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“Bono no es salario”: Denuncian violación a derechos laborales de trabajadores
La ONG Provea dijo que millones de obreros y jubilados reciben «un salario mínimo y una pensión de hambre», pues no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos, para una familia de cinco personas

 

Luego de que Nicolás Maduro anunciara el aumentó a 100 dólares del «ingreso mínimo integral indexado» (IMII) de los empleados públicos, a través de bonos mensuales que no generan pasivos laborales, organizaciones no gubernamentales, gremios, sindicatos y opositores, denunciaron una violación a derechos laborales de los trabajadores.

El gobernante incrementó de 30 a 60 dólares una bonificación mensual que reciben los trabajadores públicos en bolívares al cambio oficial, con lo que se eleva de 70 a 100 dólares este ingreso, mientras que el salario mínimo, base para el cálculo de beneficios laborales como prestaciones y vacaciones, se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, que equivalen hoy a 3,6 dólares al mes.

Al respecto, el dirigente de la Coalición Sindical Carlos Salazar dijo a EFE que el salario «sigue estando por debajo de la mesa en el tema social y económico del Gobierno».

«Solo se dedican a sus planes políticos (…) Suben 20 dólares a un bono de guerra, sabiendo que ninguno de esos bonos son salarios», criticó.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó la medida y aseguró, en su cuenta en X (antes Twitter), que «no se trata de un aumento real», debido a que «el ajuste es sobre bonos», mientras que el sueldo mínimo, «que es la base de cálculo de otros beneficios de ley, se mantiene congelado».

Para este sindicato, esta «política de bonificación de los ingresos precariza las condiciones de empleo» y pone en riesgo la protección social.

Asimismo, la ONG Provea dijo que millones de obreros y jubilados reciben «un salario mínimo y una pensión de hambre», pues no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos, para una familia de cinco personas, cuyo precio supera los 500 dólares mensuales, según estimaciones independientes.

Por su parte, Henrique Capriles calificó como una burla este anuncio y aseveró que este bono «no soluciona el desastre económico» ni «la falta de poder adquisitivo a la que tienen sometidos a millones de venezolanos».

La dirigente sindical Ana Rosario Contreras aseguró que la bonificación de los ingresos de los trabajadores elimina las pensiones a jubilados y pensionados, las prestaciones sociales y las clausulas económicas contractuales, bono vacacional, bono nocturno porque no tienen incidencia Salarial. 

 

*Con información de Efe 

La dolarización de las remuneraciones sigue siendo insuficiente para los trabajadores venezolanos
. . El boletín señaló que la dolarización de las remuneraciones del sector privado, en septiembre de 2023 alcanzó a 88%
Según datos del OVF, la remuneración promedio para el mes de septiembre en el sector comercio y servicios del Área Metropolitana de Caracas, se ubicó en 202 dólares

El boletín económico y social del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), correspondiente al tercer trimestre de 2023, señaló que las remuneraciones en dólares siguen siendo insuficientes para los trabajadores venezolanos.

De acuerdo con el boletín, el régimen laboral de Venezuela se mantiene con una permanente dicotomía. El ente económico alterno explicó que por una parte está el esfuerzo del sector privado para mejorar las remuneraciones de sus empleados, pero por otra, la perdida del poder adquisitivo que experimentan los empleados y obreros de la administración pública. 

Según datos del OVF, la remuneración promedio para el mes de septiembre en el sector comercio y servicios del Área Metropolitana de Caracas, se ubicó en 202 dólares. Para cargos gerenciales el monto correspondía a 405 dólares, profesionales $267 y obreros $189; sin embargo, al comparar estos montos con el precio de la canasta alimentaria del mismo mes, valorada en US$ 369 mensuales. Solamente quienes ocupan cargos gerenciales pudieron adquirir los alimentos que conforman dicha canasta.

En el caso de la industria manufacturera, Conindustria informó que, en promedio, las remuneraciones mensuales fueron $840 para los gerentes, $347 para los profesionales y técnicos y $173 para los obreros.

El boletín señaló que la dolarización de las remuneraciones del sector privado, en septiembre de 2023, alcanzó a 88%, lo que implica que los gerentes, profesionales y los operarios y obreros recibieron el pago en dólares o en bolívares, equivalente a la tasa de cambio oficial.

