senado de EE UU

El Senado de Estados Unidos aprobó hoy de manera unánime un proyecto de ley para extender las sanciones impuestas a ciertos funcionarios del Gobierno de Venezuela hasta 2019 inclusive, unas restricciones ya vigentes que de otra forma expirarían a finales de este año.

Así, la Cámara Alta accedió a ampliar la ley impulsada en 2014 por el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Robert Menéndez que congela activos en territorio estadounidense y sus visados a algunos de los miembros del Ejecutivo de Nicolás Maduro, así como a otros que lo fueron pero ya no ocupan cargos.

No obstante, el texto legislativo aún tiene que ser aprobado por la Cámara de Representantes y firmado por el presidente Barack Obama, pero todo apunta a que no sufrirá ningún escollo.

«Debido a que el régimen de Maduro sigue violando los derechos humanos e incrementa su opresión política, EE.UU. debe continuar haciendo su parte para hacer frente a esta creciente crisis en Venezuela», dijo Rubio tras la aprobación del texto.

«Hay numerosos ejemplos de por qué estas sanciones deben seguir vigentes en el futuro próximo, incluido el abuso del Tribunal Supremo de Venezuela en manos de Maduro para anular leyes como la de liberar a decenas de presos políticos», agregó el senador.

Por su parte, Menéndez subrayó «el deterioro democrático» que a su juicio sigue sufriendo Venezuela, y «el camino cada vez más peligroso» que está llevando al país «hacia la ruina económica, la criminalidad rampante y la polarización política».

«EE.UU. debe seguir levantándose ante el régimen de Maduro mediante la ampliación de estas sanciones, con consecuencias reales para los principales actores responsables de que Venezuela se dirija rápidamente a ser un estado fallido», añadió.

La ley ordena la imposición de sanciones contra funcionarios actuales o anteriores del régimen venezolano y aquellos que actúen en su nombre y que hayan cometido «actos significativos de violencia o abusos graves de los derechos humanos contra manifestantes pacíficos y otros civiles inocentes».

Su aprobación hoy dio vía libre para la confirmación de la actual subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, como próxima embajadora de EE.UU. en México, ya que Rubio había bloqueado su confirmación y condicionó levantar su objeción a la aprobación de una extensión de dichas sanciones.

Rubio y Menéndez impulsaron la ley original que fue aprobada en el Congreso a finales de 2014 tras varios meses de polémicas con el Gobierno de Barack Obama, quien entonces no era partidario de imponerlas en medio de los intentos de diálogo dentro del país.

Sin embargo, en vista del aumento de las tensiones, el mandatario accedió a su promulgación y además amplió en marzo de 2015 el alcance de la propia ley, emitiendo una «emergencia nacional» ante la situación convulsa que vive el país caribeño y extendiendo la lista de sujetos sobre los que recaen las sanciones, una medida que prorrogó por un año más el mes pasado.

No obstante, la vigencia de las sanciones que contempla la ley impulsada por Rubio y Menéndez expira a finales de este año, por lo que el senador por Florida utilizó el bloqueo de Jacobson como palanca para lograr una extensión de las mismas hasta 2019.

Según indicó a Efe un asesor del senador, hace cinco meses que tanto la Casa Blanca como los republicanos a favor de la nominación de Jacobson comenzaron a negociar con Rubio sobre «qué hacer» para que este levantara el bloqueo, y se mostraron abiertos a la prórroga de las restricciones.

Las relaciones entre EE.UU. y Venezuela han sido conflictivas desde la llegada al poder en 1999 del ya fallecido presidente Hugo Chávez, mentor y antecesor de Maduro, y desde 2010 las delegaciones de EE.UU. en Caracas y de Venezuela en Washington no cuentan con embajadores.

El último encontronazo sucedió el mes pasado, cuando Obama prolongó por un año más el decreto que describe a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la «seguridad nacional» de EE.UU.

El mandatario estadounidense argumentó para ello que el país caribeño sigue sufriendo «la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos».

Ante la medida, Maduro anunció la retirada del encargado de negocios de Venezuela en Washington, Maximilien Sánchez Arveláiz, y declaró el 9 de marzo como el Día nacional «de la lucha antiimperialista».

 

Llamados telefónicas alertaron de la situación. Primero fue en uno de los edificios del Capitolio, donde incluso se interrumpió una sesión. Luego, la advertencia hizo desalojar la sala de prensa de la residencia de Obama.

El primero de los episodios se registró en el Capitolio. Allí, la Policía evacuó el Senado de Estados Unidos por una amenaza de bomba. La vocera de la policía, Kimberly Schneider, informó que la seguridad de de la cámara Alta había recibido una llamada sobre un paquete sospechoso en la sala G-40 del Edificio Dirksen, que forma parte de un complejo que rodea al Congreso.

