Tarek William Saab

Nuevo embajador de Colombia en Venezuela asomó posibilidad de otorgarle el control de los activos de la empresa a la administración de Maduro

23 órdenes de captura ratificó el Ministerio Público contra miembros de la junta directiva de la empresa venezolana en Colombia, Monómeros.

Las órdenes y alertas rojas se produjeron el pasado 28 de febrero de 2020  contra directivos designadas por el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 y líder del gobierno interino, Juan Guaidó.

El fiscal designado por la extinta asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, dijo que acusaba a los directivos por usurpar funciones, lavar dinero y conspirar para cometer delitos contra el país.

Saab sostuvo que la investigación se mantiene activa e intentan identificar a otros presuntos partícipes relacionados con la gestión de los activos de Monómeros.

Guaidó nombró como presidente de la empresa a Jon Bilbao, exdirectivo del sector petrolero despedido por Hugo Chávez la década anterior. Junto a este estaban Carmen Elisa Hernández, José Alberto De Antonio, Yadid Jalaff y José Ignacio González.

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Cuatro meses después del nombramiento, la AN modificó la junta directiva y estableció una nueva composición presidida por Carmen Elisa Hernández junto a Javier Linares, Ramón Crespo, Guillermo Pérez, Nelson Della Rocca, Luis Hurtado y Jorge Yáñez. 

El nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, asomó que el gobierno de Gustavo Petro evalúa la posibilidad de otorgarle a la administración de Maduro el control de los activos de Monómeros.

Por su parte, el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Darío Germán Umaña, dejó claro que recuperar la empresa era importante para la soberanía alimentaria neogranadina.

«El problema se resolverá de acuerdo con la ley y la Constitución. El tema para nosotros es soberanía alimentaria, disponibilidad de fertilizantes, cómo haremos para que la inflación siga subiendo», dijo Umaña en la reunión de gremios venezolanos con empresarios y autoridades colombianas, denominada «Acuerdo de la Frontera».

Hay que recordar que por su empresa filial de Pequiven, Monómeros figura entre las sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Sin ofrecer cifras, el funcionario precisó que las regiones con mayor número de casos son Zulia, Táchira, Carabobo, Caracas y Miranda

Foto: EFE

El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2022 el Ministerio Público (MP) recibió 632 denuncias de casos de pedofilia.

Aunque no ofreció cifras, precisó que las regiones con mayor número de casos son Zulia, Táchira, Carabobo, Caracas y Miranda.

Saab indicó que ya se han reunido con los directivos de las zonas educativas a nivel nacional para hacer foros, charlas y talleres sobre este delito.

Dijo, además, que han promovido la campaña en redes sociales y medios de comunicación.

Campaña contra la pedofilia

El 11 de agosto, Saab informó que se dio inicio a la campaña Pedofilia es Crimen, destinada a proteger a niños, niñas y adolescentes de los depredadores sexuales que puedan poner en riesgo su integridad y seguridad.

A través de la cuenta en Twitter del MP, indicó que el objetivo es concientizar a la población sobre la necesidad e importancia de proteger a los infantes de la pedofilia. 

El fiscal explicó que a partir del 15 de agosto y hasta el 30 de septiembre, el MP pondrá en marcha una línea de acción comunicacional y otra de sensibilización.

«La línea de comunicación se centrará en la elaboración y difusión de contenido socio-educativo en formato digital, acompañado de la etiqueta #PedofiliaEsCrimen. Mientras que, la línea de sensibilización consistirá en actividades presenciales con actores de instituciones públicas y privadas», se lee en Twitter. 

El fiscal destacó que ya están listos para tener de manera completa e integral los artículos respectivos para una reforma de la Lopnna. Afirmó que al menos siete proyectos de ley ya han sido presentados a la Asamblea Nacional para sancionar a quienes atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes. 

Cecodap pide que la campaña incluya atención a víctimas

El 16 de agosto, el abogado y coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, pidió al MP más detalles sobre la campaña Pedofilia es Crimen. 

