La activista permanecerá detenida en la sede del Sebin en El Helicoide, mientras que su ex pareja, José Gonzales De Canales Plaza, en la Dgcim de Boleíta
Este miércoles, 14 de febrero, el fiscal general designado por la extinta constituyente Tarek William Saab, confirmó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
En una rueda de prensa, Saab señaló que la medida fue dictada por el Tribunal 2° Contra Terrorismo durante una audiencia en la que San Miguel fue señalada por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.
El fiscal explicó que la audiencia de presentación fueron presentados cinco personas que, «luego de las investigaciones preliminares aparecen involucrados en la trama conspirativa Brazalete Blanco».
#14Feb #Declaraciones @puzkas: Según el Fiscal General @rociosanmiguel fue “señalada” por los militares detenidos por la “conspiración Brazalete Blanco” como parte de estas acciones. pic.twitter.com/aa0DS4fYlo Según TWS San Miguel era la encargada de “comunicar” los avances de las…
— Reporte Ya (@ReporteYa) February 14, 2024
William Saab también confirmó que otras cuatro personas (familiares de San Miguel) supuestamente actuaron en la supuesta conspiración: «Fueron presentadas y se les otorgó una medida cautelar menos gravosa, consistente en la presentación periódica al tribunal de la causa».
Indicó que la detención de Rocío San Miguel ocurre por aparecer mencionada, como parte de la conspiración, por uno de los militares detenidos. «Ella reconoce su papel de conspirar y poner mal a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Europa», dijo.
Niegan desaparición forzada
El fiscal general negó que la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano sea un caso de desaparición forzada, como lo han denunciado decenas de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, debido a que el procedimiento de detención según él fue realizado en los lapsos legales correspondientes y en apego a los derechos humanos.
«Se realizó la audiencia de presentación de San Miguel previa orden de aprehensión con una detención, por tanto, no ha existido en este caso la cualidad de desaparición forzada, que es el secuestro de una persona que no aparece como detenida, no es presentada en un tribunal y que termina desapareciendo, como ocurría aquí en los años 60 y 70 (…) decir que es una desaparición forzada se convierte en un delito», enfatizó.
Cabe destacar que desde la detención de San Miguel el pasado 9 de febrero, la situación fue calificada por su abogado Juan González como desaparición forzada debido a que no se sabía dónde estaba la activista, ni su situación, ya que tiene más de 100 horas incomunicada. Además, en ningún momento contó con abogados de su confianza que garantizaran su derecho a la asistencia legal.
El titular del Ministerio Público criticó el rol de las ONG en este caso, y los tildó de «pagados y tarifados de la USAID». Además, denunció la «instrumentalización de las organizaciones no gubernamentales para dañar la imagen de la democracia».
