Luego de que circulara una foto del cadáver de Leoner Azuaje con dos marcas de presunto ahorcamiento, abogados y defensores de derechos humanos señalaron que el caso podría tratarse de una muerte «potencialmente ilícita». Runrun.es revela cuáles son las dudas en torno al hecho que, oficialmente, es un suicidio
Cuenta la versión oficial que Leoner Azuaje, el expresidente de la compañía estatal Cartón de Venezuela que fue arrestado por su supuesta vinculación en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, se suicidó al amarrarse una sábana en el cuello, que su cuerpo quedó suspendido dentro de su celda, que dejó cartas a sus familiares, que su psicólogo aseguraba que tenía un «trastorno».
El hecho ocurrió el pasado 18 de abril, mientras estaba bajo la custodia del Estado en la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Pero desde que se anunció su muerte, comenzaron los cuestionamientos públicos.
Mientras que a su familia le cuesta creer que el funcionario haya atentado contra su vida, hay quienes apuntan que dentro de este discurso de la Fiscalía General de la República hay una serie de inconsistencias que deben ser sometidas a análisis: un cadáver con golpes y signos de maltrato, unas marcas muy delgadas en el cuello, un protocolo que no se ha cumplido y un cúmulo de denuncias de presos políticos torturados recogidos por la Corte Penal Internacional y otras organizaciones internacionales, le abonan el terreno a esas dudas.
A continuación, Runrun.es hace una revisión a la versión oficial y expone en detalle los elementos que ponen en tela de juicio la explicación del Ministerio Público sobre los hechos, a una semana de lo ocurrido:
El discurso del Ministerio Público
En horas de la tarde del viernes, 21 de abril, el fiscal designado por la extinta asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, informó los resultados de la autopsia realizada a Leoner Azuaje a través de su cuenta en Twitter.
«Experticias hechas por la Unidad Criminalística del Ministerio Público en el lugar de los hechos: determinó que el ciudadano se suspendió usando sábanas para ahorcarse en la habitación donde estaba recluido», escribió Saab.
En otro tuit, el fiscal detalló que se hallaron «varias cartas dirigidas a su familia haciendo mención de la decisión de atentar contra su vida y en donde asumía el error cometido«.
Según Saab, el psicólogo de Azuaje corroboró que era un «paciente con trastornos y signos de ataque de ansiedad«.
Agregó que en el teléfono celular de Leoner Azuaje se encontraron mensajes en la aplicación de mensajería WhatsApp que mencionaban «la lamentable situación psicológica que se encontraba padeciendo».
Tarek William Saab indicó también que su compañero de celda confirmó el suceso, pero nunca se dijo qué hacía ese compañero cuando Azuaje se ahorcó.
Seis días con paradero desconocido
En un video publicado en la cuenta en Twitter del periodista Eligio Rojas, del 21 de abril, Rosalía Urrea y Mónica Azuaje (madre y hermana de Leoner Azuaje) revelaron que al hombre de 39 años se lo llevaron detenido el pasado 14 de abril de su casa y que estuvo seis días desaparecido.
«Fuimos al Sebin, a la Fiscalía y al Ministerio Público, y nos cerraron la puerta en la cara», dijo Rosalía Urrea.
Este dato del arresto de Azuaje indica que el presidente de Cartón de Venezuela ya tenía cuatro días detenido, antes de que el Gobierno de Maduro anunciara que había sido capturado. El pasado 18 de abril circuló en redes sociales un video donde se aprecia a Azuaje esposado, con una braga naranja y sin trenzas en sus zapatos, caminando hacia la audiencia de presentación.
La madre y la hermana de Azuaje pidieron ayuda y apoyo al gobierno de Maduro. «Pido justicia porque mi hijo era un hombre intachable. Necesito justicia para mi hijo y protección para la familia», reclamó la madre.
Por su parte, Claudia Pimentel, esposa de Leoner Azuaje, en un video publicado en la cuenta del portal web Monitoreamos, también pidió protección.
“Este video es necesario porque no sé que está pasando. A mi esposo se lo llevan a declarar el viernes en la noche. No sé nada de él, no nos dejan llegar a él, no nos dicen qué está sucediendo. Necesito saber qué pasó. Exijo la protección de la Fiscalía y la protección del Gobierno Peruano y exijo la protección de la embajada española para mi suegra y cuñada”, dijo Pimentel minutos antes de que Tarek William Saab hiciera pública la noticia del suicidio de Leoner Azuaje.
