De acuerdo con Transparencia Venezuela, la acción judicial en Venezuela sobre lo que ocurría en Pdvsa y en el resto de las empresas estatales, se considera por muchos «como tardía e incompleta»
La organización no gubernamental Transparencia Venezuela pidió este martes, 30 de agosto, una rendición de cuentas sobre el «saqueo» a la estatal Petróleo de Venezuela (Pdvsa).
Esta petición llega luego que el vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami, acusara de corrupción a Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa.
De acuerdo con la ONG, hasta el año 2020 se detectaron desfalcos contra Pdvsa y a la República por más de 40.000 millones de dólares.
«En los últimos años, se han registrado al menos 92 casos de presunta corrupción en la gestión del Pdvsa los cuales involucran USD 42.321 millones», añadió Transparencia Venezuela.
Para la organización, llama la atención que mientras decenas de casos de irregularidades de Pdvsa y otros entes públicos venezolanos comenzaron a ventilarse en el exterior, «muy pocos fueron investigados por la justicia venezolana».
Asimismo, recordaron que la acción judicial en Venezuela sobre lo que ocurría en Pdvsa y en el resto de las empresas estatales, se considera por muchos «como tardía e incompleta».
En su especial «Pdvsa, combustible de la corrupción», señalaron que la misma «ha estado ligada a un motivo más político que legal y ético».
Delitos que se cometieron en el manejo de Pdvsa
Transparencia Venezuela enumeró una lista de delitos que se cometieron en el manejo de la estatal petrolera:
– Se crearon empresas de maletín y de fachada creadas en: EE UU, España, Hong Kong, Panamá, Colombia y Venezuela.
– Contratos de préstamos, emisión de bonos y planes de inversión falsos.
– Tercerización de compras de bienes y servicios.
– Sobreprecio.
– Utilización de “prestanombres” para constituir compañías.
– Clonación de nombres de empresas consolidadas en el mercado financiero internacional.
-Inversiones inmobiliarias.
– Transferencia de fondos en el sistema financiero foráneo y la complicidad de empleados bancarios con experiencia en operaciones internacionales.
– Complicidad de funcionarios de alto nivel.
– Utilización de fondos públicos de empresas de Pdvsa.
Todas esas acciones, agregó Transparencia Venezuela, desencadenaron delitos tales como lavado de dinero, blanqueo de capitales, malversación de fondos, sobornos, sobrefacturación, subfacturación y negocios ficticios, entre otros.
Justicia selectiva
La organización indicó que la justicia en casos de corrupción relacionados con Pdvsa ha sido «selectiva» por dos razones:
– Denuncias e investigaciones ejecutadas por organismos como el Parlamento venezolano fueron engavetadas por otras instancias.
– El Ministerio Público solo se movilizó cuando varios funcionarios de alto nivel, entre ellos, el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, comenzaron a ser críticos contra la actual administración.
Tareck El Aissami acusa a Rafael Ramírez por hechos de corrupción. Ramírez amenaza con explicar "a todo el país como los hijos de Cilia Flores desfalcaron Pdvsa".
El Corruptómetro, herramienta interactiva lanzada en noviembre de 2020 por Transparencia Venezuela y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrunes, El Pitazo y TalCual, revela los hechos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno.
Puede leer el artículo sobre Rafael Ramírez publicado en el Corruptómetro pulsando aquí.
Martin Griffiths, expresó que aún existen “significativas necesidades humanitarias” que deben ser atendidas
La organización no gubernamental Transparencia Venezuela advirtió el pasado 19 de agosto que, en el país, pese a haber signos de leve mejoría económica, persisten las necesidades humanitarias.
De acuerdo con una nota de prensa de la ONG, la crisis generada por la COVID-19 tuvo un gran impacto en el panorama humanitario mundial.
En sus proyecciones para este año, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA-ONU) estima que 274 millones de personas en 63 países requerirán protección y asistencia.
Con respecto a Venezuela, que padece los estragos de la Emergencia Humanitaria Compleja, el impacto ha sido mayor.
