Thays Peñalver

Así que si el liderazgo opositor no es pendejo, nosotros deberíamos seguir la misma tónica que parece indicar el giro enorme que ha dado la política exterior estadounidense y la confirmación de que Washington quiere tener relaciones formales con Maduro, lo que luce evidente con su silencio y acción

@thayspenalver

Lo que está ocurriendo y ocurrirá era previsible y no fue sorpresa. Ya lo habían intentado el año pasado (3 de enero de 2021) en la maratoniana sesión en la que Primero Justicia había propuesto eliminar la Presidencia Interina y no se logró porque aún no contaban con la mayoría. Pero hoy es abrumadora, porque no son cuatro gatos sino el 77% de los representantes los que quieren suprimir a la presidencia interina.

Pero antes de que saquemos otras cifras posibles hay que explicar tres aspectos fundamentales para el lector extranjero. La primera es que el Parlamento de la anterior legislatura, que es de la que estamos hablando, ya que tienen sus periodos vencidos y no se encuentran en ningún marco constitucional, tenía 167 diputados de los cuales poco más de 50 representaban al gobierno de Maduro o eran sus satélites. A partir de allí hay que descontar al menos una decena de escisiones que están representadas por los denominados alacranes y no quedan, guste o no, más que un centenar (para simplificar) de diputados reales para votar.

Y de este centenar. Solo el 23% votó para que se dé continuidad al gobierno interino. Podríamos hilar aún más fino descartando a los suplentes que votaron, pero ya la realidad es tan aplastante como la del proceso de destitución de Pedro Castillo en Perú.

Así que puedo estar de acuerdo o no. Esgrimir decenas de explicaciones, e incluso debatir sobre la inconstitucionalidad o no en un país donde la constitución es letra muerta para todos. Pero no puedo esgrimir que es ajeno al ejercicio de la democracia. Cuando no te quieren, no te quieren y contra los votos solo queda actuar a lo Pedro Castillo lo que supondría el fin del ejercicio de la democracia opositora y la liquidación de la oposición de forma aún más rápida.

Lo segundo, es que los conozco a todos. Es decir llevo veintitantos años escribiendo sobre política, conozco a la mayoría de los líderes personalmente, los he entrevistado y con algunos he compartido trato y puedo esgrimir, que incluso sus más enconados enemigos pueden decir de ellos de todo, menos que son pendejos (rematadamente tontos en Venezuela) respecto a lo que están haciendo, porque todos, repito todos, asisten a las reuniones semanales con los representantes de Joe Biden y tienen en el chat de whatsapp a los embajadores de los apoyos que les quedan.

Así que hablemos con claridad de lo que ocurre. Juan Guaidó no fue nombrado presidente interino por la Asamblea Nacional; se autojuramentó en una calle frente a la multitud porque de otra manera jamás habría obtenido los votos que necesitaba y Estados Unidos encabezado por Donald Trump, la Unión Europea y casi toda América decidieron desconocer a Nicolás Maduro y reconocerlo como encargado. Si Guaidó se autojuramentó fue porque Donald Trump lo exigió. Así lo apoyaron posteriormente porque las encuestas colocaron a Guaidó a nivel de semidiós y en especial, porque nadie iba a contrariar al incendiario de Donald Trump.

¿Que Guaidó puede disponer de unos pocos fondos -del total- de una cuenta de Citibank? No es porque la Asamblea -con su período vencido- tiene un estatuto con el mismo peso jurídico internacional que este artículo, sino porque el presidente Joe Biden así lo ha decidido y ha girado instrucciones por triplicado para que eso pueda ser posible. Si el Banco de Inglaterra tiene el oro embargado, se debe a como dice el juez, porque su gobierno no reconoce a Maduro y tampoco la oposición puede venderlo o disponer de este. Así que volvamos al chat de whatsapp y a las reuniones semanales con los representantes de Joe Biden y los embajadores con los líderes opositores y centrémonos, precisamente, en lo que no hemos escuchado: una defensa a Juan Guaidó.

Bastaba con una simple declaración del vocero de la Casa Blanca para haber terminado con cualquier intento de resquebrajar la unidad general a principios de octubre. De hecho, una simple llamada del embajador a cada líder exponiendo la firme posición de Estados Unidos habría enviado a la basura cualquier intento de reforma. Pero hay silencios que hablaron en octubre, otros que dijeron mucho tras la primera votación de la Asamblea y en especial otros silencios que gritaron después de haber visto a Guaidó íngrimo y solo, tratando de salvar al interinato. 

Si a esto le sumamos que el año pasado Estados Unidos dio un ultimátum a la oposición para que demostrara que podía sacar a Maduro antes de diciembre y cumplido el lapso, amanecieron negociando con este último y enviando a la oposición a elecciones. Si sumamos la filtración de la Casa Blanca de que Biden no se inmiscuiría en la remoción de Guaidó. Si sumamos la sorpresa de este y las declaraciones de su embajador en Washington por enterarse de últimos de la decisión de negociar con «el petróleo de sangre», pues matemáticamente uno más uno es igual a dos y lo que está pasando tiene la aprobación y el sello de la Casa Blanca.

Y esto nos lleva a la tercera consideración. Todo esto que estamos discutiendo, se encuentra en un espacio virtual cercano a la ficción. Me explico con un ejemplo: la mayoría de los venezolanos no pudo ver el Mundial de fútbol como el resto del mundo, porque la señal abierta o el pago mínimo de cable no permitía seguir más que algunos partidos que pudo comprar una sola emisora de televisión. Si esto fue el Mundial, los medios de comunicación existentes no presentan debate político alguno sobre lo que ocurre y en Youtube, quien desee ver algún debate lo primero que presenciará es la defenestración del interinato, por la corrupción y el inmenso caudal de medios en contra.