El abogado reiteró que la campaña es una estrategia de muchas acciones que se tienen que implementar. Sin embargo, debe haber atención a la víctima, deben existir políticas públicas, servicios psico-social, gestión jurídica, gestión de casos y servicios de atención médica.

Aseguró que cualquier iniciativa que busque la protección de los niños es una iniciativa que todos los ciudadanos deben conocer, comprender y apoyar. «El problema se presenta cuando se publica una campaña que cumple con el objetivo de sensibilizar y la víctima acude a un organismo público y no recibe una atención adecuada con acompañamiento», apostilló.  

Con información de EFE

Nepomuceno Hernández, de la parroquia Ermita, San Cristóbal, «invitó a comer a la adolescente de 13 años (…) para luego agredirla sexualmente»

El fiscal general, Tarek William Saab, informó este 15 de agosto que un sacerdote del Táchira fue imputado por el delito de abuso sexual contra una adolescente de 13 años de edad.

#imputado por el @MinpublicoVEN el sacerdote de la parroquia Ermita San Cristóbal NEPOMUCENO HERNÁNDEZ por el delito de abuso sexual a menor: dicho sujeto bajo los efectos del alcohol invitó a dar de comer a la adolescente de 13 años C.Y.J.V para luego agredirla sexualmente pic.twitter.com/POo1EK6Etl

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 15, 2022

Detalló que el sacerdote, bajo los efectos del alcohol, «invitó a dar de comer a la adolescente de 13 años (…) para luego agredirla sexualmente».

Campaña contra la pedofilia

En días pasados, el fiscal anunció que el MP promueve la campaña «Pedofilia es crimen», con la que busca combatir este delito y «proteger (a los) niños, niñas y adolescentes de los llamados depredadores sexuales, que pueden poner en riesgo su integridad y su seguridad».

A principios de julio, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) dijo que sacerdotes y otros miembros de la Iglesia católica han cometido abusos sexuales contra menores de edad y «personas vulnerables», cuyo número de casos decidió mantener «en confidencialidad».

El primer vicepresidente de la institución, monseñor Mario Moronta, quien expresó que la CEV «ha pedido perdón y ha acompañado» a las víctimas, criticó en ese momento que no se investiguen a otros entes «no solamente religiosos sino también profesionales, donde el número de abusos sexuales es mayor».

Respuesta de la Diócesis de San Cristóbal

A través de un comunicado, la Diócesis de San Cristóbal calificó el hecho como algo «lamentable que no tiene justificación alguna». Asimismo, asegura que el obispo de esa sede «ha garantizado (…) que ni se opondrá ni interferirá en las investigaciones y actuaciones que por este hecho se tienen que realizar».

De igual modo, la sede señala que «se abrirá el proceso según las leyes y normativas de la Iglesia. En virtud de ello, el obispo diocesano ha suspendido del ejercicio del ministerio al padre Nepomuceno Hernández y le ha destituido de los cargos pastorales que ejercía. A la vez, inicia el proceso canónico correspondiente,
según los protocolos y normativas en los casos de abuso sexual en contra de niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables».

Sacerdotes condenados vuelven a las iglesias

Un trabajo de investigación de la periodista Ana Vanessa Herrero del Washington Post reveló que en Venezuela varios sacerdotes condenados por abuso sexual infantil volvieron a sus ministerios.

El medio examinó 10 casos de denuncias de abuso sexual infantil cometidos por miembros de la Iglesia entre 2001 a 2022.

El elemento común de estos casos, según aseguran, es que los niños que fueron víctimas «procedían de entornos pobres y vulnerables».

En la mitad de los casos, aseguran, los sacerdotes con condenas por cargos de abuso fueron liberados antes de tiempo o que no cumplieron ningún tiempo en prisión,

Entretanto, en al menos tres casos, a los religiosos se les permitió regresar al ministerio.

Para el desarrollo del trabajo, entrevistaron a  líderes católicos, policías, funcionarios judiciales y víctimas. De igual forma, revisaron exhaustivamente documentos policiales y judiciales.