Desde el año 2016, agencias internacionales manifestaron su preocupación ante la severa escasez de alimentos y medicinas, al punto que, en 2018, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) calificó la situación venezolana como “catastrófica”.
Unos años después, en 2021, el Comité Internacional de Rescate (IRC) incluyó a Venezuela entre las 20 crisis humanitarias más devastadoras del mundo.
En ese sentido, muchas organizaciones han aunado esfuerzos para ayudar a los venezolanos que se encuentran en situación de pobreza extrema, inseguridad alimentaria e insalubridad.
Aunque Venezuela ha experimentado leves signos de recuperación en la economía, el descenso de la hiperinflación registrada desde 2017 no se tradujo en mejoras en los precios.
Incluso, un reciente informe que publicó el Banco Mundial situó a Venezuela como el tercer país con la mayor inflación alimentaria en un escenario global. Los costos de los rubros agrícolas se elevaron como consecuencia del conflicto Rusia-Ucrania.
También, la Encuesta Condiciones de Vida (Encovi)2021, señaló que los indicadores de desigualdad, pobreza y acceso a los servicios esenciales se mantienen como los más desalentadores de la región.
Como consecuencia, voceros del Plan de Asistencia para atender la crisis regional causada por la situación en Venezuela, advierten que aún persisten en el país las necesidades humanitarias.
“Significativas necesidades humanitarias”
En diciembre del año 2021, la Organización de Naciones Unidas (ONU) estimó que siete millones de venezolanos tienen necesidades humanitarias en el país.
Asimismo, la organización indicó que se requieren $1.800 millones para garantizar la ayuda a los más necesitados dentro y fuera de nuestras fronteras.
Por su parte, el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de OCHA, Martin Griffiths, expresó que aún existen “significativas necesidades humanitarias” que deben ser atendidas.
También, en su visita a Venezuela, Griffiths reiteró la importancia de que la comunidad internacional se muestre solidaria con los venezolanos más vulnerables.
Griffiths anunció que publicarán el plan de respuesta humanitaria de 2022-2023, el cual requiere, solo para este año, alrededor de $795 millones destinados a asistir a 5,2 millones de personas.
Pobreza, desnutrición y éxodo
De acuerdo con la Encovi 2021, 94,2% de los venezolanos está en situación de pobreza. Esto significa que su ingreso mensual es insuficiente para cubrir el precio de la canasta alimentaria.
Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), en junio de 2022, la canasta alimentaria se ubicó en 459,84 dólares.
En contraste, el salario que fijó el gobierno de Nicolás Maduro es de aproximadamente 30 dólares. De estas cifras se infiere que el actual ingreso no alcanza para cubrir 10% de esa canasta.
A su vez, Susana Raffalli, nutricionista e investigadora de la organización Cáritas de Venezuela, declaró que el consumo de proteínas en Venezuela cayó 80%.
90% de los hospitales en el país tienen servicios inoperativos
Yonaide Sánchez, coordinadora de regiones de Transparencia Venezuela, señaló que según cifras de la ONG Civilis, el 90% de los hospitales en el país tienen servicios inoperativos o completamente inactivos.
Sánchez reveló a El Impulso que en el caso de Lara, más del 70% de centros de salud y hospitales no tienen condiciones para la atención de la COVID-19.
También indicó que en el país se han instalado progresivamente los componentes de un modelo de “gran corrupción en el sector salud”.
“Se ha caracterizado por la venta de contratos con sobreprecios, el contrabando fronterizo de medicinas, el desvío o hurtos de medicamentos, desmantelamiento de las capacidades sanitarias del país con compras de medicinas injustificadas o vencidas, con concentración de contratos en poca manos y empresas”, precisó.
Las modalidades se centran en contrabando ilegal de gasolina, narcotráfico, prácticas ilícitas en puertos venezolanos y el tráfico de oro
Las burbujas de recuperación económica que se observan enVenezuela están soportadas por una economía negra impulsada por el contrabando de oro, tráfico de estupefacientes, extorsión en puertos y contrabando de combustible. Las economías ilegales en el país ascendieron durante 2021 a $9.444 millones.