Pero hay algo aún más importante, la gran mayoría de los venezolanos en la calle desconoce lo que está ocurriendo porque ni tiene acceso a lo que decimos, ni quizás le importe ya. Si usted enciende un televisor en Venezuela, pensará que se encuentra en otro país, si enciende la radio intuirá que nada pasa porque todo está dedicado a lo superfluo o masivamente a lo maravilloso que es el gobierno de Maduro. Por lo tanto y nuevamente guste o no, la mayoría de los venezolanos de a pie desconoce este debate e incluso, la mismísima existencia de dos gobiernos y de los partidos políticos opositores. De allí que el debate sea entre minorías, porque la mayoría no sabe siquiera que la Asamblea paralela sigue existiendo.

Si usted observa las tendencias en las redes sociales se impresionará al ver el inmenso poder de Maduro, pero más aún la soledad de la oposición venezolana. Mientras escribo estas líneas observo como Juan Guaidó, en la soledad absoluta, trata de salvar desesperadamente lo poco que queda, tiene más de 2,6 millones de seguidores y su solicitud de auxilio político tiene poco más de 2.000 likes y la mitad de retuits, pese a que cientos de miles de personas vieron y leyeron sus comunicados. A su solicitud de expresarse en contra de la reforma del estatuto como medio de presión, le fue aún peor.

De allí a que veamos los últimos intentos desesperados, luego de utilizar el viejo truco de diferir el debate para ganar más tiempo, la mayoría obligó a hacerlo y el último comunicado antes de la votación reza así: «A esta hora persiste la decisión de eliminar el soporte institucional» a la vez que proponía que se nombrara a otro en su lugar para prorrogar el mandato del poder ejecutivo interino. 

Este intento de nombrar a otro también lleva su truco -poco sutil- porque Guaidó viéndose ya perdido, apela a ganar tiempo como interino para hacer maletas hasta el 5 de enero dividiendo el consenso y la votación de Acción Democrática a la que supuestamente le tocaría la presidencia de la Asamblea y, por ende, la presidencia interina. Así Henry Ramos Allup, o quien éste designara tendrían la última palabra, salvando la presidencia interina y convirtiendo a alguien en el último presidente antes de las elecciones. ¿Podría ocurrir? Se trata de una manzana envenenada a la que ningún político con futuro electoral le daría un mordisco, pero en una Venezuela, donde el futuro electoral de muchos no existe, descartar semejante mala idea es siempre imposible.

Mientras escribo y están votando para eliminar del juego a Guaidó, reviso con curiosidad las portadas y portales independientes, encontrándome lógicamente con Pelé, pero a partir de allí leo sobre las tradiciones navideñas, el aumento del pasaje de transporte o presos políticos y dentro de las páginas políticas, la misma propuesta de que escojan a otro como presidente. Incluso en los que se sospecha como más cercanos no existe mayor referencia o presión y esto me indica de nuevo que esos silencios que gritan dejan poco margen a pensar otra cosa y no es otra que Joe Biden, la comunidad internacional que está corriendo a nombrar embajadores, así como los líderes opositores junto a los principales editores del famoso «quinto poder» llegaron a la misma conclusión sobre el fin del interinato.

En fin, sea la decisión que fuere, quien sale de la presidencia interina por la puerta trasera es Juan Guaidó, abandonado por todos sus apoyos, en un país que odia enconadamente a los que pierden. El ganador de todo esto es sin discusión alguna Nicolás Maduro, otro silencio que grita a los cuatro vientos: «Muchas gracias», porque no hay manera constitucional de eliminar una presidencia interina por más ficticia que esta sea, es decir, el artículo que dice que hay una vacancia en la presidencia y que esta le toca a la Asamblea no desaparece por arte de magia o la existencia de un estatuto y el silencio legislativo simplemente confirmaría a Nicolás Maduro como presidente de la República.

Pero vuelvo a decir que esa discusión les atañe a muy pocos hoy en día. No significa nada para Joe Biden, ni para Europa ni para los diez millones que se han marchado, contando aquellos que no son inmigrantes, ni refugiados por tener doble nacionalidad. No significa nada para los cinco millones de pensionados que cobran una miseria y que están pendientes del único gobierno que les paga, tampoco para los seis millones de hambrientos que reciben una caja de comida con la cara de Nicolás Maduro y mucho menos para los seis millones de empleados públicos y satélites gubernamentales que viven de la repartición de lo que queda del Estado.

He allí la única discusión y respuestas que hay que buscar. ¿Por qué todo terminó así para la oposición? ¿Por qué se quedaron sin apoyo popular? El resto, importa realmente poco a partir de hoy porque la Venezuela post Guaidó ya no tiene algo que ver con él y lo que debió hacer, sino con Maduro hasta el 2030.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

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El proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, cuya primera discusión en la Asamblea Nacional está prevista para hoy, constituye apenas un primer paso en el largo camino para acabar con la segregación y persecución política que afecta no solo a dirigentes prominentes, sino a miles de venezolanos que llevan años sufriendo persecuciones penales, administrativas y laborales en virtud de su postura crítica al Gobierno. Se trata de una amnistía que pretende poner fin a la iniquidad de un sistema de justicia al servicio de un proyecto político

@GitiW

«PANA, ¿YO ESTOY EN ESA LEY?», es la pregunta que más le han hecho a Gonzalo Himiob, director del Foro Penal Venezolano, desde que la ONG comenzó el proceso de consultas con víctimas y familiares de presos políticos, a fin de elaborar el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que luego sería entregado a la Asamblea Nacional.

Dicha pregunta entraña una realidad denunciada por numerosas ONG: que la persecución política no se limita a los dirigentes más prominentes, López, Ledezma, Ceballos, Machado o Rosales, sino que es una práctica extendida en  la Administración Pública y, en general, a todo aquel que el gobierno identifique como una voz crítica, caso que ejemplifica, entre otros, la tuitera Inés González, quien pasó más de 1 año detenida por el contenido de sus tweets.  