Las marcas en el cuello
Dos días después de que el fiscal Tarek William Saab anunció el suicidio del presidente de Cartón de Venezuela, el presidente del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero publicó una fotografía del cadáver de Leoner Azuaje en su cuenta de Twitter.
En la foto solo se aprecia parte del pecho y la cara. Los ojos están semiabiertos al igual que su boca. La tez blanca de su piel se mantiene igual en todas partes, pero se observa un leve cambio de coloración en el lado izquierdo. Se ven dos marcas finas e incompletas. La primera y más oscura, de color marrón rojiza, a pocos centímetros de la barbilla. La segunda, mucho más clara y de color rosa, está en el cuello, justo a la altura del hueso hioides.
Un anatomopatólogo y forense consultado por Runrun.es, que prefirió mantener su identidad oculta, explicó que en la foto que circuló en redes sociales del cadáver de Leoner Azuaje se puede apreciar un «surco típico», marca que deja un ahorcamiento, que no bordea todo el cuello.
El abogado especialista en criminalística y derechos humanos, Zair Mundaray, coincidió con el análisis del forense. Añadió que en un caso de ahorcamiento, el surco de compresión o la marca por ahorcadura, tiene que ser oblicua (que se desvía de la línea horizontal o vertical) porque el cuerpo se desplaza hacia abajo por razón de la gravedad.
Sin embargo, el análisis del abogado apunta que si no hubo desplazamiento, la ubicación de esa marca en el cadáver de Azuaje no coincide con el patrón regular de estos casos.
«Si el nudo es mucho más grande que el cuello y no desliza, entonces deja un surco parecido al que tiene Leoner Azuaje, pero este lo tiene muy adelante, por eso es que habría que analizar (cómo quedó colgado) pero eso no se hizo porque el Sebin quitó el cuerpo del vínculo (esto es, la sábana colgada o lo que haya usado para suicidarse) y se lo llevó al hospital clínico», dijo.
El experto en criminalística dijo que quitar el cuerpo del vínculo no debería hacerse si se verifica que la persona está muerta, porque con eso se determina si el ahorcamiento es autoinfligido o simulado (para engañar).
Cuando el ahorcamiento es completo, en el cuello queda la forma entera de la cuerda y se sabe dónde está el nudo, explicó.
«Por lo general, la piel copia en gran medida la textura o el grosor del vínculo que se ha utilizado para el ahorcamiento. Por ejemplo, con una sábana se copian los pliegues en la piel, por eso cuando el fiscal dijo que había sido con una sábana genera dudas porque se ve un surco fino y bastante delineado», especificó el abogado.
Sobre la segunda marca, el forense consultado por Runrun.es indicó que es poco perceptible y sin cambios de coloración, lo que indica que podría ser post mortem, es decir, después de la muerte.
Otro signo que destacó el forense es que en la cara de Azuaje no se aprecia cianosis (coloración morada en la piel), ni protrusión (desplazamiento de un órgano o de una parte del cuerpo) de la lengua o de los globos oculares, características típicas en casos de ahorcamiento.
«Ese surco no es típico de una sábana, tendría que ser más ancho y el surco superior es muy fino, como si fuera un cable», explicó.
Señales de ahorcamiento
Los cadáveres de los ahorcados presentan otros signos además de los surcos del cuello. Entre estos están la cianosis, que es la coloración morada que se aprecia principalmente en la boca y el rostro; la protrusión de la lengua y los globos oculares, es decir, cuando estos se desplazan o salen de sus órbitas; y las petequias, que son manchas redondas y pequeñas de color rojo, marrón o púrpura, provocadas por la ruptura de los vasos sanguíneos. En la imagen del rostro de Azuaje no se ve ninguna de estas señales.
Mundaray aclaró que, en algunos casos de ahorcamiento, no aparecen todos estos signos, pero sí suele verse al menos alguno. Detalló que hay petequias que no se ven a simple vista, pero que cuando se abre el cuerpo en la autopsia, se encuentran en las vías respiratorias, los pulmones y la tráquea. También, se ven afectados otros órganos como los pulmones y el cerebro inflamado.
«En este caso, el cadáver se ve bastante pálido. A veces, cuando el ahorcamiento es bastante súbito y rápido, el proceso de cianosis –que esencialmente es la falta de oxigenación de sangre– no se da, pero dependerá de muchos aspectos que van desde el tiempo en que se produjo la muerte, hasta las condiciones de salud de la persona como su sangre, la hemoglobina…», señaló.
