El Estado Venezolano tiene el deber de custodiar los yacimientos mineros y proteger a quienes laboran allí, pero la mina La Talavera no estaba custodiada por cuerpos de seguridad, sino por grupos armados irregulares.
@Luciapietf
El derrumbe de una galería en la mina La Talavera en El Callao, al sur del estado Bolívar, dejó al menos 13 mineros muertos el pasado 31 de mayo. El hecho que sepultó a más de 120 personas, según el reporte de la secretaría de Seguridad Ciudadana en la entidad, solo se atribuye a las fuertes lluvias que azotaron la zona. Nada se dice sobre la responsabilidad de las instituciones y los funcionarios que pudieron evitar el desastre.
Reportes en el lugar señalaron que fueron rescatados 124 mineros a través de la mina Isidora, yacimiento cercano con acceso a La Talavera, que no sufrió accidentes ante los aguaceros torrenciales que afectaron al menos 10 sectores y 450 familias, según Correo del Caroní. Pero en la tragedia incidieron las condiciones riesgosas de trabajo y la falta de mecanismos de seguridad, supervisión e inspección de parte del Estado en las minas, según comentó Mairis Balza, defensora de DDHH y coordinadora general de Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
Runrun.es detalla cómo el Estado es el principal responsable de un hecho que se repite cada vez que las lluvias azotan la región minera.
Deber por decreto
El decreto 2.248 que ordena la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) desde el 24 de febrero de 2016, establece que el Estado mantiene «soberanía nacional» y control total sobre los recursos mineros explotados en esta área de 111.843 kilómetros cuadrados que representa 12,2% del territorio venezolano.
Este poder sobre los yacimientos de oro y otros minerales también le concede al Estado el deber de proteger a los mineros artesanales y resguardar las áreas protegidas, ya que uno de los objetivos del Arco Minero establecidos en el Plan de la Patria 2013-2019 es: «organizar la pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y diamante, en unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales y el medio ambiente».
Pero la realidad es que los mineros continúan arriesgando sus vidas con prácticas peligrosas y condiciones laborales deficientes para obtener el mineral aurífero y mejorar su situación económica.
Ni la primera ni la última vez
El 12 de mayo de 2021, 34 mineros fueron rescatados y un cuerpo fue recuperado de la mina Isidora. El 2 de febrero de 2020 hubo un colapso en la misma mina que sepultó a más de 20 personas y dejó un saldo de tres fallecidos, y el 13 de octubre de 2019 un total de 107 mineros fueron rescatados tras un derrumbe en el yacimiento que los dejó incomunicados por varias horas.
En todos los casos, los mineros accedieron a las galerías sin supervisión alguna para extraer oro en una zona administrada por la Corporación Venezolana de Mineria, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular Desarrollo Minero Ecológico, y custodiada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
El alcalde del municipio, Coromoto Lugo, declaró en una rueda de prensa respecto a la tragedia: «(…) son situaciones que van a seguir pasando. La minería es búsqueda de metal, la gente sigue obviando el peligro y se mete pensando que es muy fácil conseguir oro, y eso no es así. Esto es una emergencia que ocurrió y que lamentamos mucho, pero es muy difícil decir que van a clausurar la mina porque van a buscar la manera de meterse por otro lado, de abrir un hueco para caerle».
Mairis Balza explicó que en la zona minera no hay ningún mecanismo de seguridad presente que garantice la integridad física de los mineros que laboran allí, y tampoco existe una supervisión e inspección que inste a los organismos que están están al frente de las minas a responder por el resguardo de los trabajadores.
«Las minas son un territorio de nadie y operan de la manera que mejor les parece, bajo las circunstancias de mayor riesgo», declaró.
Defensa del territorio sin prevención
Desde octubre de 2022, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa desplegó a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en la «Operación Roraima 2022» para enfrentar la minería ilegal, trata de personas y narcotráfico en el estado Bolívar y parte de Amazonas.
Según la propaganda oficial, los efectivos han desmantelado campamentos de minería ilegal y desarmado grupos delictivos que azotan el sur del estado, sin embargo, en reiteradas oportunidades los habitantes de los pueblos mineros han protestado en contra de la militarización de las minas debido a sus atropellos con detenciones, allanamientos y destrucción de equipos de trabajo de los mineros, reseñó Provea.
