Tinedo Guía

Además de los trabajadores de la prensa, los ciudadanos venezolanos pueden ser los más afectados si esta reforma de ley se lleva a cabo

El 17 de junio de 2022, la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional oficialista anunció que estaba evaluando una reforma la Ley del Ejercicio del Periodismo. 

#Venezuela | Asamblea Nacional acordó estudiar la reforma de Ley de Ejercicio del Periodismo https://t.co/icKzbKgAGr

— VPItv (@VPITV) June 20, 2022

Tras el anuncio, expertos denunciaron que el posible cambio no será en beneficio de los trabajadores de la prensa y la sociedad venezolana. 

Los especialistas indicaron que, luego de observar las modificaciones hechas anteriormente a otras leyes por el oficialismo, es probable que los nuevos cambios se traduzcan en más restricciones y censura para el ejercicio del periodismo en Venezuela. 

“La consecuencia principal de esta reforma es el control. Controlar a la gente, evitar que haya controversia”, indicó Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. 

Además de los trabajadores de la prensa, los ciudadanos venezolanos pueden ser los más afectados si esta reforma de ley se lleva a cabo. 

“Se afectaría a toda la población. Cuando un pueblo no está informado, es un pueblo que no tiene el insumo necesario para tomar sus propias decisiones”, reiteró Guía. 

Andrés Cañizález, director de Medianálisis, señaló que si se aprueba esta ley continuará el modelo de desinformación y de censura que se tiene en Venezuela actualmente. “El principal perjudicado es el pueblo”, dijo.

Por su parte, Carlos Correa, director de Espacio Público, señaló que en este caso hay un problema de forma: no se ha consultado a los periodistas. “El conjunto de periodistas es una característica de cualquier elaboración legislativa”, afirmó.

Además de esperar nuevas restricciones para el ejercicio del periodismo, los especialistas resaltaron la poca información que se tiene sobre la reforma de la ley.

A continuación, las preguntas sobre el tema que respondieron los tres expertos. 

¿Qué consecuencias pueden enfrentar los trabajadores de la prensa si la reforma se lleva a cabo?

A pesar de que no conocen los detalles de la reforma, los expertos indicaron que este cambio puede traer más restricciones, más control y censura para ejercer periodismo en Venezuela.

Tinedo Guía: «Control, controlar a la gente, que solo se diga lo que al Estado venezolano le interese, que no haya controversia, que impongan o castiguen con lo que ellos consideran. Por ejemplo, que apliquen la Ley Contra El Odio»,

Carlos Correa: «Después de lo que se ha modificado los últimos años, no se tiene garantía de que una iniciativa legislativa sea para promover el periodismo y favorecer las condiciones de trabajo del periodista».

«El ejercicio del periodismo en Venezuela enfrenta grandes dificultades como acceso a la información, hostigamiento desde políticas estatales y estigmatizaciones del trabajo de los periodistas en medios de comunicación estatales»

«Por ello, no hay elementos para pensar que esta reforma de ley será diferente a lo que hemos enfrentado durante los últimos años».

«La dinámica de esta reforma debería ser transparente, informar a todos los interesados sobre los parámetros e indicar cuál es la necesidad de modificación para que la gente pueda participar en los procesos de la elaboración legislativa de esas normas que conforman la Ley del Ejercicio del Periodismo.

Andrés Cañizález: «De antemano, por la experiencia que hemos tenido, estamos en un punto en el que cualquier cosa que promueva el chavismo, relacionado a la comunicación, uno diría que hay que tener cuidado con lo que viene porque el chavismo no se ha caracterizado por hacer cumplir la constitución».

«La mayoría de instrumentos legales que ha aprobado el chavismo no ha estado vinculada con los principios constitucionales de una comunicación libre y plural en Venezuela. 

Partiendo lo que ha sido la experiencia histórica que tenemos en Venezuela con las leyes y otros instrumentos legales aprobados por el chavismo, con relación al periodismo y la comunicación, se puede sostener que hay que tener cuidado de que podamos tener una reforma de la Ley del Periodismo que termine siendo más restrictiva y más sancionatoria y, por ende, que termine estableciendo mayores restricciones».

Además de los trabajadores de la prensa, ¿cree que, en caso de llevarse a cabo, esta reforma afecte a otro grupo de la población venezolana?

Tinedo Guía: «Sí, afectaría a toda la población. Cuando un pueblo no está informado, es un pueblo que no tiene insumo necesario para tomar sus propias decisiones. Ese es uno de los ejercicio de libertad de expresión más importantes que tiene el ser humano, el poder tomar decisiones de acuerdo a la información que recibe».

Carlos Correa: «Claro. En Venezuela hay temas censurados, que no se hablan. La política de Estado, que ha sido asociada a la restricción de medios de comunicación y periodistas, se ha traducido en que hay menos ofertas de trabajo para periodistas y menos opciones para la sociedad para informarse».