Un aspecto importante que resalta el experto en criminalística es que cuando una persona se monta una silla y se ahorca de un tirón, se rompe el hueso hioides (situado en la parte anterior del cuello, por debajo de la lengua y por encima del cartílago tiroides). Para Mundaray, este hueso es determinante en los ahorcamientos porque al romperse «generalmente entonces uno puede decir que la persona murió por una ahorcadura».
«Pero en el caso de Leoner Azuaje supe que el hueso hioides no estaba roto», afirmó.
Un cadáver con signos de tortura
Según reseñó el periodista Javier Ignacio Mayorca en su columna Crímenes sin Castigo, los restos de Azuaje fueron llevados a la morgue de Bello Monte a las 5:00 pm, y la autopsia se llevó a cabo en horas de la noche, en presencia de cinco fiscales, quienes se retiraron del organismo pasada la medianoche. Fuentes de la morgue le revelaron al periodista que el cadáver presentó hematomas en abdomen, excoriaciones en antebrazos y signos de tortura en los pies.
Desde el año 2014, distintos organismos internacionales como la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI) han documentado casos de torturas y tratos crueles e inhumanos cometidos por cuerpos de seguridad en Venezuela.
La CPI publicó el 20 de abril de 2023 el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones, el cual recopila opiniones e inquietudes de las víctimas de tortura o crímenes de lesa humanidad bajo la administración de Nicolás Maduro, con el fin de que continúe la investigación por el Caso Venezuela I.
Uno de los testimonios que resaltó en el informe de la CPI es el de una persona que había sido torturada también bajo custodia del Estado y que describe que, en medio de esas torturas, lo colgaron del cuello y lo golpearon repetidamente en el estómago.
«Me llevaron a una habitación y me hicieron parar en un banco de plástico, me colgaron del cuello, me golpearon varias veces en el estómago mientras me hacían preguntas. Los golpes fueron tan fuertes que una de las patas de la banca se rompió, así que me colgaron y perdí el conocimiento, todavía tengo las cicatrices en el cuello».
Leoner Azuaje no es el único preso fallecido bajo custodia de organismos de seguridad del Estado.
Fernando Albán murió mientras estaba en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Cuando regresaba de un viaje lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, el 5 de octubre de 2018.
Acusado de terrorismo, traición a la patria, homicidio calificado frustrado en contra de Nicolás Maduro y asociación para delinquir, lo trasladaron a la sede del organismo de inteligencia y tres días después, el 8 de octubre a las 3:38 pm, Tarek William Saab anunció que el concejal “se suicidó” cuando «solicitó ir al baño y estando allí, se lanzó al vacío desde el piso 10».
A los pocos minutos, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, contradijo la versión de Saab y dijo que en el momento en que Fernando Albán iba a ser trasladado al tribunal, «encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte».
El partido político Primero Justicia y los familiares de Albán rechazaron la versión oficial del Gobierno y abiertamente declararon que la muerte del concejal no se trató de un suicidio sino un asesinato.
Días después, el abogado Luis Argenis Vielma difundió varias fotografías en donde se evidenciaban las torturas que sufrió el concejal de PJ en el Sebin. “Heridas aparentemente hechas con objetos punzocortantes, laceraciones, quemaduras y hasta posibles descargas eléctricas”, dijo.
Rafael Acosta Arévalo fue otro prisionero que murió bajo custodia del Estado. El capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue detenido el 22 de junio de 2019, acusado de «conspirar para llevar a cabo un intento de golpe de Estado».
El 26 de junio, después de seis días desaparecido, Diosdado Cabello informó que el capitán estaba a «buen resguardo». El 28 de junio, Acosta Arévalo es trasladado a la sede de un tribunal militar para su audiencia de presentación, adonde llegó en silla de ruedas, con lesiones, excoriaciones, inflamación extrema en los pies que le impedía caminar, rastros de sangre y lesiones en el torso.
Según declaraciones del abogado de Albán, Alonso Medina Roa, el concejal ni siquiera podía hablar claramente. Comentó que cuando pudo acercarse a él, este le pidió “auxilio” y con la cabeza le asintió que había sido torturado.
El juez de la causa, al ver el crítico estado de salud del capitán, ordenó su traslado al Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salias Sanoja, conocido como el «Hospitalito», ubicado en Fuerte Tiuna. Según un informe de Amnistía Internacional, el capitán falleció en la sede de la Corte Marcial y no en el centro de salud.
