senado de EEUU

Entre los cargos que se le imputan al mandatario norteamericano se encuentran «abuso de poder y obstrucción al Congreso», juicio se celebrará en la sede del Senado

Los siete legisladores que harán de fiscales en el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, leyeron este jueves los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso ante el Senado, con lo que legalmente comenzó el proceso, aunque hasta el martes no se iniciará de facto el «impeachment».

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el demócrata Adam Schiff, que será el «fiscal» jefe en este proceso, fue el encargado de leer los cargos políticos ante los senadores.

El primer cargo, de abuso de poder, contempla que “en su conducta como presidente de EEUU (…) Donald J. Trump ha abusado de los poderes de la presidencia (…) Usando los poderes de su alto cargo y solicitando la injerencia de un Gobierno extranjero para las venideras elecciones presidenciales”, dice el texto.

La segunda acusación, de obstrucción al Congreso, contempla que “sin motivo o excusa legal, el presidente Trump ha ordenado a agencias, oficinas y funcionarios del brazo Ejecutivo no cumplir con las citaciones del Congreso” a posibles testigos para que declararan.

El caso aterrizó este miércoles en el Senado, dominado por los republicanos, donde tendrá que celebrarse el juicio político.

Para este jueves se espera que, como estipula la ley, el presidente del Tribunal Supremo, el juez John G. Roberts, jure como jefe de la Cámara Alta, en sustitución del vicepresidente Mike Pence, durante el juicio político.

Por su parte, los 100 legisladores del Senado también juraran como miembros del “jurado” en este proceso.

Un grupo de estadounidenses sigue las elecciones en su país en Beijing, China, el 7 de noviembre del 2018. (AP Photo/Ng Han Guan)

LOS DEMÓCRATAS ARREBATARON LA MAYORÍA AL PARTIDO REPUBLICANO de Donald Trump en la Cámara de Representantes el martes en una revuelta suburbana que amenazó lo que queda de agenda de gobierno del presidente. Pero los republicanos ampliaron su dominio en el Senado y conservaron gubernaturas clave, haciendo retroceder a una “ola azul” que nunca llegó a materializarse del todo.

El veredicto mixto en las primeras elecciones nacionales de la joven presidencia de Trump puso de manifiesto los límites de su dura retórica migratoria en el cambiante panorama político estadounidense, donde los votantes con formación universitaria de los principales suburbios de la región rechazaron sus advertencias sobre una “invasión” migrante.

Electores de clase obrera y de la parte rural del país abrazaron sin embargo sus agresivas declaraciones y posturas. La nueva mayoría en la Cámara de Representantes terminará con el dominio de los republicanos en Washington para los dos últimos años del primer mandato de Trump, con importantes dudas sobre temas como la sanidad, la inmigración y el gasto federal.

Pero la mayoría de los demócratas en la cámara baja es estrecha. Los progresistas lograron 219 escaños – uno más de los 218 necesarios – frente a los 193 de los republicanos, con 23 carreras pendientes de resolución.

El partido del presidente mantendrá el control sobre las ramas ejecutivas y judicial del gobierno, además de sobre el Senado, pero los demócratas tienen ahora poder de citación para investigar más en los deslices profesionales y personales del mandatario, así como en sus declaraciones fiscales.

«Mañana será un nuevo día en Estados Unidos”, dijo la líder de la minoría en la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, que podría convertirse en la próxima presidenta del organismo.

La noche podría haber sido mucho más memorable para su partido, que sufrió punzantes derrotas en Ohio y Florida, donde el republicano Ron DeSantis, que contaba con el respaldo de Trump, frustró la campaña del demócrata Andrew Gillum para convertirse en el primer gobernador afroestadounidense del estado.

Los comicios legislativos también mostraron una nueva distribución del electorado en base a la raza, el género y la educación que podría reformular la política nacional de cara a los próximos años.

Los éxitos conservadores estuvieron impulsados por una coalición que es claramente más mayor, blanca, de mayoría masculina y con menos probabilidad de tener formación superior. Los demócratas recibieron el respaldo mayoritario de mujeres, personas de color, jóvenes y graduados universitarios.

Las boletas demócratas, que mostraron una diversidad nunca vista, podrían haber ayudado el cambio.

Las mujeres batieron un récord al lograr al menos 85 escaños en la Cámara de Representantes, que contará con sus dos primeras diputadas musulmanas. Además, Massachusetts eligió a su primera congresista afroestadounidense y Tennessee a su primera senadora.

