La Constitución Nacional estipula que “toda persona tiene derecho a obtener documentos públicos que comprueben su identidad”
La familia de Alberto José Lares recuerda que el hombre, que hoy tiene 26 años, se sacó por primera vez la cédula de identidad, ya siendo un adolescente.
“El dejó la escuela de muchachito. Hizo eso de sacarse la cédula porque estaba trabajando. No recuerdo si tenía 14 o 16 años. Pero cuando cayó preso, hace dos, ya no la cargaba encima. Él dijo que la botó. El defensor público nos dijo, que así sin cédula, su caso no iba a prosperar, así que nos dijo que le teníamos que pedir sus datos en el Saime, mientras se gestionaba que le sacaran la cédula, pero aquí eso es difícil. Si es un parto para que los trasladen al tribunal, pues peor por la cédula”, asegura Gregoria Lares, madre de un privado de libertad en uno de los centros de detención preventiva con mayor número de detenidos en espera de resolución judicial.
Para este privado de libertad, la falta de cédula de identidad, atrasó todo el proceso judicial desde su detención y debió ser resuelto por sus familiares, quienes debieron destinar un fondo para pagar a un gestor, que finalmente logró sacar sus datos filiatorios, una constancia certificada que otorga el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en Venezuela.
El caso de Lares no es un hecho aislado o único, aunque está lejos de ser la norma dentro de los privados de libertad del litoral central venezolano.
De acuerdo a una data suministrada de manera extraoficial a Una Ventana a la Libertad (UVL), al 8 de junio de 2023, entre los centros de detención preventiva que funcionan en el Retén de Macuto y el Retén de Caraballeda había una población de privados de libertad de 286 hombres, de los cuales 34 están indocumentados, es decir el 11,88% de la población de estos establecimientos.
Sin embargo, al no ser una cifra exacta y que varía de acuerdo al número de privados de libertad bajo la custodia del Estado en estos centros de detención preventiva, los custodios prefieren redondear la cifra a un 10% en promedio.
“No es una cifra baja, porque la idea es que todo estén con su cédula de identidad, pero no son una gran cantidad de casos. En estos momentos el problema con la identidad no está tan severo en los retenes del litoral. Sin embargo, los abogados defensores, ya sean públicos o privados, junto a las familias, son los que se mueven a la hora de exigir el documento, porque ningún trámite puede iniciarse sin la cédula, porque se atrasa todo el proceso”, explica un funcionario custodio que solicitó a UVL la reserva de su identidad.
El derecho a la identificación no es prioridad
De acuerdo a la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en su artículo 56, se estipula que “toda persona tiene derecho a obtener documentos públicos que comprueben su identidad”. Pero, para un privado de libertad, contar con ese derecho, no es un tema expedito.
“El derecho a la identificación implica para el Estado la obligación de adoptar medidas específicas, para facilitar la obtención de documentos públicos de identidad legal para cualquier ciudadano, incluso si este está privado de libertad. Contar con identidad o con un documento de identidad, es decir cédulas o pasaportes, permite a su vez, el goce de otra gama de derechos y deberes fundamentales como persona. Al no dar garantía a un privado de libertad de tener una cédula de identidad en físico, el Estado viola un derecho fundamental”, explica el abogado penalista Eduardo García, quien ejerce en el Circuito Judicial del estado Vargas.
García indica, que se ha hecho común, que cuando el privado de libertad no cuenta con la cédula de identidad, se recurra a la emisión de los datos filiatorios a través de una autorización o poder. “Pero el privado de libertad se mantiene indocumentado. La razón es que no se organizan operativos de cedulación en los retenes, con la excusa que no es una cifra alta de detenidos sin cédula. Tampoco se plantea el traslado de los privados de libertad a alguna oficina del Saime. La prioridad de los familiares es la salud y la comida, entonces si ya resuelves la parte jurídica con los datos filiatorios, lo de la cédula de identidad, pasa a segundo plano, aunque no es lo correcto”.
Extranjeros con pasaporte
La identidad también es prioridad en el caso de los privados de libertad de nacionalidad extranjera. “La mayoría de estos casos están relacionados con el tráfico de drogas teniendo como escenario el Aeropuerto de Maiquetía. Como son personas que van a volar, pues tienen como identificación su pasaporte, que es debidamente cotejado con la embajada del país de origen. Es decir, se tienen menos problemas con estos privados de libertad, que, con los propios venezolanos, que muchas veces botan las cédulas cuando están frente a un operativo, para así decir otro número y evitar der radiados por el sistema y saber si tienen solicitudes previas”, explica el Secretario de Seguridad Integral en el litoral central, Andrés Goncálves.
a los funcionarios, una concepción de la mujer como incitadora y que debe contenerse. Por eso, consideramos que estas exigencias configuran una especie de «burka criollo» al negarles a las mujeres la libre expresión de su identidad.