Panorama distinto para empleados públicos 

El panorama para los pensionados y empleados públicos es totalmente distinto. Más de cinco millones de pensionados del IVSS perciben salario mínimo establecido por el gobierno, el cual actualmente es de Bs 130 (US$ 3,71 a octubre de 2023) y que no se ajusta desde marzo de 2022.

Algo similar sucede con los empleados públicos activos, donde los dos grandes empleadores, los entes de la educación y salud, se rigen por contrataciones colectivas que se firman con un importante rezago temporal, en las cuales ha tendido a prevalecer la política de bonificación salarial.

En el caso del sector militar y policial, los ajustes salariales suelen ser más frecuentes y los bonos mayores al resto de la administración pública.

Aunque no se conocen estadísticas publicas oficiales, para el promedio de los cargos la de los empleados públicos activos, la remuneración promedio-salario más bonos- no alcanzó al 25% del costo de la canasta alimentaria de octubre de 2023.

87 sindicalistas han sido detenidos por defender derechos en 10 años del gobierno de Maduro
En el 2022 se registraron 344 casos de amenazas contra trabajadores y dirigentes sindicales, que incluyeron actos de hostigamiento, persecución, amenazas de despido y encarcelamiento

 

La coordinadora de investigación de Provea, Lissette González, alertó el pasado 8 de noviembre, en el marco del 188 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que 87 sindicalistas han sido detenidos por defender sus derechos en Venezuela durante 10 años del gobierno de Nicolás Maduro. 

Durante su intervención, González indicó que en el 2022 se registraron 344 casos de amenazas contra trabajadores y dirigentes sindicales, que incluyeron actos de hostigamiento, persecución, amenazas de despido y encarcelamiento.

La coordinadora detalló que uno de los casos más representativos fue el de los seis líderes sindicales y luchadores sociales Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Emilio Negrín Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez,  que fueron detenidos arbitrariamente y sentenciados el pasado mes de agosto a 16 años de prisión.

«Este patrón de persecución a líderes sindicales se ha mantenido durante 2023, las protestas sindicales en Bolívar por los bajos salarios, los reiterados incumplimientos de los contratos colectivos han generado fuertes reacciones oficiales que buscan controlar estas manifestaciones», denunció González. 

La coordinadora de Provea agregó que luego de cinco días de protestas por la situación salarial, seis trabajadores de Sidor fueron detenidos, quienes fueron imputados por instigación al odio y “liberados” con medidas cautelares de presentación.

El 6 de junio, luego de seis días de protestas nuevamente en Sidor, fueron detenidos otros tres dirigentes sindicales que lideraban esa movilización, Leonardo Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera, este último liberado el 11 de junio, pero los primeros trasladados a Caracas y presentados ante un tribunal con competencia en terrorismo.

El 7 de julio también fue detenido Bladimir Josué Tremaria, dirigente del Frente De Trabajadores Socialistas del estado Bolívar, quien fue imputado por hurto de material estratégico, conspiración, asociación para delinquir y encubrimiento; posteriormente, el 1 de septiembre, su residencia fue allanada. Todos estos dirigentes sindicales permanecen actualmente detenidos.

Violación a la libertad de expresión  

Lissette González insistió en que todas las detenciones son una violación del derecho a la protestas, así como de la libertad de expresión y comunicación de los dirigentes sindicales.

Indicó que además le preocupa la suspensión unilateral por parte del gobierno de Venezuela de las sesiones del diálogo social, que estaban previstas para el pasado 5 y 6 de octubre.

«Este diálogo acompañado por la Organización Internacional del Trabajo, era el único canal institucional para que el movimiento sindical venezolano pudiera plantear sus demandas al Estado venezolano», finalizó.
ASI Venezuela exige al gobierno que anuncie aumento de salario mínimo vital
La entidad gremial en un comunicado oficial señaló que “la clase trabajadora se encuentra en una situación de crisis muy compleja, ante la pulverización del salario»

 

La directiva de la Central de Trabajadores ASI Venezuela exige al Ejecutivo Nacional el aumento de los sueldos y salarios que ha sido postergado sistemáticamente y que permita la eliminación de la brecha entre el salario mínimo vital y el poder adquisitivo del mismo.

“Los trabajadores venezolanos, no queremos ser catalogados más como trabajadores pobres, ni mendigos o indigentes; no queremos seguir subsidiando al patronal gobierno; ni seguir migrando forzosamente por necesidad de mejorar condiciones laborales; ni seguir pagando los platos rotos del extremismo político”, expresó la Central ASI.