Aunque los subterfugios legales lo nieguen y los voceros del Gobierno se escuden en el cinismo del término «políticos presos», la realidad que denuncia el Foro Penal Venezolano es que las cárceles nacionales albergan a 77 presos políticos; y que los tribunales reciben rutinariamente la visita de casi 2.000 perseguidos políticos con medidas cautelares, remanente de los 3.350 procesados por las protestas de 2014.

“Es muy complejo responder porque las amnistías no versan sobre personas, sino hechos. Son falsas las acusaciones de que la amnistía está incluyendo o excluyendo gente”, explica Himiob. La complejidad para precisar quiénes se beneficiarán de la amnistía reside en que si bien organizaciones como Human Rights Watch afirman que la persecución y segregación por motivos políticos lleva años siendo una práctica rutinaria en el país, raramente se le dice expresamente a la persona que la razón de tal discriminación es política.

Justamente porque el Gobierno niega la existencia de este tipo de persecución, el artículo 18 del proyecto de Ley presentado ante la plenaria de la Asamblea Nacional recoge los criterios bajo los cuales es posible constatar dicha práctica:

“Cuando la persecución penal contra algún dirigente político de la oposición u otras personas que hayan mantenido posiciones críticas frente al gobierno nacional, se haya producido en circunstancias que hayan restado confiabilidad en la administración imparcial de la justicia, en virtud de una aplicación discriminatoria de las normas penales procesales o sustantivas. A los efectos de esta disposición se entiende que ha existido discriminación en la aplicación de la ley penal cuando la investigación o proceso penal se haya prolongado por un tiempo excesiva o injustificadamente largo, sin que se haya dictado una sentencia condenatoria firme, o cuando por otros factores o circunstancias pueda concluirse que ha habido discriminación durante el proceso penal o a causa de la condena” [negritas añadidas].

Esta práctica no es solo injusta, sino ilegal. La discriminación por razones políticas está prohibida, entre otros, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; en el Convenio relativo a la discriminación de empleo y ocupación de la OIT; también está prohibida en el capítulo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 19 al 31, en los cuales se ratifican, además, los acuerdos y tratados internacionales en defensa de los derechos humanos.

Hay 24 hechos punibles amparados

En opinión de los juristas consultados, la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional no solo tiene como objetivo la liberación de dirigentes políticos que llevan años sufriendo la iniquidad de un sistema judicial al servicio de una parcialidad política, sino también pretende poner fin al apartheid promovido por el gobierno.

Para lograr este fin, el texto enumera 24 hechos punibles -cometidos o presuntamente cometidos entre el 1 de enero de 1999 y la fecha de entrada en vigor de la Ley-, los cuales entrarían bajo la cobertura de la amnistía.

Himiob destaca una cualidad atípica de esta propuesta de amnistía: es omnicomprensiva. Esto significa que la Ley no ampara solamente casos penales, sino actos de discriminación por vía administrativa, laboral, civil y mercantil.

“La evolución de la persecución política llevó a proponer una amnistía que cubriera distintos tipos de violaciones, por ejemplo, los despidos en Pdvsa tras el paro nacional; trabajadores despedidos injustamente de la Asamblea Nacional en el 2000; a quienes hayan recibido alguna «sanción ejemplarizante», a saber, militares, jueces, políticos, dirigentes estudiantiles, tuiteros; también cubre a quienes hayan sido tenidos ante la ley y la sociedad como «falsos responsables» de una acción, entre ellos, los directivos de Día a Día que fueron culpados por generar colas frente a sus establecimientos; y en general, abarca a quienes hayan recibido amenazas directas por parte del Estado por manifestar una actitud crítica”, explica el director del Foro Penal Venezolano.

Nizar El Fakih, abogado especializado en Derechos Humanos, acota que: “Todos conocemos a los presos políticos de mayor connotación por el liderazgo que ejercen: López, Ledezma, Ceballos, Machado, Rosales… pero hay miles de historias más, personas que no tienen voz ni rostro conocido y, por tanto, se difuminan en la opinión pública. En Venezuela, en 2014 se procesaron a 3.350 personas por manifestar, la cifra más alta de nuestra historia; son 3.350 personas –de las cuales 1.880 aún tienen abierto un proceso penal-, que ahora están sometidas al calvario del proceso penal politizado venezolano, en el cual no se respetan las más mínimas reglas de presunción de inocencia”.

El artículo 39 del proyecto de Ley habla específicamente a los beneficiarios potenciales: “En cualquiera de los casos referidos, quien se considere beneficiado por la presente Ley, en su condición de investigado, imputado, acusado o condenado, podrá solicitar directamente por ante el órgano judicial competente el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal, o, de ser el caso, la extinción de la pena (…)”.

La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior en la Asamblea Nacional, hace hincapié en el impacto social de la Ley de Amnistía: “La gente tiene que saber que esta Ley no es para un reducido grupo de personas, sino que la persecución política en nuestro país va más allá y nosotros no debemos acostumbrarnos a que la persecución política sea algo normal; como no debemos acostumbrarnos a la censura, a la escasez y a la inseguridad; aquí, todos los empleados públicos, de un modo o de otro, son perseguidos políticos y a eso hay que ponerle fin. Nosotros pretendemos hacerlo con esta Ley de Amnistía”.

Administración pública: 13 años de persecución laboral

El documental La Lista: un pueblo bajo sospecha, elaborado por la ONG Ciudadanía Activa, da cuenta de los inicios de la persecución política entre los empleados públicos. “El que firme contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia”, dijo el mandatario en su programa Aló, presidente.

Entre 2003 y 2004 se hicieron frecuentes las declaraciones discriminatorias de funcionarios del Gobierno, como las del entonces ministro de Salud y Desarrollo Social, Roger Capella, quien declaró que: “Un traidor no puede estar en un cargo de confianza (…) los que hayan firmado, están botados”.