El edificio alberga varias oficinas de senadores estadounidenses y su personal, además de salas de audiencia. «Varios pisos (en el Dirksen) fueron evacuados como precaución mientras la policía continúa investigando», aseguraron las autoridades en un comunicado.

La acción preventiva interrumpió una audiencia en el Senado sobre administración de la seguridad en el transporte.

Minutos después, la preocupación se trasladó a la Casa Blanca. Es que el personal de seguridad evacuó de urgencia la sala de prensa en medio de la conferencia diaria, y realizó una inspección con un perro perteneciente al Servicio Secreto. Todos los periodistas que participaban de la conferencia de prensa matutina fueron escoltados al exterior del edificio mientras se realizaba la inspección. Con todos los periodistas evacuados, se confirmó que también hubo una amenaza telefónica.

Una vez finalizado el registro del lugar, los periodistas volvieron a la Sala de Prensa.

 

 

 

El curso que está tomando el impasse entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela me genera una sensación bipolar: de un lado una preocupación, por la posibilidad nada desdeñable de que Obama se deje torcer el brazo por la presión de Venezuela y un creciente combo de países de América, y conceda una suspensión de las medidas dictadas contra los represores y corruptos sancionados; y del otro un moderado optimismo, ante la perspectiva de que el presidente de USA aproveche el pedido de conversaciones que promueven Maduro y su combo para instalar en el tablero una sencillas exigencias que podrían dinamizar un escenario que luce estancado y lleno de peligros para el campo democrático.

Antes de que me acribillen los que se sienten más gringos que Obama, recordaré que un retroceso o frenazo del gobierno americano en política internacional no sería la primera ni la última vez que ocurriese. Lo hizo en Bahía de Cochinos, cuando luego de entrenar, armar y transportar a una legión de heroicos jóvenes cubanos que intentarían derrocar a la naciente tiranía, les negó el apoyo aéreo que les había sido prometido y sin el cual se reducían a cero sus posibilidades de avanzar en territorio de la isla.

Lo hizo en Afganistán, cuando un grupo de valientes luchadores anti-talibán condujo a una tropa élite de USA al campamento donde se encontraba reunido Osama Bin Laden con la cúpula del Talibán, y cuando el terrorista estaba en la mira de un mortero se consultó telefónicamente a la Casa Blanca si disparaban y el presidente Clinton dijo que no, por razones jurídicas; como consecuencia de la abortada misión y de la falta de cobertura americana, Al Qaeda localizó el escondite de los luchadores que habían guiado a los Seals y los acribilló a todos.

Así que todos sabemos que estas cosas pasan. Y ante ellas surjen a posteriori los pragmáticos sabihondos que te sermonean: “chico, las potencias no tienen amigos sino intereses”. Por ello me preocupa que el presidente Obama se deje llevar por la habilidosa táctica elegida por el chavismo para enfrentar el tema de las sanciones: mientras las aprovecha al máximo para acorralarnos al máximo a los opositores y para desarrollar su narrativa anti-imperialista, de cara al exterior pide negociaciones con USA, con la única y sencilla petición de que las sanciones sean suspendidas. Para ello se vale de un frente armado con sus apoyadores de siempre –Unasur, Alba y Petrocaribe- agrupaciones de escaso peso específico pero que en este caso resultan un portento frente a la ausencia de aliados que exhiben los gringos, dada la elección que han hecho de un camino unilateral. Ya Alba y Unasur han anunciado que emprenderán gestiones para mediar en tal negociación.

La sesión de ayer en el Senado americano contó con el testimonio de Mr. Russ Dallen, un valioso ciudadano que ha vivido en Venezuela y ama como nosotros a nuestro país, donde editó por varios años el recordado diario en inglés “The Daily Journal”. Entre otras estupendas opiniones y propuestas, Mr. Dallen expresó que el gobierno de Obama ha subestimado el papel que puede jugar la OEA en la situación venezolana y sugirió que ese país realice una efectiva gestión multilateral, con todo el peso específico que conservan en la región, para que el gobierno de Venezuela modere por lo menos su ofensiva represiva contra la oposición y para controlar sus inminentes maniobras dirigidas a torcer el resultado de las próximas elecciones parlamentarias.

La próxima Cumbre de las Américas, por celebrarse en Panamá el próximo abril, sería el escenario más propicio para que el presidente Obama, si es cierto que quiere ayudar a nuestra causa democrática (y yo creo que es así), lidere una acción política y diplomática que promueva un cambio de rumbo en la estancada crisis venezolana. La anunciada reunión con los gobiernos de las islas del Caribe (previa a la cumbre de Panamá) es un indicio de que pudiese estar marchando en el camino correcto: tal como sugirió ayer Mr. Dallen, USA aporta a esas pequeñas naciones mucho más que el gobierno chavista, pero jamás lo ha capitalizado en términos diplomáticos; y al parecer Obama se propone hablar con ellos de estabilidad energética, algo que parece estar próximo a cojear desde el oportunista lado venezolano.

