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Tarek William Saab insiste en que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, negó este viernes, 1 de marzo, que en Venezuela se cometan crímenes de lesa humanidad.

Así lo dijo tras la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual desestimó los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro y autorizó a la Fiscalía a continuar con la investigación del caso Venezuela I.

«Como Ministerio Público rechazamos esta decisión, que insiste en el camino de la instrumentalización de la justicia penal internacional con fines políticos», aseguró Saab.

El fiscal señaló que la estrategia de «acusar a Venezuela en la CPI» fue, supuestamente, «coordinada» entre Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima «para lograr lo que por otras vías no han logrado».

«Reiteramos que en Venezuela no se han cometido delitos de lesa humanidad», insistió Saab, añadiendo que el Ministerio Público, junto con los órganos de justicia sigue investigando cada caso de «presuntas violaciones a derechos humanos».

Por otra parte, denunció la aplicación de un «lawfare» contra Venezuela, lo que, según explicó, «se puede traducir como persecución judicial, guerra jurídica o guerra judicial».

Saab también banalizó los crímenes de violencia sexual: «Colocan casos como el de ultraje sexual. Imagínense a que supuestamente en un operativo a una joven le tocaron la espalda, le tocaron la mano, y ya lo colocan como un delito de violencia sexual», dijo.

CPI decidió continuar investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Sala de Apelaciones confirmó la sentencia del 27 de junio del año 2023, la cual autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Durante la audiencia, Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI, señaló: «Es adoptado por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnar».

Perrin recordó que Venezuela alegó que la Sala de Cuestiones Preliminares «cometió un error de derecho al no imponer al fiscal la obligación de persuadir, con el fin de demostrar que las causas investigadas por Venezuela no reflejaban suficientemente la investigación del fiscal».

«La Sala de Apelaciones no encuentra motivos convincentes que le lleven apartarse este fallo», puntualizó Perrin.

Según Tarek William Saab, la Sala de Cuestiones Preliminares revisó «apenas revisó el 20 % de la información suministrada» por el Ministerio Público. «¿Para qué se hace un Estado parte del Estatuto de Roma? Es una ofensa a ese memorándum firmado», dijo.

«Es una evidencia más de los sesgos y la intención de tutelar a todo el sistema de justicia venezolano; al estilo del colonialismo jurídico de quienes están interesados a destruir la democracia venezolana», insistió.

Gobierno se queda sin recursos para detener investigación

La directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, explicó que con la decisión de la Sala de Apelaciones se confirma que Venezuela no tiene más recursos para seguir deteniendo y dilatando la investigación de la CPI.

«El proceso va a avanzar, pero no sabemos cuándo y cuánto exactamente va a demorar porque no hay un límite de tiempo particular o establecido en el Estatuto de Roma, pero sí sabemos que ya hoy se le acaban a Venezuela los recursos para tratar de detener la investigación», señaló Ballesta en un conversatorio de expertos sobre el tema.

No obstante, Michelle Reyes, asesora de Human Right Watch (HRW), afirmó que el gobierno de Maduro podría utilizar el principio de complementariedad, lo que implica que la justicia internacional no desplaza a la justicia nacional, sino que se complementan.

Tarek William Saab: “Rocío San Miguel es una espía” 
El fiscal designado por la extinta Constituyente dijo que la activista de DDHH formaba parte de un complot para atentar contra la vida de Freddy Bernal y Nicolás Maduro
Aseguró que la presidenta de Control Ciudadano entregó información a un embajador europeo sobre los sistemas de defensa antiaérea en Venezuela
Informó que por este caso han sido detenidas 15 personas y todavía existen otras 15 órdenes de aprehensión 

 

El fiscal general de la República impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, afirmó este lunes 19 de febrero que la activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, fungía como una espía a través de parejas o funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para planificar acciones contra la soberanía nacional. 

“La señora Rocío San Miguel está lejos del perfil de una defensora de los derechos humanos”, dijo el funcionario de Nicolás Maduro en una rueda de prensa. 

Saab manifestó que tras el allanamiento a la residencia de San Miguel se consiguieron supuestas evidencias que la vinculan con actividades distintas a la defensa de los DDHH.