La entidad gremial, en un comunicado oficial ,señaló que “la clase trabajadora se encuentra en una situación de crisis muy compleja, ante la pulverización del salario, la brecha inalcanzable del poder adquisitivo, la desaparición de todos los beneficios adquiridos en los contratos colectivos, la eliminación de las pólizas de seguro, el colapso de los servicios públicos y la crisis del suministro de la gasolina».

La Central de Trabajadores ASI Venezuela, consideró necesario y urgente, exigirle al Gobierno Nacional, lo siguiente:

Que se anuncie el aumento del salario mínimo vital, vía decreto presidencial en consenso con los actores del Foro de Diálogo Social.

ASI Venezuela pide que el aumento salarial sea de manera lineal sobre las tablas salariales del sistema de remuneración de la administración pública nacional, estadal y municipal; sobre las tablas previstas en los contratos colectivos y en las actas convenio.

Una vez se decrete el aumento de salario mínimo vital, ASI Venezuela exige que se inicie la discusión de las contrataciones colectivas pendientes, fundamentalmente las primas económicas que fueron desmejoradas con la aplicación del Memorando 2792.

Tambié,n solicitaron se siga pagando los complementos del salario mínimo como son: la cesta ticket socialista, fluctuante al BCV de 40 US$ para el sector público y privado; el bono de guerra económica de 30 US$ para trabajadores activos, y de 49 US$ para los jubilados y se iguale este bono, en un acto de justicia social.

Que se apruebe y anuncie el método de consulta para la fijación del salario, resultado del consenso tripartito, durante 13 sesiones del Foro de Diálogo Social, y se instale el proceso excepcional de manera urgente, para debatir y acordar la propuesta salarial.

Finalmente, la directiva de la central ASI Venezuela también pide al ejecutivo nacional que se liberen a los dirigentes sindicales y gremiales detenidos y procesados. Además que se designe en acuerdo con el Gobierno un experto OIT permanente en Venezuela, para que apoye el seguimiento al diálogo social, tal como se acordó ante el Consejo de Administración OIT N°347, en el mes de marzo.

Provea: 21 trabajadores de Sidor han sido detenidos en seis meses de 2023
A través de su cuenta en Twitter, Provea también denunció que otros 3512 trabajadores han sido víctimas de amenazas y hostigamiento a menos de funcionarios del Estado

 

Este miércoles, 14 de junio, La ONG Provea denunció que 21 trabajadores de la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor) han sido detenidos en seis meses de 2023. 

El coordinador de Exigibilidad Legal de Provea y activista por los derechos humanos, Marino Alvarado, precisó que en el mes de enero fueron detenidos 19 trabajadores de la empresa, quienes tienen régimen de presentación en tribunales, mientras que el pasado domingo fueron detenidos otros tres por exigir sus derechos.

«Esto es parte de una política de Estado contra el movimiento sindical. En década y media, aproximadamente 300 trabajadores han sido sometidos a procesos judiciales y régimen de presentación abusivos que sobrepasan los 8 años», aseveró Alvarado. 

A través de su cuenta en Twitter, Provea también denunció que otros 3512 trabajadores han sido víctimas de amenazas y hostigamiento a manos de funcionarios del Estado. 

El pasado martes, 13 de junio, después de que la Planta de Pellas de Sidor durara seis días paralizada por una huelga que mantenían sus trabajadores, empleados informaron que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana los amedrentaron, intimidaron y bajo amenazas hicieron arrancar la planta. Además, se llevaron detenidos a 14 hombres.

Trabajadores, jubilados y dirigentes sindicales de las empresas básicas marcharon la mañana del miércoles 14 de junio hasta el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, para exigir la libertad plena de los sidoristas detenidos y el cese de medidas judiciales emprendidas por el tribunal laboral contra los obreros.

Trabajadores públicos tomaron las instalaciones de la Opsu para reclamar mejoras salariales

Foto: Emma Salazar 

 

«Y no, y no, y no nos quitarán el derecho a protestar», era otra de las consignas de los trabajadores del sector público

 

Este jueves, 1 de junio, trabajadores públicos ingresaron de manera forzada a la sede de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), en Caracas, para denunciar que el Instructivo Onapre les sigue descontando una parte de su salario. 

