Transparencia Venezuela

De acuerdo con la Constitución, cualquier ciudadano tiene el derecho de pedir información a las autoridades

Un silencio a la fuerza es el nombre de una serie de conversatorios que viene realizando Transparencia Venezuela (@nomasguiso) en el que la noche del jueves 23 de febrero realizaron un foro a través de su cuenta en Twitter en el que contaron con la participación de Reyes Theis, periodista y autor del informe que lleva el mismo.

La prohibición de acceso a fuentes gubernamentales, fue el tema abordado durante una hora, contando también con la participación de la periodista Liz Gascon y representantes de la organización.

Reyes Theis, se refirió a este informe como una iniciativa que trata de actualizar la libertad de expresión en los últimos años. Ya que se ha limitado por parte de autoridades gubernamentales la posibilidad de los medios y periodistas a acceder a datos, información necesaria con la que se puede contar y que debería ser de dominio público.

Indicó que está establecido en la Constitución Nacional, que cualquier ciudadano tiene el derecho de pedir información a las autoridades y se le sea aportada, pero por el cual acotó que la hegemonía comunicacional es un instrumento necesario para la revolución, y les conviene tener unos medios estatales muy fuertes para presentar las noticias que ha ellos les conviene, sentenció.

Por su parte, Liz Gascon, apuntó que las limitaciones del gobierno para acceder a las fuentes, en recibir información por parte de autoridades; retrasan la cobertura periodística que se le puede dar a un tema. “El estado tiene año sin presentar cifras oficiales” refirió Gascon, donde puso como ejemplo a las autoridades del estado Lara sobre los nulos detalles que ofrecen sobre obras públicas, inversiones en el sistema hidráulico y más.

Transparencia Venezuela, invitó a ingresar a su cuentas en redes sociales para disfrutar de todo el contenido que tienen preparado y a conocer en su página web todos los datos que han obtenido con respecto esta y otras investigaciones realizadas.

A juicio de la directora de Transparencia Venezuela, la justicia en el país no investiga los casos relacionados a violaciones de derechos humanos

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva y fundadora de Transparencia Venezuela, se pronunció a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, sobre la situación que atraviesa el país en este tema, destacando que la sociedad civil cumple un rol fundamental en la lucha contra esta realidad.

«¿Sabes cuál es el mayor reto que enfrentan en Venezuela las organizaciones que luchan contra la corrupción y defienden los derechos humanos de los ciudadanos? El gran problema que hay en Venezuela es la falta de separación de poderes, es que la justicia no es independiente del Poder Ejecutivo, que este da ordenes directas a la justicia», expresó de Freitas.

«La sociedad civil tiene un rol fundamental en el seguimiento, en la valoración, en la exigencia del liderazgo político, quienes tienen en sus manos las grandes decisiones sobre lo público. No hay lucha contra la corrupción si la sociedad civil no se apodera de ello», agregó.

«La justicia venezolana no da respuestas a casos de violaciones de DDHH»

A juicio de la directora de Transparencia Venezuela, la justicia en el país no investiga los casos relacionados a violaciones de derechos humanos.

«Tenemos casos de denuncias que se han hecho a nivel a internacional por parte de las victimas, donde hay cuotas para decidir sobre casos, en donde la justicia no da respuestas a casos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos», dijo.

«Pasan los años y casos de corrupción tampoco se investigan, en Venezuela estamos protegiendo a esas personas que han sido denunciadas internacionalmente», acotó.

En este contexto, señaló que «el problema mas grande para quienes luchamos contra la corrupción y defendemos derechos humanos es ese muro de impunidad que significa la justicia venezolana».

Por último, aseguró que 141 casos de corrupción de origen venezolano son investigados en 26 países.

Cabe resaltar que esta organización presentó este viernes el Museo contra la Corrupción, un espacio virtual con colecciones basadas en los programas e investigaciones desarrollados por Transparencia Venezuela.

