Flor Isava Fonseca, «la eterna dama del olimpismo» también fue campeona en la solidaridad con los presos de Venezuela. Foto: olympic.org 

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Hoy mi columna semanal se la dedico a una gran dama, gran amiga y gran luchadora por la humanización del sistema penitenciario venezolano. Y quien a los 99 años, después de una extensa siembra por la vida, partió a encontrarse con papá Dios en la eternidad.

Escribo de mi amistad y relación con Flor Izava, a quien conocí a mediados de los años 90 en mi búsqueda de gente interesada en mejorar el sistema penitenciario en Venezuela. Hay datos que no recuerdo bien, solo que mi maestro Elio Gómez Grillo me la presentó y desde allí comenzó una bonita y sincera amistad.

Confieso que no tenía idea de quién era esta señora, así que mi mamá me ayudó a conocer el personaje. La gran humildad que la caracterizaba no hacía suponer su estatus como mujer de la alta sociedad caraqueña, ni sus méritos deportivos. Para mí ella era un enigma que poco a poco fui conociendo.

Poco tiempo antes de conocerla, Flor Izava había creado en 1991 una fundación con su nombre para llevar el deporte a las zonas populares del país. La institución fundaba en las barriadas clubes deportivos donde se instruía a los padres cómo organizar competencias y se les dotaba de material deportivo.

Revisando parte de su vida en Internet, me encontré con esta anécdota narrada por ella misma: “En una oportunidad que estaba visitando uno de los Clubes Deportivos Familiares (así se llamaban) en Ciudad Bolívar, recibí un papelito muy estrujado que decía ‘Nosotros queremos conocerte, somos los presos de la cárcel’”. Y es así como comenzó lo que ella considera lo más importante que ha hecho en su vida: los Clubes Deportivos en las Cárceles.

Acompañada siempre de su fiel asistente Rolando, creo que recorrió todas las cárceles del país con una serie de talleres en los que involucraba de una manera especial el crecimiento personal con el deporte, y que tuvieron un gran éxito entre los presos.

Tuve la dicha de acompañarla en varias de estas actividades y el gran honor de que nos apoyara en la creación de Una Ventana a la Libertad, la cual en sus inicios era una especie de colectivo que agrupaba a varias organizaciones que trabajaban en el tema penitenciario. Después se convirtió en una organización autónoma, pero siempre ligada a las organizaciones y personas que ayudaron a fundarla.

Flor siempre se preocupó de la situación de las cárceles del país. Frecuentemente nos reuníamos o hablábamos por teléfono o por correo electrónico por la gran inquietud que compartíamos ante el acelerado deterioro del sistema penitenciario venezolano. Y, sobre todo, cómo podíamos contribuir a solucionarlo.

Recuerdo que un día, en plenas protestas del 2017, me sugirió que convocáramos una rueda de prensa para defender a los miles de jóvenes que estaban siendo detenidos en ese momento. Entonces me dijo “Carlos, vamos a ayudar a esos muchachos, yo me voy con mi silla de ruedas cargando y vemos qué hacemos”.

Sin dudas Flor Isava era una figura extraordinaria. Aparte del gran legado deportivo que nos deja, también está este, que la mayoría de las personas desconoce. Pero es bueno que sepan que allí, apoyando a los presos, también trataba de dar lo mejor de sí.

Para Una Ventana a la Libertad y para mi persona es una gran pérdida, pero su recuerdo y enseñanzas las tendremos siempre en nuestro corazón.

Vuela alto querida Flor. Danos desde allá donde te encuentres mucha fuerza para seguir luchando por los presos venezolanos. Y para humanizar nuestro sistema penitenciario.

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Una típica cárcel venezolana. Foto del pódcast Voces del desamparo, episodio Murió de hambre y olvido, documentado y narrado por Johanna Osorio.

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Sin lugar a dudas las cárceles venezolanas, esas que la ministra Iris Varela llama “las mejores del mundo”, se han convertido en uno de los actos de barbarie más inhumanos y repulsivos que existen en nuestro país.