“Se ubicaron 18 mapas cartográficos en los cuales se han demarcado numerosas instalaciones militares con sus respectivas zonas de seguridad en todo el país”.

Tarek William Saab dijo que en los mapas estaban demarcadas 24 zonas de seguridad, incluyendo el Palacio de Miraflores.

“Además, hemos encontrado evidencia de la elaboración de listados y perfiles de los mandos militares del país y de sus comunicaciones”. 

 

El fiscal aseguró que San Miguel entregó información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea del país.

“Se trata de información que no es de acceso público, y que ha sido compartida con una potencia extranjera. Se han conseguido intercambios similares con embajadas de otros tres países”.

El funcionario indicó que la presidenta de Control Ciudadano tenía un protocolo para salvaguardar el contenido de sus pertenencias electrónicas a la hora de una detención.  

“Este protocolo se activó al momento de su captura, y fue ejecutado por su entorno más cercano, que trasladó estos equipos por varios sitios tratando de eludir la acción de la justicia. Fueron llevados de Maiquetía a El Marqués en Caracas; y de la capital fueron trasladados luego hasta Higuerote, donde fueron escondidos en un maletero. Fueron a parar después en Guárico”.

Saab aseguró que entre las acciones que tenía previsto ejercer San Miguel esta un ataque contra la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero; ambos ubicados en el estado Táchira.

“Luego atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal y posteriormente iniciar una escalada de actos terroristas hasta atentar contra la vida de Nicolás Maduro”.

Saab dijo que para la captura de San Miguel fue determinante la declaración del exmilitar Anyelo Heredia

“Fue detenido por intentar volar con explosivos la sede del Sebin. Una vez en la cárcel, se fugó en 2017 y luego de aparecer como refugiado en Estados Unidos. Ingresó a Venezuela para iniciar la escalada”, detalló.

Tarek William Saab indicó que por este caso han sido privadas de libertad 15 personas y otras cuatro tienen medida cautelar. Además existen 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar.

 

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¿Estuvo Rocío San Miguel bajo desaparición forzada?
Acceso a la Justicia recordó que aunque el 11 de febrero Tarek William Saab reconoció que Rocío San Miguel estaba en poder de las autoridades, omitió cualquier otra información, algo que era “indispensable” para que este caso dejara de considerarse como una desaparición forzada

“Mitómanos”. Así se refirió Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, a los defensores de derechos humanos y abogados que denunciaron la desaparición forzada de Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano.

Durante una rueda de prensa de este miércoles, 14 de febrero, Saab negó que durante el procedimiento de detención de San Miguel se haya cometido una desaparición forzada, además de afirmar que la audiencia de presentación de la activista se realizó “dentro de los lapsos legales”.

En ese sentido, aseguró que «decir que es una desaparición forzada, aparte de mentir, es una ofensa y se convierte en un delito» con el que se pretende «enlodar» a las instituciones.

Algunos simpatizantes del oficialismo negaron que San Miguel estuviera bajo desaparición forzada puesto que habían informado que estuvo detenida. Tal es el caso del periodista Clodovaldo Hernández, quien argumentó la existencia de una orden de captura anunciada previamente por el Ministerio Público.

La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), a pesar de las afirmaciones de Tarek William Saab, sigue denunciando que la defensora de DDHH Rocío San Miguel y sus familiares, “fueron víctimas de desaparición forzada por más de 100 horas”.

“Aunque el fiscal de la ANC quiera ocultarlo, la desaparición forzada se ha convertido en una práctica recurrente en el extenso repertorio represivo de las autoridades venezolanas, ejecutada con el propósito de silenciar la crítica y cerrar el espacio cívico”, añadió Provea.

Las omisiones de Saab

El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Cidfp) define cuatro elementos para que se configure una desaparición forzada: que la persona sea privada de su libertad por funcionarios o personas que actúen en nombre o con aprobación del Estado; que las autoridades se nieguen a reconocer dicha captura; que se niegue información sobre la persona y que no se informe sobre el lugar donde se encuentra.