«El hecho de que informarse sea un esfuerzo titánico es una carrera de obstáculos. La gente que quiere informarse tiene que burlar la censura, conseguir la información y después informar a otros, es decir, todo es una carrera de obstáculos, el hecho de informar e informarse»

Andrés Cañizález:   «Si se aprueba una reforma de Ley del Ejercicio del Periodismo, los periodistas serán afectados, pero, en algo en que insisto, es que cada vez que surge una discusión sobre periodismo o libertad de expresión,  la discusión sobre las restricciones debe ser más amplia y debe pasearse en el impacto que eso tiene en la sociedad. Y la  pregunta no es en cómo serán afectados los periodista  si se aprueba esta ley restrictiva, la pregunta debe ser cómo eso impactará a la sociedad».

«Con todo los procesos que hemos visto en los últimos años, si se aprueba esta ley, continuará el modelo de desinformación y de censura que se tiene en Venezuela actualmente. El principal perjudicado es el pueblo».

Si la Asamblea Nacional continúa esta reforma, ¿cuáles son los próximos pasos que podríamos observar?

Tinedo Guía: «Si quieren actuar democráticamente, si de verdad buscan promover el trabajo del periodista y de los medios de comunicación, deben consultar a las fuerzas vivas del país, tal como universidades, estudiantes, empresarios, a todos los grupos que llevan gremios de diferentes profesiones, a propietarios de medios y, por supuesto, a los periodistas. Todos los ciudadanos se verán afectados por esta ley, por lo tanto, todo ciudadano debe participar en la reforma. Lo que pudieran hacer es derogar la ley y hacer una nueva».

Carlos Correa: «La verdad que no sé, porque no se sabe nada. La dinámica ha sido restrictiva en lugar de promover esta práctica transparente».

«Es muy difícil saber qué cambios se harán porque uno de los problemas es que no se conoce cuáles son los parámetros de la propuesta que se quieren hacer, tampoco se sabe cuáles son los objetivos.

«El temor que se tiene gira en torno al modo en el que se han ido haciendo reformas o las propuestas legislativas anteriores. Son propuestas que refuerzan un papel del Estado para ejercer control en dinámicas arbitrarias y discrecionales. Una dinámica prohibitiva».

«Se necesita que desde el poder se pare la descalificación de los medios de comunicación y de periodistas, que se garantice que la publicidad estatal se distribuya con criterios más o menos armónicos con ciertos estándares internacionales y no de manera discrecional. También, se debe frenar la aplicación de normas regresivas a los periodistas, que cesen los bloqueos y restricciones a los portales y que se reduzca la persecución penal por informar».

«Todo esto ayudaría más al periodismo venezolano antes que la reforma de una ley, de la que no se sabe cuáles son los objetivos».

Andrés Cañizalez: «No conocemos las características de este proyecto, pero si se restringe la labor del periodista, si se ponen más obstáculos al trabajo que realizan los periodistas en Venezuela en la búsqueda, procesamiento y difusión de la información; lamentablemente el ciudadano va a enfrentarse a una situación en donde habrá menos información. Los periodistas tendrán más dificultad para corroborar y contrastar los datos. Será más difícil ofrecer una visión amplia de lo que ocurre».

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@franzambranor

El pasado 12 de enero, el canciller venezolano Jorge Arreaza, entregó una nota de protesta a la embajada de Reino Unido debido al supuesto financiamiento con fondos británicos a organizaciones y medios digitales en Venezuela.

Cinco días antes, el canal Globovisión hizo un reportaje sobre una nota aparecida en el diario sudafricano Daily Maverick, donde se señala que el gobierno inglés habría financiado a varias organizaciones y medios venezolanos, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Efecto Cocuyo y Radio Fe y Alegría. 

De acuerdo al periódico, entre el gobierno británico y la Fundación Westminster para la Democracia habrían invertido en organizaciones y medios venezolanos 1 millón de libras esterlinas desde 2016.

La embajada de Reino Unido se limitó a decir: “la libertad de expresión y los medios de comunicación libres son necesarios para la democracia y protegerlas en todas partes del mundo es una prioridad”. 

El financiamiento externo es legal

De acuerdo a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, no existe ilegalidad alguna en que organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes reciban financiamiento de parte de entes extranjeros. 

“Los medios de comunicación a nivel global tienen problemas muy serios de financiamiento. Todos los modelos de sustentabilidad están cambiando, muchos de ellos reciben cooperación de diverso tipo”, dijo Correa. 

El periodista, investigador y fundador de Medianálisis, Andrés Cañizález, sostuvo que en Venezuela no hay instrumento legal que prohíba o penalice el financiamiento internacional. “Hasta ahora es algo que está permitido”. 

Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, indicó que los medios de comunicación y distintas organizaciones en Venezuela han tenido que reinventarse en vista de la crisis global. 

“Los medios siempre se han mantenido con lo ganado por sus pautas de publicidad, pero en vista del ataque a la industria, ya son muy pocos los empresarios con capacidad económica para satisfacer el mercado, la economía de puertos es ahora lo usual”, manifestó Guía. 

No es nada nuevo

Correa sentenció que el apoyo económico a organizaciones y medios no es algo nuevo en el mundo. 