El informe forense señaló que Acosta Arévalo tenía 38 heridas en su cuerpo. “Tabique nasal roto, abrasiones en el hombro, los codos y las rodillas, y moretones en varias partes del cuerpo, incluyendo el muslo, los glúteos y la espalda. Su cuerpo también mostraba una fractura en un pie y signos de quemaduras en sus pies y en sus muñecas”.
Funcionarios del gobierno emitieron distintos comunicados por la muerte de Acosta Arévalo en donde se contradecían abiertamente en sus versiones. Jorge Rodríguez anunció que el capitán murió «durante el acto de presentación frente al tribunal competente». Tarek William Saab dijo que Acosta Arévalo “estaba siendo presentado ante los tribunales”, y el ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, precisó que «el oficial se desmayó antes de iniciar la audiencia».
Suicidio cuestionado
La muerte del expresidente de Cartón de Venezuela fue reportada el jueves 20 de abril, a las 4:38 p.m, por Saab a través de su cuenta en Twitter.
Veinticuatro horas después, y nuevamente a través de la mencionada red social, Saab informó los resultados de la autopsia de Azuaje sin ofrecer mayores detalles, lo que hizo que abogados y la sociedad civil cuestionaran el anuncio.
El abogado Joel García, quien ha defendido a varios políticos de oposición, expresó que después de leer los testimonios de las víctimas de torturas relatados a la CPI, le es difícil pensar en el «suicidio» de Leoner Azuaje.
Marino Alvarado, activista de derechos humanos, comparó el caso de Azuaje con el del concejal Fernando Albán y recordó que Tarek William Saab le está dando el mismo tratamiento a este hecho.
El político Andrés Velásquez afirmó que la versión ofrecida por el Gobierno «no se la creen ni ellos mismos». «Con un régimen habituado a la tortura, acostumbrado a mentir, con antecedentes de asesinato de presos políticos y con informes forenses en mano, todo indica ASESINATO», expresó.
Por su parte, el sociólogo Trino Márquez, señaló que el «suicidio» de Leoner Azuaje Urrea se parece mucho al «suicidio» de Fernando Albán. «Ambos estaban bajo la custodia de unos cuerpos de seguridad que violan de forma sistemática los derechos humanos y se complacen torturando».
¿Una muerte potencialmente ilícita?
El abogado y exfical de la República, Zair Mundaray, enfatizó que este caso debe ser investigado científicamente y bajo el «Protocolo de Minesotta» por tratarse de una muerte «potencialmente ilícita». «Si esto no se hace, nunca se va a saber la verdad», dijo.
Una muerte «potencialmente ilícita» es la que se puede dar por actos u omisiones del Estado o de los agentes del Estado que atenten contra el derecho a la vida directamente, es decir, cuando pueda tratarse –por ejemplo– de una ejecución extrajudicial, o de exceso en el uso de la fuerza, explicó Gonzalo Himiob, abogado, activista y director de la ONG Foro Penal.
Himiob destacó que una muerte potencialmente ilícita también es cuando se produce la muerte de una persona de cualquier forma, bajo custodia del Estado, no solamente en prisión, sino en cualquier institución formal o informal en la que el Estado deba velar por la vida de las personas.
«Otra característica que se debe tener en cuenta para considerar que una muerte es potencialmente ilícita es cuando el Estado irrespeta el deber que tiene de proteger la vida de las personas», dijo Himiob.
Al ser consultado sobre el Protocolo de Minessota y el por qué debe ser aplicado en el caso de Leoner Azuaje, Gonzalo Himiob indicó que se trata de una guía que establece unas pautas muy específicas, dirigidas a garantizar la integridad, la objetividad y la imparcialidad en este tipo de investigaciones.
El Protocolo de Minessota es un procedimiento o modelo recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar crímenes de lesa humanidad. Este instrumento sugiere que se haga una investigación independiente, con ayuda de expertos en ciencias jurídicas, médicas y forenses. Además, recomienda que, para que el proceso sea lo más transparente posible, las partes involucradas, periodistas y ciudadanía, pueden ser observadores.
Gonzalo Himiob indicó que, de comprobarse que la muerte de Leoner Azuaje es potencialmente ilícita, se estaría vulnerando fundamentalmente el derecho a la vida. Si llega a descubrirse que hubo algún tipo de intento de ocultar la información u obstaculizar la investigación, se hablaría de la violación del derecho a la verdad y las garantías que rigen la imparcialidad y la objetividad en las investigaciones y los procesos penales.
