Sudamérica

 

El hambre creció en 2017 en América Latina y el Caribe hasta afectar a unos 39 millones de personas debido a la desaceleración económica en Sudamérica, marcada especialmente por el caso de Venezuela, explicó este martes la ONU.

 

Desde que en el 2013 Uruguay se convirtió en referencia internacional por regularizar el mercado del cannabis, la región sudamericana ha mirado con nuevos ojos la producción y distribución de la marihuana con fines recreativos y medicinales.

El caso de la nación charrúa tuvo un impacto global, pues fue el primer país del mundo en aprobar una ley que permitía controlar la comercialización y tenencia del cannabis. La nación también mantiene su utilización con fines industriales.

Al aprobar la ley el 10 de diciembre de ese año, se autorizó a las farmacias a vender hasta 40 gramos de cannabis por persona al mes, así como el cultivo particular con un máximo de 6 plantas y la creación de los clubes de consumidores.

La regulación también abarcó los permisos de las empresas para el cultivo de la marihuana destinada al uso medicinal, recreativo y con fines de investigación. Fue un cambio de paradigma durante el mandato del expresidente José “Pepe” Mujica, que, con el transcurso de los años, involucró también a Colombia y Chile. 

La legislación colombiana discutió el proyecto de ley durante 10 meses en el Senado y luego pasó a la Cámara en pleno. El país es una de las regiones del mundo que más conflictos sociales ha experimentado por el narcotráfico.

La ley fue aprobada para que el cannabis se empleara en el campo medicinal y terapéutico, siguiendo los pasos dados por Uruguay.

Cultivo para consumo privado

Chile también dio luz verde al cannabis después de que, en el 2015, la Cámara de Diputados aprobara la ley que permite el cultivo para consumo privado y terapéutico. La venta con fines medicinales también fue despenalizada.

En este país, el Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó la venta de Sativex, un medicamento basado en cannabis. No obstante, la comercialización estaba limitada por su elevado precio: 1 millón de pesos chilenos; es decir, unos 1.620 dólares estadounidenses.

Los pacientes optaban entonces por la alternativa de afiliarse a clubes que cultivan cannabis con fines terapéuticos.

Las semillas de marihuana son de diversa variedad, como las que muestra PEV Grow, una tienda online dedicada a la venta de productos para su cultivo. Está por ejemplo la magnum de budha seeds, que es una semilla autofloreciente con rápido crecimiento.

En Chile, la expresidenta Michelle Bachelet firmó un decreto que incluyó al cannabis en la lista de remedios autorizados por el Ministerio de Salud.

Otro país que también ha dirigido la mirada hacia la marihuana en Sudamérica ha sido Argentina. El gobierno nacional autorizó una ley para que ciertos pacientes recibieran una provisión de aceite cannábico. Además, se ha incentivado la investigación para el uso científico y médico.

Mayor flexibilización

La flexibilización en la región ha llegado a tal nivel que pacientes y familiares participan activamente en diferentes seminarios internacionales y exposiciones que se han llevado a cabo en Uruguay o Chile.

A las convocatorias también llegan investigadores de Estados Unidos, Perú, México, España, Bolivia, Ecuador o Brasil. 

Aunque en Paraguay el cultivo de la planta es ilegal, el país es el principal productor de marihuana de la región. De hecho, ya se han elaborado diversos proyectos legislativos para iniciar su despenalización con fines medicinales.

En la nación guaraní solo ha sido autorizado el cannabis para “uso compasivo” en determinados casos, como en niños con epilepsia refractaria que no responden a los tratamientos convencionales, según explican los médicos.

En Sudamérica también hay proyectos legislativos adelantados sobre esta materia en Perú y Brasil, que ya lo han aprobado para el uso médico.

El debate sobre el uso de la marihuana con fines medicinales o recreativos generó polémica durante años en distintos países del mundo. Sin embargo, las legislaciones de ciertas naciones han modificado sus leyes para abrirle camino.

En Perú, por ejemplo, han sido de interés periodístico las solicitudes efectuadas por familias para legalizar su uso medicinal.

Diferentes asociaciones han realizado una llamada a las autoridades para que el aceite cannábico pueda ser empleado para ofrecer una mayor calidad de vida a quienes presentan males neurológicos o enfermedades terminales.

Durante la última década, los países sudamericanos han sentado un precedente en cuanto al uso del cannabis, lo que habla de la nueva mentalidad de sus autoridades, que ven en esta planta una alternativa para los pacientes.