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Con información de EFE

El fiscal explicó que a partir del 15 de agosto y hasta el 30 de septiembre, el Ministerio Público pondrá en marcha una línea de acción comunicacional y otra de sensibilización

Este jueves, 11 de agosto, el fiscal general de la República, designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, informó que se dio inicio a la campaña Pedofilia es Crimen, destinada a proteger a niños, niñas y adolescentes de los depredadores sexuales que puedan poner en riesgo su integridad y seguridad.

A través de la cuenta en Twitter del Ministerio Público (MP), el fiscal chavista indicó que el objetivo es concientizar a la población sobre la necesidad e importancia de proteger a los infantes de la pedofilia. 

El fiscal explicó que a partir del 15 de agosto y hasta el 30 de septiembre, el MP pondrá en marcha una línea de acción comunicacional y otra de sensibilización.

«La línea de comunicación se centrará en la elaboración y difusión de contenido socio-educativo en formato digital, acompañado de la etiqueta #PedofiliaEsCrimen. Mientras que, la línea de sensibilización consistirá en actividades presenciales con actores de instituciones públicas y privadas», se lee en Twitter. 

El fiscal destacó que ya están listos para tener de manera completa e integral los artículos respectivos para una reforma de la Lopnna. Afirmó que al menos siete proyectos de ley ya han sido presentados a la Asamblea Nacional para sancionar a quienes atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes. 

Cecodap desconoce la campaña 

El abogado y coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, señaló este lunes, 1 de agosto, que la institución desconoce los lineamientos y el plan de trabajo que regirá la campaña contra la pedofilia que realizará el Ministerio Público (MP).

«Cualquier acción que implique proteger a los niños, creo que es una acción que vale la pena conocerla y que todos podamos participar. La pedofilia como otras expresiones de violencia, es una situación que ocurre y genera víctimas. Es importante informarnos de cara a la prevención, pero también a la denuncia oportuna», dijo Trapani en entrevista transmitida por Unión Radio.

Trapani indicó que se puede generar una campaña contra la pedofilia, pero que debe haber una respuesta a la demanda social que generará la campaña, de lo contrario se pueden presentar muchas dificultades.

«Si yo como padre, docente o cuidador, identifico los supuestos que me indica la campaña y yo voy al MP o cualquier otro organismo de protección y no obtengo respuesta, no me gestionan la denuncia y exigen requisitos que la ley no pide, en ese momento la campaña pierde su efectividad», explicó Carlos Trapani.

El coordinador de Cecodap insistió en que la campaña debe ser integral, que además de cumplir el rol de informar, también se deben fortalecer los mecanismos de defensión, los procesos sean expeditos y sensibles. 

Sobre la actuación del Ministerio Público para castigar la violencia de género en el último quinquenio, el fiscal explicó que han presentado 43.765 imputaciones

Foto: www.elinformadorve.com

El fiscal general, Tarek William Saab, informó que el organismo que representa ha contabilizado un millar de casos de feminicidios, algunos de ellos frustrados, desde agosto de 2017.

Por estos hechos, los fiscales presentaron 1.073 acusaciones y solicitaron ante distintos tribunales del país 412 órdenes de aprehensión contra los agresores.

Sobre la actuación del Ministerio Público (MP) para castigar los feminicidios, Saab explicó que han presentado 43.765 imputaciones.

Policía acusado de feminicidio en Carabobo

El MP informó el 26 de julio que un funcionario de la Policía Municipal de San Diego, estado Carabobo, fue detenido por su presunta responsabilidad en el asesinato, con un disparo, de su expareja. 

En una nota de prensa del MP se lee que al funcionario, de 31 años, lo imputaron por los delitos de «feminicidio agravado y uso indebido de arma orgánica». 

De acuerdo con el texto, un tribunal de Carabobo dictó la medida privativa de libertad para el funcionario, quien permanecerá recluido en los calabozos del Cicpc de Valencia.