Al respecto, la ONG Acceso a la Justicia recordó que aunque el 11 de febrero Tarek William Saab reconoció que Rocío San Miguel estaba en poder de las autoridades, omitió cualquier otra información, algo que era “indispensable” para que este caso dejara de considerarse como una desaparición forzada.

Explica la organización que Saab obvió informar qué organismo de seguridad realizó la captura de San Miguel y qué tribunal dio la orden. Tampoco indicó dónde estaba la activista en ese momento, ni si había sido presentada ante un juez dentro de las 48 horas que ordenan la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). 

Los días 12 y 13 de febrero Saab publicó un post y un comunicado a través de su cuenta de X (antes Twitter), en los cuales aseguró que su despacho había actuado «en estricto apego al respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales», pero sin responder a las dudas arriba planteadas.

A pesar de que el Ministerio Público emitió dos declaraciones sobre Rocío San Miguel, en ninguna de ellas se indicó dónde se encontraba, no se informó sobre su estado de salud ni las condiciones de su detención, por lo que, a juicio de Acceso a la Justicia, “puede interpretarse que existía la deliberada intención de no informar dónde se encontraba”.

Saab también se limitó a informar que imputó a la activista por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, entre otros, ante el Tribunal Segundo de Control contra el Terrorismo de Caracas, y que solicitó su detención preventiva.

No solo Rocío San Miguel

Tarek William informó que Alejandro José González De Canales Plaza, exesposo de San Miguel y militar retirado, sería detenido preventivamente, mientras el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir.

También, habló de otras personas que no identificó, pero, según Acceso a la Justicia, se estima que se trataba de  Miranda Díaz San Miguel, hija de San Miguel; y tres personas cercanas a ella (sus hermanos Miguel Ángel y Alberto San Miguel Quigosos y Víctor Díaz Paruta, padre de su hija), quienes fueron posteriormente excarcelados y deberán presentarse periódicamente ante los juzgados. El fiscal tampoco aclaró en ese momento dónde estaban esas personas.

“Lo descrito hace que la desaparición forzada no se limite a Rocío San Miguel, sino que también abarque a sus familiares, de los que nunca se informó sobre su paradero, ni las condiciones de su detención de forma expresa y clara, tampoco sobre su salud”, agregó Acceso a la Justicia.

¿Quién miente?

Las declaraciones de Saab fueron propicias para que los defensores de DDHH, abogados y organizaciones no gubernamentales lo desmintieran.

Uno de ellos fue el exvicefiscal general Zair Mundaray, quien consideró que, en sus palabras, Saab “ha confesado decenas de violaciones al debido proceso y trata de desmontar el crimen de desaparición forzada admitiéndolo”.

Para el abogado, Saab elude mencionar a los familiares de Rocío San Miguel, quienes también estuvieron detenidos por funcionarios de seguridad del régimen de Nicolás Maduro y cuatro de ellos fueron excarcelados con medidas cautelares.

“(Saab) afirma que San Miguel pidió defensa pública, mientras sus dos abogados recorrían centros policiales y tribunales tratando de juramentarse para defenderla (…) Gracias, Tarek, por contribuir a demostrar el terrorismo de Estado”, añadió.

Mundaray recordó que desde el viernes 9 de febrero los abogados de San Miguel iniciaron la búsqueda de la activista y que el Estado no informó de su paradero, situación jurídica e impidió el ejercicio de sus derechos y el del resto de su familia.

“¿Será que Tarek miente?¿Cree que cuando reconoció que Rocío San Miguel estaba presa, luego de más de 72 horas sin que se tuvieran noticias de su paradero, ya el crimen de desaparición forzada dejó de existir o no se cometió? Eso equivale a pensar que cuando el secuestrador libera a su víctima, el delito de secuestro no existió”, condenó Mundaray.

A su vez, la activista Gabriela Buada, coordinadora de la ONG Caleidoscopio Humano, afirmó el 14 de febrero que Saab “miente” y destacó las violaciones de los DDHH en el caso de San Miguel:

– No tuvo acceso a sus abogados.

– Se informó del centro de reclusión a los 4 días de haber ocurrido.

– Hoy sigue incomunicada, en situación de vulnerabilidad.

– Utilizaron a su familia para amedrentarla y quebrarla.

