decidir sobre la solicitud de extradición a Estados Unidos del empresario colombiano vinculado con Nicolás Maduro, Alex Nahim Saab. De acuerdo con el diario colombiano El Espectador, la instancia judicial ha devuelto el caso a la Corte de Apelaciones para que evalúe las medidas solicitadas por el equipo legal de Saab.

“Esta resolución, expone que dicho tribunal no tiene competencia para decidir en lo relacionado al arresto domiciliario, y toma, por lo tanto, la posición de devolver el caso a la Corte de Apelaciones del país, para que sea ésta la que estudie de nuevo las medidas provisionales solicitadas por el equipo legal del afectado”, aseguró en un comunicado la defensa de Saab, en cabeza del exjuez español Baltazar Garzón.

“El tribunal caboverdiano, ha remitido también algunas cuestiones a dicho Tribunal de Apelación debido a numerosas irregularidades”, agregó en el comunicado uno de los abogados de Saab, Jose Manuel Pinto Monteiro.

Estado Unidos insiste en que Saab habría lavado de US$350 millones, supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Ahora, cuando el máximo tribunal del país africano devuelve el expediente a los jueces de primera instancia, la defensa de Saab aseguró que la resolución va acompañada de varias querellas, entre ellas: irregularidades en la detención y las constantes vulneraciones de los derechos humanos sufridas por el «agente diplomático».

El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Según EE.UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Pulido, se confabularon para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.

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*Con información de El Espectador 

El Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, decretó la privación judicial preventiva de libertad de los ciudadanos Francisco José Luna Martínez, Leonard Eligio Briceño Vivas, Carlos Arturo Rosario Pimentel y Eliant Felipe Cesar Caraballo, por la denominada “Operación Gedeón”.

La información fue suministrada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de su cuenta en Facebook. Hasta el 19 de mayo, la administración de Maduro ha encarcelado por su supuesta vinculación con el plan develado el 3 de mayo, cuyo objetivo final era la captura del gobernante Nicolás Maduro; a más de 70 personas.

Recientemente, el ministro de Comunicación e Información del chavismo, Jorge Rodríguez, presentó supuestas nuevas evidencias que vinculan además del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con estos hechos, a otras personas como el diputado Hernán Alemán, a Yon Goicoechea, presidente de la ONG Futuro Presente, y al abogado de este, José Torres.

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Luna Martínez, Briceño Vivas, Rosario Pimentel y Cesar Caraballo fueron privados de libertad por la presunta comisión de coautores en los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación en perjuicio del Estado venezolano.

Delitos tipificados y sancionados, respectivamente, en los artículos 52, 38 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; asimismo, traición a la patria, rebelión y conspiración con gobierno extranjero, previstos y sancionados en su orden en los artículos 128, 143 y 132 del Código Penal; indica el TSJ.

Finalmente, el juzgado designó como centro de reclusión la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en Boleíta.

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Para el abogado Joel García el asesor de Juan Guaidó fue víctima de «una siembra más» por las fuerzas de seguridad del Estado

El sábado 4 de abril culminó la audiencia en contra del ingeniero Demóstenes Quijada, a quien le dictaron privativa de libertad dos días después de su detención.

La información fue difundida por su abogado, Joel García, quien además explicó que se le imputan cuatro delitos: terrorismo, asociación para delinquir, ocultamiento de armas y explosivos así como ocultamiento de menos cuantía de drogas.

Para García, el asesor del presidente interino Juan Guaidó, fue víctima de «una siembra más», a manos de la jueza Hilda Villanueva.

García cuestionó que los delitos hayan sido imputados ante el Tribunal 18 de Control, a cargo de la juez Hilda Villanueva, aunque este se declaró incompetente el viernes 3 de abril.

“Fue el mismo tribunal que emitió las órdenes de allanamiento, de aprehensión, contra varias personas. Si era incompetente no podía emitir orden alguna. El Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 72 que las actuaciones de un tribunal incompetente en la materia son nulas; es decir, que todas las actuaciones son nulas y así lo alegó la defensa, sin embargo la juez Villanueva lo declaró sin lugar”, agregó.

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Joel García señaló que entre las irregularidades que se han podido evidenciar en el caso es que las órdenes de aprehensión y allanamiento son del 1 de abril, pero la solicitud que el fiscal hizo a la juez para el allanamiento del domicilio del asesor de Guaido fueron fechadas para el 1 de abril pero la solicitud de la Dirección General de Contrainteligencia Militar son del 02 de abril.

«¿Cómo es que el fiscal pide las órdenes sin la solicitud del cuerpo de seguridad y peor aún un tribunal incompetente las emanó, anoche declinó su competencia”, se preguntó.

El pasado jueves 2 de abril, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ingresaron a la residencia de Demóstenes Quijada, alegando estar allí por un contagiado de coronavirus y se lo llevaron detenido.

#4Abr Culmina la audiencia contra el ingeniero Demóstenes Quijada, decretada privativa de libertad por los delitos de Terrorismo, Asociación, Ocultamiento de armas y explosivos, y ocultamiento de menor cuantía de drogas. Como podrán ver, una siembra más. Juez: Hilda Villanueva.