“Es una cosa que se emplea desde hace mucho tiempo, conozco agencias de noticias que tenían convenios con la Organización de Naciones Unidas para desarrollar coberturas especiales sobre temas vinculados al ambiente y derechos humanos. La cooperación internacional es una estrategia que usan muchos medios para sustentarse. Regularmente son ayudas para la formación y capacitación de periodistas”, indicó. 

El director de Espacio Público aseveró que la cooperación internacional es parte del derecho a la asociación y ha funcionado para ejecutar proyectos de diversas ideologías, perspectivas y religiones. “La cooperación no solo tiene que ver con el financiamiento, sino con el apoyo para llevar a cabo trabajos de investigación entre distintos medios y periodistas. La cooperación es una herramienta muy importante y más en el actual momento en el que vivimos, donde hay grandes desafíos por delante”.

Un estudio realizado a 35 medios de comunicación emergentes de distintos países para la Conferencia de Periodismo de Investigación Global de 2015 arrojó que las principales fuentes de financiamiento están distribuidas en tres categorías: becas de embajadas, fundaciones y organizaciones; donaciones públicas y privadas e ingresos obtenidos por concepto de publicidad, eventos, talleres y patrocinadores. 

De los 35 medios solo ocho pueden cubrir los costos de operatividad con ingresos obtenidos por diversas vías, el resto son considerados no sustentables y dependen de becas y donaciones.

La investigación plantea la necesidad de contar con asociaciones estratégicas, financiamiento para proyectos y donativos.

Otro estudio del centro John S. Knight de la Universidad de Stanford a 157 periodistas en 2011, reveló que la captación de financiamiento por medio de becas supera por más del doble a los ingresos provenientes de la publicidad.

Iniciativas como SembraMedia preparan a responsables de medios independientes digitales a encontrar y desarrollar modelos de negocios sustentables.

Futuro incierto 

El investigador y periodista Andrés Cañizález manifestó que aunque el financiamiento foráneo a medios y organizaciones no está penalizado, el destinatario suele ser blanco de constantes señalamientos.

“Quien recibe fondos del extranjero está sujeto a presiones, a campañas de descrédito y arbitrariedades”.

Carlos Correa no descarta que la persecución a los medios y organizaciones se incremente. 

“Desde hace mucho tiempo el gobierno viene cuestionando la cooperación internacional, pero no solo a los medios de comunicación sino también a organizaciones de derechos humanos. La cooperación a veces se descalifica diciendo que tiene otro tipo de intención. Un escenario posible es que esa descalificación continúe o que se restringa aún más la labor de medios y organizaciones”.

Cañizalez sostuvo que en Venezuela hubo un precedente en 2005 con María Corina Machado y la ONG Súmate, a quien llevaron a un proceso legal por supuestos ilícitos cambiarios.

“En este contexto actual donde es libre el tema de las transacciones en dólares, esa circunstancia no aplica. En el pasado se intentó amedrentar a las organizaciones y a los donantes con el control cambiario”.

El directivo de Medianálisis dijo que hubo un intento de aprobar en la Asamblea Nacional una Ley de Cooperación Internacional en 2006 y 2010, proyecto que no prosperó porque hubo mucho rechazo, especialmente de los países europeos.

“Podemos estar a las puertas de que se intente regular el trabajo de las ONG y medios independientes, los medios así no tengan la figura legal de ONG funcionan como tal porque buscan recursos afuera para mantenerse a flote”.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció el viernes 8 de junio el bloqueo a portales de noticias en el país, como El Nacional y La Patilla, situación que atenta contra el “derecho del ciudadano a estar informado”.

“Tenemos que recalcar el bloqueo que le hacen a muchas páginas web, al portal de La Patilla, a otros portales (…) así como sucede con la página web del diario El Nacional”, dijo en rueda de prensa el presidente del CNP, Tinedo Guía, quien reiteró que los medios de comunicación privados son “atacados permanentemente”.

El periodista indicó además que el Gobierno “dispone de más de 600 medios de comunicación a su alcance para hacer la propaganda que considere conveniente en beneficio de su ejercicio como Gobierno” pero que los medios privados “reciben presión de los organismos del Estado para que la información no salga”.

Recordó que en el país existe una falta de papel para los periódicos, hecho que se ha denunciado desde 2014 y por el cual “muchos” diarios han tenido que cesar sus operaciones, al tiempo que rechazó que se pretenda achacar la falta de papel al “bloqueo económico” que viene denunciando la administración de Maduro tras las sanciones de Estados Unidos.

“No es por un bloqueo económico sino que hay una política de cercenamiento de la información que el Colegio Nacional de Periodistas, como institución democrática, rechaza contundentemente”, apuntó Guía.

El portal La Patilla y El Nacional han denunciado en los últimos días que la empresa estatal Cantv, encargada del servicio telefónico y de Internet, ha bloqueado en ciertas zonas sus portales web.

Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional del Periodista, se pronunció este martes en contra de las agresiones a la que han sido sometidos los profesionales de la prensa y los medios de comunicación.