La mina Isidora está ubicada en un área restringida de Mibiturven (Minería Binacional Turquía-Venezuela) – empresa relacionada con Alex Saab y constituida en 2018-, y el El Pitazo reseñó que La Talavera está clausurada y en el sector El Perú, donde se ubica, hay presencia del ejército y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). ¿Por qué este cuerpo de seguridad no sacó a los mineros de las galerías cuando las invadieron?
La Talavera es una mina «abandonada» que conecta con la mina Isidora – perteneciente a la CVM- a través de túneles en las galerías. Los mineros descendieron a través de ella para acceder a la Isidora y realizar trabajos de extracción.
Andrés Velásquez, dirigente nacional de La Causa R y precandidato a las primarias opositoras, afirmó en entrevista para Runrun.es que La Talavera carecía de custodia de parte del Estado, pero había presencia de grupos armados irregulares controlando el yacimiento, los llamados «sindicatos».
El poder de las bandas
Investigaciones y reportajes han señalado que el sector El Perú está custodiado por el grupo armado «Zacarías y Toto», señalados por haber matado a siete personas en El Mirador, San Félix.
La como la mayoría de los yacimientos del sur están tomados por bandas que controlan la actividad extractivista y mantienen la zozobra en la población. Por eso cabe preguntarse si los mineros fueron enviados por alguna banda o si lo hicieron por cuenta propia.
«Quienes trabajan en el AMO deben pagar entre 10 % y 20 % del mineral extraído a los grupos criminales», reportó en 2020 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) a través de un informe sobre las violaciones los DDHH en el Arco Minero.
Entre las bandas que operan en el Arco Minero se encuentran: «Tren de Guayana», que funciona desde el 2010 aproximadamente en el sector de La Paragua, municipio Bolivariano de Angostura y en zonas de Ciudad Bolívar. Ha participado en delitos de minería ilegal, tráfico de oro, drogas y materiales estratégicos, sicariato, extorsión, robo, robo y hurto de vehículos, terrorismo sindical.
«El Ciego», que opera en El Manteco, municipio Piar y La Paragua, y ha sido señalado por delitos como: minería ilegal, homicidio, cobro de vacunas, extorsión, venta y distribución de droga. Su líder, Reiniero Alberto Murgueytio Bastardo, alías «El Ciego», es solicitado por diversos crímenes y es señalado como responsable de la masacre de Ikabarú en el 2019.
Trabajo para sobrevivir
En uno de los videos difundidos por la secretaría de Seguridad Ciudadana, Edgar Colina, informó que la mayoría de los 13 mineros fallecidos eran foráneos, ciudadanos pertenecientes a otros estados del país que fueron a la mina a trabajar y llevar sustento a sus hogares. Se conoció que dos de ellos eran hermanos oriundos de Monagas y desde hace dos años viajaban al sur de Bolívar.
«Nos informaron que casi todos son foráneos y no tienen la experiencia, porque los mineros locales saben que cuando está lloviendo hay minas que no pueden ser trabajadas (…)», indicó Colina.
La crisis económica y la falta de oportunidades laborales en Venezuela causó un aumento de la migración interna hacia la región minera en los últimos años, intensificado por el Covid-19 que potenció las crisis preexistentes, según el monitoreo del Observatorio de Ecología Política de Venezuela en el 2021. Según el dirigente Andrés Velásquez, no hay un registro de la cantidad de migrantes que llegan al sur del estado Bolívar.
Uno de los sobreviviente del suceso, César López, de 21 años, informó para El Pitazo que viajó e ingresó a las minas de El Callao a trabajar por la crítica situación económica que atraviesa su familia.
Acnudh describió en su informe que la mayoría de los mineros trabajan 12 o más horas sin ninguna protección, en condiciones peligrosas, y están expuestos a la contaminación por mercurio y a enfermedades, así como a la violencia por el control y las disputas entre los grupos armados y, en algunos casos, las fuerzas militares
Acorde al informe sobre esclavitud moderna y explotación laboral del Centro de DDHH de la Universidad católica Andrés Bello (Ucab), para los mineros la necesidad es superior a la queja y toleran las condiciones indignas ante la falta de ofertas laborales y la vulnerabilidad económica.
Balza indicó que para prevenir estas tragedias y proteger a la población minera, el estado debe garantizar un entorno seguro en los yacimientos; capacitar a los trabajadores en áreas relacionadas con protección civil, primeros auxilios, prevención y mitigación de riesgos; brindar los equipos de protección mínimos para la seguridad de los obreros y fiscalizar la zona de manera permanente.