Se refería a las casi 3.000.000 de firmas para convocar al referendo revocatorio del presidente. Las denuncias ante la CTV y la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos comenzaron casi de inmediato, sin embargo, como lo notó una investigación de Provea, en la mayoría de los casos fue imposible probar que hubiera existido discriminación política pues salvo raras excepciones, no se informaba a los ciudadanos los motivos por los cuales se tomaban las medidas, si bien a muchas personas se les decía informalmente que perdían sus trabajos, contratos o servicios, por haber firmado la petición de referendo. El sindicato de trabajadores del sector público documentó más de 2.000 despidos y 400 empleados sometidos a tácticas de presión.

Transcurridos 13 años de esas primeras acciones discriminatorias en materia laboral, podríamos suponer que la realidad es otra; habida cuenta de que el mismo Chávez mandó a “enterrar” la lista Tascón en 2005. Sin embargo, la persecución laboral ha permanecido, a juzgar por audios y videos que los propios trabajadores han filtrado a las redes sociales.

Marcela Máspero, presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores, denuncia que: “Nosotros tenemos una persecución política que data de hace seis años, incluso en el marco de lo que ha sido la participación en el proceso revolucionario; todo a raíz de la defensa de nuestros derechos por discutir un contrato colectivo. Hemos sido perseguidos, pero no solamente obligados a ir a una marcha, sino que tenemos compañeros imputados penalmente; compañeros que han ido presos imputados por delitos comunes para encubrir las verdaderas razones políticas. Menciono un casos emblemático: los tres compañeros de Sidor que en el marco de la lucha por el contrato colectivo sufrieron la persecución del Sebin, que les sembró armas y los mantuvo detenidos por casi 9 meses; hicimos mucha presión y justo cuando fuimos a la convención de la OIT los soltaron, pero quedaron con órdenes de presentación”.

Sostiene Máspero que UNETE registra cerca de 80 dirigentes sindicales de los centrales azucareros despedidos y cerca de 400 agremiados con desmejoras laborales y persecución penal. “Donde hay más casos es en las llamadas empresas recuperadas; por ejemplo, los compañeros de Agropatria tienen una medida dictada por el Tribunal Segundo Agrario que les impide hacer reuniones y realizar sus actividades sindicales. En mi caso, estuve en una protesta contra un tribunal del trabajo del estado Carabobo que anuló un derecho a huelga que nos habían dado en el caso de Galletera Carabobo; 5 compañeros fuimos detenidos, la Guardia Nacional Bolivariana nos maltrató, estuvimos 14 horas en el Comando de la GN y nos soltaron por la presión que hubo a nivel internacional, pero seguimos a la orden de un tribunal en Carabobo”.

La extensión de las prácticas de persecución laboral es tal, que el proyecto de Ley señala en el artículo 22, numeral C, que: “Se concede amnistía de los hechos punibles (…) cuando la investigación se hubiere iniciado con motivo del ejercicio de funciones de representación indígena, sindical, gremial, laboral o profesional”.

¿Es la Ley de Amnistía una prioridad nacional?

Una de las matrices de opinión que circula en torno a esta propuesta de Ley, es la pertinencia de su discusión en la Asamblea Nacional. Hay quienes argumentan que, con tantos problemas “reales”, no es el momento de atender la situación de los presos y perseguidos políticos.

La jurista Thays Peñalver, especializada en Derecho Parlamentario y Constitucional, sopesa no solamente el impacto jurídico y político de la Ley, sino sobre todo, la repercusión social: “No es importante para el venezolano un preso político, no lo asume como un problema grave, no obstante, es lo más grave que nos puede estar ocurriendo en este momento, además de la falta de medicinas y de alimentos”.

Peñalver argumenta que “en Venezuela no hay cultura sobre el respeto a la Constitución y las leyes. Solamente cuando la injusticia, llámese Sebin, DIM, GN o Colectivos, toca a tu puerta, cuando te vulneran los derechos a ti, cuando te sacan de tu casa o la allanan, cuando te botan del trabajo por firmar o no firmar, por marchar o no vestir una franela de un color; cuando te meten preso sin haber cometido ningún delito… en ese momento, y solo en ese momento, es cuando las personas caen en cuenta de la importancia del respeto a los derechos; para quien no se ha visto en esta situación, la persecución política se percibe como un tema aislado”.

La amnistía, explica la jurista, “es reivindicar a tantos venezolanos que han sido perseguidos injustamente, privados ilegítimamente de su libertad; un preso político es una persona que no ha cometido ningún delito. Cuando una sociedad permite la existencia de presos políticos, no puede avanzar en la construcción de un país democrático. Hay gente que perdió su libertad, otros perdieron su trabajo, sus propiedades, su derecho a la participación política; insisto, tenemos que llegar a un nivel de consciencia tal, que entendamos que la injusticia contra una persona es inaceptable”.

Ana Da Costa y Mónica Santamaría, familiares de presos políticos

Frente a quienes argumentan que el contexto económico impone otras prioridades a la Asamblea Nacional, resuena el clamor de justicia de los familiares de los presos políticos. “Mi hermano, José Luis Santamaría, fue tomado prisionero el 24 de julio de 2014, lo acusaron de terrorismo; desde el gobierno dijeron que él pertenecía a una banda que quería sembrar el terror en Caracas, inclusive en los diarios oficialistas dijeron que él tenía intenciones de explosionar Caracas, cuando a él no se le encontró ni un triqui-traqui; ha pasado más de año y medio desde su aprehensión; tuvo más de 21 diferimientos. Mi hermano está totalmente esperanzado en que la Ley de Amnistía les otorgue la libertad, porque a nivel judicial no confiamos en que se haga justicia”, relata su hermana, Mónica Santamaría.

