Dos mil 732 arrestos políticos se produjeron durante 2016 según el reporte hecho por el Foro Penal Venezolano. La investigación que abarca todo el año pasado arroja que la represión y particularmente la encarcelación de disidentes sigue siendo usada como política de Estado en Venezuela.
El informe señala que las causas de aprehensión van desde haber participado en las marchas: Toma de Venezuela y Toma de Caracas hasta escribir un tuit en contra de la administración de Nicolás Maduro.
En el documento se reproduce un extracto del pronunciamiento de Amnistía Internacional en torno a la situación de Venezuela. «Las más recientes detenciones de líderes y miembros de partidos de oposición apuntan a un patrón sistemático de abusos contra quienes se atrevan a expresar su opinión contraria al gobierno».
Desde el arribo de Nicolás Maduro a la presidencia se han incrementado los casos de detenciones por causas políticas. En 2013 se registraron 13 presos de conciencia, cifra que se elevó exponencialmente a 310 en 2014, luego de los sucesos de febrero que provocaron la muerte de más de cuarenta personas.
Desde 2013 a finales de 2016 se han contado 429 presos políticos, de los cuales 106 a finales del año pasado seguían tras las rejas o bajo algún tipo de régimen de presentación.
Puerta giratoria
Desde 2014, el Foro Penal Venezolano ha calificado la política represiva del Estado venezolano como una puerta giratoria, porque mientras por un lado anuncian la liberación de algunos presos, como es el caso del ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales y otros seis detenidos el pasado 31 de diciembre, por otro apresa a otros, tal y como lo hizo con el diputado de la Asamblea Nacional, Gilbert Caro, así como otros activistas de Primero Justicia.
Por otro lado, el Foro Penal informó que el llamado «diálogo» entre gobierno y oposición poco ayudó a enfriar los tentáculos de la persecución política, durante ese período de conversaciones con mediación de la iglesia y ex presidentes iberoamericanos se registraron 2 mil 484 arrestos políticos.
También expusieron que hay varias categorías de presos políticos, la primera de aquellos líderes de partidos que son considerados una amenaza electoral por parte del gobierno, la segunda de los que pertenecen a grupos sociales que quieren ser intimidados como estudiantes, jueces, militares y defensores de los derechos humanos y una tercera que tiene que ver con ciudadanos que son empleados para justificar una acción o estrategia del gobierno como el caso Credicard y su supuesto sabotaje a las operaciones financieras electrónicas.
La ONG igualmente denunció que en 2016, 26 presos políticos padecieron enfermedades de difícil tratamiento en la cárcel, señalan como ejemplo a Efraín Ortega, quien ha padecido doce trombosis.
Asimismo hicieron hincapié en la omisión que hace el Sebin a las boletas de excarcelación. Al menos 17 personas se encuentras privadas de libertad en la sede de la policía política del gobierno, pese a haber recibido el documento del Ministerio Público para salir de prisión.
El informe concluye que con la creación del Comando Nacional Antigolpe encabezado por el recién designado Vicepresidente de la República, Tarek El Aissami es probable que la situación pueda incluso empeorarse en 2017.
A continuación el informe completo del Foro Penal Venezolano.
El miércoles 26 salimos a marchar acompañando a personas y líderes de los sectores populares del Municipio Libertador, partiendo desde la plaza O’higgins, en Caracas. La convocatoria fue sin duda menor a la del 1° de septiembre pero logró reunir a un grupo numeroso de gente. Era considerable la cantidad de piquetes de la Guardia Nacional colocados a lo largo de la ruta y logramos sortearlos consiguiendo alternativas que nos permitieron alcanzar la autopista. Pudimos atravesar de forma no violenta un último piquete de la Guardia Nacional y continuar nuestra marcha hacia el punto de concentración en La Carlota. Nuestra experiencia difirió de otras ciudades del país, donde la represión por fuerzas del orden público y el ataque de grupos afectos al gobierno resultó en un gran número de manifestantes heridos y apresados arbitrariamente. Formas de represión violenta y persecución política promovidas desde el Estado que no pudieron contener el caudal de personas que a nivel nacional salieron a expresar su descontento y hartazgo ante el actual gobierno, la situación del país y la confiscación de las vías democráticas de participación.