Durante más de 10 meses Transparencia Venezuela analizó las principales economías ilícitas en Venezuela. Utilizando cálculos de la consultora Ecoanalítica, Transparencia concluye que los ilícitos equivalen al 21,74% del PIB del país durante 2021.
Según el informe, el crimen organizado en Venezuela se encuentra en “fase simbiótica”. Esto significa que “la interdependencia entre el crimen organizado y el sistema político y económico es tal que las fronteras se vuelven tenues”.
Asdrubal Oliveros, socio-director de la firma Ecoanalítica, sostiene que aunque PDVSA “está detrás de la mayoría de los 116 casos de corrupción venezolana investigados en 22 países, la ampliación de las actividades económicas ilegales es el coletazo del colapso de la industria petrolera, su resultante crisis económica y las posteriores sanciones”.
Oliveros explica que el informe de Transparencia Venezuela se centra “en el contrabando ilegal de gasolina, el narcotráfico, prácticas ilícitas en puertos venezolanos y el tráfico de oro – actividades extendidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Todo esto se considera “economía negra” o “ilícita”, a su vez parte de la economía sumergida: las actividades económicas no declaradas que escapan del control de la administración del estado y las estadísticas oficiales. Esto no debe confundirse con actividades informales”.
Para calcular el tamaño de la economía negra Ecoanalítica se centró en realizar “revisiones estadísticas oficiales de otros países, sistematización de reportes de organismos internacionales, entrevistas extraoficiales a fuentes de entes públicos y el uso de métodos estadísticos y de aproximación. De esta manera, concluimos que las cuatro principales actividades ilícitas generan unos $9,4000 millones anualmente: un 21,74% del PIB de Venezuela en 2021 (…) La mayor parte de este ingreso proviene del narcotráfico, que genera unos $4.919M o 11,3% del PIB. Le sigue el contrabando de combustible con $1.900M (4,4% del PIB), el contrabando de oro con $1.800M (4,1%) y la extorsión en puertos con $825M (1,9%).
Contrabando de gasolina y oro
La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela Mercedes De Freitas sostiene que los venezolanos se encuentran “en indefensión” porque las redes criminales se apoderaron de las decisiones del Estado.
“El ciudadano no tiene a donde acudir”, explica De Freitas. “Tiene que sobrevivir y convertirse en cómplice o víctima de las redes criminales (…) lo que destruye a la democracia”.
En el referido informe se explica que el contrabando de oro es ejecutado “por grupos corruptos y sus allegados, ELN y FARC”, mientras el tráfico de estupefacientes que se origina principalmente en la frontera con Colombia, en los estados Zulia, Táchira, Trujillo, Apure y Barinas recae principalmente en el ELN y en las facciones disidentes de las FARC.
La extorsión en los cuatro principales puertos del país (La Guaira, Puerto Cabello, Guanta y Maracaibo) se asocia con las mafias de funcionarios corruptos y el contrabando de combustible con el accionar de las FARC y ELN en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia.
En relación con el contrabando de gasolina y narcotráfico, Asdrúbal Oliveros explica: “Anteriormente, como seguro recuerdan, la gasolina subsidiada de Venezuela –extremadamente barata– era contrabandeada a Colombia, pero estos flujos de contrabando se han revertido (…) Antes de la pandemia, el consumo de gasolina en Venezuela era de 170.000 barriles diarios. Pero PDVSA tenía la capacidad de sólo proveer 30.000 barriles diarios; poco después, durante la pandemia, gran parte de las gasolineras en Venezuela pasaron a vender en precio internacional. Otra parte siguió subsidiada. ¿El resultado? Un mercado paralelo de gasolina importada ilegalmente de Colombia, sobre todo en estados fronterizos”.
Oliveros explica que “la gasolina colombiana no llegaba a todo el país. Por ello, considerando que hasta inicios del 2022 el 42% de las gasolineras seguían subsidiadas y la producción está aumentando gradualmente, se creó un mercado de gasolina subsidiada desviada (…) Calculamos que hasta el 60% de la producción nacional es contrabandeada internamente, por medio del desvío de la gasolina destinada para las gasolineras subsidiadas”.