Ni el peor delincuente del mundo mereciera estar en una de ellas, convertidas en vulgares depósitos de seres humanos. Son esas mismas cárceles que, según Varela –en sus delirios nocturnos–, sirven de ejemplo al mundo. Y por las cuales las autoridades penitenciarias del resto de los países del orbe la llaman para pedirle recomendaciones.

Mi maestro Gómez Grillo las llamaría infrazoofílicas, con todo y que no vivió todo esto que se vive ahora. Aunque presumía lo que venía y siempre me lo decía.

Presos desnutridos porque no les dan comida. Otros que se mueren de enfermedades como tuberculosis y VIH/SIDA sin que ningún médico les preste atención, ni se les dé los tratamientos para ayudarlos con su recuperación. Otros con enfermedades de la piel como la escabiosis o sarna, como la llamaban mis abuelos, o enfermedades de la vista como conjuntivitis. Y muchas infecciones intestinales. Esto debido a las terribles condiciones de higiene y salud que hay en estos sitios. Así es una cárcel venezolana.

En mayo de 2020 la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad, levantó un informe sobre la situación de los Centros de Detención Preventiva en los estados Distrito Capital, Vargas y Miranda. Monitoreamos 57, con 4589 reclusos, de los cuales 327 eran mujeres. Se determinó lo siguiente:

* 941 padecen desnutrición grave

* 188 presentaban tuberculosis

* 10 tenían VIH/SIDA.

Esto nos da una idea de la grave situación que estamos viviendo. Lo terrible es que se trata de un tema que a nadie le interesa. Nunca los presos le han importado a nadie. Las encuestas globales hablan de que debemos aumentar las penas e imponer la pena de muerte, esto haría que todo el mundo se encuentre mejor. Como decía Galeano “Los presos eran los nadie”.

Tal vez los narcotraficantes y los corruptos tienen un gran valor dentro del mundo de la delincuencia porque de ellos se nutren muchos políticos y gente con poder. Pero del delincuente común nadie.

Del hijo de Petra o María, el que está en El Rodeo, Yare, la zona de Boleíta de la Policía Nacional, de ellos nadie habla.

Son esos cuyas madres o parejas se levantan a las 5 de la mañana para ver si logran que, al mediodía y tras pagar la poca plata que tienen, un guardia piadoso -que aún los hay-, o un policía malandro -que los hay también y en multitud-, les hagan llegar a sus hijos o esposos la comida que logran prepararles para evitar que mueran de desnutrición.

Para completar la fiesta (una ironía mía), ya la señora Iris Varela anunció esta semana que tiene 40.000 presos listos para que la defiendan a ella y su revolución, por si alguien intentaba tumbarlos.

Es repugnante que individuos de esta calaña lleven las riendas del país en materia penitenciaria. Siento una profunda vergüenza cada vez que escucho a la ministra Valera, como si fuera dueña de los presos.

Ella nunca se enteró de que las cárceles son para reeducar reclusos y no para hacerlos peores. Además de que la función de la cárcel no es la que ella, en su ignorancia, pretende darle.

Por último Sra. Varela, ni las cárceles son cuarteles, ni los presos son soldados. Estudie que le falta mucho por aprender. También es corrupción tomar un cargo para el que no sabe nada, el mal se paga y esté segura que su día, no muy lejano está cerca. Y no sabe lo felices que estaremos.

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Mi maestro y padre del penitenciarismo contemporáneo venezolano, Elio Gómez Grillo, dio sólidos argumentos para la descentralización carcelaria en el país.

 

@cnietopalma 

El artículo 272 de nuestra Constitución nacional establece que los recintos carcelarios “Se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos estatales o municipales”. Este artículo, en su conjunto, es tal vez uno de los más avanzados en Latinoamérica y de los pocos del mundo que le da rango constitucional al tema penitenciario, tan olvidado por todos.

La descentralización penitenciaria, desde hace más de veinte (20) años con rango constitucional, no es un tema nuevo en nuestra legislación. El día 7/10/1993, el decreto presidencial N° 3188 crea el Reglamento N° 8 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia del Poder Público sobre encomiendas a los Gobernadores de Estado de las Atribuciones en Materia de Administración de las Cárceles Nacionales.