A finales del 2017, el laboratorio ICC Labs de Uruguay anunció la primera cosecha de cannabis medicinal que fue cultivado en interiores y de forma totalmente orgánica. El total de 4.000 plantas será la materia prima para producir aceite de cannabidiol.

La despenalización de la marihuana, poco a poco, ha dejado de ser un tema tabú dentro de las sociedades modernas. En el caso sudamericano, las legislaciones buscan dar una segunda oportunidad a quienes sufren a causa de alguna patología.

 

El reciente anuncio de sanciones por parte de Estados Unidos a siete funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en razón de severas violaciones a los derechos humanos ha gatillado pronunciamientos de alto calibre en la región. La Asamblea Nacional venezolana concedió a Maduro autorización para gobernar por decreto para “garantizar la pervivencia de la nación” ante sanciones que el Presidente calificó como una intervención de tipo «enloquecido, infame, infausto y vergonzante». Legislar “de manera ágil” evitaría efectos perniciosos de la injerencia de “potencias extranjeras” —en plural— y reforzaría la “protección de la economía local ante los causantes de la guerra económica”.

No menos dramática fue la encrucijada trazada por Maduro para el resto de la región (“o se está con Venezuela, o se está con el imperio yanqui”). La Unión de naciones sudamericanas, UNASUR, no dejó lugar a dudas de su posición, pues consideró estas medidas como contravenientes de la legalidad internacional, al amenazar —a su juicio— la soberanía y el principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados. La expresión “derechos humanos” brilla por su ausencia en el breve comunicado de UNASUR. Su identificación con la posición del gobierno venezolano es total, erosionando la posibilidad de ejercer buenos oficios para fomentar diálogo o mediación en calidad de tercero imparcial.

Estos hechos deben generarnos cuatro preguntas. Y la primera debe ser si estas reacciones son proporcionales a la causa que las genera. No cabe duda que Caracas tiene el derecho soberano de sentirse ofendida por las medidas tomadas por el gobierno estadounidense. Sin embargo, estas acciones no son «el paso más agresivo, injusto y nefasto jamás dado contra Venezuela» como las describió Maduro. Las medidas no se han tomado contra el país en su conjunto, ni contra todos sus ciudadanos, ni contra su economía, el comercio o las inversiones bilaterales, sino sólo respecto de siete funcionarios con responsabilidades individuales por violaciones severas y masivas a los derechos humanos. Individuos que —a mayor abundamiento— no están amparados por inmunidad (que podría caber para altos oficiales). A estos siete individuos se les prohíbe el ingreso a territorio estadounidense y se les impide realizar transacciones relativas a bienes localizados en Estados Unidos.

El restringido ámbito material y personal de estas sanciones responde a la primera pregunta. Lo siguiente es que nos preguntemos si estas sanciones —tan individuales que llegan a ser simbólicas—se ajustan a derecho. ¿Tiene razón Unasur en llamarlas ilegales? La justificación dada por la administración Obama fue el respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de instituciones democráticas en el marco del derecho internacional. Estas normas se contienen tanto en tratados de los cuales Venezuela y Estados Unidos son signatarios, como en el derecho internacional consuetudinario.

Unasur —que curiosamente no contempla un director jurídico entre su staff senior, recientemente reclutado— da la impresión a través de su comunicado que los doce cancilleres firmantes no creyeron necesario evaluar la legalidad de estas medidas con la ayuda de un jurista especializado. Pues si lo hubieran hecho, los cancilleres habrían sopesado —antes de firmar— el hecho que las violaciones graves a los Derechos Humanos no constituyen “asuntos internos”. Es decir, tales violaciones son la excepción al principio de no intervención. Y en el caso de Venezuela, estas violaciones han sido establecidas por la ONU y los más respetados organismos internacionales no gubernamentales de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Las obligaciones internacionales esenciales relativas a los derechos humanos las asume cada Estado frente a toda la comunidad internacional: no frente a grupo de Estados en particular. Ni siquiera es necesario firmar un tratado para estar obligado por estos principios. Como revisten suprema jerarquía, y los mecanismos multilaterales existentes no cuentan con una policía central para forzar la ejecución de estas obligaciones, es posible adoptar sanciones contra el Estado infractor tanto en foros multilaterales como de manera unilateral. Lo de Venezuela es un caso que tiene precedentes de sanciones de rango material y personal muchísimo más elevado (Siria, Zimbabue, Irán, Corea del Norte, por nombrar algunos). Frente a esas sanciones, las sanciones de Estados Unidos para siete funcionarios venezolanos quedan como lo que son: un gesto menor y que el derecho, excepcionalmente, permite.

