La cámara alta del parlamento estadounidense divulgó un reporte que podría cambiar los parámetros aplicados para la llamada “guerra contra las drogas”, desde que fue declarada por primera vez, en 1971
El 1 de diciembre, una comisión bipartidista del Senado estadounidense presentó un informe con una detallada revisión sobre los resultados arrojados hasta el momento por la llamada “guerra contra las drogas”.
Podría decirse que este reporte constituye el primer paso hacia la superación de un proceso iniciado en 1971, con la declaratoria del entonces presidente Richard Nixon, y renovado veinte años después, con la cruzada conocida mediante el lema: “Simplemente, di no” (Just say no), tan famoso como inútil para disuadir a la población joven de incorporarse a la tropa de consumidores de estupefacientes.
Efectivamente, en una democracia como la estadounidense, donde el Parlamento juega un papel fundamental, este documento de 117 páginas seguramente tendrá impactos en distintos sentidos. Algunos serán percibidos solamente fronteras adentro de los EE. UU. Otros, podrían implicar algunos cambios en la política internacional y las relaciones de Washington con los vecinos latinoamericanos, altamente influidas por los temas vinculados a la lucha contra la producción y el tráfico de drogas ilegales.
Ambas dimensiones (la interna y la internacional) están entrelazadas. Por ejemplo, es muy difícil proyectar una imagen dura contra las drogas ante la comunidad internacional cuando 35 estados de la unión han aprobado mediante referéndum e instrumentado el uso medicinal de la marihuana; quince han ido más allá, al autorizar el consumo de esta hierba con fines recreativos; otros seis estados dieron luz verde a la despenalización en cuanto al uso o la posesión de porciones de cannabis, y finalmente Oregon ha ido todavía más lejos, al impedir la persecución penal contra los usuarios de cualquier droga, por el solo hecho de consumirlas o tenerlas.
Estados Unidos se percató de que, como decía Naím, la “guerra contra las drogas” es una causa perdida, por lo menos en los términos en que fue planteada inicialmente. En su territorio, los costos han sido enormes. Según el reporte del Senado, las muertes por sobredosis de heroína y otros opiáceos, así como sustancias sintéticas, han sobrepasado las 70.000 en 2019. Todo un récord. Mientras tanto las cárceles se han llenado de individuos señalados por posesión o consumo de drogas. Algo que, por cierto, también sucede en Venezuela.
Por otra parte, la lucha de policías y militares por sacar de circulación tanto a las drogas como a los traficantes tiene escaso impacto en los precios finales de estas sustancias, es decir, lo que pagan los consumidores por sus dosis. Según el estudio parlamentario, estos precios han mostrado un crecimiento inercial, que poco o nada se relaciona con el resultado de las operaciones policiales o militares.
Colombia, México y Venezuela
Pero el informe de la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental contiene importantes recomendaciones, que posiblemente servirán para cambios en la estrategia internacional de la nueva administración estadounidense.
En primer lugar, se aconseja la superación del esquema de certificación unilateral en materia de drogas, y su reemplazo por un esquema en el que participen varios países. Esto no es muy complicado, pues ya lo hace un grupo especial de la Organización de Estados Americanos. Se llama Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM). Se debe observar, sin embargo, que para EE. UU. la certificación en materia de drogas tiene un basamento legal, pues se exige como requisito para el otorgamiento de fondos que financien los planes de cooperación en esta materia. Llegar a un nuevo orden no debería ser excesivamente tortuoso, tomando en cuenta que el informe surge del consenso de los dos grandes partidos.
Esto no quiere decir que EE. UU. abandonará los esfuerzos para impedir el flujo de drogas desde los países productores y de tránsito. Lo que sugiere la comisión del Senado es una aproximación más diplomática y menos policial o militar, basada en acuerdos bilaterales, con objetivos alcanzables en el corto plazo, que podrán ser replanteados en la medida en que se evalúe su desarrollo. Aquí entrarían, por ejemplo, los planes de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia y otros países andinos.
El informe no hace una recomendación específica en cuanto al fomento de las relaciones con las fuerzas armadas de la región, a propósito de las labores de interdicción, esto es, el corte de las rutas de abastecimiento y transporte de las drogas. Pero en líneas generales es clara la preferencia hacia los entendimientos con entidades civiles. Solamente en el caso mexicano se hace una recomendación específica en cuanto al fortalecimiento de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo militarizado creado por Andrés López Obrador.
El reporte formuló varias críticas hacia el sistema de sanciones implantado a través del Departamento del Tesoro, con base en el Acta Kingpin. No porque sea visto como un desconocimiento de EE. UU. a la soberanía de otros países, sino fundamentalmente porque se trata de un programa que carece de parámetros claros para establecer si ha tenido éxito, por una parte, y por la otra, si las medidas han sido aplicadas con atención al principio del debido proceso. “¿Cuántos (sancionados) permanecen activos en el tráfico de drogas u otras actividades criminales? ¿Cuántos han sido sacados de las listas, y por qué?”, se preguntan los senadores.