Con eso se dio el primer paso para una futura descentralización penitenciaria, creando la figura de la encomienda. Esta otorgaba a los gobernadores de estado competencia y determinadas atribuciones en materia penitenciaria. La propuesta fue presentada por el entonces ministro de Justicia, comisario Fermín Mármol León, durante la presidencia del Dr. Ramón J. Velásquez.

El inicio de las encomiendas se dio el 17 de enero de 1994, con la gobernación del estado Zulia a cargo de la criminóloga Lolita Aniyar de Castro. Resultó en un éxito bastante palpable mientras ella estuvo al frente del Ejecutivo regional.

El padre del penitenciarismo contemporáneo venezolano, Elio Gómez Grillo, al comentar las razones de la descentralización del sistema penitenciario, señalaba las siguientes:

«1. Serían más de veinte autoridades regionales responsabilizadas por la situación carcelaria. Es fácil que fracase uno, es difícil que fracasen todos.

2. Las decisiones y soluciones ante cada diseño carcelario son diferentes en cada estado; como son diferentes sus prisiones, esto es, su población penal, su personal y su idiosincrasia colectiva. Ante estas especificidades, el poder regional tiene respuestas más precisas y acertadas que el poder central.

3. Al convertirse cada problema penitenciario como problema local, se ensayarían veinte y tantas soluciones distintas lo que exigiría un aporte responsable y calificado en cada entidad.

4. La cercanía de la autoridad haría más controlable el régimen administrativo del penal y dificultaría las prácticas oficiales corruptas.

5. El mejor conocimiento de la población penal y del personal penitenciario por parte de la población local y su participación en la escogencia de ese personal, favorecería la gestión carcelaria.

6. Se crearía entre las diversas gobernaciones una sana emulación de eficiencia técnica penitenciaria, lo que estimularía a cada una de ellas”.

En cumplimiento de nuestra carta magna, se hace necesaria la entrega por parte del Ejecutivo nacional de los centros penitenciarios a las respectivas gobernaciones de estado, tomando en cuenta que la Constitución es categórica al afirmar que son las gobernaciones o alcaldías a las que le corresponde el manejo de nuestras cárceles.

Casi 21 años después de aprobada nuestra Constitución, la descentralización carcelaria sigue esperando su cumplimiento.

Y el desastre penitenciario va en aumento.

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La masacre del pasado viernes 1 de mayo, en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), en Guanare, estado Portuguesa, donde fallecieron 47 reclusos y hay un aproximado de 75 heridos, algunos de extrema gravedad, puso al descubierto la verdad del sistema penitenciario venezolano y las mentiras constantes de Iris Varela.

Realmente no me asombra la indiferencia de las autoridades ante los hechos ocurridos en Guanare. Al Fiscal General y al Defensor del Pueblo, designados por la Asamblea Nacional Constituyente, solo les importan los derechos humanos para defender la dictadura, eso ya lo tenemos claro todos. Por otra parte, a la Ministra Penitenciaria lo que le afecta es que el “régimen penitenciario perfecto”, que solo su imaginación se creía, se vio descubierto y se cayeron las caretas.

Lo ocurrido en el Cepella tiene que ser visto con la gravedad y la magnitud que representa. Se trata de la primera masacre ocurrida en Venezuela en toda la historia penitenciaria cuya causa es el hambre de los presos, que protestaron al ver que las autoridades carcelarias retenían la entrada de la comida que les llevaban los familiares que estaban desde temprano en las afueras del recinto.

Porque «el mejor sistema penitenciario del mundo», según Varela, no les da comida a los reclusos como lo establece el artículo 15, numeral 11 del Código Orgánico Penitenciario. El mismo consagra que los privados de libertad tienen derecho “A una alimentación suficiente, balanceada, variada, consistente en tres comidas diarias, preparada de acuerdo a lo establecido por el órgano rector en materia de nutrición y respetando los regímenes dietéticos”.

La reconocida nutricionista y defensora de los derechos humanos Susana Rafalli dijo el pasado 2 de mayo desde su cuenta en Twitter que “Quien sea que mire las imágenes de la masacre en el centro penitenciario de Guanare encontrará razones para un motín. Medicina Forense tiene en sus manos la última oportunidad de justicia para esos venezolanos: que la emaciación quede registrada en cada acta de defunción”.