Ana Da Costa, hermana de Vasco Da Costa –politólogo de 57 años acusado de liderar una célula terrorista-, describe la experiencia de la familia de los presos políticos: “Los familiares somos personas pisoteadas por el Estado; como familiares estamos siendo también violentados en nuestros derechos porque nosotros somos su apoyo. El familiar del preso político es tratado cruelmente; en las cárceles nos hacen esperar más, nos desprecian. Una vez, en la cola de la cárcel, nos gritaron que éramos asesinos de militares; es una situación que te hace darte cuenta de que no eres un preso normal… esto es, sencillamente, la abominación del sistema judicial”.

De los relatos de los familiares emerge un patrón recurrente: la presencia de un “patriota cooperante” que hace la denuncia; la detención inmediata del presunto culpable; diferimientos interminables; sometimiento a torturas y tratos crueles; juicios en los que no presentan pruebas, y el uso de “testigos expertos” cuya alianza con los fiscales y jueces luce evidente.

Por esta razón, el artículo 32 del proyecto de Ley dispone específicamente que: “Quedan amparados por la presente Ley las personas que hayan sido objeto de investigación, imputación, acusación o condena por cualesquiera de los hechos a que se refieren los artículos precedentes, si el proceso iniciado al efecto se sustentó o consideró el testimonio o los informes rendidos por sujetos cuya identidad no se haya acreditado expresamente o en pruebas obtenidas mediante grabación, interceptación o difusión de las comunicaciones privadas, sin la previa autorización judicial (…)”.

Tras escuchar las historias de los familiares de los presos políticos, surge la duda acerca de si la reconciliación que busca promover esta Ley no será más que una mera utopía. Ante la pregunta, la hermana de Da Costa guarda un breve silencio; luego responde serena: “¿Qué es la reconciliación? En mi opinión, la reconciliación de la sociedad venezolana está en crear un mecanismo constitucional por el cual nunca se le pueda hacer esto a más nadie, que nunca más se pueda abusar de alguien como se está abusando de los presos políticos”.

Ley de Amnistía pondrá al sistema judicial en tres y dos

¿Qué hará el TSJ? Peñalver afirma que la aprobación de la Ley emplazará al Poder Judicial: “Tiene que llegar el momento de ponerlo en tres y dos. Ante una orden del Poder Legislativo, ¿quedará el Poder Judicial enfrentado a ese mandato; va el TSJ a enfrentar al único poder legítimo que tiene el país?”. El Poder Legislativo no es una asociación de vecinos ni una ONG, se trata de un Poder cuyas leyes deben ser acatadas. Yo no sé si el Poder Judicial entiende lo que significa ponerse en contra del Legislativo”.

De la misma manera, la diputada Solórzano afirma que “los jueces tienen la obligación de aplicar las leyes, no es un asunto de si quieren hacerlo; nosotros no vamos a permitir que el país quede a la deriva por la carencia de instituciones que no cumplen con sus funciones; la Asamblea Nacional va a cumplir con lo que le corresponde, y a través de la función de control, vamos a estar vigilantes para que se dé cumplimiento a la Ley de Amnistía. Yo siento que muchos jueces y fiscales están también anhelantes de la Ley de Amnistía porque, de algún modo, ellos también se sienten perseguidos políticos”.

Quizás esa sea la paradoja más grande que entrañe una eventual negativa del Poder Judicial a acatar la Ley de Amnistía: que el temor a las represalias del Gobierno lleve a jueces y magistrados a desconocer la plataforma legal que les devolvería la independencia.

«¿Amnistía o impunidad?»

Una de las matrices de opinión que ha circulado a propósito de este proyecto de Ley, es la equiparación de amnistía con impunidad. Al respecto, el texto explica que: “La amnistía produce la extinción de la acción penal y hace cesar la ejecución de la condena y todas las consecuencias penales de la misma (art. 104 del Código Penal), lo cual implica, respecto de los procesados, el cese de cualquier medida de coerción personal (art. 29 del Código Orgánico Procesal Penal)”. En consonancia con lo dispuesto tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en los demás acuerdos internacionales sobre la materia, el proyecto de Ley señala expresamente que: “La amnistía no debe conducir a la impunidad en relación con crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o delitos referidos a violaciones graves a los derechos humanos cometidas por autoridades o funcionarios. Así lo han establecido los tratados y la jurisprudencia internacional y de ello se hizo eco cabalmente la Constitución vigente en su artículo 29”. De manera específica, el artículo 5 sostiene que la amnistía “no se extiende a quienes se considere responsables de la comisión de los delitos de homicidio doloso en cualquiera de sus modalidades, o de lesiones dolosas graves o gravísimas. Tampoco comprende los delitos que se considere que han sido perpetrados por miembros de cuerpos de seguridad del Estado con ocasión de la realización de protestas o manifestaciones (…)”.

La única soberanía que ha tocado el gobierno de EE UU es la de las cuentas de los chavistas en el exterior. Los expertos Mildred Camero, Thays Peñalver y Alejandro Rebolledo explican qué hay detrás del decreto de Barack Obama, cómo se relaciona con las intervenciones de bancos que lavaban dinero, y con la lucha contra el narcotráfico

@ronnarisquez

LA INVASIÓN YA COMENZÓ. Las “cabezas de playa” instaladas por los gringos contra Venezuela —por ahora— están en Andorra, Madrid, Panamá, Suiza y República Dominicana. No se ha disparado un solo misil, pero algunos funcionarios, empresarios y militares chavistas comienzan a sentir el desangre de sus finanzas.

La única soberanía mancillada por Estados Unidos está en las cuentas de oficialistas, celosamente resguardadas en bancos de pequeños “paraísos” fiscales, como Andorra. Allí fueron acumulando, con dedicación y constancia, grandes cantidades de patria, transformadas en dólares y euros luego de un engorroso proceso de lavado de capitales, siempre orientado a burlar la injerencia imperialista.