– Los presentaron luego de las 48 horas de las detenciones.

Fiscalía confirma privativa de libertad para la activista Rocío San Miguel
La activista permanecerá detenida en la sede del Sebin en El Helicoide, mientras que su ex pareja, José Gonzales De Canales Plaza, en la Dgcim de Boleíta

 

 

Este miércoles, 14 de febrero, el fiscal general designado por la extinta constituyente  Tarek William Saab, confirmó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

En una rueda de prensa, Saab señaló que la medida fue dictada por el Tribunal 2° Contra Terrorismo durante una audiencia en la que San Miguel fue señalada por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.

El fiscal explicó que la audiencia de presentación fueron presentados cinco personas que, «luego de las investigaciones preliminares aparecen involucrados en la trama conspirativa Brazalete Blanco».

William Saab también confirmó que otras cuatro personas (familiares de San Miguel) supuestamente actuaron en la supuesta conspiración: «Fueron presentadas y se les otorgó una medida cautelar menos gravosa, consistente en la presentación periódica al tribunal de la causa».

Indicó que la detención de Rocío San Miguel ocurre por aparecer mencionada, como parte de la conspiración, por uno de los militares detenidos. «Ella reconoce su papel de conspirar y poner mal a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Europa», dijo. 

Saab ratificó que en el caso José Gonzales De Canales Plaza, expareja de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, se acordó medida de privación de libertad por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación tergiversación de las desapariciones. San Miguel permanecerá recluida en la sede del Sebin del Helicoide y Canales Plaza, en la Dgcim de Boleíta. 

Niegan desaparición forzada 

El fiscal general negó que la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano sea un caso de desaparición forzada, como lo han denunciado decenas de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, debido a que el procedimiento de detención según él fue realizado en los lapsos legales correspondientes y en apego a los derechos humanos.

«Se realizó la audiencia de presentación de San Miguel previa orden de aprehensión con una detención, por tanto, no ha existido en este caso la cualidad de desaparición forzada, que es el secuestro de una persona que no aparece como detenida, no es presentada en un tribunal y que termina desapareciendo, como ocurría aquí en los años 60 y 70 (…) decir que es una desaparición forzada se convierte en un delito», enfatizó.

Cabe destacar que desde la detención de San Miguel el pasado 9 de febrero, la situación fue calificada por su abogado Juan González como desaparición forzada debido a que no se sabía dónde estaba la activista, ni su situación, ya que tiene más de 100 horas incomunicada. Además, en ningún momento contó con abogados de su confianza que garantizaran su derecho a la asistencia legal.

El titular del Ministerio Público criticó el rol de las ONG en este caso, y los tildó de  «pagados y tarifados de la USAID». Además, denunció la «instrumentalización de las organizaciones no gubernamentales para dañar la imagen de la democracia».

Liberaron a cuatro familiares de Rocío San Miguel bajo régimen de presentación
El fiscal insistió en que el proceder del MP ha estado «dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales»

 

Cuatro familiares de la activista Rocío San Miguel fueron liberados con medidas cautelares  consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa, informó este martes, 13 de febrero el Fiscal designado por la Constituyente cubana, Tarek William Saab. 

A través de un comunicado, Saab no indicó los nombres de las cuatro personas, pero se presume que son Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos, y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda.

Sobre Rocío San Miguel, Saab ratificó que la activista fue presentada la noche de este lunes ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, y que el MP solicitó para ella una medida «preventiva de libertad» por la «presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación».

Remarcó también que se solicitó la privación de libertad «preventiva» para Alejandro José González Canales, expareja de la activista, por la «presunta» comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

El fiscal insistió en que el proceder del MP ha estado «dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales».

Preocupación por San Miguel

La defensa de la activista denunció su «desaparición forzada» desde el viernes, cuando fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, un estatus que, asegura, se mantiene, pues no han podido comunicarse con ella o conocer su sitio de reclusión hasta el momento.

En las últimas horas, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, así como cientos de ONG locales, manifestaron su preocupación por la detención de San Miguel y han solicitado al Estado venezolano el respeto a sus derechos.