Según Wikipedia “La emaciación (del latín emaciare) se trata de un adelgazamiento patológico. El síndrome de emaciación, también conocido como síndrome consuntivo, es la pérdida involuntaria de más del 10 % del peso corporal (particularmente de masa muscular) y de por lo menos 30 días ya sean de diarrea o de debilidad, y fiebre”.

El martes 7 de abril la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, a través de un contacto telefónico con el canal del Estado VTV declaró que “En Venezuela existe uno de los mejores sistemas penitenciarios del mundo porque en el país no han habido (sic) protestas de la población carcelaria respecto al covid-19 (sic), mientras que sí se ha visto en otros países. Eso denota que en ningún país tienen el control como el que nosotros podemos tener en los recintos penitenciarios”.

Solo unos días después la masacre del Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), en Guanare, estado Portuguesa, se encargaría de desmentirla con estos lamentables hechos. Algo que desde hace años vengo denunciando: el mejor sistema penitenciario del mundo solo existe en la imaginación de la ministra para el Servicio Penitenciario.

Lamentablemente la justicia venezolana no va a actuar en este caso, como no lo ha hecho en otros casos similares como el de Policarabobo, Retén de Cabimas y otros recientes, pero como las violaciones a los derechos humanos no prescriben, en algún momento los responsables de estos hechos tendrán que responder ante una justicia imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita.

cnietopalma@gmail.com

 

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Dos hechos simultáneos ameritan análisis e investigación: la sustracción de oro de las bóvedas del Banco Central de Venezuela y la matanza de detenidos y de visitantes en el retén de la Comandancia General de la Policía de Carabobo

 

Javier I. Mayorca

@javiermayorca

 

 

               1. El oro a escondidas

 

Mucho revuelo ocasionó la información sobre el traslado de 2.1 toneladas de oro que estaban almacenadas en el Banco Central de Venezuela, el pasado miércoles 28 de marzo. Mientras que algunos –generalmente anónimos o militantes robotizados- acudieron a los tradicionales insultos, las amenazas y las descalificaciones personales, otros manifestaron su estupor y legítima curiosidad por conocer algunos detalles adicionales.

En esta operación aplicaron el sigilo y la opacidad que caracterizaron a por lo menos tres traslados previos del metal precioso, de los que se tiene alguna información documentada. Sobre este punto, cabe destacar que el transporte del metal se hizo de madrugada.

En esta oportunidad, sin embargo, se pudo conocer que la aeronave fletada a la línea Rotana Jet, un Airbus A319, siglas A6-RRJ, estacionó en la rampa 31, ubicada en el extremo oeste del aeropuerto internacional Simón Bolívar. Hasta allí llegaron a las 5:30 am unos veinte efectivos militares comisionados para vigilar el cargamento traído desde las bóvedas del Banco Central de Venezuela, el cual entró por la llamada Puerta Cojedes del terminal, que da hacia Catia La Mar. El oro en barras iba en 57 cajas. La operación de carga culminó a las 9 am. Aunque el destino final sería Dubai (Emiratos Arabes Unidos), el jet hizo escalas en Nassau (Bahamas) y Belfast (Irlanda del Norte), de acuerdo con datos arrojados por la herramienta flightradar.com. El Airbus aterrizó en Dubai al día siguiente, 29 de marzo. Una fuente militar indicó que esta operación forma parte de las actividades relativas al “cono monetario” vigente, pero no explicó la relación entre el traslado del oro y la emisión del papel moneda. Lo cierto es que el domingo siguiente, 1 de marzo, llegaron a Venezuela en vuelo desde Sri Lanka 80 millones de billetes de 20.000 bolívares, y fueron descargados en una de las rampas del sector este del aeropuerto.