A la víctima, de 29 años, la encontraron muerta en su casa el 11 de julio. «Luego de realizarle la autopsia se determinó que su muerte fue producto de un disparo. Tras las experticias y los análisis de registros fílmicos se vinculó el arma asignada al funcionario» con el hecho, indicó el MP.

Con información de EFE

Hace unos meses, la AN oficialista aprobó el Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta ANC, informó este jueves, 4 de agosto, que en lo que va de 2022 se han imputado 84 adolescentes por presunto acoso escolar.

Durante una rueda de prensa, Saab también señaló que este año se han atendido 341 casos vinculados a este tipo de violencia en centros educativos del país.

Tarek William Saab: En total durante 2022 hemos registrado y atendido 341 casos vinculados a acoso escolar. Por tales hechos se han imputado 84 adolescentes

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) August 4, 2022

También, informó que el mes pasado, desde el Ministerio Público, presentaron ante la Asamblea Nacional chavista un proyecto de «Ley para Prevenir, Sancionar y Atender el Acoso Escolar hacia Niños, Niñas y Adolescentes».

Según dijo Saab, se ha ejecutado un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar, que lleva a cabo la Dirección de Protección Integral a la Familia, «conjuntamente con las fiscalías superiores de todos los estados del país».

Tarek William Saab: Para atender este problema presentamos el mes pasado en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley para Prevenir, Sancionar y Atender el Acoso Escolar hacia Niños, Niñas y Adolescentes

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) August 4, 2022

Marco jurídico no aborda correctamente el acoso escolar

Hace unos meses, la AN oficialista aprobó el Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar. Según señalaron, la iniciativa fue evaluada por la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Según Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la ONG Cecodap, este proyecto presenta algunas imprecisiones que podrían generar vacíos a la hora de sancionar.

A juicio de Trapani, el proyecto es una “oportunidad para generar un espacio de consenso y de diálogo”.

Sin embargo, el especialista consideró que en los términos que está planteado merece una profunda reflexión, señalando que en la exposición de motivos, en el artículo 1, se dice que “erradicando el acoso escolar garantizas la convivencia escolar”.

También, Carlos Trapani explicó que el proyecto de ley no establece sanciones sobre el acoso escolar, de tal forma que los colegios deben implementar procedimientos de mediación y conciliación, señalando una dificultad, por ejemplo, en las sanciones de retiro y expulsión.

12 de los acusados resultaron condenados a 30 años de prisión, mientras que otros cinco fueron condenados a penas de 24, 20, 16, 8 y 5 años de cárcel

Este jueves, 4 de agosto, el fiscal impuesto por la extinta constituyente cubana, Tarek William Saab, informó los detalles de las sentencias dictadas contra los involucrados en el magnicidio frustrado en contra de Nicolás Maduro. 

El fiscal admitió en rueda de prensa que hubo un retraso de más de un año en el juicio, y al mismo tiempo aseguró que «se realizaron 91 audiencias, participaron 60 expertos, declararon 193 funcionarios actuantes y prestaron testimonio 36 testigos civiles». 

Tarek William Saab indicó que 12 de los acusados recibieron condenas de 30 años de prisión, mientras que otros cinco recibieron penas de 24, 20, 16, 8 y 5 años de cárcel

Juan Carlos Monasterios, Argenis Valera, José Miguel Estrada, Oswaldo Castillo, Alberto Bracho, Brayan Oropeza, Henribert Rivas, Yolmer Escalona, Emirlendri Benítez, Yanin Pernia, Alejandro Pérez Gámez y Pedro Zambrano, se les acusó por traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente de la República, homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración, y lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas.

Ángela Expósito, José Eloy Rivas, el general Héctor Hernández Da Costa, el exdiputado Juan Requesens, y Wilder Vásquez están condenados por terrorismo, financiamiento al terrorismo, conspiración, encubrimiento del delito de terrorismo y asociación para delinquir. 

