Suiza

Autoridades de Suiza identificaron cuentas bancarias con alrededor de 10.100 millones de dólares que presuntamente provienen de fondos públicos malversados en Venezuela

El escandaloso saqueo sufrido por el patrimonio público venezolano en las últimas décadas no tiene precedentes dentro del país y tampoco en naciones cercanas en épocas recientes. Cerca de un centenar de casos de corrupción con fondos del Estado venezolano están siendo investigados en la justicia de más de 21 países y recientes publicaciones sobre bancos suizos dan cuenta de la magnitud del desfalco que debe ser investigado exhaustivamente.

De acuerdo con el diario Le Matin Dimanche, citado por Bloomberg, las autoridades de Suiza identificaron en ese país varias cuentas bancarias con alrededor de 9.000 millones de francos (10.100 millones de dólares), que presuntamente provienen de fondos públicos malversados en Venezuela, una cifra que contrasta en gran medida con la emergencia humanitaria compleja que padece el país al menos desde 2015 y que ha disparado los índices de pobreza y desnutrición, al mismo tiempo que ha empujado a más de 5 millones de venezolanos a huir del país en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Los medios señalan que desde que se abrieron las investigaciones, a finales de 2019, fiscales de Zúrich se enteraron de que personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro presuntamente tienen fondos en cientos de cuentas en unos 30 bancos. Lo que convierte a Venezuela en la mayor fuente de fondos sospechosos en los bancos suizos, según refieren los informes.

El uso de los bancos y empresas suizas para realizar operaciones sospechosas con fondos públicos venezolanos ha sido alertado desde fiscalías de otros países que abrieron investigaciones por corrupción en Venezuela en años recientes. En las fiscalías de Estados Unidos y España, por ejemplo, se han abierto causas por presunta corrupción en Bariven, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en las que se denuncia el lavado de dinero en Suiza.

La gravedad de los señalamientos y la magnitud del patrimonio público comprometido en estos casos demandan una investigación profunda que reúna el esfuerzo no solo del sistema de justicia de Suiza, sino también de los demás países por los que ha pasado el dinero de los venezolanos. Más aún en momentos como el actual cuando la emergencia por la propagación del Covid-19 hace a los venezolanos más vulnerables y urgen inversiones mayores para garantizar su seguridad.

Los venezolanos tienen derecho a saber quiénes son los involucrados en estas investigaciones, qué mecanismos fueron utilizados para desfalcar al Estado, qué instituciones públicas se vieron afectadas, qué investigaciones han sido iniciadas por el sistema de justicia venezolano y cuál es su estatus, desde dónde se realizaron las transferencias y cuál es el destino que se le ha dado a estos recursos.

Transparencia Venezuela exige que se desarrolle una investigación profunda, transparente que permita que se haga justicia, se derrote la impunidad y se conduzca a la recuperación de los fondos. Al mismo tiempo, insta a la recuperación de las instituciones dentro del país que permita el cumplimiento de los controles efectivos que eviten que se siga ocasionando este tipo de daños a la República.

Los señalados en este esquema son investigados por haber pagado inmensos sobornos a funcionarios venezolanos para poder entablar un esquema donde empresas bajo su control otorgaban a Pdvsa prestamos en bolívares que luego eran pagados en dólares haciendo uso del enormemente lucrativo tipo de cambio oficial

Suiza decidió entregar a la justicia estadounidense documentos bancarios relacionados a una presunta trama de corrupción que habría sido liderada por exfuncionarios chavistas y que ha podido costarle a Venezuela uno 4.500 millones de dólares.

El expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez; los banqueros Luis Oberto e Ignacio Oberto; el empresario Alejandro Betancourt y su primo Francisco Convit; y el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, forman parte de una investigación que realiza EE.UU en contra de empresarios y funcionarios venezolanos involucrados en lavado de dinero, reseñó El Nuevo Herald.

Los señalados en este esquema son investigados por haber pagado inmensos sobornos a funcionarios venezolanos para poder entablar un esquema donde empresas bajo su control otorgaban a Pdvsa prestamos en bolívares que luego eran pagados en dólares haciendo uso del enormemente lucrativo tipo de cambio oficial.