Más de la mitad de las sanciones basadas en el Acta Kingpin apuntan a individuos nacidos en México y Colombia. Sin embargo, para la comisión del Senado norteamericano no escapa que muchos de los últimos sancionados son venezolanos, ligados al régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, una evaluación del sistema de sanciones debe tomar en cuenta el impacto político y económico de tales medidas en estos tres países.
El documento refleja la sensación de los parlamentarios estadunidenses en cuanto a que Maduro ha logrado eludir el efecto de las sanciones, en lo que fue descrito como un “efecto globo”, es decir, el desplazamiento de las operaciones ilegales hacia jurisdicciones menos reguladas. Este sería el producto de alianzas con otros regímenes como los de Rusia, China e Irán, y con organizaciones criminales y terroristas, así como también el aprovechamiento de nuevas formas de intercambio, basadas en las criptomonedas, que no están atadas a los bancos centrales de ningún país.
Este reporte anuncia nuevos tiempos en la llamada “guerra contra las drogas”. Pero la incidencia internacional de sus recomendaciones no será uniforme o sincrónica. En países democráticos como Colombia y México, donde la cooperación antidrogas y de fortalecimiento institucional está sustentada en acuerdos bilaterales, las decisiones podrán ser anunciadas en un futuro cercano. En un lapso intermedio sucederá lo mismo con los programas aplicados en países centroamericanos. Venezuela, en cambio, está fuera de todo esto, aislada y con gobernantes percibidos como parte del problema, no de la solución.
Breves
√ Desde el exilio, el abogado Zair Mundaraín, exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, se comunicó con el autor para aportar interesante información en torno a la última entrega de esta columna (Las armas del hampa).
Mundaraín representó a la Fiscalía en la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. En virtud de tal experiencia aseguró que “muchas de las armas que investigamos ligadas con organizaciones criminales eran de las fuerzas armadas, tenían troquel y todo, y no aparecían como solicitadas”. Recordó que a la banda de José Tovar Colina, alias Picure, le incautaron siete fusiles del Ejército, que no figuraban en ninguna notificación por robo o hurto.
“Entonces, optan por sustituirlas o no decir nada, y pasar el problema a otros”, dijo. En cuanto a las granadas, cuyo uso por parte de delincuentes comenzó a hacerse más frecuente a partir de 2016, Mundaraín aseguró que todas las que están en poder del hampa pasaron alguna vez por los cuarteles. “Conseguimos una que estuvo en una sala de evidencias, pues fue recuperada luego de un delito, y volvió a salir, y eso fue muy revelador”, añadió. Recordó que entregaron un informe sobre el caso al ministro de la Defensa Vladimir Padrino, y “por supuesto no hizo nada”.
√ El 2 de diciembre, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la cabeza de su presidente Maikel Moreno, emitió una sentencia que autoriza la solicitud de extradición del venezolano Francisco José Blasini de Velazco, por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. La sentencia correspondiente fue divulgada veinte días después, y contiene datos de interés para entender cómo opera la “lucha contra la corrupción” en el país.
El centro de los señalamientos, de acuerdo con el relato contenido en la sentencia, era el director de la estatal petrolera Pedro León, mejor conocido como Zar de la Faja. En dos platos, se trataba de la típica contratación con sobreprecios para la adquisición de bienes y servicios, sin licitación en favor de amigos, socios y relacionados. Es decir, mediante asignación a dedo. Llama la atención que este hallazgo no fuese producto del trabajo de la gerencia de Prevención y Control de Pérdidas (PCP), la policía interna de la petrolera, sino de una organización laboral. Pero ya sabemos que PCP, bajo de jefatura de alias Nadal, también estaba en irregularidades. Luego, en junio de 2017, se decidió hacer un expediente aparte con el caso de Blasini, pues los capítulos de Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas ameritaban un esfuerzo especial. Según la averiguación, en la que sí participó por comisión específica el personal de PCP, se constataron cobros mixtos de 15,1 millones de dólares más 2,69 millardos de bolívares por la adquisición de veinte “cabezales bridados de producción”, suministrados por la compañía Mabca 2001, en la cual Blasini figura como representante, junto con Eduardo Enrique Aguirre y Luis Guillermo Solórzano. Al asomarse al mercado internacional, la estatal petrolera se percató de que cada cabezal costaba alrededor de 9586 dólares. El sobreprecio salta a la vista. En este caso, de acuerdo con la sentencia del TSJ, se ha recibido información de que Blasini fue detenido en Italia. Aunque los señalamientos por corrupción puedan estar claros, la duda surge cuando se evalúa la capacidad de los tribunales nacionales para juzgar a una persona de manera imparcial, y con resguardo a sus derechos. En España, este argumento fue invocado para negar la extradición a Venezuela de la exenfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Guillén, y su esposo Adrián Velásquez, quien además fue guardaespaldas del mandatario.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