Dos senadores estadounidenses instaron al gobierno de Donald Trump a aclarar si está revisando una potencial adquisición de Citgo, una subsidiaria de la petrolera estatal venezolana PDVSA, por parte de Rosneft de Rusia, algo que, dijeron, sería un riesgo.

El demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio preguntaron si el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS por su sigla en inglés) está investigando si la crisis política en Venezuela puede llevar a un cambio en el control de los activos petroleros de PDVSA, según una carta enviada al Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, con fecha del 18 de septiembre que vio Reuters.

“Dada la cada vez más grave situación económica y humanitaria de Venezuela, estamos seriamente preocupados por una posible adquisición por parte de Rosneft de PDVSA y de Citgo”, dijo la carta.

Mnuchin preside CFIUS, integrado por miembros del gabinete del presidente Donald Trump y que analiza aspectos de seguridad nacional de las inversiones extranjeras en empresas estadounidenses.

Menéndez dijo que la posible adquisición de infraestructura energética estadounidense por Rosneft, propiedad en su mayoría del gobierno ruso, plantea preocupaciones económicas y de seguridad. Citgo tiene una red de refinación con capacidad para 749.000 barriles por día en Estados Unidos y otros activos.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha buscado crédito y dinero en efectivo con su aliado ruso y le ha ofrecido a cambio algunos de los activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), lo que hace temer que Rosneft pueda controlar Citgo.

El Departamento del Tesoro no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, asistirá a la sesión de este miércoles del Comité de Asuntos Extranjeros del Senado estadounidense que tratará la crisis venezolana.

«El colapso del Estado de Derecho en Venezuela: Qué pueden hacer los Estados Unidos y la comunidad internacional para restaurar la democracia» fue denominado el encuentro del subcomité, que será presidido por el senador de Florida, Marco Rubio.

La sesión iniciará a las 4:15 p.m. en la ciudad de Washington. A la misma hora podrá ser visto en Venezuela a través del streaming en vivo del Congreso de Estados Unidos.

Senadores estadounidenses de ambos partidos se mostraron dispuestos el jueves a sopesar sanciones a más funcionarios venezolanos y de lograr que otros gobiernos de la región ejerzan la presión necesaria para provocar una conducta distinta del gobierno en el país caribeño.

El presidente de la comisión de relaciones exteriores del Senado, el republicano Bob Corker, señaló que actualmente Washington ha suspendido visas a 140 funcionarios venezolanos pero lamentó que otros gobiernos no se hayan sumado a la aplicación de las sanciones estadounidenses.

«Considerando nuestros estándares, nuestro gobierno no tiene dudas sobre la actividad criminal y la corrupción en el gobierno venezolano», dijo durante una audiencia que la comisión en pleno celebró sobre la crisis venezolana.

Al término de la audiencia, dijo a The Associated Press que «estoy abierto a considerar más sanciones a personas específicas, y también a buscar una estrategia regional a través de la OEA».

El secretario general del organismo, Luis Almagro, anunció el mes pasado que actualizará el informe con el que invocó el año pasado la Carta Democrática Interamericana al considerar que el orden democrático en Venezuela ha sufrido alteraciones graves.

Los estados miembros de la OEA realizan lo que denominan una «evaluación colectiva» de la situación venezolana desde el 23 de junio, cuando 20 países votaron a favor de que Almagro expusiera su informe durante una sesión extraordinaria.

Mark Feierstein, exasesor para temas hemisféricos del expresidente Barak Obama y uno de los tres expertos interpelados por la comisión, advirtió que a Estados Unidos se le puede dificultar obtener apoyo regional en el tema venezolano debido a la tirantez que actualmente sufre la relación con México.

«Ha revivido una dinámica norte-sur que pensábamos ya había terminado», indicó.

El principal demócrata en la comisión, Ben Cardin, señaló que «podemos fortalecer las sanciones, ciertamente podemos trabajar con otros países para asegurarnos de que sean más efectivas si otros países las apoyan». Cardin agregó que trabaja con colegas republicanos en un proyecto de ley que autorice al gobierno estadounidense brindar ayuda humanitaria «para que podamos apoyar más efectivamente al pueblo venezolano».

Los venezolanos padecen una aguda crisis política agravada por una inflación galopante y una severa escasez de alimentos e insumos básicos, pero el gobierno de Nicolás Maduro no ha permitido el ingreso de ayuda extranjera, alegando que no existe una crisis humanitaria.

«La forma de lograr un cambio efectivo del gobierno (venezolano) es obtener apoyo regional para una estrategia integral que incluya nuestra preocupación sobre ayuda humanitaria y también nuestra preocupación sobre violadores de derechos humanos, a través de sanciones personalizadas», explicó Cardin al final de la audiencia.

