La Misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU denunció que la impunidad por actos de tortura en Venezuela » es una constante»
En su más reciente informe, la Misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU menciona que dos funcionarios señalados como torturadores fueron presentados por la Fiscalía como testigos contra las víctimas
Los actos de tortura, según la Misión de ONU, se usan en Venezuela para «castigar» a la disidencia y «obligar a los detenidos a firmar declaraciones falsas, o para extraerles confesiones fabricadas o informaciones inculpatorias»
Una víctima torturada en El Helicoide comentó a la Misión de la ONU que la fiscal asignada a su caso desestimó sus denuncias de tortura: «‘Tú no fuiste torturado’ ‘aquí no usamos la palabra tortura'», le decían
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela concluyó que en el país la impunidad por los actos de tortura y malos tratos sufridos por las personas privadas de libertad por motivos políticos «es una constante» y que incluso algunos funcionarios señalados como torturadores son usados como testigos de la Fiscalía.
Estas conclusiones figuran en el informe «El aparato estatal, sus mecanismos de represión y las restricciones al espacio cívico y democrático» presentado este 20 de septiembre de 2023, en donde el grupo independiente de la ONU denuncia la «falta de respuesta de las autoridades venezolanas ante las denuncias o indicios fundados de tortura».
En las investigaciones entre el período 2020-2023, destacan, los funcionarios del Estado venezolano continuaron haciendo uso de la tortura «como parte de la política estatal para silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno, particularmente en el marco de la represión selectiva contra líderes sociales y políticos, así como contra militares presuntamente implicados en presuntas operaciones para derrocar o desestabilizar al Gobierno».
Jueces ignoran las denuncias
La Misión hace énfasis en la falta de respuesta de jueces y juezas a las denuncias de tortura. Además denuncian que, en al menos dos casos, además, la Fiscalía presentó como testigos a los mismos torturadores.
«Una fuente entrevistada por la Misión explicó que, cuando las personas detenidas que han sido víctimas de tortura son presentadas por primera vez ante un juez, suelen abstenerse de denunciar los abusos, debido a que quienes las conducen a las audiencias son los mismos funcionarios que las torturaron. En al menos dos casos documentados por la Misión, los testigos presentados por la Fiscalía fueron los mismos responsables de las torturas. Por otra parte, cuando concluyen las audiencias, las personas detenidas son conducidas de vuelta al centro de detención donde sufrieron las torturas, lo que también suele inhibir las denuncias», explican.
Otra irregularidad que encontraron es que los jueces y juezas se niegan a entregar, a los abogados de las víctimas o familiares, las actas de audiencia preliminar o la sustanciación del juicio oral en las que los procesados denuncian las torturas, esto con el fin de «evitar que las declaraciones salgan a la luz pública, particularmente en los casos ante los tribunales de terrorismo2.
«Estos hechos son consistentes con el uso de la tortura por parte de las autoridades estatales para generar y perpetuar un clima de miedo en la sociedad civil venezolana o mostrando las posibles consecuencias de disentir. Algunas personas entrevistadas por la Misión comentaron que incluso un pequeño número de casos simbólicos sirven para aterrorizar a toda la sociedad, como en las salas de tortura de El Helicoide y la “Casa de los Sueños” en Boleíta, cuya existencia es ampliamente conocida», advierte la Misión.
28 de casos de tortura o malos tratos
En el texto especificaron que para el periodo que comprende el más reciente informe, investigaron los casos de 28 personas (22 hombres y 6 mujeres incluyendo una mujer transgénero) víctimas de tortura o de malos tratos contra personas opositoras o percibidas como tales.
Al igual que como documentaron en informes anteriores, estas torturas y malos tratos se produjeron «en combinación con otras violaciones de derechos humanos».
Las víctimas de tortura según el informe son personas opositoras al gobierno, «reales o percibidas», incluyendo personas defensoras de los derechos humanos y activistas de ONG, políticos, sindicalistas, periodistas, familiares de personas opositoras, entre otros.
Formas de tortura en Venezuela
La Misión documentó, en el período estudiado, las siguientes prácticas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes:
- Golpes (sobre todo en la cabeza, costillas, glúteos, testículos, piernas, y dedos de las manos y pies)
- Suspensión de las muñecas o tobillos
- Asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida
- Ingestión de bebidas con estupefacientes
- Exposición toda una noche al aire acondicionado a baja temperatura con el cuerpo desnudo recibiendo constantemente golpes y baños de agua fría
- Descargas eléctricas en los testículos
- Quemaduras de cigarrillo
- Quemaduras químicas en la cara
- Inhalación de gases lacrimógenos
- Privación del sueño, luz constante las 24 horas del día y música a todo volumen
- Reclusión en régimen de aislamiento prolongado o en celdas de castigo
- Violación, amenaza de violación, y otros actos contra la integridad sexual
Estos patrones, indican, son coherentes con los documentados en informes anteriores y fueron infligidos «por funcionarios del Sebin, de la DGIM y de otros cuerpos de seguridad».
Además de las torturas físicas, los privados de libertad por razones políticas en Venezuela son víctimas de «tortura psicológica», tales como «amenazas a las personas detenidas con hacer daño a sus familias o la imposición de peores condiciones de detención (por ejemplo, amenazas de traslado a centros de detención con presos comunes, amenazas de largos periodos de detención, o amenazas de tortura o violación)».
Torturas para forzar declaraciones falsas y confesiones fabricadas
El propósito de las torturas por cuerpos de seguridad en Venezuela, según denuncia la misión independiente de la ONU, es «castigar a las personas detenidas por sus actividades sindicales o de defensa de los derechos humanos, por denunciar actos de corrupción, por su militancia política de oposición, o por ser sindicados de cometer actos delictivos contra el gobierno o sus autoridades»
Reseñan que a varias de las víctimas se les mencionaron expresamente estas razones en el momento de sufrir los castigos.
Peo también, los actos de tortura y malos tratos en el país se aplican «con el fin de obligar a las personas detenidas a firmar declaraciones falsas y extraerles confesiones fabricadas o informaciones inculpatorias respecto de otras personas. Para ilustrar lo anterior, señalan casos concretos:
«En un caso, se obligó a un detenido a ingerir estupefacientes antes de extraerle una supuesta confesión. En varias oportunidades las confesiones fueron grabadas por los agentes de seguridad y difundidas posteriormente en medios y redes sociales con el fin de demostrar la culpabilidad de las personas detenidas», se argumenta.
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