La mayor parte del dinero sucio fue transferido a cuentas controladas por los hermanos Oberto en el banco Compagnie Bancaire Helvetique, y el resto a sus cuentas en EFG Bank AG y otras siete otras instituciones financieras suizas, según señalaron las autoridades estadounidenses en una carta oficial dirigida a sus homólogos suizos.

Los documentos bancarios dejan el camino libre para que fiscales estadounidenses puedan presentar cargos en lo que está siendo descrito como el mayor caso de corrupción venezolana visto hasta ahora.

Una agencia supervisora de Suiza sancionó este jueves al banco Julius Baer alegando que la entidad permitió lavado de dinero en cuentas de la petrolera estatal venezolana PDVSA y la federación mundial de fútbol, FIFA.

La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero suizo (FINMA) designó a un auditor y prohibió al banco realizar grandes transacciones.

La FINMA dijo que el banco Julius Baer no combatió apropiadamente el lavado de dinero por una década y entre 2009 y 2018 estuvo conectado con casos de corrupción relacionados con PDVSA y la FIFA.

La autoridad bancaria dijo que un asesor de Julius Baer manejó clientes venezolanos entre 2016 y 2017 que cosecharon millones de dólares en bonos y otros tipos de pagos, aun sabiendo que había posibles irregularidades relacionadas con corrupción.

“El sistema de remuneración del banco se centró casi exclusivamente en objetivos financieros y prestó poca atención a los objetivos de cumplimiento y gestión de riesgos”, dijo el informe en referencia al caso de PDVSA.

Según informó el diario suizo Neue Zuercher Zeitung, la actividad de Julius Baer en Venezuela es un negocio exclusivo para grandes clientes.

En abril de 2018 el banco decidió terminar su relación con cientos de clientes venezolanos con patrimonios inferiores a los 1,5 millones de dólares para enfocarse en quienes acumulaban fortunas superiores a los 20 millones de dólares.

FINMA ordenó a Julius Baer tomar medidas efectivas para cumplir con sus obligaciones legales en la lucha contra el lavado de dinero y finalizar rápidamente las medidas que ya ha comenzado a implementar.

Escándalo de sobornos

FINMA indicó que las fallas estaban relacionadas con casos de corrupción vinculados a  PDVSA y FIFA, quienes se han visto involucrados en un escándalo de soborno que llevó al ex presidente, Joseph Blatter, y al ex vicepresidente, Michel Platini, a ser expulsados de la Federación en 2015 por pagos ilícitos.

La Oficina del Fiscal General de Suiza (OAG) señaló que presentaron una acusación contra el ex Secretario General de la FIFA, Jerome Valcke, por aceptar sobornos.

Por otra parte, la petrolera venezolana está sancionada por el gobierno de Estados Unidos.

FINMA nombró a un agente para investigar a Julius Baer en 2017, ampliando su investigación en 2018 luego del arresto de un banquero de Baer en los Estados Unidos.

El organismo de control dijo que el banco tenía que tomar medidas para identificar a los banqueros cuyos clientes tenían un alto riesgo de lavado de dinero y ajustar su política salarial y disciplinaria para evitar riesgos. Baer dijo que desde entonces había mejorado y tomaría las medidas exigidas por FINMA.

El año pasado, el banco nombró a Philipp Rickenbacher como director ejecutivo, reemplazando a Bernhard Hodler, jefe anterior.

*Con información de VOA Noticias y Reuters*

158 venezolanos han sido sancionados por 31 países

El parlamentario Luis Parra también figura en la lista de sancionados por la Unión Europea que ya se eleva a 37 

Estados Unidos posee la lista con mayor cantidad de venezolanos sancionados

@fefamaya

Los gobiernos de Estados Unidos, Panamá, Suiza y Canadá junto a la Unión Europea han sancionado a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro; militares, oficiales de cuerpos de seguridad del Estado, familiares y testaferros también han sido incluidos en la lista de las sanciones impuestas.

El 29 de junio de 2020, la Unión Europea anunció que 11 venezolanos serían agregados a la lista de sancionados. Entre ellos destacan Luis Parra, parlamentario de Primero Justicia que se autojuramentó como presidente de la Asamblea Nacional (AN) gracias al apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Jorge Márquez Monsalve, presidente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Conatel).