«Este tipo de hechos -magnicidio- no pueden pasar impunes y merecen la máxima pena. Si así atentan contra el jefe de Estado qué quedará para el ciudadano común y la gente de a pie», cuestionó el fiscal. 

Tarek William Saab: El juicio inició el #2Dic de 2019. Se realizaron 91 audiencias, participaron 60 expertos, declararon 193 funcionarios actuantes y prestaron testimonio 36 testigos civiles. Hubo la oportunidad, según implica el derecho, del debido proceso

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) August 4, 2022

Tarek William Saab: 12 de los acusados resultaron condenados a 30 años de prisión por este aberrante delito, mientras que otros cinco fueron condenados a penas de 24, 20, 16, 8 y 5 años de prisión

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) August 4, 2022

1/2 Tarek William Saab: Los delitos cometidos por los condenados a 30 años fueron traición a la patria; homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) August 4, 2022

Tarek William Saab: Los otros implicados fueron condenados por terrorismo, financiamiento al terrorismo, conspiración, encubrimiento del delito de terrorismo y asociación

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) August 4, 2022

*Puede leer también: La defensa de Juan Requesens apelará la sentencia

En una grabación mostrada a la prensa por el fiscal Saab, se ve a Maxiorisol Cumare admitir que ella contactó al «delincuente confeso» Glenn Castellano y le propuso «desaparecer» al profesor a cambio de dinero

Foto: El Nacional

El fiscal general, Tarek William Saab, informó este 11 de julio que Maxiorisol Cumare -esposa del profesor universitario asesinado Carlos Lanz- admitió su participación en el crimen contra su cónyuge y confirmó también la vinculación de la banda delictiva Tren de Aragua.

En una grabación mostrada a la prensa durante la comparecencia de Saab, se ve a Cumare admitir que ella contactó al «delincuente confeso» Glenn Castellano y le propuso «desaparecer a Carlos Lanz» a cambio de dinero.

Aquí la delación de "Mayi" Cumare que presentó el Fiscal @TarekWiliamSaab donde asume la responsabilidad de los hechos en el asesinato de su esposo Carlos Lanz, a quien ordenó desaparecerlo pic.twitter.com/ijILY9MXaA

— Julio Riobó VTV (@JRioboVTV) July 11, 2022

El fiscal explicó que la mujer confirmó la participación de «sicarios vinculados al Tren de Aragua», como previamente «había revelado el coautor material» ante el Ministerio Público y en la audiencia de delación.

La confesión de Cumare se produjo durante una reunión que Saab mantuvo con ella este fin de semana. Posteriormente, fue ratificada durante la audiencia de presentación de la detenida.

Nuevos detenidos por crimen de Carlos Lanz

Saab informó que hay dos nuevos detenidos que se suman a los 13 ya anunciados y que los presentarán «en las próximas horas».

Aunque no reveló las identidades de estos dos nuevos implicados, Saab adelantó que la detención se debe a «su relación directa con el Tren de Aragua».

Subrayó que las investigaciones continuarán y que podría haber algunas liberaciones posteriores al esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de responsabilidades.

Recordó que los primeros 13 detenidos están imputados y privados de libertad por los delitos «por escala» de sicariato, asociación, corrupción, concierto con contratista, simulación de hecho punible y encubrimiento.

Saab explicó que a Lanz lo secuestraron y luego lo trasladaron a una finca en el estado Cojedes. Allí lo mataron con dos disparos en la cabeza para, posteriormente, desmembrar su cuerpo y darlo como alimento a los animales de la finca.

Saab indicó que por este hecho han sido detenidas 15 personas e imputadas, hasta el momento, 13: Glenn Castellanos, Maxiorisol Cumare, Tito Viloria, Elis Becerra, José Pinto, Hely Pinto, Zaida Suárez, Darwin Zambrano, Oliver Medina, Maryuri Acevedo, Diego Aterhotua, Alyeska Gil y Abyayala Lanz, a quienes se imputó por sicariato, asociación, corrupción, concierto con contratista, simulación de hecho punible y encubrimiento.

Con información de EFE