En el caso del narcotráfico, Oliveros recuerda que “Venezuela es uno de los países principales de tráfico. Es decir, que las drogas –principalmente cocaína– producidas en Colombia transitan por Venezuela para ser enviadas a EEUU, el Caribe, Centroamérica, África y Europa (…) Por ello, asumiendo que los niveles de estupefacientes transportados por vías marítimas se han mantenido constantes desde 2019 y sumando incautaciones comprobadas, al menos 55.500 kgs de cocaína y 7.000 de marihuana transitaron por Venezuela en 2021: $4.919M anuales”.
El declive de la economía formal
Según la investigación de Transparencia Venezuela, “durante la mayor parte de la gestión del presidente Hugo Chávez (1999 – 2013), el precio del petróleo venezolano se mantuvo al alza y llegó a superar los $100 por barril, presentando un aumento de alrededor de 525% (Ecoanalítica, 2018). Este comportamiento permitió el incremento desmesurado del gasto público en programas sociales, con el objetivo de mantener apoyos políticos y crear un sentido de lealtad entre la población y el gobierno. Además, en medio del boom petrolero, muchos funcionarios de diferentes entes públicos aprovecharon para burlar leyes nacionales e internacionales y cometer innumerables actos de corrupción que provocaron un desfalco sin precedentes en Venezuela y condujeron a la emergencia humanitaria compleja en la que cayó el país al menos en 2015”.
Investigaciones de Transparencia Venezuela revelan que “tribunales de más de 22 países han abierto 116 causas vinculadas con la corrupción venezolana que involucran más de $64.000 millones. Como consecuencia del terrible manejo de la industria petrolera durante estos años, la caída en la producción, el desplome de los precios del crudo en el año 2013 y la corrupción campante, la principal fuente de ingresos de Venezuela se vio prácticamente fulminada”.
En el informe se especifica que la situación “se volvió aún más complicada a partir de 2017 con la imposición de sanciones económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos . Aunado a esto, la caída de la producción petrolera hizo insostenible la captación de renta por medio del diferencial cambiario (…) A través de los distintos esquemas de subsidio cambiario entre 2005 y 2018, se estima que el sector público no petrolero fue capaz de captar alrededor de $73.666 millones, mientras que el sector privado percibió $149.314 millones (Ecoanalítica, 2018). En este contexto de asfixia económica, se hizo vital para los captadores de renta, grupos corruptos enquistados en instituciones del Estado, encontrar alternativas que sustituyeran los ingresos asociados al sector petrolero y al diferencial cambiario. Por esto, industrias ilícitas como el contrabando de gasolina, el tráfico de drogas, los cobros ilegales en los puertos y el comercio ilegal del oro se convirtieron en el nuevo foco de estas redes”.
La extorsión en los puestos de seguridad
En el estudio también se aborda la extorsión en las alcabalas (puestos de seguridad policiales o militares en las vías públicas), práctica que también se considera “una economía ilegal, que contribuye a la captación de rentas de efectivos corruptos y que crea distorsiones económicas con un impacto negativo a la población”.
De acuerdo con un análisis realizado en conjunto por Transparencia Venezuela y Ecoanalítica hay una alta probabilidad de extorsión en las alcabalas dispuestas en el territorio venezolano, que se incrementa en las vías de occidente. Según el estudio aplicado, se estima que si se transita por 100 puestos de seguridad en un momento determinado, en 25 de estos se presentará un acto de extorsión”.
Durante el primer trimestre de 2022, se evaluaron 20 empresas de servicios de transporte y distribución del país.
La probabilidad de extorsión en alcabalas alcanzó un 25% en el primer trimestre del año 2022, de acuerdo con un estudio de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica.
Según el documento, a lo largo del territorio nacional, los cuerpos de seguridad instalaron alcabalas, las cuales tienen como propósito contribuir con la seguridad de la población.
No obstante, muchos de estos lugares se han convertido en espacios donde los funcionarios retienen a los ciudadanos y muchas veces, sin justificación, los obligan a realizar pagos al margen de la ley. Esto en Venezuela se le conoce como «matraqueo».