La diversidad y número de los que marchábamos testimoniaba el gran rechazo que el gobierno de Nicolás Maduro ha logrado generar en el país. Un descontento que creemos ha llegado a un punto álgido al anularse el Referendo Revocatorio. El momento es de gran tensión y descontento, en el que existe la exigencia de resoluciones inmediatas, ante una situación que, sobre todo en los ámbitos de la crisis alimentaria y médica, es insostenible para amplios sectores de la población. Ante esto el gobierno se ha atrincherado en el poder y apelado al uso indiscriminado y sectario de entes del Estado, la instrumentalización de la violencia y el bloqueo de los mecanismos democráticos.
La salida a la calle de los venezolanos se ha convertido en la única herramienta de resistencia, presión y exigencia para lograr enfrentar al régimen y generar cambios en la situación.
Este nuevo escenario implica una serie de retos tanto para las personas como para su liderazgo. Como lo hemos dicho con anterioridad para la MUD implica la apertura inmediata a diferentes sectores más allá de lo político, para la construcción de una agenda real, con capacidad de representar los intereses de los diversos sectores nacionales. Actualmente no solo existe la necesidad de recuperar unas mínimas coordenadas democráticas (cronogramas electorales, independencia de los poderes, cese a la persecución y hostigamiento políticos, por ejemplo), sino también un cambio radical del gobierno y sus políticas frente a la crisis, la atención inmediata de las emergencias alimentarias y médicas nacionales, así como la creación de un marco de convivencia que permita las condiciones para la gobernabilidad del país.
Para la gente marca el comienzo de un nuevo tipo de participación política más crítica, y diferente a la de los eventos electorales. Ahora es prioritaria la búsqueda de alianzas, el establecimiento de redes y la organización en grupos que permitan integrar los diversos sectores que buscan el cambio de gobierno. También implica el asumir un proceso de transformación de la realidad donde no existen soluciones inmediatas y únicas y que exigirá el esfuerzo, la templanza, el sentido común y la conciencia de todos.
Como lo hemos visto en nuestro trabajo diario, el ejemplo de las comunidades populares en la solución de problemas es revelador y apropiado para el momento que atravesamos. Allí se apela a formas convivenciales y solidarias, donde la organización de las personas y la creación y puesta en práctica de iniciativas logran resultados exitosos frente a problemas tan graves como la violencia criminal. Casos como los de Catuche nos muestran historias de personas inmersas en contextos adversos, frente a grupos empoderados por la violencia. A través del encuentro entre la misma comunidad y la asistencia de otros sectores sociales (en este caso particular la Iglesia y las universidades), implementan acciones concertadas y novedosas que logran transformaciones que superan los resultados de las acciones policiales y estatales.
La realidad dictatorial del gobierno y el recrudecimiento de la crisis ha terminado por llevarnos a la calle, para exigir cambios y transformaciones. Y es desde de la calle, donde todos nos estamos encontrando, de donde debe salir la maneras y la fuerza para lograrlo.
Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, informó este domingo, a través de Twitter, que el número de presos políticos ascendió a 114.
La cifra aumentó luego de que ese mismo día privaran de libertad a 13 jóvenes en Aragua, por participar en una protesta, posterior a la Toma de Venezuela.
“Hoy sube a 114 el número de presos políticos. Quedaron privados 13 en Aragua de los detenidos por la Toma de Venezuela”, indicó Romero.
Los detenidos fueron identificados como Armenak Granado, Carlos Fierro, Eduard J. Reyes, Eliel Jusuel Rangel, Francisco Castaño Correa, Geralexys de Jesús Vargas, Jorge Daniel Baez Rodriguez, José A Miranda, José Javier Morales, Joster A. Flores Bruzco, María Francia Graterol Graterol, Michael Anthony Mardo Yatim y Yermania Nazareth Perdomo Molina. Los privados de libertad permanecerán recluidos en la cárcel 26 de Julio del estado Guárico.
#30oct: HOY Sube a 114 el número de presos políticos. Quedaron privados 13 en Aragua de los detenidos por #TomadeVenezuela
A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad el comisionado de la Policía del municipio San Francisco (Polisur) del estado Zulia, Danilo José Vílchez, por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles 26 de octubre, durante la manifestación opositora conocida como la «Toma de Venezuela», en la Circunvalación 1 a la altura del distribuidor vía Perijá, donde 4 personas resultaron heridas.