En este jet sale el oro

El embarque del oro –el más cuantioso efectuado este año, hasta donde se tiene información- ocurrió en forma simultánea a la masacre de 68 personas en el retén de la Policía de Carabobo, en Valencia. Hasta ahora, no hay datos que permitan establecer la existencia de alguna correlación entre ambos hechos. Ahora bien, es claro que la opinión pública centró su atención en la matanza mientras sacaban el metal precioso por Maiquetía. Llama la atención que el 15 de enero, justo cuando efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB disparaban cohetes contra la vivienda donde se atrincheraba el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, salía hacia Dubai otro avión cargado con oro del Banco Central de Venezuela.

 

             2. Los muertos que no quieren contar

 

Para el momento de la redacción de esta nota, ha pasado más de una semana desde que ocurrieron los hechos en el retén de la Policía de Carabobo. El conteo oficial indica que ese día murieron 66 detenidos y dos mujeres, que supuestamente hacían pernocta en una de las celdas. La mayoría de estas personas perdió la vida como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos y exposición a las llamas. Pero también fueron sacados cadáveres que tenían heridas por proyectiles y armas blancas. De ello hay evidencia fotográfica.

Las primeras minutas elaboradas por las policías que llegaron al lugar indican que la mortandad se inició por una disputa entre presos, a propósito de la presencia de estas mujeres. Una situación similar a la que desató una reyerta en el internado judicial de Los Teques, en septiembre de 2013. A partir de esa pelea se desataron otras acciones, entre ellas un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los custodios de guardia, que supuestamente arrojaron una granada lacrimógena para aplacar los ánimos, y en cambio eso sirvió como iniciador de las llamas.

La presencia de mujeres en el lugar formaba parte de un sistema de sobornos a los funcionarios policiales, que fue denunciado por los familiares de los reclusos. Un factor que incidió sobre la magnitud de la tragedia fue el hacinamiento. Quien escribe estas líneas tuvo la oportunidad de visitar ese retén, para hacer una entrevista al boxeador Edwin Valero, alias El Inca, apenas horas antes de que se suicidara, en abril de 2010. Esa instalación apenas tenía capacidad para albergar unas 40 personas, pero según recuentos extraoficiales para el momento del incendio estaban allí 255 personas. Un hacinamiento mayúsculo, que ya ha sido denunciado por las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema penitenciario.

La sobrepoblación en los retenes es consecuencia directa de la política de “cupos” aplicada por el ministerio para Servicio Penitenciario, que impide el traslado de los detenidos a los internados judiciales, una vez que han sido presentados en los juzgados de control. Entonces, el despacho de Varela traslada costos y responsabilidades penales por el cuido de los presos a las gobernaciones, las alcaldías y cuerpos como la Policía Nacional y a la Guardia Nacional.

Por otra parte, el claro que el Ministerio de Relaciones Interiores no encuentra en dónde colocar estas 68 muertes sin que se le disparen las cifras por homicidios. Es lo mismo que hicieron a propósito de la matanza en el retén de Puerto Ayacucho. Esos muertos, simplemente, no existen ni siquiera desde el punto de vista estadístico. Según fuentes de ese despacho, durante el primer trimestre de 2018 fueron contabilizados 56 asesinatos en internados judiciales o retenes policiales. Con los 68 de PoliCarabobo totalizarían 124. Por cierto, según fuentes ministeriales trece días antes de esta matanza, el 15 de marzo, hubo otra de menor magnitud en el mismo retén. En ese episodio, cinco hombres murieron a cuchilladas.

De todas las muertes reportadas durante el primer trimestre, solo doce ocurrieron en instalaciones administradas por Servicio Penitenciario. De manera que Varela tuvo éxito en trasladar la violencia a lugares donde ella dice que no es responsable.  