*Con información de Efe cuatro familiares

Presentan en tribunales a Rocío San Miguel: la acusan de terrorismo, conspiración y traición a la patria
El MP solicitará «medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros»

 

La activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida el pasado viernes, fue presentada la noche de este lunes ante el Tribunal segundo contra Terrorismo, junto a varios de sus familiares.

En un mensaje en su cuenta de X, el fiscal designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, informó que se encuentra en desarrollo la audiencia de presentación de San Miguel, de Alejandro José González Canales, expareja de la activista, y otras cuatro personas cuyos nombres no mencionó, pero son, presumiblemente, los familiares que más temprano la defensa de la activista reportó como «desaparecidos».

Las cuatro personas señaladas por uno de los abogados de la defensora de derechos humanos son Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos; y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda.

Terrorismo, conspiración y traición a la patria 

Saab aseveró que el Ministerio Público (MP) solicitará «medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros».

Además, indicó que pedirá también la privación de libertad «preventiva» para González Canales por la «presunta» comisión de los delitos (de) revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

Asimismo, solicitará medidas cautelares, «consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa», para las otras cuatro personas.

El fiscal aseguró que los seis detenidos aparecen «presuntamente involucrados» en la trama conspirativa denominada ‘brazalete blanco’, cuyo objetivo era «atentar en contra de la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios», y con la cual ya había vinculado a San Miguel cuando confirmó su detención este domingo.

Remarcó que las actuaciones están «dentro de los lapsos legales» y «en estricto apego al respeto de los derechos humanos», pese a que la defensa de la activista denunció la «desaparición forzada» de San Miguel, que estuvo en paradero desconocido desde el viernes, cuando fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, hasta el domingo.

*Con información de Efe

A 25 años de cárcel condenaron a los hermanos Améstica por caso Canserbero
Les niegan defensa privada y hay denuncias de que han sido torturados para testificar 

 

Pena de 25 años de cárcel impuso un tribunal a los hermanos Natalia y Guillermo Améstica por los supuestos asesinatos de Tirone González, alias Canserbero, y Carlos Molnar.

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea nacional constituyente sostuvo que el pasado 1 de febrero se realizó la audiencia preliminar del caso Canserbero.

Los fiscales 85º y 62º Nacional ratificaron la acusación contra los hermanos Améstica.

«Hubo más de 100 medios probatorios contenidos en la acusación presentada por el Ministerio Público. Natalia Améstica y Guillermo Améstica admitieron los hechos. En este caso se buscaba una pena de 30 años, pero se redujo por la admisión de los  hechos», dijo Saab. 

Los hermanos Améstica fueron acusados por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de coautoría, obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, falsa atestación ante funcionario público y asociación para delinquir.

El abogado de la familia Améstica, Joel García, denuncio que no ha podido juramentarse como defensor de los hermanos y que tampoco se ha comunicado con ellos.

«Sin defensa, sin derecho a contradecir y bajo tortura avalada por quienes por ley están obligados a garantizar su integridad física, pretenden hacer justicia. ¿Por qué no permiten que tengan abogado de su confianza? ¿Qué ocultan, qué teme el ciudadano Fiscal General?», escribió García en su cuenta de X.

Familiares de los hermanos Améstica, de origen chileno, acudieron a las autoridades de ese país para solicitar que hagan las gestiones necesarias para que los acusados tengan acceso a una defensa privada y no a una asignada por el sistema judicial venezolano.

Por su parte, el fiscal Saab indicó que existe orden de aprehensión y alerta roja de Interpol para otros cinco implicados: tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Yonel Alejandro Toro Noguera, Arquelis Enrique Blanco Campos, Vicson Jesús Medina (se encuentra en Estados Unidos, según el MP) y los exfiscales Tulio Enrique Mendoza y Yoli Abelina Torres.

 

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Renny Amundaraín, el fiscal detenido que acumula un rosario de señalamientos por violaciones a DDHH
Renny Amundaraín está implicado en varios señalamientos por violaciones a los Derechos Humanos. Participó en casos como el femicidio de Ángela Aguirre, las averiguaciones por la muerte en custodia de Raúl Isaías Baduel y la investigación contra Javier Tarazona

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, anunció este miércoles, 24 de enero, la detención del exfiscal Renny Amundaraín.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Saab indicó que junto a Amundaraín también fue detenido Adys Salcedo, quien fue defensor público. Ambos fueron imputados por «Retraso u omisión intencional de funciones, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir».