La organización emitió un comunicado en el que propone incluir un mecanismo que garantice la participación de la sociedad civil

Con motivo del reinicio de las conversaciones de negociaciones entre representantes de la administración de Nicolás Maduro y de la Plataforma Unitaria en México, la organización Transparencia Venezuela emitió este sábado un comunicado en el que resalta una serie de medidas que tienen como propósito fortalecer la propuesta contra los posibles riesgos de abuso, conflictos de interés, corrupción e ineficiencias, a fin de obtener los mejores resultados objetivos (reales y verificables); que generen la confianza de los venezolanos en el liderazgo de las organizaciones internacionales que están sirviendo de facilitadores y de posibles gestores de recursos públicos.

El documento resalta que “todo proceso de negociación debe incluir un mecanismo que garantice la participación de la sociedad civil, con la posibilidad de formular propuestas y realizar contraloría social una vez aprobado el fondo”.

Entre las medidas destacan la transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas del Fondo de Protección Social, la necesidad de priorizar el destino de los recursos del fondo. “Sería eficiente dirigirlos a paliar necesidades vitales, como salud, alimentación, y electricidad, que por su nivel de deficiencia en Venezuela impacta en el resto de los sectores prioritarios para el bienestar social y el desarrollo económico”.

La ONG se pronunció sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en los mecanismos, procesos y gestiones derivadas de las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición

El pasado 25 de noviembre, la ONG Transparencia Venezuela se pronunció ante la instalación de la mesa de negociación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria en México con el fin de evitar “corrupción e ineficiencias”.

«Transparencia Venezuela, organización dedicada por más de 18 años a la lucha contra la corrupción, se pronuncia sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en los mecanismos, procesos y gestiones derivadas de las conversaciones, antes durante y después de suscribirse eventuales acuerdos entre las partes involucradas en el diálogo, así como en las responsabilidades y compromisos que asuman las organizaciones internacionales que intervienen como facilitadores y/ o garantes», se lee en una nota publicada en el portal web de la organización. 

La ONG también hizo un llamado a rescatar la importancia de la participación de la sociedad civil, desde la formulación de propuestas y exigencias, haciendo seguimiento y contraloría para contribuir con el éxito de unas negociaciones cuya principal preocupación, según establecen,  «debe ser la vida y el destino de los venezolanos».

Aquí las recomendaciones de Transparencia Venezuela: 

Necesidad de priorizar el destino de los recursos del fondo:

Las prioridades de inversión y de proyectos deben ser acordadas en la mesa de negociación, a través de acuerdos entre ambas partes, y a la luz de información técnica actualizada.

«Las necesidades de la población venezolana son tan inmensas que, para atenderlas, se requieren muchísimos más recursos que los activos que tiene Venezuela en el exterior, sumando los que controlan ambos actores», indican. 

A juicio de Transparencia Venezuela, el monto del acuerdo alcanzado, los USD 3.000 millones que señalan los medios, «sería eficiente dirigirlos a paliar necesidades vitales, como salud, alimentación y electricidad que, por su nivel de deficiencia en Venezuela, impacta en el resto de los sectores prioritarios para el bienestar social y el desarrollo económico».

Agregan que el fondo previsto está lejos de poder cubrir las necesidades de los tres sectores propuestos, pero si se reconcentra y se toman decisiones basadas en criterios técnicos, podría constituir un aporte importante.

Acuerdo de Gobernanza que incluya políticas y prácticas de transparencia en la gestión del convenio suscrito y del Fondo de Protección Social

Las convenciones internacionales contra la corrupción de Naciones Unidas, la Convención Interamericana y las buenas prácticas internacionales señalan la obligación de publicar información y datos completos (no publicidad y propaganda), de manera oportuna y veraz de cada paso, en cada fase, como factor imprescindible para reducir «posibles puntos de riesgos, lagunas en procedimientos, privilegios indebidos, realizar mejoras continuas, recibir aportes y observaciones y críticas, y desincentivar los creativos y audaces mecanismos de abuso y corrupción».

Recomiendan también publicar el organigrama que incluya todas las unidades de dirección y gestión, señalando las responsabilidades y las relaciones de dirección, supervisión y rendición de cuentas con claridad.

Además, indican que debe haber claridad sobre los asuntos bajo la responsabilidad de Naciones Unidas y que se debe publicar los procesos de toma de decisiones y los procesos internos de «transparencia, contraloría, anticorrupción, evaluación, medición y de rendición de cuentas».