Pese a que la extorsión en alcabalas no es un fenómeno reciente, el aumento de la actividad ilegal en los últimos años ha provocado un impacto mayor en las víctimas.
Es tanta el alza del matraqueo, que pequeños productores y grandes empresas incluyen estos montos en su estructura de costo. Esto impacta en el precio final que paga el consumidor.
El estudio señala que la extorsión en alcabalas se considera una «economía ilegal», que contribuye a la captación de rentas de efectivos corruptos y que crea distorsiones económicas con un impacto negativo a la población.
«Respuesta» del gobierno
Estos cobros ilegales se incrementaron a partir de la cuarentena que se implementó en 2020 por la pandemia de COVID-19.
Al respecto, el texto señala que efectivos de seguridad y defensa se amparaban en la confusión que existía en cuanto a las medidas de restricción y movilidad.
En ese sentido, los funcionarios obviaban las excepciones previstas y disponían quién podía circular libremente y quien debía pagar lo que ellos dispusieran para poder transitar.
Por parte del gobierno chavista hubo un intento de respuesta. Nicolás Maduro se refirió a esta situación en julio de 2021:
«He dado la orden, señora vicepresidente, usted me garantiza que se eliminen las trabas que se le imponen en las alcabalas al pueblo de Venezuela”, expresó Maduro.
Sin embargo, a pesar de esa orden, la situación no cambió.
De acuerdo con el estudio, hay una alta probabilidad de extorsión en las alcabalas dispuestas en el territorio, que se incrementa en las vías de occidente.
Aplicado a empresas
Durante el primer trimestre de 2022, se evaluaron 20 empresas de servicios de transporte y distribución del país.
Del estudio, se levantaron datos efectivos de 10 de esas compañías y se constató que la probabilidad de extorsión se ubica en 25%.
Asimismo, se pudo identificar los cuerpos de seguridad y defensa más involucrados, según las respuestas.
Puestos de control incorporados
Los puestos de control los conforman la GNB, Ejército, Cicpc, PNB, policías estadales y municipales.
Según el estudio, se identificaron 332 puntos de control, distribuidos de la siguiente manera:
– Guardia Nacional Bolivariana 223
– Policía Nacional Bolivariana 55
– Policías estadales 33
– Policías municipales 3
– Policía judicial
– Ejército Bolivariano 3
A continuación el mapa de la distribución de puntos de control:
Un informe de Transparencia Venezuela reporta un aumento del peso de estas actividades en el país
El volumen de las operaciones de las economías ilícitas equivale al 21% del PIB, según estos datos
Las redes de corrupción pueden generar al menos $1.900 millones en contrabando de combustible, $4.919 millones por tráfico de drogas y $825 millones por la extorsión en los puertos
Un reciente informe concluyó que las economías ilícitas en Venezuela como el contrabando de drogas, oro y combustible, así como actividades ilegales en puertos y aduanas, generan más de 9.400 millones de dólares al año a organizaciones criminales.
El documento se elaboró a partir de un análisis realizado por la firma de economía y finanzas Ecoanalítica.
Según el estudio, el volumen de las operaciones ilegales es equivalente a 21% del Producto Interno Bruto de Venezuela, que se ubica en USD 43.440 millones, según la firma.
Transparencia advierte que el país se convirtió en uno de los «epicentros del crimen organizado de la región».
Mientras que los derechos humanos de los ciudadanos son vulnerados «a fin de garantizar el beneficio económico de las estructuras corruptas, su permanencia en el tiempo y la impunidad de sus actos».
El informe consta de ocho capítulos en los que se explora la existencia de organizaciones con redes nacionales e internacionales y con participación de grupos «criminales», así como también de «funcionarios corruptos que apoyan o promueven estas acciones».
«A la par, aumentan la brecha de desigualdad, la migración y el deterioro de la calidad de vida de 90% de la población que no tiene acceso a servicios básicos de calidad», remarcan.