Al funcionario le imputaron los delitos de homicidio calificado con alevosía en grado de frustración en detrimento de dos jóvenes (19 y 21), lesiones en perjuicio de dos hombres (20 y 56) y uso indebido de arma orgánica.
Vílchez será recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Maracaibo.
Según información preliminar, en horas de la tarde del citado día, se desarrollaba una manifestación en la ruta hacia el puente sobre el Lago de Maracaibo, específicamente en el distribuidor vía Perijá, cuando se registraron varios hechos de violencia en los que cuatro personas resultaron lesionadas con objetos contundentes y armas de fuego.
Como parte de las diligencias de investigación ordenadas por el fiscal 76º nacional, se pudo conocer que Vílchez era el jefe de una comisión de funcionarios de la citada policía municipal que se encontraba en el lugar de los sucesos.
Por tal motivo, el comisionado fue aprehendido por efectivos de la policía científica y puesto a la orden del Ministerio Público.
Expertos señalan que desde el gobierno se ha dado el visto bueno a los grupos armados para que actúen a su antojo, incluso con un velo de la legalidad. Mientras, las autoridades policiales temen detenerlos o sancionarlos porque piensan que pueden salir perdiendo
@loremelendez
EN CARACAS, LA TOMA DE VENEZUELA transcurrió sin sobresaltos. No hubo guardias nacionales que frenaran el paso de los manifestantes, no hubo escudos policiales ni lacrimógenas que los dispersaran, no hubo grupos de civiles armados que intimidaran, dispararan o lanzaran piedras a quienes protestaban. Pero en 15 estados del país, el escenario fue exactamente el contrario. En la jornada se contabilizaron 177 detenidos y 86 heridos en unos disturbios marcados por la violencia y por unos actores principales ya conocidos: los miembros de los colectivos.
Las redes sociales sirvieron, como otras tantas veces, para difundir lo que se vivió en el interior. En Aragua, una mujer fue rodeada por policías que la golpearon con puños y patadas. En Mérida, pistoleros persiguieron a los marchistas mientras los apuntaban. En ese mismo estado, los estudiantes de la Universidad de los Andes recibieron perdigonazos mientras reclamaban. En Zulia, otro grupo armado que portaba banderas rojas emboscó a quienes pasaban por debajo de un puente en la población de San Francisco. Episodios similares se repitieron en Miranda, Nueva Esparta, Aragua, Monagas, Guárico, Sucre, Portuguesa, Lara, Barinas, Apure y Táchira.
Lea también: [Infografía] 177 detenidos y 86 heridos durante la Toma de VenezuelaLos hechos y la impunidad de las actuaciones llevan a preguntarse si varias de las entidades citadas son territorios en donde se ha instaurado un “paraestado”. No es la primera vez que ocurre y los causantes de la violencia siempre son los mismos. Pasó en Mérida en julio pasado, cuando un grupo de afectos al oficialismo, que trancó la avenida Tulio Febres Cordero para reclamar la presencia de Lilian Tintori en la zona, interceptó a 5 jóvenes seminaristas para desnudarlos, golpearlos y quitarles toda la ropa. Pasó también en la Asamblea Nacional el domingo pasado, cuando al menos 200 personas ingresaron a la fuerza al Capitolio, donde se llevaba a cabo una sesión especial para acordar acciones que restablecieran el hilo constitucional. Entre la multitud se identificó a varios miembros de colectivos del oeste de Caracas.
Para Inti Rodríguez, coordinador de Investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), los sucesos del miércoles repitieron un patrón represivo que ya se vio durante las numerosas protestas antigobierno que ocurrieron entre febrero y mayo de 2014. En aquellos meses, los «actores paraestatales” ejecutaron labores de control de manifestaciones que, de acuerdo a la ley, sólo le corresponden a los cuerpos policiales y a la Guardia Nacional. Además, se encargaron de dirigir allanamientos de residencias y encabezar detenciones arbitrarias. La ONG a la que pertenece Rodríguez contabilizó más de 400 protestas hostigadas y atacadas por estos grupos.