Herramienta de gestión y rendición de cuentas

Transparencia Venezuela advierte que  la rendición de cuentas no es un producto posterior a la gestión, sino que implica procesos continuos que garanticen «información completa y veraz, desde antes de iniciar el proceso, y permitan a los ciudadanos y a las comunidades hacer contraloría, apoyar o llamar la atención cuando sea necesario».

La gestión y ejecución de los recursos

El hecho de que la responsabilidad de la ejecución del fondo esté a cargo de Naciones Unidas, sin que intervenga en ella ni el gobierno de Nicolás Maduro ni la Plataforma Unitaria, podría ayudar a generar confianza en un manejo técnico,» sin injerencia de intereses, necesidades y opiniones político partidistas, pero siempre que se incluyan condiciones de transparencia y rendición de cuentas suficientes».

La sociedad civil y la mesa de negociación

Como última recomendación, la organización insiste en que la sociedad civil debe ser escuchada por la mesa.

Transparencia Venezuela Frente Al Proceso de Negociacion by Yeannaly Fermin on Scribd

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Según la investigación de Transparencia Venezuela, Lara, es la entidad regional con el mayor registro de obras inconclusas, contando 66; seguida de Barinas (45), mientras que en el Zulia se ubican 22 y en Bolívar 21

La ONG Transparencia Venezuela contabilizó 246 obras Inconclusas, contratadas o anunciadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Edificaciones abandonadas, barras herrumbrosas y columnas resquebrajadas rodeadas de maleza; así como maquinaria desmantelada, vallas descoloridas y restos de materiales de construcción inservibles conforman un panorama que se repite a lo largo y ancho del territorio nacional.

Transparencia Venezuela determinó que, de los 246 proyectos inventariados, 35 son de vialidad, 27 de transporte, 23 de vivienda y 22 del sector salud. En educación. 21 obras quedaron inconclusas, otras 16 tienen que ver con alimentos e igual número con el sector productivo.

En lo que respecta a Energía se contabilizan 16; agua y saneamiento ambiental registran 10 cada uno; deporte e hidrocarburos 9, cultura y plantas industriales 8, e institucional 7. Todas ellas, según destaca Transparencia Venezuela, son áreas con gran incidencia en la calidad de vida de la población.

Según la investigación Lara es la entidad con el mayor registro de obras inconclusas, con 66; seguida de Barinas (45), mientras que en el Zulia se ubican 22 y en Bolívar 21.

El informe de la ONG señala también que las obras inconclusas han servido para el desvío y el despilfarro de fondos públicos, que, solo en 153 de las que se logró obtener información financiera, ascienden a UDS 316.023.985.748.

La cifra representa 7 veces las estimaciones del PIB en Venezuela para 2021, de acuerdo con consultoras privadas.

Transparencia Venezuela indicó que al menos cinco de estos proyectos son de tal envergadura que abarcan varias entidades federales como Anzoátegui, Aragua, Apure, Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, Miranda, Táchira, Sucre y Zulia.

Tal es el caso de: el sistema ferroviario nacional; y otra que fusiona las áreas de salud y agua, como lo es la rehabilitación de las plantas de potabilización Alejo Zuloaga, La Guairita, La Mariposa y Caujarito, Cordero, Turimiquire y Planta C.

*Vea la investigación completa AQUÍ

Hay 246 obras inconclusas en 22 estados del país

La organización civil, Transparencia Venezuela reseñó en un reciente informe que hay 246 obras inconclusas en 22 estados del país, que han representado la pérdida de 316 mil millones de dólares.

A propósito de esto, la coordinadora de la organización en Lara, Yonaide Sánchez, lamentó la pérdida de los recursos que pudieron servir para construir obras de importancia para los ciudadanos.

“Esta inmensa cantidad de recursos se ha perdido en obras que han debido construirse para el beneficio de los ciudadanos y pertenecen a distintos sectores, como salud, educación, seguridad, infraestructura, hidrocarburos, agua, electricidad, entre otras”, detalló.

A nivel regional, Sánchez precisó que en Lara se registran al menos 66 de estas obras paralizadas, con las que no cuentan los ciudadanos en la actualidad y mencionó algunas de ellas.

“Todas esas obras están ordenadas con los aportes que se previeron para su construcción, el año de inicio y paralización, el ente responsable y los funcionarios responsables”, explicó.