— Joel García (@joelgarcia69) April 5, 2020

*Con información de TC y EP

La parlamentaria señaló que después de siete días desconocen el sitio de reclusión del diputado y su asistente

Aseguró que esto es una táctica del régimen para evitar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional

La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) denunció que el diputado Gilber Caro (VP-Miranda) y el periodista Víctor Ugas cumplen siete días de desaparición forzada.

En rueda de prensa, Solórzano señaló que hasta el momento ni los abogados o los familiares han tenido acceso al expediente y que incluso desconocen quién es el Fiscal del caso.

Tampoco saben con certeza si fueron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) los que detuvieron al diputado y su asistente. 

La diputada denunció que recibieron información extraoficial del Palacio de Justicia, donde les indicaron que el diputado y el periodista Ugas fueron trasladados hasta el Tribunal por funcionarios del FAES y que esto representa una violación a la ley, pues son los alguaciles los encargados de este procedimiento.

«Los captores del diputado no permitieron acceso de los alguaciles, sino que presuntamente los funcionarios de las FAES lo trasladaron hacia la juez», explicó Solórzano.

Igualmente señaló que desconocen cuál es el sitio de reclusión y tampoco las condiciones físicas de los detenidos. 

«Exigimos fe de vida de Gilber Caro y Víctor Ugas. No podemos olvidar los casos del Capitán Acosta Arévalo y de Fernando Albán. Tememos por la vida de Gilber y Víctor», alertó la diputada.

Frenar a Guaidó

Delsa Solórzano aseguró que el plan del régimen de Nicolás Maduro es intentar evitar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional.

«La táctica es perseguirlo, amedrentarlos o meterlos preso, eso tampoco les va a funcionar» , dijo Solórzano.

Igualmente la diputada aseguró que el castigo de Gilber Caro es haberse superado luego de haber sido condenado por un delito menor. «Gilber se reinsertó en la sociedad porque se lo propuso y parece que eso le molesta al régimen, porque es la tercera vez que secuestran al diputado».

LAS IRREGULARIDADES EN EL CASO del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) Edgar Zambrano, continúan debido a las acciones de la jueza a cargo. El Tribunal 2 de control con competencia en materia de Terrorismo ahora negó la posibilidad de que el parlamentario juramente a su defensa privada, tras más de 100 días a la espera de despacho.

A través de las redes sociales, el diputado de Acción Democrática indicó que permanece «en estados de indefensión» debido a que el Tribunal no les permitió juramentar a su defensa privada. A las otras cuatro personas que también fueron apresadas con Zambrano tampoco se les permitió esta acción.

El diputado Edgar Zambrano fue detenido el 8 de mayo en horas de la noche cuando salía de la sede de su partido, del cual es vicepresidente. El Tribunal Supremo de Justicia había emitido una sentencia días antes, donde solicitaba a la asamblea constituyente que allanase su inmunidad parlamentaria, junto a otros siete parlamentarios, por su vinculación en los sucesos del 30 de abril.

Durante su audiencia de presentación, Zambrano fue imputado por los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada. Estuvo recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) hasta el 10 de mayo, cuando fue trasladado hasta la sede de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, y su custodia pasó a manos de la Dirección general de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En esa audiencia, que fue a altas horas de la noche, al diputado no se le permitió llamar a sus abogados privados y le fue designada una defensa pública. Luego de eso, el tribunal no dio despacho, por lo que la juramentación de su equipo defensor, conformado por los abogados Francisco Banchs, Morris Sierralta y Magaly Vásquez; no se puedo realizar por falta de despacho.

Además, el diputado está a la espera de su audiencia preliminar. La ley establece que debe ser fijada entre 15 y 20 días luego del acto conclusivo, pero no se ha cumplido. Esta misma situación la padecen Pedro Rosario, Abraham Rodríguez, Martín Hernández y Luis Peña, que son acusados por el Ministerio Público por los delitos de asociación y obstrucción.

Ninguno de los abogados ha podido tener acceso al expediente y las actas, por tanto, desconocen cuáles son las pruebas del Ministerio Público para solicitar la imputación de estos delitos.

Un nuevo plan

El sábado, 31 de agosto, el ministro del régimen de Nicolás Maduro presentó un vídeo en el que aparece Luis Ricardo Gómez Peñaradan, quien – según Rodríguez – habría aceptado colaborar con los órganos de jurisdicción penal en Venezuela, revelando en que consistía el supuesto plan “dirigido” desde Colombia.

Rodríguez responsabilizó al gobierno de Colombia de «amenazar» la tranquilidad de Venezuela. 

Acusó al representante diplomático ante el Grupo de Lima, Julio Borges y también al mayor general retirado, Cliver Alcalá Cordones de planificar un atentado en el Palacio de Justicia, en el centro de Caracas.

Borges respondió a estos señalamientos asegurando que el régimen de Maduro presenta un un «guión desgastado».

Aseguró que con estas declaraciones del ministro Rodríguez, intentan tapar «lo que ya el mundo sabe: han convertido a Venezuela en un santuario de grupos narcoterrorista y criminales que buscan desestabilizar la región».