Todo esto fue posible, de acuerdo con el investigador, porque los colectivos actuaron –y siguen actuando– en complicidad con los agentes de la fuerza pública. Desde 2014 gozan de más apoyo oficial porque el Estado comenzó a cubrir sus ataques con un barniz de legalidad que los erigió como «figuras del poder popular». Así, se creó la «Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV)», con el fin de «neutralizar y controlar» todo aquello que puedan hacer los conglomerados que sean considerados como violentos. En esa misma línea se armaron las milicias bolivarianas estudiantiles, obreras o campesinas, definidas como el «instrumento armado del pueblo», y se abrió el Sistema de Protección para la Paz (SP3), que integra a los llamados «patriotas cooperantes», encargados de denunciar cualquier «amenaza interna o externa» ante el gobierno.
A pesar de esta suerte de protección legal, continuó el miembro de Provea, las acciones de los colectivos siempre han estado al margen de la Constitución. El control de las manifestaciones y del delito (se ha confirmado que estos grupos han estado involucrados en las Operaciones de Liberación del Pueblo, OLP) es responsabilidad del Estado y no se puede dejar en manos de terceros. Nada los exime de sus crímenes, ni siquiera el hecho de que vean a los marchistas como «enemigos internos o externos» del régimen que están detrás de una conspiración o de un golpe de Estado. Ese, según Rodríguez, «ha sido el discurso oficial que ha alentado a estas agrupaciones a cometer sus abusos».
Junto a los colectivos actuaron también las policías regionales, quienes se encargaron de reprimir los focos de protesta que quedaron después de las manifestaciones. Para Rodríguez, estos cuerpos aplicaron el uso indiscriminado de la fuerza. «En el país, el deber del Estado es permitir las manifestaciones, abstenerse de reprimir y garantizar la seguridad. Pero aquí se hace lo contrario y es lo que se ha impulsado desde las protestas de abril de 2013, que resultaron ser un ensayo de lo que pasó en 2014», añadió.
Roberto Briceño León, director de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, explicó a Runrun.es que hay una característica adicional de los colectivos que les ha permitido actuar con total impunidad: estos grupos “paramilitares”, de acuerdo con datos recabados por su organización, están conformados por civiles, pero también por miembros de cuerpos policiales del Estado que reciben el beneplácito de los jefes de los uniformados y de otras autoridades.
“Las acciones de los colectivos pretenden mostrarse como si provinieran de grupos privados, pero son públicas y el gobierno tiene una responsabilidad sobre lo que ellos hacen”, indicó Briceño, al tiempo que detalló que desde el Ejecutivo se quiere disimular y ocultar la represión al derecho a la protesta por medio de estos ataques.
“Pareciera que la inacción de los cuerpos policiales ocurre porque los funcionarios se sienten sin autoridad, ni fuerza, ni peso frente a estos grupos, porque saben que ellos tienen poder político y también tiene el apoyo de sus jefes. En las entrevistas que hemos hecho, los policías nos han dicho que no los detienen ni los contienen porque podrán salir perdiendo”, dijo.
Briceño señaló que, aunque los colectivos están presentes en todo el país, sus actuaciones no son iguales en todos los estados porque dependen del nivel de control que sobre ellos ejerza la dirigencia política, o de la autonomía con la que se muevan en su territorio. Eso explica por qué el pasado miércoles, sus ataques fueron más evidentes en estados como Mérida, Zulia, Táchira y Aragua, donde de acuerdo con las denuncias de los usuarios de las redes sociales, contaban con el apoyo de los gobernadores de esas entidades: Alexis Ramírez, Francisco Arias Cárdenas, Adán José Gregorio Vielma Mora y Tareck El Aissami, respectivamente.
“Cuando uno ve estas cosas y ve fotos como las del miércoles, uno se pregunta qué quería decir (el expresidente Hugo) Chávez cuando decía que la suya era una revolución pacífica pero armada, si se refería con esa frase al Ejército o si estaba hablando de los colectivos paramilitares que él mismo estaba conformando”, sentenció Briceño.
