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Tarek William Saab

Están tumbando las puertas para llevarme: Detienen arbitrariamente a presidente de Fenatev Barinas
Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, confirmó la detención de Víctor Venegas para ser procesado por presunta «conspiración»

Una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo este miércoles, 17 de enero a Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de Venezuela (Fenatev), seccional Barinas.

Según la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), un grupo de docentes estaban reunidos realizando una asamblea cuando los funcionarios irrumpieron «de manera violenta» intentando tumbar las puertas del lugar.

En videos publicados en redes sociales, el grupo estaba en un salón con las puertas cerradas mientras se ve cómo la misma era golpeada desde afuera.

«Tenemos un ataque de los cuerpos policiales. Están tumbando las puertas. No hemos hecho absolutamente nada malo, lo que yo he hecho es defender a los trabajadores», señaló Venegas en videos difundidos en redes sociales previo a su detención.

Fundehullan también denunció que durante el procedimiento también fue detenido José Gregorio Venegas Escorcha, hermano del presidente de Fenatev Barinas.

Además, según la organización, los funcionarios le arrebataron el teléfono al presidente de Fundehullan, Roland García, y que los mismos «amenazaron con detener y disparar» en su contra.

Organizaciones como Provea y la Coalición por los DDHH exigieron la liberación de los detenidos.

Saab confirmó la detención por supuesta “conspiración”

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, confirmó posteriormente la detención de Víctor Venegas para ser procesado por presunta «conspiración».

«Con motivo de la más reciente conspiración develada contra el pueblo venezolano, ha sido detenido para ser procesado ante las instancias competentes el ciudadano Víctor Venegas”, señala el comunicado que difundió Saab.

Según el texto, Venegas, supuestamente, “está involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la República y formaba parte de un grupo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas”.

De acuerdo con Fiscalía, Canserbero fue asesinado por su manager
Saab informo que hay seis detenidos por el caso

 

El fiscal general impuesto por la desaparecida Aasamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que los principales sospechosos, Natalia y Guillermo Améstica, fueron los autores materiales e intelectuales de la muerte del rapero Tirone González alias «Canserbero» ocurrida en Maracay durante 2015.

De acuerdo con un video mostrado por el fiscal, Natalia Améstica confesó que asesinó a González y a Carlos Molnar, quien era su pareja. Su versión indica que el presunto motivo por el que decidió quitarle la vida al rapero y a Molnar, fue porque este último no quería pagarle un dinero correspondiente a la organización de una gira por Chile y Argentina.

Además asegura que González no quería que ella siguiera siendo su manager. Su hermano Guillermo Améstica fue cómplice de la muerte de ambas víctimas.

Natalia confesó que le dio un medicamento para la ansiedad a Tirone para adormecerlo y le dio dos puñaladas al costado del cuerpo. Améstica también confiesa haber asesinado a su pareja Carlos Molnar, con tres puñaladas.

Al haber cometido los dos asesinatos, Améstica llamó a su hermano quien organizó la escena del crimen, con asesoria de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), para simular que se trataba de un suicidio-homicidio.

De acuerdo con la Fiscalía, los hermanos movieron el cuerpo de Canserbero y lo arrojaron por la ventana de la cocina para simular el suicidio del rapero. La versión de suicidio fue sustentada en ese momento por el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). González fue arrojado por la ventana a las 5:00 am del 20 de enero de 2015.

El Ministerio Público indicó que por este caso hay seis detenidos y otros están prófugos de la justicia. Saab solicitó la orden de aprehensión contra los primeros funcionarios que abordaron el lugar del suceso y señalan que recibieron 10 mil dólares para modificar  la investigación y para no hacer las entrevistas e investigaciones correspondientes.

Loa imputados son el inspector jefe Gilbert Cruz, inspector Edgar Trillo, detective Jesús Medina, oficial de la PNB Arquelis Blanco, inspectora agregada Teresa Pinto y detective Yonel Toro. A estos funcionarios se les imputa los delitos de obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, asociación para delinquir y corrupción propia agravada.

El Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión a los fiscales Tulio Enrique Mendoza y Yoli Abelina Torres por los delitos de omisión dolosa, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir. 