Sostuvo Sánchez que entre estas obras paralizadas en la región destacan: El Ambulatorio de Cabudare, la Unidad de Diálisis de Carora, la avenida de acceso al Hospital, el Ambulatorio tipo II de la Antena, el estacionamiento de Santa Rosa, la avenida Uruguay, entre otras.

Por último la coordinadora de Transparencia Venezuela instó a las autoridades a cumplir con su trabajo y rindan cuentas.

“El llamado es a que cumplan con su tarea, tienen el deber de rendir cuentas y de darle información a los ciudadanos, es una obligación que tienen que cumplir y los ciudadanos debemos exigir y hacer nuestra contraloría social”, concluyó.

La mayoría de las infraestructuras fallidas pertenecen a los sectores vialidad, transporte, salud, vivienda, educación y alimentos

En el estado Bolívar hay 21 obras inconclusas como consecuencia de la corrupción, del total de 246 que se contabilizan en el país, según registros de ONG Transparencia Venezuela, citada por el diario Correo del Caroní.

Todas estas, prometidas durante la gestión, primero de Hugo Chávez, y luego en lo que va de la de Nicolás Maduro. También en las gestiones del exgobernador Francisco Rangel Gómez y el exalcalde de Caroní, José Ramón López.

De acuerdo con el informe de la ONG, «la mayoría de las infraestructuras fallidas pertenecen a los sectores vialidad, transporte, salud, vivienda, educación y alimentos».

Asimismo, la documentación de Transparencia Venezuela evidencia que «la desidia y la corrupción», son las principales consecuencias de la paralización de dichas obras. Esto, traducido en el desvío y despilfarro de recursos públicos, estimados en 316.023.985.748 de dólares, en 153 de las 246 obras inconclusas de las que se logró tener información detallada sobre las inversiones. Algunas de ellas se presentan a continuación.

Aeropuerto Nacional Tomás de Heres

En el informe citado por el Correo del Caroní, uno de los 21 proyectos a los que se hace referencia es al del Aeropuerto Nacional Tomás de Heres, en Ciudad Bolívar. Pese a que su rehabilitación se anunció en 2014 y debió culminar en 2016, siguen sin verse resultados.

Las actividades de inversión estaban a cargo del entonces ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Heberth García Plaza. En el año 2014 anunció una inversión de 180 millones de bolívares para la refacción de la terminal aérea. Sin embargo, no sucedió.

Del 2014 a 2015 solo se realizó reasfaltado de la pista, pero no remodelación de la infraestructura.

Por su parte, los vuelos nacionales se suspendieron hasta 2016. Mientras que el resto de las operaciones eran vuelos turísticos a Canaima y zonas mineras a las que solo se puede acceder por vía aérea. En abril de 2022 reactivaron los vuelos comerciales, solo con la aerolínea Rutaca, con uno o dos vuelos semanales, apunta la ONG.

Cementerio Municipal de Puerto Ordaz

Otra obra inconclusa que atañe a este estado es la del Cementerio Municipal de Puerto Ordaz, a cargo del alcalde del Caroní en el 2014, José Ramón López. Pese a su promesa de de ejecutar la obra estimada en 10.317.455 de dólares para 2017, solo se hizo un movimiento de tierra.

De acuerdo con Transparencia Venezuela, para este fin el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y el Consejo Local de Planificación Pública aprobaron recursos para el inicio de la primera etapa de la construcción.

También resaltan que el cementerio contaría con 20.144 sepulturas, 10.072 bóvedas superpuestas dobles, un estacionamiento interno de 66 puestos y uno provisional de 153, área administrativa, cafetín, bulevar de flores, áreas verdes y 4.552 metros cuadrados de vialidad. La Corporación Venezolana de Guayana cedió 50 hectáreas del terreno: 20 eran de la CVG y 30 de Ferrominera.

Construcción de EPS Fábrica de tubos sin costura en Sidor

Con respecto a esta obra, Transparencia Venezuela señala que el monto asignado en bolívares, a la fecha del contrato, fue de Bs. 209.154.736,41, equivalentes a 250.000.000 dólares.

