La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este lunes 12 de febrero su tercer informe de país sobre Venezuela titulado «Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos».
Los relatores encargados de presentar el texto de 267 páginas, explicaron que tiene cuatro ejes principales: institucionalidad democrática, protesta social y libertad de expresión, violencia y seguridad ciudadana, derechos económicos, sociales y culturales. Aseguraron que presentaron sus recomendaciones al Estado venezolano «con máxima urgencia, para mejorar la protección y garantía de los derechos humanos en Venezuela».
«Hemos observado un paulatino deterioro en la institucionalidad democrática que se ha profundizado e intensificado a partir de 2015», explicaron los relatores, agregando que en 2017 «la situación remontó a una grave alteración del orden constitucional».
Fueron enfáticos al asegurar que el principal causante de toda esta situación es la intromisión del Poder Ejecutivo en otros poderes, y colocaron como ejemplo el Poder Judicial, representado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). «Esta injerencia está acompañada de un inadecuado ejercicio de las funciones de órganos constitucionales como el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo», expuso el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren.
Entre las novedades del informe, expusieron que durante las miles de manifestaciones que ocurrieron en 2017, observaron «con preocupación que muchas de las vulneraciones de derechos humanos … se han dado por la respuesta represiva, arbitraria y contraria a DDHH que adoptó el Estado.»
«Cientos de personas murieron; miles fueron detenidas arbitrariamente; varias denunciaron actos de tortura y otros malos tratos; personas fueron violadas sexualmente y civiles fueron sometidos injustamente a tribunales penales militares», afirmaron.
Relacionado a este tema, los relatores también indicaron que el ejercicio de los derechos políticos en Venezuela se ha visto fuertemente restringido «con la suspensión de procesos de referéndum y elecciones, y se han registrado denuncias de ventajismo y fraude electoral.»
La libertad de expresión también encontró su espacio este informe, donde se sentencia que en Venezuela se ha habido «censura y cierre de medios, ataques a periodistas, y patrones de hostigamiento y criminalización de quienes emiten opiniones políticas o difunden información que no encuentra la aprobación estatal.»
«Una crisis económica no es excusa para que un Estado deje de dar atención prioritaria a los derechos a la alimentación, a la salud y otros, sobre todo para los sectores de la población en mayor situación de vulnerbilidad», sentenció Soledad García Muñoz, relatora especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Sentenciaron que el gobierno venezolano «no puede seguir eludiendo su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos» y le pidieron implemente las 76 recomendaciones de nuestro informe de manera urgente. Entre estos llamados está el de abstenerse de cualquier acto de hostigamiento o intimidación o cualquier acción que implique «una amenaza o presión en el ejercicio de la función judicial». Igualmente solicitaron adoptar medidas inmediatas y decididas para reestablecer el orden constitucional y garantizar la separación de poderes.
El informe fue entregado directamente al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y será entregado a cada uno de sus Estados miembros para su lectura y análisis.