“El 15 de enero había evidentemente una presión en los medios para que no se informara. Dos periodistas en el estado Lara por aplaudir unas declaraciones en la procesión de la Divina Pastora los mandaron a suspender en su canal, ellos decidieron renunciar”, dijo Guía.

Guía también se refirió sobre lo que consideró la autocensura de los medios de comunicación y ofreció un balance sobre el ejercicio del periodismo en Venezuela durante el año 2017.

“La autocensura no es admisible en el ejercicio ético del periodismo. 2017 finaliza con 69 medios de comunicación cerrados, emisoras de radio que han sido cerradas”, explicó.

También pidió a la ciudadanía no agredir a los periodistas por la censura en el país, sostuvo que el deber de los profesionales del periodismo es llevar la información, no aprobarla.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía que entiendan que el trabajo del periodista es llevar la información a la salas de redacción y la línea editorial del medio es la que decide que va en pantalla. Quien agrede a un periodista no quiere a la democracia”, puntualizó.

#23Ene @TinedoGuia, Presidente del @cnpven asegura que se le está dando un golpe mortal al sistema democrático en Venezuela por no permitir la libertad de expresión. pic.twitter.com/RrvdYKlW0U

— CNP Caracas (@CNPCaracas) 23 de enero de 2018

OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN SE SUMA a la larga lista de los que han tenido que bajar la “santamaría” este año por presiones del gobierno, por problemas presupuestarios o incluso por ambos. En esta ocasión le tocó al diario Tal Cual, el cual despide a su versión en papel para quedarse únicamente con la digital.

Tal Cual es el quinto medio impreso que sale de circulación indefinidamente en 2017, luego que lo hicieran el Correo del Caroní, La Nación, El Impulso y La Verdad.

A este grupo de periódicos que dejan una considerable cifra de personas sin empleo, hay que agregar a otro tanto que han detenido su circulación parcialmente por escasez de material.

Según la organización no gubernamental Espacio Público, hasta finales de septiembre de este año 17 medios impresos han dejado de circular parcial o permanentemente, ocho canales de televisión salido del aire y 49 emisoras del espacio radioeléctrico han sido apagadas. Aunado a ello, doce portales de información han sido atacados y periodistas encarcelados, robados, hostigados y amenazados, especialmente durante las protestas contra el gobierno de Maduro que se produjeron entre abril y julio.

A continuación un recordatorio de los medios y casos más emblemáticos de violación a la libertad de expresión en 2017:

1- CNN en Español, allá vamos: En febrero de este año, el gobierno venezolano a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), decidió “bajar la cuchilla” de CNN en Español luego que la televisora estadounidense con sede en Atlanta transmitiera un reportaje de investigación sobre la presunta entrega de pasaportes venezolanos a miembros de células terroristas vinculadas al Hezbollah, donde estaría involucrado el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami,

La entonces canciller Delcy Rodríguez acusó a la cadena de promover “una operación mediática imperial” contra la administración de Maduro.

El gobierno a través de la Fiscalía nunca abrió una investigación al respecto, solo optó por bloquear la señal del canal fundado por el magnate Ted Turner.

Luego de instaurada la asamblea nacional constituyente el 30 de julio, las televisoras colombianas Caracol, RCN y El Tiempo TV salieron de las cableras supuestamente por la cobertura que le dieron a la presencia de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, en territorio neogranadino.

Por otro lado, Conatel decidió enviar al limbo a la Televisora Cultural de Tovar (TCT) tras una sola visita, en la cual las autoridades argumentaron que no poseían los permisos correspondientes de transmisión.

“Lo que alega Conatel es la falta de documentación. Toda esa burocracia opaca se presta como un brazo institucional para restringir líneas editoriales, no hay transparencia para adjudicar ni revocar concesiones”, dijo Marisabel Rodríguez, coordinadora de Libertad de Expresión de Espacio Público.

2 – Cien por ciento libre: El viernes 25 de agosto a las siete de la noche, una comisión de Conatel ingresó a las instalaciones de 92.9 FM en Las Mercedes,  sacó de frecuencia a la emisora juvenil, se adueñó de las instalaciones y encendió “Radio Corazón llanero”. “Cerraron una emisora como 92.9, con la irreverencia de la juventud, el gobierno quiere promover una ley contra el odio, qué más odio que el del gobierno contra los periodistas”, dijo Tinedo Guia, presidente del Colegio Nacional de Periodistas.

El mismo día también salió del aire Mágica 99.1, otra emisora critica al gobierno con programas de opinión conducidos por periodistas como Marianela Salazar y José Domingo “Mingo” Blanco. “Todo empezó con una entrevista que le hice al abogado Juan Carlos Sosa Azpúrua en ‘La Hojilla’, me acusaron de propiciar una invasión gringa; nos dijeron que en nueve oportunidades habíamos entrado tarde a la cadena, luego de eso llevaron a los gerentes al Ávila y en sus narices los sacaron del aire”, dijo Blanco.