El objetivo del gobierno de Barack Obama, con las sanciones a 7 funcionarios de la administración de Nicolás Maduro y la declaración de Venezuela como “amenaza”, no es el petróleo. Ni el territorio venezolano, ni las bases militares, ni muchos menos los habitantes de esta nación suramericana que no tiene ni papel tualet. Lo que está en la mira son las cuentas de colaboradores y dirigentes de los dos gobiernos “revolucionarios” de los últimos 16 años, alimentadas con dinero proveniente de la corrupción y el narcotráfico.

Las razones las explican con detalle Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid) y ex juez; Thays Peñalver, abogada e investigadora; y Alejandro Rebolledo, experto en legitimación de capitales. Aseguran que no existe ninguna intención bélica en el decreto de Washington, lo que intentan los norteamericanos es “proteger su sistema financiero y sus instituciones” del dinero “sucio” que sale de Venezuela. La estrategia estadounidense no es solo contra violadores de Derechos Humanos, sino también contra los corruptos.

1. ¿En qué consisten las sanciones del presidente Barack Obama contra funcionarios Venezolanos?

Las sanciones en este caso son contra 7 funcionarios del gobierno venezolano que fueron incluidos en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos). Esta lista está compuesta principalmente por nombres de personas vinculadas con la delincuencia organizada, como tráfico de drogas, terrorismo, corrupción y fraudes. Estas personas no pueden entrar a Estados Unidos y sus activos en ese país fueron congelados.

“Para llegar a esa lista tienes que estar vinculado a algún delito, que permite que el gobierno de Estados Unidos tome esa medida”, explicó Mildred Camero, quien fue presidenta de la Conacuid, y está familiarizada con este tipo de sanciones frecuentemente aplicadas a los traficantes de drogas.

Thays Peñalver tipifica las formas del castigo y refiere en qué normativa se sustenta: “Obama actúa en este caso fundamentado en la Ley de Sanciones y en la Ley de Emergencia Internacional, que todos los países conocen. Las sanciones son administrativas, no son judiciales y están referidas a personas específicas. También son sanciones administrativas basadas en las leyes de emergencia financiera y antilavado de dinero”.

En este caso la sanciones afectan a quienes violen los Derechos Humanos en Venezuela. “A personalidades políticas, policiales, militares y civiles que las perpetraron, pero también a quienes ordenan o dirigen los arrestos y los juicios. Es decir, que se aplicará a policías, jueces y fiscales que emprendieron juicios relacionados con violaciones a los DD HH. Se puede sancionar empresas que vendan material de represión a Venezuela, pasando por intermediarios venezolanos, internacionales o nacionales incluidos bancos”, precisó la abogada Peñalver.

Camero no tiene dudas de que, con las sanciones, EE UU busca resguardar su economía y sus instituciones, pero no con acciones bélicas. “Esta es una medida de protección al sistema financiero que cada país puede tomar. Está basada en acuerdos y tratados internacionales que seguramente algún funcionario del gobierno venezolano firmó en su momento, y que quizás ahora no recuerda”.

2. ¿Las sanciones del gobierno de EE UU violan la soberanía venezolana?

“No. La seguridad de un país no se limita al espacio físico o a la soberanía. Ese concepto de soberanía se perdió con los delitos transnacionales, como el lavado de dinero. Este concepto ahora va más allá, y esta referido a las medidas que puedes tomar como país para evitar que utilicen tus instituciones en alguna actividad criminal”, explicó Mildred Camero, ex presidenta de Conacuid, con amplia experiencia en investigación de transacciones relacionadas con blanqueo de capitales.

3. ¿Las sanciones aplicadas a los funcionarios venezolanos por el gobierno de EE UU son solo por violación de DD HH?

“Las sanciones de Ley eran por Violaciones a los Derechos Humanos, pero Obama amplió la Ley para abarcar a los corruptos. De acuerdo a las palabras del director de la OFAC, esto les dio flexibilidad para señalar a los corruptos, sus familiares, entorno y testaferros. La estrategia de cerco estadounidense no es solo contra un grupo de violadores de Derechos Humanos, sino también contra los corruptos”, dijo Thays Peñalver, quien es columnista de El Mundo de España y El Nacional.

Camero coincide: “No son solo por violación de derechos humanos. También son por corrupción, y cuidado si no son también por lavado de dinero. Uno de los funcionarios sancionados tendría una empresa de químicos (utilizados para procesar droga) y otra persona sancionada tiene empresas a su nombre y al parecer es testaferro de otros funcionarios”.

4. ¿Qué son el Gafi, la lista OFAC y el FinCEN?

El GAFI (O FATF en Inglés) es el Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero. Se trata de una institución intergubernamental encargada de desarrollar políticas y estándares comunes que ayuden a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Gracias al GAFI, existen 40 normas o estándares comunes, y entre estas todos los países tienen como objetivo común crear sus unidades de Inteligencia Financiera, como es el caso de Venezuela o de Andorra que tienen sus “Unidad de Inteligencia Financiera” y en el caso de EE UU tiene al FinCEN que es una red enorme encargada de velar por el antilavado de dinero en la banca estadounidense, describió Thays Peñalver.

Peñalver explicó que el FinCEN, tiene una “organización hermana” llamada OFAC que significa Oficina para el Control de Activos Extranjeros”, que es la encargada de monitorear, los fondos y propiedades de extranjeros dentro del territorio estadounidense. Cuando el presidente de Estados Unidos genera unas sanciones internacionales, el FinCEN puede señalar a determinado banco extranjero que pueda ser un peligro potencial en la banca local y en el caso de que algún extranjero sea señalado, es la OFAC la encargada de colocarlo en una lista llamada lista OFAC (también apodada Lista Clinton).

5. ¿Qué implicaciones tienen las sanciones de Obama?