También, Saab aseguró que, según información del Ministerio Público, Amundaraín y Salcedo tienen una presunta vinculación con «grupos estructurados de delincuencia organizada» con quienes «colaboraban y mantenían comunicación con una peligrosa banda criminal».

Señalamientos por violaciones a los DDHH

En el pasado, el fiscal Renny Amundaraín estuvo vinculado con casos polémicos y fue señalado por violaciones a los Derechos Humanos. Zair Mundaray, exvicefiscal venezolano, recordó algunos de esos casos controversiales en los que Amundaraín tuvo participación. 

Según Mundaray, el fiscal ahora detenido «fue quien montó el caso de Carlos Lanz», profesor universitario adepto al chavismo, «en el que condenaron por homicidio sin prueba de la muerte (sin cadáver ni información del paradero del cuerpo)».

Amundaraín también fue el responsable de apresar al politólogo Nicmer Evans, así como al director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona. El propio Evans recordó este 25 de enero en redes sociales que fue el fiscal detenido el que ordenó su detención y lo imputó. 

También, el exfiscal emitió una prohibición de salida del país contra los defensores de derechos humanos Alonso Medina Roa y Ana Leonor Acosta.

«De acuerdo a informes preliminares, mantenía contactos con pranes a quienes vendía información sobre los casos. Maneja mucha información sobre las mafias de corrupción del sistema de justicia, algunos deben estar muy asustados», señaló Mundaray.

Manipulación de pruebas en el caso de Ángela Aguirre

Amundaraín también participó en el caso de Ángela Aguirre, una joven de 16 años que fue asesinada en el municipio Caroní, estado Bolívar, el 23 de marzo de 2019.

Según la madre de Aguirre, el exfiscal «actuó en complicidad» con la fiscal Emily Hernández para «favorecer» a siete personas que estuvieron acusadas del femicidio de la joven.

«Vimos la manipulación de todos los elementos de prueba, las telas de arañas que han tejido los fiscales», relató su madre.

Persecución contra periodistas

El exfiscal también tuvo participación en la persecución contra periodistas venezolanos. Uno de los casos en los que actuó fue luego de la publicación de una serie de trabajos de investigación sobre los hermanos Santiago y Ricardo Morón Hernández. Por este caso, el editor del diario de El Nacional, José Gregorio Meza, tuvo que declarar.

Meza fue citado e interrogado el 25 y 26 de enero de 2023 en compañía de dos de sus abogados. El fiscal principal del caso era Renny Amundaraín, quien indicó que la citación era por la denuncia de dos particulares por instigación al odio.

Investigaciones por amenazas de muerte a Delsa Solórzano

Previo a llevarse a cabo la primaria opositora del 22 de octubre de 2023, la excandidata Delsa Solórzano recibió amenazas de muerte en su contra.

Tras conocerse esta situación, Tarek William Saab anunció que se investigarían los hechos y para eso había designado a Renny Amundaraín, lo cual la dirigente política cuestionó.

«Dejo constancia ante el país y ante el mundo de quién es ese señor fiscal 94, Renny Amundaraín, que es una persona que ha estado presente en muchos de los casos vitales, importantes, en materia de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad», dijo.

Sin avances en averiguaciones por muertes en custodia

El militar venezolano Raúl Isaías Baduel murió el 12 de octubre de 2021 mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela exigió la apertura de una investigación sobre las circunstancias de la muerte de Baduel en prisión, con apego al Protocolo de Minessota.

Para esa tarea, el Ministerio Público abrió una averiguación, la cual quedó a cargo del fiscal 94° Renny Amundaraín, pero los familiares no fueron informados sobre ningún avance.

Defensores también han denunciado que Amundaraín impidió que avanzara una investigación transparente por la muerte en custodia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y que fue el responsable de archivar el caso de la muerte en protestas del joven Neomar Lander, ocurrida en el año 2017.