Adicionalmente, la UE incorporó en la lista a Franklyn Duarte, José Gregorio Noriega, Dinorah Bustamante, Farik Mora, Jorge Márquez, Juan José Mendoza, Tania Díaz, Gladys Requena y José Adelino Ornelas. Nueve de ellos trabajan para los poderes públicos y dos son militares.

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Las primeras medidas impuestas a estos personajes fueron las de Estados Unidos hace cinco años, en 2015, un año antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Actualmente, el número de venezolanos sancionados por el gobierno estadounidense es 115. 49 de ellos son trabajadores del Estado, 13 pertenecen a cuerpos de seguridad del Gobierno y 32 son militares. El grupo de los 21 sancionados restantes se clasifica en familiares de otros sancionados, empresarios y ex trabajadores públicos. 

En el caso de Canadá, la lista está conformada por 112 sancionados. De los 112 sancionados, 66 son empleados públicos, 29 son militares y seis son oficiales de cuerpos de seguridad del Estado.

Por su parte Panamá aplicó estas medidas restrictivas a 56 oficiales venezolanos. Los 56 se distribuyen en: 29 funcionarios públicos, dos oficiales de cuerpos de seguridad del gobierno de Maduro, 20 militares y tres ex trabajadores públicos.

La Unión Europea y Suiza aplicaron estas sanciones a casi la misma cantidad de venezolanos. La UE sancionó a 37 personas de las que 21 trabajan para los poderes públicos, nueve forman parte de cuerpos de seguridad del Estado y siete son militares. Mientras que Suiza sancionó a 25 personas. 11 de ellos son empleados públicos, 9 pertenecen a cuerpos de seguridad y cinco son militares.

De acuerdo al especial de Runrun.es“Detrás de las sanciones” formar parte de esta lista significa que la persona, y en algunos casos sus familiares y socios, no podrán tener relación con empresas o ciudadanos del país que imponga las sanciones. Además de que sus activos y bienes que estén en ese territorio son confiscados y sus visas son revocadas.

13 sancionados se llevaron las 5 estrellas

De los 156 venezolanos sancionados, 13 de ellos fueron sancionados cinco veces, por cuatro países (Estados Unidos, Canadá, Panamá y Suiza) y una comunidad política (La Unión Europea). La Unión Europea está conformada actualmente por 27 países.

Estas 13 personas son: Tibisay Lucena, Socorro Hernández, Sandra Oblitas, Maikel Moreno, Tarek William Saab, Katherine Harrington, Elías Jaua, Freddy Bernal, Néstor Reverol, Diosdado Cabello, Antonio Benavides Torres, Jesús Suárez Chourio y Sergio Rivero Marcano. 

Tibisay Lucena es la presidenta del Centro Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández es rectora principal del CNE al igual que Sandra Oblitas.

Maikel Moreno es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Diosdado Cabello el actualmente preside la asamblea nacional constituyente (ANC), ente que designó a Tarek William Saab como fiscal general.

Por su parte, Elías Jaua y Katherine Harrington son los únicos sancionados que no poseen un cargo actual en el gobierno de Nicolás Maduro. Harrington fue vicefiscal general designada por el TSJ y Jaua ministro de Educación y Protector del estado Miranda. 

Además de ellos, se encuentra Néstor Reverol, militar y actualmente ministro de Interior y Justicia; Antonio Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Jesús Suárez Chourio, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada Nacional (FANB) y Sergio Rivero Marcano como inspector general de la FANB.

Tres de ellos pertenecen a la poder electoral, cinco son militares que han ocupado diferentes cargos políticos; como ministros y presidencia de la asamblea nacional constituyente, y altos cargos militares. 

Las cabecillas del poder electoral (Tibisay Lucena), poder judicial (Maikel Moreno) y el poder ciudadano (Tarek William Saab) forman parte de la lista de sancionados que se llevaron las 5 estrellas, es decir, fueron sancionados cinco veces. 

No todos son venezolanos

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) ha sancionado a nueve individuos de diferentes nacionalidades relacionados con casos de corrupción en Venezuela. 

Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas son los empresarios colombianos que encabezan esta lista. Saab es representante legal del Fondo Global de Construcciones y de un entramado de empresas dedicadas a la importación y exportación. Las empresas de Saab Morán y su socio Pulido Vargas son las principales beneficiarias del programa de alimentos subsidiados conocido como Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Tanto los hijos de Saab como los de Pulido Vargas fueron sancionados por Estados Unidos. Shadi Saab Certain y Emmanuel Rubio González fueron vinculados a la empresa, también incluída en la “lista negra” de la OFAC, Group Grand Limited en Hong Kong. Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., Saab Certain fue director de Group Grand Limited desde 2015 hasta 2017.

Isham Saab Certain, también hijo de Saab Morán, fue sancionado por ser vinculado al empresario colombiano. 

De acuerdo con un comunicado emitido el 17 de septiembre de 2019 por el Departamento del Tesoro, Amir Saab Morán y Luis A. Saab Morán, hermanos de Alex Saab, fueron agregados a la lista de sancionados por estar vinculados en múltiples negocios con su hermano Alex Naín. 

Amir era propietario de cuatro empresas entre Colombia y Panamá. Mientras que Luis Alberto manejaba ocho empresas a lo largo de Latinoamérica y Europa. Las 12 empresas fueron sancionadas por la administración de Donald Trump. 

David Rubio González, otro hijo de Álvaro Pulido y hermano de Emmanuel Rubio, fue sancionado por ser el director de Global Structure, S.A. y gerente de C I Fondo Global De Alimentos LTDA. Ambas compañías se encuentran en la lista de sanciones de la OFAC. 

El 18 de febrero de 2020, el vicepresidente para la refinación, petroquímica, comercio y logística de Rosneft, Didier Casimiro, fue sumado a la lista negra de empresarios sancionados por estar relacionados con tramas de corrupción en Venezuela. 

EL 28 DE MARZO DE 2018, el Consejo Federal de Suiza se unió a las sanciones impuestas por la Unión Europea a Venezuela el 13 de noviembre de 2017 y el 22 de enero de 2018. El 5 de agosto de 2019, Suiza actualizó la lista de funcionarios del Gobierno venezolano sancionados, sumando un total de 18 autoridades del Estado sancionadas.

Néstor Reverol, ministro de Interior, Gustavo González López, director del Sebin, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Antonio Benavides Torres, ex comandante de la Guardia Nacional, Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) y Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela,  son los funcionarios que fueron sancionados este lunes. 

Reverol, González López y Benavides Torres fueron sancionados por ser autores de violaciones a los derechos humanos, represión contra la sociedad civil y  la oposición venezolana. Mientras que Lucena fue penada por socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

«Sus acciones y políticas han socavado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, incluso facilitando el establecimiento de la asamblea nacional constituyente al fallar para garantizar que el CNE siga siendo una institución imparcial e independiente como lo establece la Constitución venezolana», indicó el documento del Consejo Federal de Suiza sobre la sanción a Tibisay Lucena. 

Hasta el 15 de noviembre de 2018, la lista de sancionados estaba conformada por: Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Sergio Rivero Marcano, Jesús Suárez Chourio, Iván Hernández Dala, Delcy Rodríguez, Elías Jaua, Sandra Oblitas, Freddy Bernal, Katherine Harrington, Socorro Hernández y Xavier Moreno.  

Cabello, presidente de la ANC, fue sancionado por socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, mediante el uso de los medios de comunicación para atacar y amenazar públicamente a la oposición, otros medios y sociedad civil.

Las medidas restrictivas contra los funcionarios del Gobierno de Maduro se han decretado debido a la violación de los derechos humanos, la falta de estado de derecho y la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas.

Sanciones de Suiza contra políticos de Venezuela por violar derechos humanos y socavar el estado de derecho y las instituciones democráticas.
Incluye sanciones que impiden compra de armas, prohibición de entrada a Suiza y bloqueos financieros.https://t.co/AY6BV6dkQ0 pic.twitter.com/mb7DaEIB8S

— Luis Carlos Díaz ? (@LuisCarlos) August 7, 2019

Entre las sanciones impuestas por Suizas se encuentran: sanciones relativas a la propiedad que incluyen prohibición de proporcionar equipo militar y bienes que puedan ser utilizados para la represión interna. La prohibición de proporcionar equipos para su uso de espionaje. Sanciones financieras que involucran la congelación de activos y recursos económicos junto con la obligación de declarar bienes y recursos económicos.