ALTO

SILENCIO ANTE LA MUERTE: 

El enfrentamiento “más sangriento” de los últimos años en la frontera palestina de Gaza con Israel produjo, hasta el último informe conocido, un total de 17 fallecidos la semana pasada. A pesar de la compleja sensibilidad política que viven esos dos pueblos se generó un gran despliegue no solo en los medios de ambos bandos en conflicto, sino en los principales medios de comunicación del mundo. Mientras ello ocurría, aquí en Venezuela, en una dependencia de la Policía del Estado Carabobo mueren 68 venezolanos entre calcinados por un provocado incendio como abaleados por sus guardianes. A pesar de que en Venezuela, por ley, el Estado es el responsable de la vida de un detenido o preso, este hecho, dramático en sus causas y consecuencias, ha sido forzadamente “invisibilizado” por los grandes medios informativos y las fuentes oficiales que para nada detallan sobre las causas, los responsables y los procedimientos para hacer justicia. Un nuevo caso en el cual el cerco rojo rojito a la libertad de información se expresa en pleno funcionamiento y de la manera más descarada. El colmo es que el régimen chavista-madurista se inventó en el 2011 un ineficiente ministerio y una ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, quien en esta oportunidad lo único que dijo es que lo ocurrido no es de su competencia porque tan desgraciado e inhumano acontecimiento no ocurrió en una dependencia a su cargo. ¡Insólito! ¡Inmoral! Junto a ello, y aún más representativo de que vivimos en una transparente dictadura, es el simple anuncio de que se “abrirá una averiguación”. El Fiscal General, tras anunciarla, informó las detenciones de los jefes de esa dependencia donde las víctimas calcinadas tenían disparos y sus autopsias hechas a la velocidad del rayo. En 20 años han tenido todos los poderes del Estado, la mayor riqueza petrolera de la historia, han conformado el más grande gabinete de ministros en cada renglón (en números, no en conocimiento y por eso rotan de un despacho a otro), han manejado los órganos de justicia a su pleno capricho y ni siquiera han podido medio mejorar las condiciones de las cárceles venezolanas. Inventaron el eufemismo “privados de libertad” para identificar a los presos. ¿Se hará justicia? La mayoría de ellos estaban sin presentación ante los tribunales ni juicios abiertos.  Llevados allí por la destrucción de las cárceles que sirvieron de negocio para los funcionarios construyendo nuevas instalaciones en las que todavía hoy están hacinados a nivel nacional. Ayer informaron de un contratista del MPPRIJP en 2008 que no terminó de entregar las obras carcelarias encargadas y -para sorpresa de todos- es hoy, en Europa, un gran coleccionista de los maestros Cruz Diez y Soto. Ya no caben los detenidos en las policías regionales (hay 30.000 y para cuidarlos se destina el 30% de los policías que debían estar patrullando.) y sus jefes recomiendan a los funcionarios dejarlos en libertad, aunque los agarren in-fraganti, pues no hay espacio ni alimentación posible. En cárceles hay 45.000.  Tenemos récord este año con mas de 200 fugas de presos a nivel nacional.  En mi show de esta semana en vivoplay.net el penalista Luis Izquiel desnuda la corrupción carcelaria. ¿Hecho en socialismo? Mejor decir “Destruido en socialismo robolucionario” …

 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Miguel Matheus, informó este lunes que Primero Justicia (PJ) propondrá ante la plenaria del Parlamento que se inicie el proceso de voto censura para «destituir» a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, debido a su «silencio» frente a los acontecimientos ocurridos en la Comandancia General de la Policía de Carabobo el pasado miércoles, donde al menos 68 personas perdieron la vida.

“Primero Justicia propone que se haga una asistencia directa a los familiares de las víctimas, los cuales están siendo amenazados para que no digan la verdad. Asimismo, vamos a solicitar una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que venga a Venezuela a hacer un evalúo del sistema penitenciario (…)», dijo.

Igualmente agregó que propondrán «la Ley de Reforma Integral del Sistema Penitenciario Venezolano, también la creación de una comisión mixta en la AN para que se investiguen los hechos y se esclarezca la situación y, por último, vamos a proponer que se inicie el proceso de voto de censura para destituir a Iris Varela”.

Alegó Matheus que no existe «información oficial» con respecto al número de fallecidos y heridos en Policarabobo, “pero tampoco de las autopsias (…) En Valencia no se pudieron realizar y una comisión de forenses fue desde Caracas hacia allá para hacer unas autopsias colectivas sin que los familiares tuvieran conocimiento de los datos. Todos murieron por asfixia, pero extraoficialmente, hay personas que presentan impactos de bala, pero eso no se ha podido corroborar”.