El gobierno del presidente Donald Trump no ha designado aún al subsecretario de Estado a cargo de América Latina ni ha presentado públicamente su visión para relacionarse con el hemisferio.

La acción más contundente adoptada por el gobierno de Trump fue calificar al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami como «narcotraficante», pero fue producto de una investigación realizada durante varios años.

El también demócrata Bob Menéndez anunció que pedirá formalmente al Departamento del Tesoro evaluar las consecuencias para la seguridad nacional estadounidense de una potencial adquisición de Citgo, una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, por parte de la petrolera rusa Rosneft en caso de que el gobierno de Maduro caiga en default con sus acreedores.

Washington aplica actualmente sanciones a Rosneft como parte del paquete de sanciones que impone a Rusia.

«¿Debería una empresa rusa sancionada tener control de infraestructura energética clave para Estados Unidos?», se preguntó el demócrata.

El Senado de Estados Unidos formuló este martes un llamado al gobierno de Venezuela para que «libere inmediatamente prisioneros políticos» y acepte la distribución de ayuda humanitaria para subsanar la carencia de alimentos y medicinas.

En una Resolución de tres páginas, aprobada de forma unánime, la cámara alta del Congreso estadounidense expresó su apoyo a «esfuerzos significativos» en favor de un diálogo en respeto por los mecanismos constitucionales y «resuelva la crisis política, económica, social y humanitaria» en ese país.

Los senadores también manifestaron su apoyo a la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de invocar la carta democrática interamericana para evaluar la situación actual en Venezuela.

En la resolución, los senadores también «urgen» al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a proporcionar «apoyo pleno a los esfuerzos de la OEA en favor de soluciones constitucionales y democráticas» a la situación política.

Los senadores presionaron al presidente Donald Trump a que «oriente a las agencias federales a hacer responsables a funcionarios de Venezuela por violaciones a la legislación estadounidense y abusos de derechos humanos internacionalmente reconocidos».

El pasado 15 de febrero, el presidente Trump pidió públicamente a Venezuela que libere al dirigente opositor Leopoldo López.

Dos días antes, el Tesoro estadounidense había impuesto sanciones económicas contra el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, al que acusa de tráfico de drogas, una decisión que fue condenada fuertemente por Caracas.

En un escenario marcado por la escasez generalizada de alimentos y medicinas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó la inflación del año 2016 en 475%, aunque podría llegar hasta los 1.660% en el año en curso.

El viernes, durante una conferencia en un centro de estudios en Washington, Almagro se manifestó favorable a la convocatoria de elecciones generales anticipadas en Venezuela.

«Debe haber una elección general ya (…) Necesitas una elección para salir de un régimen autoritario hacia uno democrático», dijo el diplomático uruguayo.

Un grupo de 34 legisladores de los dos principales partidos de Estados Unidos envió una carta al presidente Donald Trump instándolo a aumentar la presión sobre el gobierno de Venezuela sancionando de inmediato a funcionarios responsables de corrupción y abusos de derechos humanos, según pudo saber The Associated Press.

La carta estuvo motivada en parte por una investigación de AP, a la que cita, que destapó corrupción en la importación de alimentos a Venezuela. La misiva solicita además una investigación exhaustiva sobre el supuesto tráfico de drogas y el presunto apoyo del nuevo vicepresidente del país, Tareck El Aissami, a grupos terroristas de Oriente Medio.

El Aissami está en el radar de las fuerzas de seguridad estadounidenses desde su etapa como ministro del Interior hace casi una década, y ha estado vinculado a sobornos pagados a funcionarios por el principal narcotraficante condenado del país. El responsable ha negado delito alguno.

Las relaciones entre Estados Unidos y su crítico más acérrimo en Latinoamérica han sido tensas durante años — los dos países no intercambian embajadores desde 2010. Y a instancias del Congreso, el expresidente Barack Obama sancionó a varios funcionarios venezolanos por la represión a opositores o ayudar a introducir cocaína en Estados Unidos.

Pero Trump mencionó al país solo de pasada durante la campaña presidencial. Y las declaraciones del secretario de Estado, Rex Tillerson, durante su confirmación dieron pocas pistas de si se alejará de la relativa moderación del gobierno de Obama y hará un llamado al diálogo entre el presidente socialista Nicolás Maduro y la oposición. Venezuela está sumida en un bloqueo político incluso cuando su economía se desmorona.