Los hermanos Améstica serán imputados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de coautoría

 

LEA  Denuncian detención de médico forense del caso Canserbero

 

 

 

Denunciaron ante la fiscalía desaparición forzada y otras violaciones a derechos de Roberto Abdul
Durante la audiencia de presentación del 8 de diciembre, «el tribunal se trasladó al Helicoide», donde está privado de libertad Roberto Abdul y se realizó la audiencia de presentación sin presencia de sus abogados.

María Eugenia Abad, esposa del presidente de la ONG Súmate, Roberto Abdul, denunció este lunes, 11 de diciembre, ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo la «desaparición forzada» y «todas las violaciones» a los derechos humanos del activista tras ser detenido.

Mediante su cuenta de X, la ONG señaló que, junto con abogados del Foro Penal Venezolano, la esposa de Abdul, María Abad, «consignó denuncia» ante las instituciones «por todas las violaciones a sus DDHH y garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la defensa».

El Foro Penal señaló que Abdul, también miembro de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), que organizó primaria opositora del pasado 22 de octubre, fue «arbitrariamente arrestado el miércoles 6 de diciembre por agentes del Estado».

En un vídeo publicado por ambas organizaciones, denuncian «la desaparición forzada» de Roberto Abdul, a quien «no le permitieron llamar a sus familiares y mucho menos a sus abogados de confianza».

Stefania Migliorini, abogada del Foro Penal, denunció que el pasado viernes, 8 de diciembre, cuando los abogados de Abdul esperaban en tribunales para participar en la audiencia de presentación, «el tribunal se trasladó al Helicoide», donde está privado de libertad y se realizó la audiencia de presentación sin presencia de sus abogados.

Abdul fue detenido el pasado 6 de diciembre, después de que Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Constituyente, anunció varias órdenes de captura para integrantes del equipo de María Corina Machado y otros dirigentes opositores y chavistas disidentes, por supuestamente recibir financiamiento de ExxonMobil, para «intentar fracturar la lucha soberana» el Esequibo.

*También puede leer: “Puerta giratoria en marcha”: Presidente de Súmate Roberto Abdul-Haidi fue detenido y llevado al Sebin

SNTP rechaza judicialización de coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela
El pasado 6 de diciembre, Tarek William Saab emitió órdenes de captura contra los principales miembros del equipo de María Corina Machado por supuestos «vínculos» con la ExxonMobil

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó  la judicialización de Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones del partido político Vente Venezuela.

A Claudia Macero se le emitió una orden de captura por parte de la Fiscalía de Nicolás Maduro. Macero entra en una lista de 14 personas para las que solicitaron aprehensión, según informó Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta Constituyente.

«Desde el SNTP rechazamos la judicialización contra la colega periodista Claudia Macero, reivindicamos su trayectoria profesional, así como el ejercicio de sus derechos ciudadanos», señaló la organización vía X (antes Twitter).

Asimismo, la organización advirtió sobre la «inminente vulneración de sus libertades». 

El pasado 6 de diciembre, Tarek William Saab emitió órdenes de captura contra los principales miembros del equipo de María Corina Machado por supuestos «vínculos» con la ExxonMobil.

Durante una rueda de prensa, Saab indicó que las acusaciones van dirigidas a Henry Alviárez, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Roberto Abdul, quien fue detenido ese mismo día.

Según Saab, estas personas, supuestamente, han estado recibiendo financiamiento de ExxonMobil, para «intentar fracturar la lucha soberana» el Esequibo.

Pero además, la Fiscalía emitió órdenes de captura contra los dirigentes opositores Entre las órdenes de captura también figuran las de los dirigentes de oposición Leopoldo López, Yon Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, Davis Smolansky, Carlos Vecchio.

También ordenó aprehender a los exministros de Hugo Chávez, Rafael Ramírez y Andrés Izarra.

Se pudo conocer, además, que fue detenido el ciudadano estadounidense Savoi Jandon Wright por estas mismas acusaciones.

Según Saab, Jandon Wright mantenía relaciones económicas con Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Roberto Abdul, miembros del equipo de Machado.

Súmate exige libertad de Roberto Abdul y denuncia que se desconoce su paradero
La organización denunció que a Abdul le fue violado su derecho al “debido proceso” consagrado en el artículo 49 de la Constitución.

La asociación civil Súmate exigió este jueves, 7 de diciembre, la liberación de Roberto Abdul, presidente de la organización, al mismo tiempo que denunció que desconocen su paradero.