La tercera pregunta es ¿Por qué Estados Unidos? ¿No hay aquí doble estándares? Se argumenta que que el récord de cumplimiento de derechos humanos de las potencias –y hablemos en plural- dista de ser perfecto. Es verdad que pese a la jerarquía de los derechos humanos en el sistema internacional, los países en general tienden a evitar tomar acciones propias cuando se violan los derechos humanos en otro Estado: inevitablemente, las medidas generarán una controversia con el país frente al cual se adoptan. Pero tal renuencia no significa que cada Estado –cualquiera- no pueda, individualmente, adoptar sanciones, algunas pequeñas, otras más considerables. Y para hacerlo, el derecho internacional no pide exhibir una hoja de vida sin mácula (no hay Estado que la tenga).

Los efectos prácticos para los siete funcionarios venezolanos afectados por las sanciones son mínimos. El impasse entre Washington y Caracas eventualmente se solucionará. Pero la pregunta final, la más importante, queda sin respuesta: ¿qué efectos tendrá para las garantías individuales de sus ciudadanos el que Venezuela -donde ya la represión lleva una cuenta creciente de muerte y tortura- sea gobernada por decreto?

 

@pyz30

El País 

 

 

El oficialismo lo llama profundización revolucionaria y la oposición, represión, pero su punto de encuentro es la radicalización del sistema, con severa limitación de libertades, cuyo último avatar ha sido la detención de Antonio Ledezma, alcalde mayor de Caracas, acusado de golpista en activo. Ni en este caso ni en el de Leopoldo López, que lleva un año en prisión, ha habido más aportación de pruebas que las frecuentes descalificaciones que contra ellos profiere el presidente Maduro. ¿Por qué esta aceleración del autoritarismo chavista?

Una fecha puede ser la destitución el pasado octubre del general Miguel Rodríguez Torres como ministro del Interior, con la que el presidente parecía alejarse de la fórmula “cívico-militar” para apoyarse principalmente en el partido (PSUV), al tiempo que daba juego a los colectivos de atronadora izquierda como Marea Socialista y el Frente Francisco de Miranda. En diciembre mandaba a la ONU a Rafael Ramírez, el presunto contacto con el capitalismo internacional, que ya había perdido la presidencia de PDVSA, el antiguo maná petrolero, para ocupar el puesto inocuo de ministro de Exteriores, puesto que la política de puertas afuera la hace el propio Maduro a golpe de declaraciones, normalmente acusando al “imperialismo” de querer derrocarle. El año pasado se produjo asimismo la venta del gran diario caraqueño El Universal a entidad o persona desconocida, pero que se ha saldado con su silenciamiento crítico, y la semana próxima desaparecerá de los quioscos Tal Cual, el periódico del intelectual de la oposición Teodoro Petkoff.

El chavismo llevaba tiempo tratando de amueblar el futuro con la aplicación de lo que considera la medicina de sus adversarios capitalistas: la compra y colonización de los cuerpos intermedios de la sociedad para que, llegada la fecha electoral, diciembre como límite, la oposición tuviera cuesta arriba la victoria. Este podía ser el plan de base, pero inflación, escasez, inseguridad y una política de palos de ciego, como la intervención de una cadena de supermercados para combatir el acaparamiento, han reducido drásticamente, según las encuestas, la popularidad presidencial.

Esa radicalización venezolana se extiende igualmente como protesta a parte de la opinión latinoamericana y como incomodidad a Gobiernos e instituciones. Brasil y Chile, nominalmente izquierda, y Colombia, nominalmente derecha, se limitan a pedir respeto y diálogo, porque nadie quiere, por sus propias razones, enemistarse con Caracas; y la propia UNASUR, muy lejos de ser una fuerza de despliegue rápido, solo puede convocar reuniones ministeriales de mero apaciguamiento. Y las ondas pueden llegar hasta Podemos, al que el chavismo considera poco menos que hijo putativo, pero que mal puede sentirse a gusto ante la deriva de los acontecimientos.