En medio de tanta incertidumbre, Maduro ha adoptado un enfoque más suave. Tras calificar a Trump de «bandido» y «enfermo mental» durante la campaña, ha permanecido en silencio incluso ante la promesa del republicano de construir un muro en la frontera con México y congelar la inmigración procedente de aliados venezolanos como Irán y Siria.

«Peor que Obama no será. Es lo único que me atrevo a decir», dijo Maduro el mes pasado en un llamamiento a sus partidarios para que dejen de juzgar al nuevo inquilino de la Casa Blanca.

La carta, coescrita por Ileana Ros-Lehtinen, republicana de Florida y expresidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y el senador Robert Menendez, demócrata de Nueva Jersey y miembro del subcomité de Relaciones Exteriores para Latinoamérica, parece que buscaría obligar al gobierno a actuar.

«Una acción decidida y ejemplar en respuesta a los acontecimientos en Venezuela como una de las primeras acciones de política exterior de nuestro gobierno enviaría un potente mensaje al régimen de Maduro y al pueblo venezolano», señala la misiva, que está firmada por el mismo número de republicanos que de demócratas.

En concreto, los legisladores piden a Trump que sancione a funcionarios responsables de beneficiarse de la grave situación humanitaria. Esto incluye a oficiales del ejército venezolano encargados de la distribución de alimentos que, según halló la AP, se lucran con el hambre.

«Una amplia investigación de The Associated Press en diciembre de 2016 expuso lo que muchos asumen como cierto, que oficiales venezolanos corruptos están beneficiándose de los problemas humanitarios en el país», apuntó la carta.

El documento hace referencia a los hallazgos de AP, que reveló que dos generales, el ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, y su predecesor, Carlos Osorio, están entre las autoridades militares que trafican con alimentos difíciles de encontrar para beneficio personal. Ninguno de ellos respondió a las peticiones para realizar comentarios, pero en el pasado ambos rechazaron los cargos de corrupción calificándolos de acusaciones vacías propagadas por sus rivales políticos.

La carta pide también al Departamento del Tesoro que emita regulaciones aclaratorias para asegurar que empresas estadounidenses no utilicen sobornos ni se beneficien del sobrecoste de contratos de alimentos violando la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Finalmente, los legisladores buscan incrementar la financiación estadounidense para el trabajo en pro de la democracia y la sociedad civil en el país.

Los legisladores dedicaron sus críticas más duras a El Aissami, un socialista de la vieja escuela que asumiría el poder en el caso de que Maduro renunciara o fuese destituido, como busca la oposición. El Aissami despierta el interés de las autoridades estadounidenses desde hace casi una década, cuando docenas de pasaportes falsos venezolanos terminaron en manos de ciudadanos de Oriente Medio, incluyendo supuestos miembros del grupo libanés Jezbolá. En 2011 fue acusado por uno de los principales narcotraficantes del país de aceptar sobornos a través de su hermano para permitir que grandes cargamentos de cocaína partiesen del principal puerto del país.

«Dados estos reportes, la deteriorada situación humanitaria en el país y su importancia en el régimen, instamos a las agencias pertinentes a investigar a fondo la conducta y actividades de Tareck El Aissami», señala la carta.

El Aissami ha negado cualquier delito y calificó a quienes lo critican de traidores que buscan dañar a Venezuela.

El grupo de asesores que compareció ante el subcomité de Relaciones Exteriores del Senado vinculó al Gobierno de Venezuela a varios grupos terroristas, redes de narcotráfico y lavado de dinero.

Al menos dos agencias y organizaciones que asesoran al gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad nacional poseen informes sobre Venezuela y las relaciones del Gobierno chavista con grupos terroristas y vinculados con redes internacionales de narcotráfico. Esta conclusión se desprende de la comparecencia —este martes 17 de marzo— de un grupo de funcionarios del Departamento de Estado, académicos y asesores ante el Subcomité de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Senado de Estados Unidos, presidido por el republicano Marco Rubio.

“El Gobierno de Venezuela mantiene fuertes lazos con el narcotráfico”, aseguró  ante el Senado Douglas Farrah, asesor y analista en seguridad nacional, interrogado por el Senador republicano Marco Rubio.

Farrah es presidente la firma IBI Consultants —especializada en asuntos de seguridad nacional, crimen organizado y terrorismo— y del International Assessment and Strategy Center, un think tank que analiza información sobre el impacto de las políticas del gobierno estadounidense en seguridad. En el panel también participaron el representante del Departamento de Estado, Alex Lee; el doctor Christopher Sabatini; y Santiago Canton, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y director ejecutivo del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos.