«Onapre, ladrona, nos robaste sin pistola», coreaban los empleados y sindicalistas, quienes rechazaban la eliminación del pago del cestaticket a los cargos accidentales, académicos, asistenciales y docentes.

Los trabajadores advirtieron que no se van a retirar de la sede de la Opsu hasta no recibir una respuesta por parte de las autoridades. «Aquí estamos trabajadores serios y los seguiremos enfrentando», dijo Deyanira Romero, trabajadora en la Universidad Central de Venezuela. 

«Y no, y no, y no nos quitarán el derecho a protestar», era otra de las consignas de los trabajadores del sector público cuando a las 11:30 a.m. llegó la Brigada Antimotín de la Policía Nacional Bolivariana a la sede de la Opsu.

“El gobierno decretó la muerte del salario”: Trabajadores de la UCV protestaron contra anuncios de Maduro
Trabajadores de la UCV planean actividades que van desde movilizaciones hasta paro general de actividades

 

Este martes, 2 de mayo, trabajadores, obreros y profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) obstaculizaron el paso por la Puerta Tamanaco de esa casa de estudios con el fin de rechazar el anuncio del Ejecutivo de incrementar los bonos de alimentación y de guerra económica, sin tocar el ingreso de 130 bolívares mensuales.

«Ayer fue la muerte del salario mínimo», exclamó Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (Sinatra – UCV) respecto a los más recientes anuncios de Maduro y agregó que no tienen expectativa alguna con la actual administración.

Destacó que continuarán en la calle porque los trabajadores «no están pidiendo limosna», sino que exigen un derecho. Alertó que el salario no fue tocado «para que desapareciera».

«Ayer modificaron el concepto del salario como parte de la maquila que están dando. El gobierno determinó 40 dólares para el cestaticket que no reciben los trabajadores jubilados», dijo Sánchez.

Por ello, convocaron para el jueves 4 de mayo en la UCV a todos los dirigentes sindicales para acordar una agenda unitaria, que tendrán inicio a partir del lunes y que incluyen desde movilizaciones hasta paro general de actividades.

 

 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, José Gregorio Afonso, considera que lo ocurrido en la víspera «atenta contra el valor del trabajo» y por eso, cuando se le quita valor, se desestima la posibilidad de crecer y que los jóvenes tengan un futuro en el país.

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Central ASI propone ingreso de emergencia de $50 por un año para trabajadores, jubilados y pensionados
La presidenta de ASI Venezuela, Leida Marcela León, indicó que tienen varias propuestas para la fijación del salario mínimo vital

 

La Central de Trabajadores ASI Venezuela propuso un ingreso de emergencia de $50 por un año para trabajadores, jubilados y pensionados. 

A través de una nota de prensa, la presidenta de ASI Venezuela, Leida Marcela León, indicó que tienen varias propuestas para la fijación del salario mínimo vital, pero también para la fijación de complementos, compensaciones, subsidios o subvenciones.

Aclaró que el ingreso de emergencia y el salario mínimo vital son dos conceptos totalmente distintos. 

«El salario mínimo vital tiene y debe tener un método de cálculo y el ingreso de emergencia se puede lograr con otro tipo de recursos extraordinarios”, explicó. 

“Reiteramos que una de nuestras propuestas es la creación de un ingreso de emergencia, como complemento del salario mínimo, de 50 dólares mensuales durante un año para trabajadores activos, jubilados y pensionados con recursos que, se plantea, se pueden obtener de fondos congelados en el exterior debido a las sanciones», dijo León.

Sobre las fuentes de financiamiento para el salario mínimo y el ingreso de emergencia, León explicó que los recursos se pueden conseguir de distintas formas. 

«Un porcentaje de los Ingresos petroleros, del impuesto a las grandes transacciones financieras IGTF; del oro, el coltán y otros minerales; un punto del impuesto al débito bancario, del IVA, pero también de los dividendos de CITGO, del aumento del precio de la gasolina, de las regalías de las actividades estratégicas con los Iraníes, Rusos, Chinos, etc., con quienes se negocia, de acuerdo a la Ley de Contrataciones públicas”, indicó.

La abogada finalizó resaltando que no habrá salario que resista si no se logra un control de la tasa de cambio, de la inflación y una política económica integral.