Maduro repite incesantemente que había un intento de golpe en marcha y aunque Washington pueda favorecer la desestabilización —el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper habla de “injerencias extranjeras”— los golpes no se dan sin la anuencia activa del Ejército. ¿Acaso desconfía el presidente venezolano de sus jefes y mandos intermedios? Pero la vía del diálogo, que aconsejan tiros y troyanos, se compadece mal con una tensión que no hará sino crecer de aquí a las elecciones de fin de año.

 

@MABastenier

El País 

 

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La presencia de terroristas islámicos en Suramérica fue confirmada por autoridades policiales brasileñas y peruanas en los últimos días. El 28OCT14, la Policía peruana detuvo en Lima al libanés Muhamad Amadar (casado con peruana que posee nacionalidad estadounidense), en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal especializado en Crimen Organizado, bajo sospechas de pertenecer a  Amadar reside en Perú desde el 2013, financiaba su vida con dinero recibido del exterior y en su vivienda habrían sido localizados restos de materiales explosivos. El arresto de Amadar se produjo tras un seguimiento de las autoridades policiales y de inteligencia peruanas puestas sobre las pistas por un gobierno extranjero. Según la prensa peruana habría sido la agencia israelí Mossad la que advirtió a Perú sobre la presencia del agente de Hezbollah.

El diario brasileño O Globo publicó el 09NOV14 una serie de informaciones, basadas en reportes oficiales de la Policía Federal, según los cuales Hezbollah mantiene agentes en Brasil. Según el diario, la organización terrorista ha mantenido relaciones de corporación e intercambio de servicios con la poderosa banda criminal Primeiro Comando da Capital (PCC) de São  Paulo. La PCC, que actúa y controla instalaciones carcelarias paulistas, habría proporcionado protección a agentes de Hezbollah presos. Hezbollah habría sido un proveedor de armas para la PCC.

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El papa Francisco estaría promoviendo la reanudación del “diálogo” entre la oposición y el Gobierno venezolano. Durante el reciente encuentro de “movimientos populares” celebrado en Roma entre el 27 y el 29OCT14, se produjo una audiencia de Francisco en el Vaticano con los participantes en el evento, que incluyó desde el presidente boliviano Evo Morales, militantes de diversos grupos izquierdistas suramericanos como el brasileño Movimiento de los Sin Tierra, hasta grupos de campesinos italianos o recolectores de basura bogotanos. El Papa habría mencionado a uno de los participantes, reconocido vocero internacional del chavismo, su preocupación por la situación política venezolana. Por su parte, la oposición venezolana que actúa desde la Mesa de la Unidad Democrática está  gestionando la reactivación del Vaticano como propiciador del “diálogo” con el Gobierno Maduro.

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Nicolás Maduro comparte con el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez Timochenko, la peor evaluación por parte del público colombiano. El dato procede de la más reciente encuesta liberada el 13NOV14, realizada durante el mes de noviembre por la empresa Ipsos para un pool de medios colombianos formado por la revista Semana, la cadena radial RCN y la FM. El mandatario venezolano y el comandante de las FARC obtuvieron 79% de rechazo entre los encuestados. El deterioro de la imagen del Gobierno de Venezuela entre los colombianos es una constante. Al comenzar su Gobierno en 2013, Maduro era mal visto por el 67% de los colombianos y ese porcentaje no ha dejado de aumentar. En contraste, el mandatario estadounidense Barack Obama obtuvo 53% de imagen favorable e incluso el presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien contaba con pésima imagen en Colombia un año atrás, ha tendido a mejorar la percepción que de él tienen en su país vecino y muestra un 30% de imagen favorable.

La percepción negativa de Maduro en Colombia fue confirmada por la encuesta Gallup levantada a finales del mes de octubre, en la cual el venezolano registra 86% de imagen desfavorable.

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“Venezuela ha colaborado, pero esa colaboración no ha sido determinante”. La frase corresponde al presidente Juan Manuel Santos durante una entrevista concedida a la periodista colombiana de CNN, Patricia Janiot el 13NOV14. El tema de conversación era el proceso de negociaciones que el Gobierno Santos mantiene con las FARC en La Habana. La expresión de Santos pareciera indicar la pérdida de influencia que el Gobierno de Venezuela ha tenido en las negociaciones, en las cuales fue parte relevante hasta el fallecimiento de Hugo Chávez. El 07MAR12, Santos realizó un sorpresivo viaje a La Habana de pocas horas de duración, cuyo motivo principal fue mantener conversaciones con Raúl Castro y Hugo Chávez sobre el apoyo de ambos a las negociaciones preliminares con las FARC que en ese momento se realizaban secretamente. La reunión entre Santos y Chávez se produjo en el CIMEQ, la clínica donde el venezolano permanecía internado. Ascendencia política sobre la guerrilla, apoyo logístico para movilizaciones, uso de territorio venezolano y cubano para encuentros con las FARC, intervención directa de Chávez ante la jefatura de la guerrilla fueron parte del apoyo requerido y obtenido por Santos de los jefes del Eje La Habana-Caracas.