Funcionarios encargados de investigar un cártel sudamericano han incautado barras de oro por un valor de cinco millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de Londres Heathrow​, informó la agencia de noticias británica SWNS.

El oro, que pesaba alrededor de 229 libras, se dirigía a Suiza desde las Islas Caimán cuando fue incautado. Anteriormente había llegado a las Islas Caimán desde Venezuela en un avión privado.

El envío se incautó el mes pasado, pero los funcionarios judiciales ahora han permitido que la Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) lo retenga bajo la Ley de ingresos del delito. El oro ahora se está tratando como lavado de dinero en una investigación realizada por las Islas Caimán con la ayuda de la NCA.

“El modelo de negocios de muchos grupos del crimen organizado se basa en la capacidad de mover dinero a través de las fronteras, para financiar una mayor inversión en actividades delictivas”, continuó McIntyre. “Si podemos evitar que no solo cause una interrupción a la red criminal involucrada y evite que se beneficien del crimen, también detiene esa reinversión”.

Un portavoz de la NCA indicó que los oficiales de la Fuerza Fronteriza, actuando sobre la inteligencia de la NCA, se mudaron para detener el envío en Heathrow el 1 de junio. “Estaba siendo transportado desde las Islas Caimán a Suiza, habiendo sido enviado anteriormente a las Islas Caimán en un jet privado que había llegado de Venezuela”.

Nick Jariwalla, Director de la Fuerza Fronteriza de Heathrow, dijo: “Tomar grandes cantidades de dinero u oro del control de las redes criminales los golpea donde más lo sienten: en el bolsillo”.

UELI MAURER, PRESIDENTE DE SUIZA, aseguró este jueves que su país está preparado para ejercer como poder protector de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, pero indicó que todavía espera recibir la aprobación de Nicolás Maduro.

El mandatario suizo indiccó que Estados Unidos y Suiza firmaron a principios de abril un acuerdo para que la confederación helvética protegiera la embajada estadounidense en Caracas; pero ese pacto aún no ha sido aceptado por Maduro, quien a su vez ha pedido que su legación en Washington sea defendida por Turquía.

“Estamos preparados para cuando este mandato de protección sea aceptado por Venezuela, aunque ese no es el caso por ahora”, manifestó Maurer.

Una vez que ese acuerdo sea aceptado por Maduro, la legación suiza podrá ofrecer servicios consulares a los estadounidenses que se encuentran en Venezuela.

Washington lleva sin representación diplomática en Venezuela desde mediados de marzo, cuando Maduro cortó lazos diplomáticos con Estados Unidos después de que Trump reconoció como presidente interino a Juan Guaidó.

La designación de otro país como protector es usual cuando dos naciones rompen o suspenden sus relaciones diplomáticas. En el caso de Estados Unidos, la República Checa cumple ese papel en Siria, mientras que Suecia lo ejerce en Corea del Norte, y Suiza actúa como tal en Irán.

SUIZA Y ESTADOS UNIDOS acordaron que el primero de estos países represente al segundo en Venezuela, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas el 23 de enero.

De acuerdo a la Radio Televisión de Suiza (RTS), el ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, y el embajador estadounidense en este país, Edward McMullen, firmaron en Berna el acuerdo para formalizar esta representación, con la que, según el jefe de su diplomacia, la Confederación Helvética “busca contribuir al mantenimiento de la paz”.

Cassis explicó que Estados Unidos fue el que solicitó esta delegación de funciones diplomáticas, que ya fue discutida por el ministro suizo en su reciente visita a Washington con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

El jefe de la diplomacia helvética también subrayó que este tipo de representación entre gobiernos enfrentados es “una larga tradición” del país centroeuropeo, que ejerce actualmente también este papel en Irán para EE.UU., en Rusia para Georgia (y viceversa), en Arabia Saudí para Irán (y viceversa) y en Egipto para el régimen iraní.

El Departamento de Estado señaló que, en virtud de este pacto, el país helvético actuará “como poder protector de los intereses de EE.UU. en Venezuela.

No obstante, el Departamento de Estado matizó que “hasta nuevo aviso de que el arreglo es operativo, los suizos no podrán ofrecer servicios”.