También, recordaron que la obra comenzó en 2007 y paralizó en 2011. En 2018 se registró un incendio en el lugar, el cual afectó equipos, container y las estructuras abandonadas. Mientras esta edificación quedó inconclusa, en 2009 las fábricas de tubos Tavsa-Sidor, Helvesa, Sideroca y Soltuca fueron parte de las expropiaciones que ejecutó Chávez.

La Audiencia Nacional de España archivó el capítulo del expediente en el que aparece vinculado el exviceministro venezolano en una investigación por el presunto blanqueo de fondos obtenidos de Petróleos de Venezuela

Corruptómetro, una herramienta interactiva que desarrollaron Transparencia Venezuela y la Alianza Rebelde Investiga, alertó de la decisión de la Audiencia Nacional de España de archivar el capítulo del expediente en el que aparece vinculado el exviceministro Nervis Villalobos en una investigación por el presunto blanqueo de fondos obtenidos de Petróleos de Venezuela.

La jueza María Tardón acordó el sobreseimiento provisional de esta pieza, una de las cuatro en las que se dividió el caso de Pdvsa y que también se inició contra la esposa de Villalobos y otro investigado. Esto, en relación con el ingreso de unos fondos a favor del matrimonio en la entidad española Banco de Madrid.

“Esperamos que la jueza Tardón no pretenda cerrar el caso completo con plumazos y tome decisiones irresponsables. La jueza tiene en sus manos un caso trascendente no solo para la justicia española, sino también muy importante para Venezuela”, dijeron desde Transparencia Venezuela de acuerdo con una publicación de Corruptómetro.

¿Sin indicios suficientes?

La jueza, antes de dictar sobre el sobreseimiento no definitivo del caso de Villalobos, dijo que se llegó a la conclusión luego de una dilatada y extensa investigación, no hubo indicios suficientes para inferir que la operativa objeto de investigación suponga el delito de blanqueo de capitales.

“La jueza tomó la decisión pese a la negativa de la Fiscalía Anticorrupción, que acusó al matrimonio Villalobos, exministro de Energía y Minas involucrado en distintas causas de corrupción tanto en España como en Estados Unidos. Los fiscales relataron en su acusación que la sociedad Kingsway LDA, radicada en la isla Madeira de Portugal, suscribió el 7 de noviembre de 2010 un aparente contrato de asesoría en materia de energía con la compañía Miami Equipment & Export, dirigida por los empresarios Luis Díaz y Luis Javier Díaz”, señaló Corruptómetro.

Contratos sin proyectos claros

La herramienta indicó asimismo que los fiscales dijeron que Miami Equipment se dedicaba a realizar varios proyectos de ingeniería en el sector eléctrico como proveedora de bienes y servicios para terceros, aunque en el contrato no quedan especificados a que proyectos concretos se refiere. “Además, se indica que Kingsway LDA fue contratada para llevar a cabo unos servicios de consultoría de ingeniería, estableciéndose una comisión a su favor de USD 9,4 millones”, agregó la justicia española.

Destacó también que Petróleos de Venezuela, de acuerdo con la resolución, no formuló querella por esos hechos ni imputación alguna a los investigados.

Los fiscales, expuso la organización, identificaron que la sociedad de Villalobos ingresó fondos por 6,9 millones de dólares a su cuenta en el Banco de Madrid entre octubre de 2011 y junio de 2012. Y agregaron que no se apreciaron movimientos que indicaran la existencia de una prestación de servicios de consultoría a otras sociedades o de gastos derivados de trabajos realizados, como viajes, estancias en hoteles, gastos de oficina y que pudieran vincular a la sociedad con una actividad real.

La cuenta bancaria mencionada, añadieron los acusadores, se nutrió durante ese tiempo solo de los fondos enviados por Miami Equipment.

Una mansión en La Moraleja

El matrimonio Villalobos adquirió con esos fondos una casona en el acomodado barrio de La Moraleja, en la ciudad de Madrid, avaluada en 1 millón de euros. La organización recordó que, lejo del sobreseimiento del capítulo en el que se vincula, el exfuncionario sigue bajo investigación en el expediente por otros cargos y por otros hechos vinculados a una presunta corrupción con fondos públicos de la estatal venezolana.

“¿Realizar transferencias irregulares no constituye un delito en España? ¿No significa esta decisión de la jueza un precedente de impunidad en el sistema de justicia español?”, preguntó Transparencia Venezuela.