No conforme con borrar a la radio responsable de programas como “Rockadencia” y “El Monstruo de la Mañana”, Conatel también abrió dos procesos administrativos contra su hermana en la frecuencia AM, RCR, cuna de RCTV. La acción se produjo en vista de que la estación supuestamente no transmitió la cadena donde se hizo el lanzamiento del satélite Sucre y debido a que en el programa “La Linterna” se incitaba a emplear armas de guerra y arrojar excremento a las personas.

Hasta finales de septiembre de este año, 46 emisoras (44 en el interior y dos en Caracas) han sido afectadas de alguna u otra forma por Conatel según Espacio Público.También se han suscitado alteraciones en la programación de las estaciones por amonestaciones específicas, tal es el caso del espacio “Calma Pueblo” en La Mega 107.3 FM, que salió de circulación luego que sus conductores fueran amonestados por cuestionar a un menor de edad debido a sus preferencias políticas y llamarle homosexual, según lo expuesto por el ministro de comunicación, Ernesto Villegas.

Asimismo al periodista César Miguel Rondón, conductor de un magazine matutino en Exitos 99.9 FM, se le impidió la salida del país luego que el propio Maduro lo amenazara con meterlo preso y a Nelson Bocaranda de “La Cola Feliz” en la misma estación se le obligó a tomar unas “vacaciones”.

3. Periodistas asesinados, heridos, encarcelados y robados: 2017 es el año con más agresiones a representantes de medios de comunicación en las últimas dos décadas. Hasta septiembre se habían contabilizado 145, teniendo el clímax en el marco de las protestas antigubernamentales, donde efectivos de seguridad fungían como los principales victimarios. Durante las marchas, 59 periodistas fueron detenidos por registrar o difundir información, además a 61 les robaron equipos o material, según se desprende de un informe de Espacio Público.

El periodista comunitario Carlos Julio Rojas fue apresado en julio y liberado mes y medio después de permanecer en la cárcel militar de Ramo Verde, acusándolo de portar presunto material explosivo. Tiene régimen de presentación cada 30 días y prohibición de salir del país.

En 2017 también han matado reporteros. Yolman Briceño, quien trabajaba en la emisora comunitaria Anamar 103.1 FM y con la diputada psuvista, Sumiré Ferrara fue asesinado en el estado Aragua. Previo a su homicidio había hecho denuncias sobre la muerte de su hermano, quien era funcionario de la Policía Municipal de Ribas.

A Alberto Cabrera y a Ángel Medina, periodistas de Voluntad Popular, les enviaron a la Penitenciaria Militar de Santa Ana en el estado Táchira por los delitos de rebelión militar, menosprecio a la Fuerza Armada y ultraje al centinela a finales de agosto. Siendo civiles fueron juzgados por un tribunal castrense en el estado Zulia.

“Con las protestas de 2014 se vieron tuiteros detenidos, medidas privativas de libertad de tres meses a un año. Ahora en 2017 pasamos a robos a periodistas, detenciones arbitrarias por parte de Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana, info ciudadanos aprehendidos, perseguidos u hostigados”, declaró Rodríguez .

Pero el espiral de incertidumbre para ejercer la profesión no es exclusivo de los periodistas venezolanos. También los extranjeros han sufrido en carne propia la censura del régimen. Hasta finales de septiembre, 14 corresponsales han sido expulsados del país o se les ha impedido el acceso a las fuentes de información, una práctica que parece no tener fin en la extraña concepción del periodismo del siglo XXI en Venezuela.

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EMISORAS DE RADIO CERRADAS, periodistas presos, intimidación a televisoras nacionales de boca del propio presidente Nicolás Maduro, corresponsales que no pueden entrar al país, amenazas a representantes y dueños de medios son tan solo algunas perlas que adornan el collar anti libertad de expresión luego de instalada la Asamblea Nacional Constituyente.

Precedida por una cruenta represión contra los representantes de los medios de comunicación, la ANC se ha propuesto institucionalizar la censura. Previo al 30 de julio, periodistas fueron heridos, golpeados, vejados, detenidos y hasta robados por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en el marco de las protestas antigubernamentales que dejaron más de cien muertos a nivel nacional.

El periodista comunitario Carlos Julio Rojas fue liberado el pasado 24 de agosto luego de permanecer secuestrado y detenido por más de un mes en la cárcel militar de Ramo Verde. Rojas fue aprehendido el pasado 4 de julio en La Candelaria portando presunto material explosivo, fue juzgado por un tribunal castrense que le dictó privativa de libertad por los delitos de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional.

Rojas salió a la calle con cuatro medidas cautelares, entre las que destacan prohibitiva de abandonar el país y régimen de presentación cada treinta días.

“Es el primer periodista imputado por supuestos delitos militares, además le están dando muy mala propaganda a la FAN, eso quiere decir que cualquiera pueda cargar ese material por la calle”, dijo en ese entonces la abogada Elenis Rodríguez, hoy en día magistrada prófuga de la justicia venezolana.

“Rojas recibió amenazas previas por parte de grupos progobierno y luego fue sentenciado por un tribunal militar siendo este civil”, acotó Marysabel Rodríguez, coordinadora de Libertad de Expresión de la ONG, Espacio Público.