El Senado de los Estados Unidos sostuvo este martes sesiones especiales convocadas por el Subcomité de Asuntos para el Hemisferio Occidental para discutir la difícil situación en Venezuela y las violaciones a derechos humanos en el país. En las audiencias —a las que asistieron altos funcionarios del Departamento de Estado y representantes de la sociedad civil— se debatieron temas como la represión y detención de disidentes, las limitaciones a la libertad de prensa y de asociación y el estado de las relaciones bilaterales con Venezuela.

Casi de manera unánime, los panelistas expusieron ante la comisión del Senado la situación del país, los nexos de oficiales y funcionarios del gobierno con grupos considerados terroristas por los Estados Unidos y la Unión Europea, como el grupo islamista Hamás y la organización guerrillera colombiana FARC.

Narcotráfico

“El gobierno de Venezuela mantiene fuertes lazos con el narcotráfico”, aseguró Douglas Farah, quien agregó que bajo el gobierno del ex presidente Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, el Caracas no solo ha facilitado el tránsito de drogas desde Venezuela, sino que el país también ha sido refugio para grupos criminales ligados al movimiento de estupefacientes provenientes de Colombia. [Lea la presentación completa en este link: http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/031715_Farah_Testimony.pdf]

Farah también recordó los vínculos del Gobierno de Venezuela con redes de narcotráfico internacional, a través de la asociación de oficiales y funcionarios del Gobierno venezolano con grupos criminales.

El criminal Walid Makled, detenido en 2011 en Colombia y extraditado a Venezuela, mantenía nexos con el ex gobernador del estado Carabobo, Luis Felipe Acosta Carlez y además operaba con anuencia de funcionarios militares, según su testimonio, entre los que mencionó al general Henry Rangel Silva, exdirector de la Disip y exministro de Defensa; el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Luis Motta Domínguez; y el exjefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Néstor Reverol. También declaró que había financiado la campaña presidencial de expresidente Hugo Chávez con un aporte de $2 millones y había vinculado también a la entonces senadora colombiana, Piedad Córdoba, como pieza clave que gestionaba reuniones y cobraba altas comisiones.

Además, Makled había adquirido activos y propiedades, como la línea aérea Aeropostal y tenía la concesión de uno de los principales puertos marítimos del país, en Puerto Cabello. Poseía también una credencial firmada por el expresidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el exmagistrado Eladio Aponte Aponte —hoy prófugo de la justicia venezolana y presunto testigo en EEUU. Se le considera responsable del envío de toneladas de cocaína a México en un avión que despegó de la rampa cuatro del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El gobierno de Venezuela también sigue una investigación al general Hugo Carvajal,  exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela, quien fue detenido en Aruba a petición de la DEA y liberado a los pocos días.

Terrorismo

Informes en manos de agencias de seguridad estadounidense también vinculan al gobierno de Venezuela con grupos terroristas. El principal de estos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), catalogadas por EEUU a partir de 1997 como una agrupación terrorista, criterio al que luego se sumó Unión Europea, por la sistemática política de secuestros y atentados a población civil.

Tanto Farah, como el Subsecretario Adjunto para el Hemisferio Occidental y Cuba, Alex Lee, declararon ante el Senado que  Venezuela no sólo ha facilitado la presencia miembros de las FARC en Venezuela, sino que también han servido como fuente de financiamiento y refugio.

Recordaron el hallazgo de cientos de documentos encontrados en tres ordenadores que, de acuerdo a las Fuerzas Armadas de Colombia e Interpol, pertenecían al integrante del secretariado y exjefe del bloque sur de las FARC, Raúl Reyes. La documentación encontrada vinculaba a la guerrilla con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, dijeron Farah y Lee ante el Senado este martes 17 de marzo.

El senador republicano Marco Rubio también insistió en la supuesta vinculación de Venezuela con grupos islamistas y el financiamiento al régimen de Bashar El Assad. En un punto de la sesión increpó al subsecretario adjunto Lee:

—¿Tiene usted conocimiento de la entrega de pasaportes venezolanos a radicales islamistas?

—No voy comentar sobre esto. —respondió Lee.

Farah, por su parte, expuso información relacionada con la asistencia cubana en el sistema nacional de identificación y extranjería y el papel que juega la contratista cubana Albet, encargada de gestionar estos servicios en Venezuela y aseguró, además, que el Gobierno de Venezuela coordinaba el envío de grandes sumas de dinero en efectivo al régimen sirio de Bashar El Assad.