Desde este puente en San Francisco le dispararon a los manifestantes ,hay varios heridos de balas fascistas en accion pic.twitter.com/9USf7HD4zO — Julio Montoya Medero (@juliocmontoya) 26 de octubre de 2016
Un plan de la derecha
Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial sobre los sucesos del miércoles pasado, un miembro de un colectivo caraqueño comentó lo ocurrido y advirtió que la intención de vincular a los grupos oficialistas con estos últimos ataques podría provenir de la misma oposición.
Para uno de los líderes del Frente de Defensa Juan Montoya, que se autodenomina como el “comandante Murachí”, “la derecha” siempre ha querido satanizar a los colectivos y por eso desde allí se ha creado una matriz de opinión en la que se señala como culpables de las agresiones sufridas por los manifestantes a estas agrupaciones chavistas armadas.
¿Quiénes, entonces, cometieron estos ataques? Según Murachí, se trata de los “grupos paramilitares” que controlan las “zonas de paz” – creadas por el gobierno– que hoy son aliadas de la oposición, “el imperio y los paramilitares comandados por Álvaro Uribe”.
“Los colectivos siempre hemos estado distantes de estos hechos. Antes sí había grupos de choque como los Círculos Bolivarianos, pero nosotros ya superamos esa etapa porque hoy tenemos conciencia ideológica y no vamos a caer en ese juego”, alertó.
Murachí es de los que propone una tercera vía para salir de la crisis. Rechazó que se frenara el referendo revocatorio y que se “violentara la Constitución” y que se “secuestraran” los Poderes Públicos. “Nosotros estamos en desacuerdo con Maduro porque ellos pulverizaron el legado del Presidente Chávez. Tampoco creemos en el diálogo porque no tienen propuestas ni planes económicos para salir de esta crisis”, agregó.
“Los colectivos vamos por la tercera vía. Aquí había que hacer un referendo, medirse y ver qué venía. Mira todo lo que se ha generado ahora. Lo que pasó en miércoles no es nada para lo que viene, esto va a ser una lucha bélica”, concluyó.
Una de las líneas que definió la Mesa de la Unidad Democrática después de la “Toma de Venezuela” fue ir a un paro general este viernes 28 de octubre por un lapso de 12 horas.
En un comunicado denominado “En Venezuela está en juego la democracia y el estado de derecho”, la mayor filial de empresas venezolanas pide a los poderes públicos y a las instituciones del Estado a retomar el hilo constitucional.
“El Estado debe entender que mantener y agudizar la crisis política e institucional, solo agrava la calidad de vida de los venezolanos. El país se pierde en una agenda política e ideológica y parece olvidar el hambre, las penurias y las necesidades de un pueblo que requieren soluciones; soluciones que solo son posibles con un cambio de modelo económico que garantice la Venezuela de progreso y bienestar que todos queremos”, reza el comunicado emitido desde Fedecámaras.
Adicionalmente, aseguran que respetan la decisión de cada empresa, junto a sus trabajadores, de sumarse o no a la huelga general del viernes convocada por la MUD.
El llamado de la MUD a un testarudo y nervioso gobierno militar-cívico significa darle tiempo hasta el 3 de noviembre para que rectifique y contraordene a las 4 vestales del CNE recibir las firmas y llamar al referendo revocatorio este 2016. Bien le decía el M/G (r) Miguel Rodríguez Torres a César Miguel en @Circuito Éxitos que al suspender “temporalmente” el referéndum revocatorio, se cierra una alternativa democrática para que los ciudadanos se expresen. “Cerrar las puertas a la democracia es abrirlas a la violencia. Por ello, el referéndum es una alternativa. Esta fue impulsada por Hugo Chávez en su momento, quien además tuvo la madurez para realizarlo” fueron sus palabras.