“Como Carlos Julio reseñaba la colas que se hacen en los abastos Bicentenario, le montaron un expediente y lo encarcelaron”, sentenció Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas.

Asimismo, los periodistas de Voluntad Popular, Alberto Cabrera y Antonio Medina fueron detenidos, enjuiciados por un tribunal militar y colocados tras las rejas. “No cayeron en gracia de un teniente de la Guardia Nacional y los trasladaron a la cárcel de Santa Ana como presos comunes”, agregó Guía.

“Parte de esto es inhibir el trabajo de los periodistas, es un castigo ejemplarizante”, acotó Rodríguez.

Otro caso de violencia contra el gremio significó el asesinato del periodista, Yolman Briceño en el estado Aragua. Briceño laboraba en la emisora comunitaria Anamar 103.1FM y también con la diputada psuvista, Sumiré Ferrara. Desapareció el 24 de agosto de este año y su cadáver encontrado seis días después. Previo a su deceso había hecho denuncias contra el homicidio de su hermano, quien era funcionario de la Policía Municipal de Ribas.

La miembro de la ONG informó que las protestas antigubernamentales significaron un punto de quiebre para el ejercicio del periodismo y el gobierno mostró su rostro más represivo.

“2017 es el año con mayor cantidad de violaciones a la libertad de expresión en los últimos 16 años. Hasta julio se habían producido 580 casos de violaciones a la libertad de expresión, 80% de esta cifra fue entre los meses de abril y julio. Un ascenso importante con respecto a 2014”.

“En 2014 comenzamos con tuiteros detenidos, medidas privativas de libertad de tres meses a un año, la mayoría de estas operaciones ejecutadas por servicios de inteligencia; ahora en 2017 pasamos a robos a periodistas, detenciones arbitrarias por parte de GN y PNB, info ciudadanos detenidos, perseguidos u hostigados”, aclaró.

Rodríguez indicó que 59 representantes de medios de comunicación social fueron detenidos por funcionarios de seguridad del Estado entre enero y agosto de este año. “Además hubo confiscación de material y retención, la mayoría eran liberados al poco tiempo, eso obviamente ocasionó un temor generalizado entre los profesionales”.

No conforme con ello, se continúa impidiendo la labor de periodistas foráneos en suelo venezolano. Un trago amargo que ya han ingerido Fernando del Rincón, Jorge Lanata y Patricia Janiot por citar algunos. “14 corresponsales han sido deportados hasta agosto de este año, detenidos y devueltos desde Maiquetia”, manifestó Rodríguez.

Contra la Colina y Horizonte

Luego de un período de tregua, el propio Maduro volvió a arremeter contra los canales de televisión Televen y Venevisión. El mandatario culpó a las plantas de transmisión de aliarse para hacer una especie de boicot informativo a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. “Lo que hicieron es inaceptable, se sumaron a la guerra, sacaron las campañas de violencia más infames, ignorando al pueblo”.

Días atrás, Maduro había fustigado a los dos canales por darle cobertura al plebiscito organizado por la oposición el 16 de julio y específicamente a Televen por mantener una línea frontal en su noticiero durante las manifestaciones.

Conatel tampoco se quedó atrás y siguió promoviendo su cabalgata hacia el silencio.

Una semana después de haber eliminado de la parrilla a los canales colombianos Radio Cadena Nacional (RCN) y Caracol TV, el órgano que rige los destinos de las señales radioeléctricas en Venezuela decidió sacar del aire a 92.9 FM y a La Nueva Mágica 99.1. También abandonaron el espectro Televisora Cultural de Tovar, ZeaTV en Mérida y las frecuencias Corandes 101.3, SKY 95.3, Candela 98.3 y Campesina 93.3, también en el estado andino.

“En este instante, una comisión de Conatel procede al cierre de Tú FM 92.9, Qué Viva la 92”, escribió en su cuenta de tuiter el director de la emisora, Jaime Nestares.

La 92, familia de RCTV, pasó por lo mismo que su hermana diez años atrás, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez dijo la lapidaria frase. “No más concesión para ese canal golpista de televisión”.

“54 cierres de medios se han producido en 2017, de esa cifra 49 son nacionales y 5 internacionales. Desde enero de 2005 cuando entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión hasta octubre de 2016 cerraron 50 empresas radioeléctricas, lo que significa que en apenas un año, Conatel clausuró más del doble de medios que en once años”, argumentó Mariaengacia Chirinos, directora de Libertades Informativas del Ipys (Instituto de Prensa y Sociedad).

Desde hace meses se estaba tejiendo ese cierre, aseguró José Domingo “Mingo”” Blanco, conductor del programa “Puntos de Vista” en 99.1. “Hice una entrevista a Juan Carlos Sosa Azpúrua (abogado) que no cayó bien, pero a la emisora no la cerraron por eso, la medida estaba planteada hace tiempo”.

“Partiendo de esa entrevista, en ‘La Hojilla’ me acusaron de propiciar una invasión gringa, nos advirtieron que Conatel iba a visitarnos y nos esperábamos cualquier cosa, desde una multa hasta el cierre”, argumentó.