Mediante un comunicado, Súmate recordó que Abdul fue detenido el miércoles 6 de diciembre, después que Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, emitiera varias órdenes de captura contra dirigentes opositores y civiles, entre las que se encontraba él.

En el texto enfatizaron en que, como asociación civil, tienen la misión de «construir democracia» y que siempre han sido «transparentes» en el accionar de la promoción y la defensa de valores consagrados en la Constitución.

«Nuestras acciones durante los últimos 21 años desmienten las afirmaciones hechas (…) en contra de nuestra Asociación Civil Súmate y del presidente de nuestro Comité Ejecutivo, Roberto Abdul, negando cualquier actuación de la organización para ‘conspirar’ contra el Referendo por el Esequibo”, acotó la organización

Ante las declaraciones en contra del presidente Abdul, la organización señaló que se trata de un «ciudadano ejemplar» y que tras 24 horas de detención, desconocen el lugar de reclusión.

 

En ese sentido, señalaron que la situación «transgrede» lo establecido en el artículo 45 de la Constitución que indica: “Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de  emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”.

Además, indicó Súmate, a Abdul le fue violado su derecho al “debido proceso” consagrado en el artículo 49 de la Constitución.

«Solicitamos que se respeten los derechos que Roberto tiene al ‘debido proceso’, así como el derecho de que sus familiares y abogados tengan información oficial sobre su lugar de reclusión y acceso a la información del caso para actuar en su legítima defensa y demostrar su inocencia», finalizó el comunicado.

Exigen a comunidad internacional pronunciarse ante nueva escalada de persecución en Venezuela
La Plataforma Unitaria Democrática rechazó esta «nueva arremetida judicial» que emprendió la administración madurista contra un grupo de personas venezolanas

Foto: EFE/Rayner Peña R

El partido político Vente Venezuela alertó este miércoles, 6 de diciembre, a la comunidad internacional sobre hechos recientes que «buscan criminalizar la disidencia política».

Mediante un comunicado publicado en X (antes Twitter), la organización opositora rechazó las órdenes de aprehensión que emitió la Fiscalía contra varios miembros del equipo de María Corina Machado.

Entre los afectados por las órdenes de aprehensión están Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones Nacional; Pedro Urruchurtu, coordinador de Asuntos Internacionales y Henry Alviárez, coordinador de Organización Nacional, todos miembros de Vente Venezuela; David Smolansky, miembro del equipo de Vente Venezuela en el exterior; Roberto Abdul, presidente de Súmate y otros líderes políticos.

 

La tolda política que lidera Machado advirtió que las acciones de la Fiscalía, que encabeza Tarek William Saab, constituyen un nuevo capítulo del “patrón sistemático de persecución política que atenta contra los derechos civiles de quienes adversan a la tiranía”.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática rechazó esta «nueva arremetida judicial» que emprendió la administración madurista contra un grupo de personas venezolanas, así como la detención de un ciudadano estadounidense.

«Estas cobardes medidas de persecución buscan equivocadamente minar la firmeza y la unidad en que las fuerzas democráticas nos encontramos junto a nuestra candidata María Corina Machado en la construcción en 2024 de la más contundente victoria electoral que haya protagonizado el pueblo venezolano», sentenció la PUD.

 

Ante lo sucedido, la coalición opositora pidió a la comunidad internacional «su solidaridad ante esta escalada del régimen atentando contra la libertad de los compañeros y la causa democrática».

José Ignacio Hernández, exprocurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó, indicó que las detenciones ordenadas por la Fiscalía y la amenaza contra Chevron por sus actividades en Guyana «reflejan la decisión de abandonar cualquier esfuerzo por cumplir, o simular cumplir con el acuerdo de Barbados».

Orlando Viera-Blanco, exembabajdor de Venezuela en Canadá, advirtió que con las acciones de la Fiscalía queda clara «la activación de la puerta rotatoria» y que el acuerdo de Barbados es «solo papel y disimulo».

«Repudiamos este crimen de persecución y alertamos al mundo que en Venezuela el régimen arrecia», apuntó.

Gobierno emite órdenes de captura contra principales miembros de equipo de Machado
Saab detalló que esos presuntos financiamientos, son monetizados a través de criptoactivos por el estadounidense Damián Merlo

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Constituyente, emitió órdenes de captura contra los principales miembros del equipo de María Corina Machado por supuestos «vínculos» con la ExxonMobil.