La demostración nacional de ayer fue solo una muestra de lo que puede ser una movilización mayor si no le ponen trabas, trampas y zancadillas por parte del régimen de Maduro como ayer fueron la colocación de camiones en los túneles, alcabalas en las vías de acceso a Caracas para que no entraran vehículos, suspensión de venta de gasolina en ciudades del interior y despliegue de colectivos violentos -con el ejemplo de los dirigidos por Jorge Rodríguez en el asalto a la Asamblea- en Mérida, Bolívar, Vargas, Sucre, Barinas, Zulia, Falcón, Táchira y Nueva Esparta. Sugiero que la MUD haga un inventario completo y se lo entregue al Nuncio Papal Emil Paul Tscherrig y a los “alineados” expresidentes “apadrinados” por Unasur y el cuestionado Samper. Por cierto que en la entrevista radial Rodríguez Torres desmitificó la actuación del general Padrino el 6D. “No hizo nada extraordinario. El pueblo ya había hablado”. Hay que decir que la declaración del ministro no fue afortunada al mostrarse en pie de guerra y hablando de no ser política la FAN¿B? con el retrato de Chávez y del falso Bolívar zambo repitiendo la consigna del PSUV. Insólito…
LOS TEMORES:
Maduro anunció la creación de un “corredor especial cívico-militar en la autopista Caracas-La Guaira con el fin de proteger al pueblo de las bandas paramilitarizadas (sic) que azotan la zona”. Si bien es cierto que esa es una razón válida también por detrás está el temor de que la gente, el mismo pueblo, tome ese corredor para impedirle subir a Caracas en uno de sus viajes…
A las 2:00 de la tarde, cuando la Toma de Venezuela estaba por terminar, Samuel Ramírez cruzaba la autopista Francisco Fajardo de Caracas de sur a norte, a la altura de La Carlota. Zigzagueaba entre la gente y se metía en cuanto veía un pequeño espacio entre la multitud. No iba a bordo de una moto. Andaba a pie y mientras pisaba el asfalto dañado y las manchas de aceite de la vía, comandaba una fila india de siete personas, los mismos vecinos de Petare que lo habían acompañado desde las 8:00 de la mañana cuando salió de su casa en Campo Rico. En ese grupo que ya estaba de salida, unos se sentían frustrados por no haber ido a Miraflores. Otros, en cambio, estuvieron a favor de que las cosas se hicieran con calma y sin riesgos.
“Yo pienso que si íbamos hoy, nos iban a hacer trampa, nos iban a hacer lo mismo que en 2002 (cuando ocurrió la masacre del 11 de abril en Puente Llaguno). Yo pienso incluso que deberíamos quedarnos concentrados en un sitio y hacer presión desde ahí, porque si marchamos hasta allá, nos van a emboscar”, dijo Samuel cuando por unos minutos detuvo su caminata. Él estuvo de acuerdo con la propuesta que la oposición hizo desde una tarima abarrotada de dirigentes, alcaldes y diputados que, con un sonido que se escapaba en la amplitud de la autopista, lanzaron discursos que no despertaron aplausos unánimes.
Otros, como Yorwin Ruiz, un vecino de Samuel, se unieron a las pitas, gritos y señales de desaprobación que buen grupo de protestantes dirigió a la Unidad. Todo porque no se recondujo la marcha hacia el Palacio de Gobierno.
“Yo quería ir hoy mismo. Eso no conviene anunciarlo antes, porque ahí sí nos pueden atacar. Si el pueblo tiene hambre y está sin empleo, tienen que escucharlo y hacer lo que pide. Yo trabajo sólo dos veces a la semana porque en la empresa donde estoy no hay materia prima, y eso que es una empresa que trabaja con el Gobierno. Por eso cobro medio sueldo y tengo una niña de 9 meses a la que no le consigo pañales ni leche. Yo sí quería ir a Miraflores”, comentó Yorwin, un obrero moreno de 26 años, que llevaba a cuestas un morral con agujeros.
Como Yorwin pensaron muchos de los que acudieron a la Toma de Venezuela. Cuando líderes como Henry Ramos Allup, Freddy Guevara y Enrique Márquez dijeron que el próximo 3 de noviembre sí habría una marcha hasta Miraflores, se dejaron sentir los gritos en contra: “¡Noooo. Es hoy!”, dijo una multitud. Cuando se habló de la mediación del Papa y del juicio político de la Asamblea Nacional contra Nicolás Maduro, se entonaron consignas de reclamo como “¡Pu-ra pa-ja!” o «¡Más de lo mismo!”. Cuando Henrique Capriles preguntó si alguien sabía la razón del por qué la marcha no iría este miércoles al Palacio de Gobierno, un hombre enfurecido le espetó: “¡Porque estás cagao’!”.