A continuación, algunas conclusiones relevantes de esta investigación:
Combustible, narcotráfico y puertos: las tres principales economías ilícitas
Un primer hallazgo resaltante es que la red de corrupción en estas áreas es capaz de generar al menos 1.900 millones de dólares con las actividades de contrabando de combustible; 4.919 millones de dólares por el tráfico de drogas en el territorio nacional y alrededor de 825 millones de dólares por la extorsión en los puertos.
«Solo los montos reportados por estos tres ilícitos representan cerca de una quinta parte (18%) del total de la economía del país, pues el PIB de Venezuela se ubica aproximadamente en 43.440 millones de dólares», destacan.
El reporte indica que desde 2020 se agudizó el problema con el abastecimiento de la gasolina en Venezuela y que aún persiste, sobre todo en los estados fronterizos.
Esto, indican, creó un mercado paralelo en el que la gasolina puede alcanzar $3,5 por litro.
«Las personas que no pueden conseguir gasolina en estaciones de servicios formales y deben acudir al mercado negro pagan en Venezuela la gasolina más cara del mundo«, resalta la ONG.
Añaden que el control del suministro de gasolina lo tiene la Guardia Nacional Bolivariana y que algunos de sus integrantes «permiten y participan activamente en el mercado negro del combustible y el cobro de sobornos».
Sobre el narcotráfico, indican que grupos irregulares de Colombia como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC «transportan y almacenan grandes cantidades de cocaína en zonas rurales de Venezuela».
Asimismo, denuncian que utilizan el país como punto de transbordo para envíos con destino a México, Centro América, África Occidental, Europa, y el Caribe, de acuerdo con reportes de la DEA.
Extorsión en alcabalas y puertos
Por otra parte, el capítulo también aborda el problema de la extorsión que existe en las alcabalas venezolanas.
Precisan que se convierte en «otra oportunidad para captar rentas de manera ilegal y provoca graves impactos en la población».
Esto pese a exhortos públicos de solucionar el tema de autoridades como el propio Nicolás Maduro.
Aún así, un estudio de Transparencia y Ecoanalítica reveló que si se transita por 100 puestos de seguridad en un momento determinado, en 25 de estos se presentará un acto de extorsión.
Respecto a las actividades ilícitas en los puertos del país, Transparencia describió en una infografía el modus operandi de los grupos corruptos al recibir los puerta a puerta.
Los cálculos de la ONG indican que los grupos en los puertos reciben anualmente unos $825 millones en esquemas delictivos.
GRUPOS EN LOS PUERTOS RECIBEN USD 825 MILLONES
ANUALMENTE
EN ESQUEMAS DELICTIVOS
La convergencia de varias economías ilícitas en el Arco Minero
Transparencia destaca las «atroces consecuencias sociales y ambientales» de la explotación del oro en el Arco Minero, así como los importantes cambios de los últimos dos años en los mecanismos y estructuras de poder formal e informal.
Aunque la actividad de exploración y explotación de minerales solo se permite en 12% del territorio nacional, y las leyes establecen que el oro debe ser vendido de manera preferencial al Banco Central de Venezuela, en la práctica, ocurre otra cosa.
«La mayoría de los yacimientos auríferos se explota de manera ilegal, con el uso de sus juncias prohibidas y tan solo una mínima porción ingresa a las arcas nacionales», denuncia Transparencia Venezuela.
Según la ONG, la extracción de oro de forma ilegal en el sur del país produjo en 2021 unos 2.385 millones de dólares. Y solo 25 % de este monto ingresó a las arcas del Estado.
Lo anterior significa que 75% del oro que se produce en suelo venezolano (1.800 millones de dólares) se comercializó por canales irregulares.
La investigación concluye que el contrabando de oro por parte grupos irregulares y corruptos genera rentas anuales entre $1.500 millones y $1.700 millones anuales.
Reportan también que los mineros deben entregar a grupos criminales entre 10% y 30% de los sacos que extraen.
Organizaciones criminales se benefician de estas actividades
De acuerdo con Transparencia Venezuela, al menos trece de las principales organizaciones criminales que tienen presencia en Venezuela se benefician de actividades de economías ilícitas.