“Lo que ocurrió en Carabobo, puede volver a ocurrir en cualquier recinto donde haya hacinamiento y se puede derramar más sangre si esta situación continúa”, añadió el diputado.

 

El pasado fin de semana la opinión pública se sorprendió con la noticia que uno de los pranes más famosos de la historia de pranes venezolana había sido herido junto a su familia mientras disfrutaba de unas vacaciones en Playa Parguito en la isla de Margarita.

Parte de la gran sorpresa se debía a que todo el mundo pensaba que Wilmer Brizuela Vera conocido como “Wilmito” estaba preso, porque a su condena aun le faltaba o le falta un largo camino por recorrer, pero no es así, el día 18 de diciembre de 2017, la Ministra Para el Servicio Penitenciario María Iris Varela le había otorgado una medida establecida en el Código Orgánico Penitenciario llamada “Régimen de Confianza Tutelado”.

A esta medida quiero referirme hoy para que mis lectores entiendan un poco de que se trata esto y saque sus propias conclusiones. El Régimen de Confianza Tutelado se encuentra establecido en el artículo 161 del Código Orgánico Penitenciario y “Consiste en la ubicación de un penado o penada en una unidad de producción o un área especial del recinto penitenciario, donde continuará con el cumplimiento de la pena mientras le sea otorgado por el juez o jueza de ejecución algún beneficio para el cual reúne los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal”.

El mismo instrumento legal establece en su artículo 162 “El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria podrá otorgar un Régimen de Confianza Tutelado a un penado o penada, siempre y cuando reúna todos los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, para optar a una de las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena”.

Ahora bien ¿Cuáles son estos requisitos? El artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal dice que estos son: 1. Que no haya cometido algún delito o falta, dentro o fuera del establecimiento, durante el cumplimiento de la pena; 2. Que el interno o interna haya sido clasificado o clasificada previamente en el grado de mínima seguridad por la junta de clasificación designada por el Ministerio con competencia en materia Penitenciaria; 3. Pronóstico de conducta favorable del penado o penada, emitido de acuerdo a la evaluación realizada por un equipo evaluador designado por el Ministerio con competencia en materia Penitenciaria; 4. Que alguna medida alternativa al cumplimiento de la pena otorgada al penado o penada no hubiese sido revocada por el Juez o Jueza de Ejecución con anterioridad; 5. Que no haya participado en hechos de violencia que alteren la paz del recinto o el régimen penitenciario y 6. Que haya culminado, curse estudios o trabaje efectivamente en los programas educativos y/o laborales que implemente el Ministerio con competencia en materia penitenciaria.

Resulta difícil imaginar que uno de los pranes más famosos de la historia carcelaria de Venezuela haya cumplido tan solo con la mitad de los requisitos necesarios para optar al Régimen de Confianza Tutelado que le fue otorgado, sin entrar a discutir si era el o no, el que fue herido mientras estaba de paseo en playa parguito en Margarita, como ahora, pretende hacerlo creer el Ministerio para el Servicio Penitenciario, quien a través de las redes sociales están circulando unas fotos algo sospechosas, haciendo ver que él nunca ha salido del lugar donde lo enviaron en el régimen otorgado por la Ministra Varela que fue el Centro de Régimen Especial Simón Bolívar en El Paraíso en la ciudad de Caracas.

Este Régimen de Confianza Tutelado, la Ministra para el Servicio Penitenciario desde hace ya un buen tiempo a su estilo, como siempre hace todo, sin importarle las leyes, ni las consecuencias, todo en la oscuridad, lo ha usado para casos similares al de Wilmito, si no pasa el evento de Margarita es probable que nunca nos hubiéramos enterado de esa nueva extralimitación de funciones de la ministra, a quien la legalidad le importa poco o nada.

Por cierto, y ya para finalizar hace poco en una entrevista a EFE, María Iris Varela anuncio que iba a pedir que la permanencia de los privados de libertad en las cárceles le fuera tomado como cumplimiento del servicio militar y pasaran a una especie de reserva del país, un nuevo disparate de quien en 5 años no ha entendido que las cárceles no son cuarteles, ni los presos soldados.

 

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El Nacional