«Pero es que así es que tiene que ser», refunfuñaba muy cerca Tita Beaufrand, quien argumentaba no estar dispuesta a convertirse en «carne de cañón» de los represores. «¿Y, entonces, vamos a salir porque somos arrechitos y estamos molestos? No, yo no, yo tengo dos hijos. Hay que entender a la oposición, porque es la que está poniendo el pellejo en esto. Lo que pasa es que están luchando contra un monstruo castrocomunista», recalcó detrás de sus lentes oscuros y su cabellera rubia. Estaba rodeada de gente de la adversaba y que prefería no responderle.
A unos 10 pasos de ella, Ionesca Villarroel gritaba contra los líderes de la MUD. «Ya basta. En dictadura no hay Constitución que valga. Teníamos un revocatorio y nos lo quitaron. El diálogo es una vía, pero no es una solución porque con malandros no se habla», aseveró enfundada en su mono violeta.
Samuel, el petareño, se permitió hacer una reflexión en medio de las desavenencias que palpó en la manifestación. “Aquí lo importante es que vinimos, por la razón que sea. Lo que todos tenemos en común es que ya no soportamos que alguien siga haciendo lo mismo y tenga al país así”, sentenció.
Y, ciertamente, quienes fueron a la Toma de Venezuela afirmaron haber marchado en medio del hastío de la crisis y del abuso de quienes están en el poder. Allí estuvo Ada Pérez, una enfermera de 24 años que se irá en pocos meses del país, pero que este miércoles caminó desde Chacaíto hasta La Carlota porque -resaltó- le dolía ver cómo habían destruido su terruño. Marchó también con rabia porque recordó aquel día en el que, cuando iba a su casa en Guarenas, unos delincuentes secuestraron el autobús para desviarlo de su camino y robar a todos los pasajeros en Filas de Mariche. Desde aquel incidente, se queda en casa de su tía, Gilda Latarulo, quien la acompañaba en la concentración. Su queja mayor era el tener los nervios de punta por la inseguridad y que tener que tomar antidepresivos para soportar los embates de la escasez y el miedo de que algo le suceda a su hijo. «Ya una vez lo golpearon todo para robarlo. Pero él no se quiere ir».
Otra que acudió fue la hermana María Soto, una monja colombiana que vive desde hace 9 años en Venezuela. Fue para «apoyar al pueblo” en su lucha por la justicia, la paz y la equidad. Andaba rodeada de profesoras y maestras del colegio donde trabaja. «Soy apolítica, pero a mí me motivó el hambre y las injusticias que he visto», dijo.
Cerca de ella pasó Leonel García, un nadador de camiseta roída y gorra tricolor que llegó a la manifestación desde Santa Teresa del Tuy junto a un grupo de amigos de la Asociación de Sordos de Venezuela. A pesar de su discapacidad, pudo decir a viva voz que quería que Venezuela se liberara de Maduro, a quien, en su corazón, lo sentía como un dictador. El resto, lo escribió en una libreta.
Bajo una gran sombrilla estaban dos abuelas, que no quisieron revelar su identidad, y que marcharon desde Santa Inés contra el hambre y la falta de medicinas. “Ya no estamos comiendo como antes, ni siquiera estuvimos así cuando Pérez Jiménez. Yo tomo unas pastillas para los ojos y nunca más las conseguí”, dijo una mujer de 90 años que aseguró no perderse una actividad de la MUD. «Yo los acompaño desde 2002 y todo se ha puesto peor», agregó quien lamenta tener lejos a uno de sus hijos y a dos de sus nietos. «Cuando nos vemos, lo hacemos en una isla del Caribe, porque él ya no se atreve a venir».
Su vecina, de 58 años, también estuvo ahí y relató que tuvo que dejar de tomar su tratamiento para la hipertensión. La culpa de lo que sucede, explicó, no es sólo de Hugo Chávez sino de todos los que lo antecedieron. Por eso está convencida de que las manifestaciones contra Maduro deben continuar. “Hay que salir a la calle porque esto le incomoda al gobierno, si te quedas en casa, no va a pasar nada. Esta es la presión más fuerte, no hay otra”.