Blanco indicó que en ese momento se percataron que eran blanco de un espionaje radioeléctrico constante. “Nos mostraron un documento donde estaba transcrita una entrevista que le hice a Nitu Pérez Osuna en una semana donde conversé con varios colegas por el Día del Periodista, todo muy detallado, nos dijeron que en nueve oportunidades habíamos entrado tarde a la cadena de radio y televisión. Llevaron a los gerentes de la emisora al Ávila y en sus narices les dijeron que los sacaban del aire”.

Desde Espacio Público, señalan que el gobierno apela a su condición de dueño del espectro radioeléctrico para arrinconar y exigir cualquier cantidad de tramites a los medios.

“Lo que alega Conatel es la falta de documentación. Toda esa burocracia opaca se presta como un brazo institucional para restringir la línea editorial, la mayoría son emisoras criticas al gobierno. No hay transparencia para adjudicar ni revocar concesiones”, expresó Rodríguez.

“Conatel es un organismo que depende del Estado y por su presidencia han pasado personas vinculadas al partido de gobierno. Este organismo no ha abierto un proceso transparente de renovación.”, denunció Chirinos.

“Este gobierno se ha dado el tupé de cerrar una buena cantidad de medios, empezando por la clausura de RCTV y las emisoras del circuito Belfort terminando con 92.9 FM y La Nueva Mágica”, salió al paso Guía.

Blanco aseguró que el objetivo de las dictaduras es que existan emisoras serviles. “Desde 2008 no le renovaban la concesión a Mágica, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos”.

“El gobierno quiere promover una ley contra el odio, qué más odio que el del gobierno contra los periodistas, cerraron una emisora como 92.9, una estación con la irreverencia de la juventud”, enfatizó Guía. “La clausura de radios lo que suma son nuevas familias al alto índice de desempleo”, añadió “Mingo”.

Chirinos dijo que otros medios radioeléctricos han optado por mirar hacia otro lado para conservar el espacio. “Guardan silencio o se muestran dóciles ante la critica al poder en resguardo de su concesión y eso lo vimos en el marco de las protestas, cuando eran muy pocos los canales o emisoras que hacían cobertura de los sucesos”.

El presidente del CNP aseveró que a todo lo anteriormente expuesto hay que sumarle las irregularidades en las entregas de divisas para la compra de papel periódico, primero con Cadivi y ahora con un Dicom, que aparentemente no hará más subastas en dólares.

“Desde que la corporación Maneiro en 2013 determinó que el papel periódico no era un producto de importación de primera necesidad, se han producido 15 cierres de medios impresos. Otros han tenido que reinventarse”, alertó Chirinos.

A raíz de la persecución, la mayoría de los medios se han visto en la obligación de migrar hacia lo digital y sus periodistas cambiarse el “suiche”.

“Hemos visto ese fenómeno especialmente en los últimos tres o cuatro años, el problema es que el acceso a internet en Venezuela es deficiente”, indicó Marysabel Rodríguez. “Cada vez hay mas restricciones a la libertad de expresión y son mas difíciles de superar, pero existen espacios digitales, las redes sociales, a pesar de la información falsa, siguen siendo una de las pocas ventanas para seguir informando”, continuó.

“Los portales de información en internet son una consecuencia del cierre de medios tradicionales, denuncian la verdad y dan trabajo a los colegas, esto incomoda y por ello quieren restringir el ejercicio de la profesión hasta en redes sociales”, comentó Tinedo Guía.

Precisamente la ANC ya dirige sus baterías hacia los portales de información y redes sociales.

“No hay duda que viene una especie de persecución a los medios digitales, aunque esto es muy difícil de llevar a cabo, en la ANC se está gestando una Ley Contra el Odio y uno de sus objetivos es tipificar delitos en internet y redes sociales”, puntualizó Chirinos.

“A los medios digitales los han hackeado, bloqueado o sus reporteros han sido atacados de alguna manera, esas agresiones han sido en momentos claves o luego que funcionarios han arremetido verbalmente contra ellos”, indicó Marysabel Rodríguez.

“Al gobierno le molesta que se diga por ejemplo que en algunos edificios de la Misión Vivienda hay problemas de infraestructura, las primera víctimas de los gobiernos comunistas son los medios de comunicación”, puntualizó Tinedo Guía.

“Nos toca levantar las banderas de ciudadanía, tenemos que hacer valer nuestra libertad de pensar de manera distinta, los periodistas de pensamiento libre nos hemos constituido en una piedra en el zapato para los regímenes autoritarios, el periodista debe exigir respuestas e increpar, ser un fanático irreductible de la verdad, yo nací en dictadura pero pienso morir en libertad”, aseguró Blanco.

“En 18 años este sistema de gobierno, calificado como revolución más bien comunista, se ha propuesto imponer un sistema que es rechazado por la mayoría de los venezolanos”, concluyó Guía.

Infografía @espaciopublico

Con la entrega de un documento que contenía al menos ocho exigencias finalizó este jueves (día del periodista) la movilización por la libertad de expresión Conatel.