Entre ellas, mencionan al Tren de Guayana; la banda de “el Toto” y “Zacarías”; La organización R; el sistema de “Negro Fabio”; la banda de “Juancho” y sus lugartenientes; los colectivos; el sindicato de Barrancas; el Cartel de Paraguaná; el grupo armado Yeico Masacre; el Tren de Aragua; las megabandas de El Koki y Richardi; así como del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Desinformación que oculta las actividades ilícitas
El quinto capítulo del informe de Transparencia Venezuela aborda cómo la desinformación favorece las actividades de las economías ilícitas.
De esta forma, advierten, se oculta la participación de integrantes de las estructuras oficiales en Venezuela.
«Existe casi opacidad total en cuanto a las actividades que se desarrollan en el Arco Minero del Orinoco, igual pasa con los temas relacionados con las irregularidades en los puertos venezolanos. Hay manipulación en las declaraciones sobre narcotráfico, se suele desviar el foco del problema y se traslada a terceros. Abundan las medias verdades y la propaganda, al dar a conocer solo parte de la historia en casos de tráfico de combustible y se procura lucir como paladines de la justicia», denuncia la ONG.
Fuentes lícitas pero irregulares de obtención de recursos
En el sexto capítulo del reporte, Transparencia abordó cómo el Gobierno recurrió a figuras lícitas pero irregulares para obtener recursos y mantener sus operaciones.
Por ejemplo, el «traspaso opaco de activos del Estado y las exportaciones de chatarra».
También, refieren el traspaso «bajo condiciones de opacidad» de empresas públicas o activos estatales a privados durante 2020 y 2021, que según denuncian, «generaron grandes pérdidas para el país», por encima de los 148,2 millones de dólares.
Entre estos casos están la venta de la filial de Pdvsa en República Dominicana, las negociaciones con diversas estaciones de servicio de Pdvsa y los casos del Hotel Alba Caracas y del Central Azucarero Sucre.
Ciudadanos en estado de indefensión
Tal y como reporta Transparencia en los capítulos séptimo y octavo de la investigación, los ciudadanos están indefensos frente a los delitos de redes criminales trasnacionales que participan en la economía ilícita.
Además, denuncian la «ausencia de un sistema de justicia imparcial y transparente».
La falta de políticas públicas e información sobre el manejo de estas aguas en todo el país, oculta un daño ambiental severo que puede explotar en cualquier momento y del cual pocos se preocupan
La ONG Transparencia Venezuela advirtió este domingo, 22 de mayo, que la falta de tratamiento adecuado de las aguas residuales en el país despierta alarmas en especialistas, activistas ambientales y políticos opositores a la gestión del mandatario Nicolás Maduro, quienes coinciden en que la contaminación por aguas servidas puede afectar, a mediano y largo plazo la salud de comunidades aledañas, así como la de los ecosistemas marinos de Venezuela.
La organización no gubernamental Vitalis destacó el tema en 2017 como uno de los grandes problemas ambientales de Venezuela. La ONG indicó que, en ese entonces, el país dejaba más de 75% de las aguas sin tratar.
“Este es un tema muy importante y debe ser atendido con la prioridad necesaria. Tan vital es garantizar el acceso al agua potable, como tratar las aguas luego de su uso. Lamentablemente, ni uno ni el otro se está garantizando en Venezuela, y los objetivos de desarrollo sustentable vinculados con el agua están lejos de cumplirse”, aseguró Diego Díaz Martín, presidente de Vitalis.
A pesar de que en 2018 el gobierno de Nicolás Maduro creó el primer ministerio en la historia del país dedicado exclusivamente a la gestión de las aguas, el Estado no ha publicado datos sobre depuración de aguas servidas en territorio venezolano.
La cifra más reciente sobre el tratamiento de las aguas está registrada por la Cámara Venezolana de la Construcción, en su Plan Nacional de Infraestructura 2021-2033, el cual indica que solo 28% de las aguas residuales, urbanas e industriales, son depuradas en el país.
“Muy poca en términos porcentuales (…) En general, la mayor parte de los efluentes no tratados contaminan las costas del Litoral, dada la cercanía de los grandes centros poblados al mar, o debido a que son vertidos directamente en ríos que desembocan en el mismo”, señaló el informe, con datos obtenidos en 2018 por el Grupo Orinoco, organización no gubernamental especializada en temas de desarrollo sustentable.