Durante una rueda de prensa, Saab indicó que las acusaciones van dirigidas a Roberto Abdul, Henry Alviárez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu.

Según Saab, estas personas, supuestamente, han estado recibiendo financiamiento de ExxonMobil, para «intentar fracturar la lucha soberana» el Esequibo.

El fiscal de la administración de Nicolás Maduro acusó también a Guyana, Exxon Mobil y Estados Unidos de trabajar juntos para «despojar» a Venezuela del territorio Esequibo.

Supuestamente, de acuerdo con Saab, a través de unas investigaciones, el Ministerio Público identificó una serie de financiamientos provenientes del lavado de activos de organizaciones internacionales y empresas extranjeras como la ExxonMobil.

Detalló que esos presuntos financiamientos son monetizados a través de criptoactivos por Damián Merlo, un estadounidense, exempresario de telecomunicaciones y exasesor de política exterior vinculado a Donald Trump y asesor de Nayib Bukele.

Merlo, dijo Saab, tenía como contacto a Savoi Jandon Wright, otro estadounidense, quien ya está detenido, que «utilizó la criptomoneda USDT y grandes sumas en efectivo para evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados para conspirar».

Según Saab, Jandon Wright mantenía relaciones económicas con Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Roberto Abdul, líderes de la organización Súmate.

Entre las órdenes de captura también figuran las de los dirigentes de oposición Leopoldo López, Yon Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, Davis Smolansky, Carlos Vecchio, y los exministros de Hugo Chávez, Rafael Ramírez y Andrés Izarra.

Machado: «Es un régimen desesperado»

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, reaccionó ante estas órdenes de captura para afirmar que los miembros de su organización trabajan por una ruta que conlleva a la realización de elecciones libres.

«Lo que ocurre es un régimen desesperado que se sabe derrotado (…) Si creen que con eso van a generar miedo, descalabro, desmoralización, pues todo lo contrario», dijo.

Finalmente, Machado ofreció todo el apoyo a los miembros de su equipo a quienes emitieron órdenes de captura y denunció que el gobierno de Maduro está violando los acuerdos de Barbados y que, por tanto, no puede tener credibilidad ante la comunidad internacional.

 

Foro Cívico rechaza criminalización contra la Comisión Nacional de Primaria
De acuerdo con el Foro Cívico, estas acciones podrían estimular protestas ciudadanas que «pueden derivar en enfrentamientos que perturben el proceso de diálogo» y los acuerdos entre el Gobierno y la oposición, firmados en Barbados el pasado 17 de octubre

El Foro Cívico rechazó este domingo, 29 de octubre, la «criminalización y judicialización» de miembros de la Comisión Nacional de Primaria, quienes fueron citados ante la Fiscalía para responder por las denuncias de fraude en el proceso electoral opositor.

En un comunicado, la ONG aseguró que ven «con suma preocupación un escalamiento en la retórica política de las autoridades nacionales, tras la alta movilización ciudadana que se produjo en la elección primaria promovida por la Plataforma Unitaria y actores sociales».

«Rechazamos categóricamente la continuidad del patrón de persecución, criminalización y judicialización de ciudadanos en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos», sentenció el Foro Cívico sobre la primaria.

Además, cuestionó los argumentos esgrimidos por la Fiscalía para investigar los comicios opositores y aseguró que el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, no mostró evidencia de sus aseveraciones contra el proceso.

De acuerdo con el Foro Cívico, estas acciones podrían estimular protestas ciudadanas que «pueden derivar en enfrentamientos que perturben el proceso de diálogo» y los acuerdos entre el Gobierno y la oposición, firmados en Barbados el pasado 17 de octubre.

Finalmente, la organización hizo un llamado a actores nacionales e internacionales a «demandar enérgicamente» que sea respetado el «acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos» firmado en las negociaciones.

El lunes deberán comparecer ante investigadores especializados en legitimación de capitales los ciudadanos Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Adbul-Hadi (presidente, vicepresidenta y miembro suplente de la Comisión Nacional de Primaria, respectivamente), que organizaron la contienda sin ayuda del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó el viernes Tarek William Saab.

*Con información de EFE