“Estas son medidas graves con repercusiones a nivel mundial porque permiten sancionar también a cualquier persona o institución de cualquier Estado que tenga relación con alguien que fue incluido en la lista Ofac. No permite que ningún banco se relacione con esa persona. Todo aquel que tenga relación comercial con una persona que aparezca en la lista Ofac no puede tener relación comercial o política con Estados Unidos”, dijo Mildred Camero. Esta es una forma de aislamiento para quien ingrese en esa lista “negra”.

Peñalver considera que el éxito de las sanciones debe medirse con base a las experiencias previas y a los actores. “Las sanciones no deben empeorar la situación que se supone deben corregir. En estos momentos EE UU tiene las mismas sanciones sobre los generales Hugo Carvajal, Cliver Alcalá Cordones, Henry Rangel Silva, el capitán Ramón Rodríguez Chacín y Freddy Bernal. Habría que preguntarse si han servido para que el gobierno bajara un poco su actitud o por el contrario si profundizó aún más sus posturas radicales. Entonces la gran implicación interna es precisamente la radicalización del modelo. Con un gobierno revolucionario que va a utilizar esto como excusa para avanzar y radicalizar su modelo. Hay diferencias entre sancionar a un grupo escarmentable y a otro que no lo es. Si usted sanciona a Boko Haram (el grupo extremista nigeriano) no solo se sentirá poderoso sino que atraerá a cuanto revolucionario tercermundista exista en el planeta”.

Otro aspecto que debe observarse está referido a las implicaciones legales dentro de la política interna estadounidense. “Si Venezuela es una amenaza ¿por qué seguir negociando y comprando petróleo?”, indicó Peñalver, quien agregó que no se puede perder de vista que hay dos investigaciones que van en paralelo y que no hay que descuidar: La de la DEA y la del FinCEN. “Todo indica que viene una sorpresa enorme por como el director de la OFAC explicó sobre la Ley Kingpin (ley que congela los activos de los narcotraficantes en EE UU) y eso legalmente puede tener unas implicaciones aún más serias que las actuales”, acotó la abogada.

6. ¿En qué consiste la amenaza de Venezuela a EE UU?

“La explosión del FinCEN arrastra otra serie de bancos que están teniendo negocios con Andorra. Los cuatro bancos de EE UU que actuaban como corresponsalías también son arrastrados por la investigación del FinCEN. Por eso cuando se habla de amenaza, el gobierno de Barack Obama se refiere a la amenaza que representa ese dinero que está entrando producto de la corrupción pública al sistema financiero norteamericano. Es sumamente grave, porque se dice que por el sistema de EE UU pasaron más de 50 millones de dólares”, explicó Alejandro Rebolledo.

Camero, experta en investigaciones sobre tráfico de drogas, agrega: “Por ejemplo, hay zonas consideradas de alto riesgo porque se lava dinero o se financia el terrorismo, y la ONU permite que los gobiernos se protejan de eso con una serie de leyes. En el caso de Venezuela hay operaciones que son de alto riesgo porque es un país de paso de drogas”.

7. ¿Hay alguna relación entre las sanciones aplicadas por el gobierno de EE UU a 7 funcionarios venezolanos y la intervención de la Banca Privada de Andorra (Banco de Madrid y Panamá)? ¿Es casual que ambas acciones coincidieran?

“Es evidente que no se trata de una casualidad. Sin duda que hay conexión entre una y otra actuación”, aseguró Thays Peñalver. Aunque tiene presente que no hay un nexo legal ni oficial entre ambas acciones.

La abogada recordó lo dicho en la audiencia del Senado por John Smith, director de la OFAC y representante del Departamento del Tesoro de Estados Unidos: “En todas las acciones que hemos llevado, hemos notificado con anterioridad a nuestros aliados en otros países, para que sepan que lo vamos a hacer. Se trata de una acción coordinada entre España y Estados Unidos”.

Peñalver explicó que los casos en España de Gennadi Petrov (Operación Avispa), Gai Ping (Operación Emperador) y el caso de Andrei Petrov (Operación Clotilde) ya eran investigados desde 2008, 2010 y 2012 por la Red contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE UU. Y todos los implicados ya están en la cárcel.

La experta recordó que inclusó a María Cosan, directora del Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), le pareció extraño que todos los casos que el FinCEN relaciona con BPA ya están judicializados, y que la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra ya estaba actuando. “En mi opinión, el caso más importante del Fincen sobre la Banca Privada de Andorra es Venezuela y es la razón por la que el FinCEN ha intervenido justo ahora», indicó Peñalver.

Alejandro Rebolledo, abogado y experto en investigación sobre legitimación de capitales, tiene otra posición. “Las sanciones no tienen nada que ver con el tema de corrupción de Andorra. Una cosa no tiene que ver con la otra. En el caso de la Banca de Andorra y el Banco Madrid se trata de una investigación que llevaban en paralelo tanto la Superintendencia de Prevención de Lavado de Activos de España y el Fincen, sobre la mafia Rusa y la mafia China. El caso revienta en este momento porque  no se podía seguir soportando tema Andorra-Banco Madrid”.

8. ¿Cómo se llega a las conexiones y por qué salen  los nombres de personas tan poderosas?

“La primera fase en casos de corrupción y lavado es negociar para evitar ir preso. La persona investigada al ser descubierta  ayuda a desmantelar organización criminal. Ofrece testimonios y pruebas a las autoridades que permiten identificar cómo opera y quiénes integran la red de lavado. Eso a cambio de no recibir sanciones penales (no ir a prisión). Fue lo que pasó con HSBC, los directivos no van presos porque colaboran con la investigación. Solo los destituyen. Hablan y dicen quiénes hacían negocios para desmantelar la red”, explicó Rebolledo.

El abogado y experto agregó que en este caso “sale todo porque Banco Madrid y BPA Andorra sacan todo lo que tienen. Uno de los blanqueadores habla y por ahí van saliendo las conexiones”, asegura.