Una representación del gremio periodístico encabezado por el presidente del CNP, Tinedo Guía y el director de la ONG, Carlos Correa, se reunió en el mediodía de este jueves con el director de la institución, Enrique Quintana.

«Fue una reunión donde le expusimos nuestras preocupaciones por las reiteradas violaciones a la libertad de expresión, por las agresiones que han sufrido los periodistas en el marco de las manifestaciones y por las frecuencias y medios que han dejado de operar», dijo Guía a la salida del cónclave.

Previo al encuentro en la sede de la empresa del Estado, periodistas y sociedad civil se reunieron en la Plaza Alfredo Sadel, donde se le rindió homenaje póstumo al comunicador social Miguel Castillo, una de las víctimas de estos 88 días de protestas.

«Miguel era un contestatario, tal vez por eso es que el régimen lo asesinó», dijo la madre de Castillo en Las Mercedes.

«Hemos sido agredidos de mil formas y buscamos la manera de ejercer en democracia. Libertad es democracia, periodismo es democracia, si no hay libertad no hay periodistas, si no hay periodistas no hay libertad, sin periodistas ni libertad, no hay democracia», agregó Guía.

Por su parte, Correa, expuso que al menos ocho de cada diez frecuencias radioeléctricas poseen un status incierto en el país.

«Pedimos que nos aclarasen ese aspecto y él (Quintana) quedó de averiguar, ellos alegan que la mayoría no han presentando los documentos correspondientes para la renovación de concesiones, pero nosotros no tenemos forma de averiguar eso, porque es un proceso que no es transparente, hemos contabilizado al menos emisoras que dejaron de transmitir este año y eso es preocupante», indicó Correa.

Sentenció que hasta ahora el gobierno no posee plan alguno para regular los portales web de información.

Advirtió que el mismo documento será entregado a la Guardia Nacional, Minci, PNB, Ministerio de Interior y Justicia e incluso instancias internacionales.

Recibido por Conatel documento de Alianza por la Libertad de Expresión en defensa del periodismo #DiaDelPeriodista #PeriodismoEsDemocracia pic.twitter.com/VJdrNZvjXT

— Espacio Público (@espaciopublico) 27 de junio de 2017

Declaraciones en Conatel https://t.co/2Rc3lBCvQh — Espacio Público (@espaciopublico) 27 de junio de 2017

.@TinedoGuiaalCNP junto a comisión del CNP y varias ONG ingresa a Conatel para entregar documento. #27Jun #DíaDelPeriodista pic.twitter.com/acdGMmWm7j

— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 27 de junio de 2017

En lo que va de 2017, el #SNTP ha contabilizado 324 agresiones contra trabajadores de la prensa #DiaDelPeriodista #27Jun #cifrasSNTP pic.twitter.com/VsgNmLnXiD

— SNTP (@sntpvenezuela) 27 de junio de 2017

El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, considera que este año hay que celebrar en el Día del Periodista el arrojo, la valentía, el coraje y la ética de los comunicadores que están cubriendo las informaciones que tienen que nutrir a los ciudadanos para que tomen sus propias decisiones. “Hay un acto de agresividad permanente contra la prensa y últimamente también los propios ciudadanos han querido agredir a algunos comunicadores responsabilizándolos porque en los grandes medio no salen algunas informaciones”.

“Hay que llamar a la cordura y al respeto y del trabajo del periodista porque si bien es cierto que los hechos no salen en los grandes medios sirve como soporte para denuncias futuras y para castigar a los que agreden a los periodistas y a la sociedad civil en general”, apuntó en entrevista a Globovisión.

Guía resaltó que las cifras de periodistas agredidos se han incrementado a partir del 15 de mayo cuando el Ministerio Público –MP- dictó la medida de protección. “Seguimos insistiendo en que debe haber un respeto por el trabajo comunicacional, y porque son venezolanos que tienen derecho a investigar y a buscar la información como lo establece la constitución”.

Explicó que cubrir las situaciones que se están dando en el país no es creación  de los periodistas, es producto de las malas políticas del gobierno que ha llevado que la gente tenga que recurrir a las calles a defender la constitución. “Ahora con esta propuesta de una constituyente comunal, sectorial y territorial quiere la gente decir que no está de acuerdo; hay 95% de rechazo a esta propuesta pero que a trocha y mocha en gobierno quiere imponer a la fuerza”.

Considera injusto que cuestionen la objetividad de los periodistas y aseguren que actúan bajo ciertos parámetros políticos cuando denuncian los problemas sociales como la escasez de alimentos y medicamentos y la inseguridad. “El periodista tiene la obligación de hacerlo y solo busca el equilibrio social”.

Al referirse a la amenaza de regular las redes sociales, Guía aseveró que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones –Conatel- se ha convertido en un órgano censor en lugar de un organismo técnico que regule la frecuencia. “Esta es una denuncia que tenemos que investigar pero lo pongo en la palestra porque, si bien es cierto que hay emisoras clandestinas y deben ser sacadas del aire, también se debe investigar todo el abuso y solapamiento de frecuencias de emisoras que no son legales entre ellas de organizaciones guerrilleras”, aseveró.