Transparencia Venezuela consultó el tema con especialistas, que explican que, en general, la infraestructura de las plantas construidas en el país para tratar las aguas quedó en el olvido; sin inversión, sin mantenimiento y a merced de la delincuencia y la opacidad.
La Cámara Venezolana de la Construcción adicionalmente reportó en noviembre de 2020 que la mayoría de las plantas privadas para el tratamiento de las aguas de urbanizaciones o parques industriales está fuera de servicio.
Acceso a la Justicia determinó que 2 de 3, o el 66,6% de los magistrados fueron reelectos en la junta directiva, mientras que 3 de 3 de los magistrados en la junta directiva son oficialistas
Sobre la reciente designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), realizada el pasado mes de abril, la ONG Acceso a la Justicia indicó que luego de un proceso «plagado de vicios e irregularidades», se pudo constatar que el «nuevo» TSJ no es más que una versión resumida del anterior.
«Es lamentable cómo las razones políticas han impedido tener un TSJ imparcial e independiente como lo señala la Constitución y, en cambio, se reelige al 60% de los magistrados anteriores y se incorpora como ‘caras nuevas» funcionarios de lealtad comprobada en otros poderes públicos¡», señaló la ONG.
A través de una infografía, precisaron que60% de los magistrados fueron reelectos en sus cargos, mientras que solo el 40% fueron nuevos.
Sobre el total de magistrados reelectos, Acceso a la Justicia indicó que en la Sala Constitucional fueron (4 de 5), en la Sala Político Administrativa (2 de 3), en la Sala Electoral (2 de 3), la Sala de Casación Penal (2 de 3), y en la Sala de Casación civil y Social (1 de 3).
Según señaló la ONG, 2 de 3, o el 66,6% de los magistrados fueron reelectos en la junta directiva, mientras que 3 de 3 de los magistrados en la junta directiva son oficialistas.
Del total de magistrados electos, la ONG señaló que 85% tenían afinidad con las políticas gubernamentales de Nicolás Maduro.
Al ser divididos por salas, se puede observar que de la Sala Constitucional (5 de 5), la Sala Político Administrativa (3 de 3), la Sala Electoral (3 de 3), la Sala de Casación Penal (3 de 3) y la Sala de Casación civil (3 de 3), el 100% de sus integrantes son oficialistas. Solo en la Sala de Casación Social (1 de 3) es progobierno.
Las cifras del #NuevoTSJ permiten descubrir que de nuevo nada, y que de paso muchos de los magistrados recién electos no son idóneos para el cargo y están señalados por gobiernos internacionales. Descúbrelo aquí #JusticiaVe (VPN) https://t.co/ZkwZI0cXw7pic.twitter.com/1cTWKjW8FR
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) May 11, 2022
La presidente repitiente sabe cómo neutralizar poderes autónomos
Sobre los magistrados reelectos, cabe destacar que uno de los nombres más resaltantes es el de Gladys Gutiérrez Alvarado, quien se convirtió el pasado 26 de abril de 2022 en una de los 12 magistrados repitientes, pero que además cuenta con una amplia trayectoria en el ente de justicia.
Según el artículo 264 de la Constitución solo permite un período único de 12 años para el ejercicio del cargo de magistrado. Pero esto no ha sido un impedimento para que Gutiérrez repita como togada y, además, para que se anote otroperíodo al frente del máximo órgano de justicia del país.
La abogada y jueza, egresada de la Universidad Central de Venezuela y nativa de la ciudad de Punto Fijo, Falcón, se ha paseado por distintos cargos durante las gestiones de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre los que figuran: procuradora general de la República, embajadora ante el Reino de España, cónsul de Venezuela en Madrid y ministra consejera de la Embajada de Venezuela en España. Aquí te contamos más detalles sobre la trayectoria de Gutiérrez dentro de las filas del Chavismo, en una Huella Digital preparada por el equipo de investigación de Runrunes.