Santos confía en lograr la firma en los próximos meses de un acuerdo con las FARC que deberá ser ratificado, de alguna manera, por las instituciones colombianas. La cercanía del régimen chavista en el proceso de paz pareciera inconveniente para su legitimación en Colombia y Santos ha decidido relativizarla públicamente.

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Consignas pidiendo la destitución de Dilma Rousseff y llamados a la implantación de un gobierno militar comenzaron a ser escuchadas en Brasil, antes incluso de que se confirmaran los resultados electorales del 26OCT14 que le dieron la reelección a la pupila de Lula da Silva. El 01NOV14, menos de una semana después de la segunda vuelta electoral en Brasil, se produjo una concentración de varias miles de personas en la Avenida Paulista al centro de São  Paulo. En el acto fueron exhibidas pancartas en las cuales podían leerse frases como “SOS Fuerzas Armadas”, “Intervención militar ya”, “El PT es el cáncer de Brasil”. Las relaciones del Gobierno petista con Cuba, la deriva “bolivariana” (chavista) del Gobierno petista y las sospechas de fraude electrónico fueron parte de los temas mencionados por quienes tomaron la palabra.  La protesta en São Paulo, simultáneamente celebrada en Brasilia, fue convocada por las redes sociales en Internet y tenía como consigna central el impeachment a Dilma Rousseff.

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Durante la protesta del 01NOV14 contra Rousseff algunos manifestantes portaban cartelones del candidato opositor derrotado Aécio Neves, sin embargo, su partido el PSDB se distanció rápidamente de cualquier propuesta de regreso a regímenes militares. El líder del PSDB y gobernador reelecto de São Paulo, Gerardo Alckmin, calificó como “inaceptables” los llamados a un golpe militar y aseguró que la democracia brasileña, por el contrario, debía ser ”fortalecida” por padecer una “crisis de legitimidad”.

Una intervención militar como la sugerida por los manifestantes en São  Paulo pareciera muy poco probable de ocurrir. Pero la vía de un proceso de destitución, o de impeachment como gustan decir en Brasilia, a Dilma Rousseff se está considerando en diversos sectores políticos brasileños como una opción real. Las investigaciones judiciales sobre corrupción en la empresa petrolera Petrobras señalan directamente a la alta cúpula del petismo en cuanto al favorecimiento con recursos derivados de la empresa. Desde el año 2003 y hasta el inicio de su mandato, Rousseff estuvo relacionada con la gestión petrolera del Gobierno de Lula como Ministra de Minas y Energía y Presidente del Consejo Administrativo de Petrobras. En razón de que la empresa cotiza en la bolsa de Nueva York (NYSE), en EEUU ya habrían sido abiertas dos investigaciones sobre corrupción en Petrobras. Según publicó Financial Times el 07NOV14, la Securities Exchange Commission y el Departamento de Justicia de EEUU realizan investigaciones paralelas sobre el pago de comisiones y el desvío de recursos desde Petrobras hacia el partido gobernante en Brasil. El caso Petrobras podría convertirse en el móvil para un intento de destitución de Rousseff, el cual contaría con un telón de fondo de crecientes protestas callejeras.

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La salida masiva de venezolanos hacia el exterior es ya un hecho inocultable. Las cifras de cuántos emigrantes han dejado Venezuela son todas provisionales. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos venezolanos se fueron del país en la última década. Tras cada migrante está una historia. Y como el fenómeno ya ha sido percibido por muchos, la búsqueda de esas historias se ha convertido en tarea de escritores, periodistas e investigadores sociales. Esta semana entró en circulación el libro Venezolanos en Fuga de Edgar C. Otálvora, el cual contiene “entrevistas ficticias con personajes reales”. El libro está disponible sólo en versión digital y lo distribuye Amazon.

 

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario las Américas