Thays Peñalver, agrega que EE UU descubre una red de lavado de dinero procedente de la corrupción en Venezuela, asociada con altos funcionarios. “La red de lavado involucra a residentes en España, Panamá y Andorra que establecieron compañías fantasmas de altos funcionarios de Venezuela. La BPA facilitó a estos funcionarios las movilizaciones por al menos 50 millones de dólares a través de EE UU, lo que es un Delito Federal”.

Los reguladores de Andorra, Suiza y España, optaron por intervenir bancos y enviaron circulares a los bancos para investigar los casos venezolanos. Peñalver asegura que: “Toda la banca suiza, española y andorrana, se ha declarado en alerta ante el descubrimiento del esquema de lavado de dinero venezolano”.

9. Las personas involucradas en el caso de lavado de dinero en BPA son exfuncionarios y empresarios vinculados al gobierno venezolano. ¿Las sanciones por este delito pueden alcanzar al Estado venezolano y a Pdvsa?

“No creo que se sancione al Estado venezolano, porque la responsabilidad penal es individual. Lo que ocurre es que estos escándalos afectan la reputación de los venezolanos. Ya están devolviéndole el dinero a venezolanos que tenían cuentas en bancos del exterior. Eso está pasando. Sé de algunos casos. Las instituciones bancarias en esos casos lo que tratan es de evitarse riesgos, con cuentas de funcionarios del gobierno, consideradas PEP (persona expuesta políticamente)”, aseguró Alejandro Rebolledo.

Peñalver explicó que: “Por ahora, como lo ha explicado el departamento de Estado y la OFAC, no hay intención por parte de los Estados Unidos de involucrar al Estado venezolano o (nuevamente) a Pdvsa en las sanciones, ni siquiera hay intención de hacer sanciones masivas como lo propone la ley sancionada”.

La abogada recordó que las declaraciones del Director de la OFAC y del Departamento del Tesoro, Jhon Smith fueron claras, en cuanto a que no son necesarias más sanciones sino otro tipo de medidas. En su opinión esto se debe a dos razones: evitar el impacto interno con la radicalización en el gobierno de Venezuela y el hecho de no permitir que el gobierno de Venezuela esconda o justifique el descalabro económico tras las posibles sanciones.

La experta también aclaró que “las sanciones amplias son en general una desventaja significativa para la política exterior estadounidense en la región. También porque ampliarlas puede dar lugar a que los sistemas financieros extranjeros se cuiden más de posibles futuros sancionables (…) por eso, esas sanciones amplias pueden ser contraproducentes para la política exterior estadounidense”.

Citó nuevamente al representante del Departamento del Tesoro, Jhon Smith, quien dijo que ni siquiera son sanciones “contra el gobierno de Venezuela o su gente”.

10. ¿Qué consecuencias tiene para el país que ex funcionarios del gobierno de Venezuela estén vinculados con el lavado de dinero?

“Las implicaciones son tremendas para Venezuela. En principio la primera implicación es la mala imagen financiera  de Venezuela ante el mundo, al tener un gobierno que cada vez es más señalado. Por ejemplo, hablamos de grandes dificultades a la hora de obtener nuevos préstamos o trato con la banca extranjera en el caso de Pdvsa”, dijo Thays Peñalver.

Esa mala imagen se extiende a través de todo el sistema financiero mundial con todas las empresas venezolanas e incluso personas naturales porque los bancos internacionales tienden a actuar preventivamente para evitar problemas futuros.

11. ¿El dinero congelado de esas cuentas se puede recuperar?

“El dinero se puede recuperar. La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional —convenciones suscritas por Venezuela— y la ley orgánica contra la delincuencia organizada tienen suficientes mecanismos para poner en marcha la cooperación internacional y la asistencia legal mutua”, dijo Rebolledo, experto en investigación sobre legitimación de capitales.

Un Estado puede ser considerado cómplice si no denuncia el hecho y exige que la repatriación de esos fondos provenientes de la corrupción.

12. ¿Existe alguna diferencia entre el lavado de dinero del narcotráfico y el lavado de dinero de corrupción?

“Como indica nuestra legislación, la ‘Legitimación de capitales es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas’ cualesquiera que estas sean. Es claro que la única diferencia existente es el crimen o delito que da origen al dinero que debe ser legitimado, pero en esencia no existe diferencia alguna en materia de Lavado o Legitimación de Capitales entre lavar producto del narcotráfico y lavar el producto de la corrupción”, explicó Peñalver.

13. ¿Qué es un “paraíso” fiscal?

“Un paraíso fiscal es un instrumento de competencia fiscal perjudicial… Son territorios de baja o nula tributación que, mediante normas específicas internas, garantizan la opacidad de las transacciones, con la ausencia absoluta de registros, formalidades y controles”, dice una nota publicada en el portal de economía lainformación.com.

No todos los paraísos fiscales funcionan igual. “Podemos encontrarnos con territorios especializados en fiscalidad empresarial como Jersey, Panamá o Liberia; y otros más volcados en la gestión de grandes fortunas particulares, como Mónaco, Andorra o Montserrat”, dice lainformación.com.

No existe una lista oficial de paraísos fiscales. Cada país determina mediante su legislación, qué países son considerados paraísos fiscales y cuales no.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es un ente de cooperación internacional integrado por 34 países industrializados, y su objetivo es coordinar sus políticas económicas. En 1998 publicó un  informe denominado Competencia Fiscal Perjudicial que establece 4 condiciones para considerar a una jurisdicción como paraíso fiscal: “que no recaude impuestos en su territorio, o estos tengan carácter meramente nominal; que no exista un intercambio efectivo de información con otros Estados; que sus autoridades no sean transparentes; y que se pueda ser residente en ese territorio, a efectos fiscales, sin necesariamente realizar actividades económicas en el mismo (se habla de letter-box companies, empresas que no son más que una dirección postal: por ejemplo, contaba la BBC en 2014 que un único edificio en las Islas Caimán es la sede de 18.000 empresas internacionales)”.