Una firme declaración de Obama en la Cumbre de las Américas, en favor de los derechos humanos, la transparencia gubernamental y la equidad electoral en Venezuela sería el marco adecuado para que acepte la mediación de cualquiera que haya comisionado Maduro para acercarse a los EEUU. Que se reuna con ellos, escuche las peticiones de Maduro –que hasta ahora se resumen en la suspensión de las sanciones a sus funcionarios- y les entregue un breve pliego de exigencias, de ser posible consensuado y/o consultado con un grupo de países de la región.

En cualquier negociación que se abra, Obama no deberá retirar las sanciones ya emitidas. Ellas me han parecido inoportunas e inconvenientes, no porque no lo merezcan esos corruptos violadores de derechos humanos, pero ya que las dictó tendrá que mantenerlas. Si las retira habrá concedido a Maduro una descomunal victoria simbólica, de esas que le gustan a Fidel Castro mucho más que las económicas o militares, y por consiguiente sería una catástrofe para los opositores. No olvidemos el caso del Pollo Carvajal en Aruba, cuya detención fue ardorosamente celebrada aquí por el anti-chavismo, para recibir en 48 horas una amarga decepción del Reino de Holanda (“las potencias no tienen amigos…”) en lo que fue celebrado como un triunfo apoteósico por el régimen corrupto.

Pero en la eventual negociación, Obama sí podría ofrecer que no emitirá nuevas sanciones si el gobierno venezolano acepta un sencillo paquete de dos condiciones, solicitadas no por los Estados Unidos sino por la OEA y hasta la ONU (por supuesto que también Unasur, que en todo esto será el comodín de Maduro). Serían las mismas que sugirió Russ Dallen en el Senado de USA:

1. Que un grupo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (más la Cruz Roja, si se quiere, como pidió Unasur) visite a los presos políticos Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Raúl Baduel y otros, y a los estudiantes presos y sometidos a juicios políticos.
2. Que una delegación plural y suficientemente integrada de la OEA venga a Venezuela como Observadores Internacionales del próximo proceso electoral parlamentario. Que dicha presencia tenga la suficiente anticipación, en días o semanas, para observar los particulares de la campaña electoral; y que las condiciones de la observación, incluidas las atribuciones y límites de los observadores, sen objeto de un acuerdo negociado entre la OEA y el CNE (esto último no sería una novedad, ya fue así en el pasado con el Centro Carter y con la OEA). Sería inadmisible que esa observación quede reducida a Unasur, solución que será pretendida por el régimen.

Eso es lo que sería negociar. Yo te doy algo y tú me das algo. Lo digo para ilustración de los vengadores errantes, que sentirían la pérdida de un brazo si se los priva del orgasmo que les ocasiona ver sancionados a los pillos y sátrapas que tanto despreciamos.

No estoy seguro de que Maduro esté dispuesto a otorgar alguna de estas dos condiciones. Sobre todo la segunda, referida a dejarse ver por la OEA durante los descarados ventajismos y trapacerías que tendrá que poner en marcha para impedir una arrolladora victoria de la oposición. Pero intentarlo no le resulta nada difícil a Obama, quien obtendría de ello una considerable legitimación de su política hacia Venezuela y un marco multilateral del que hasta ahora ha carecido. En caso de no aceptar Maduro sus dos condiciones, continuaría con las sanciones, esa vez con un amplio ámbito de comprensión y hasta de apoyo de parte de numerosos países de la región.

 

 

@TUrgelles

 

 

El presidente Barack Obama planea firmar el proyecto de ley aprobado el miércoles por el Congreso, el cual persigue sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas callejeras que sacudieron al país sudamericano a comienzos de año.

La legislación suspenderá visas y congelará activos en territorio estadounidense pertenecientes a los funcionarios venezolanos a los que el gobierno federal identifique como responsables de violar derechos humanos.

Un funcionario estadounidense que solicitó el anonimato debido a lo delicado del tema confirmó aAP que el presidente Obama planea firmar la legislación, aunque rehusó precisar una fecha.

Los representantes demócratas Juan Vargas (California) y Debbie Wasserman Schultz (Florida) ejercieron un derecho de palabra para expresar su apoyo al proyecto de ley, que fue aprobado de manera unánime.

Wasserman representa a la población de Weston, hogar de una importante comunidad venezolana.

La aprobación de la cámara baja culminó el trámite legislativo del proyecto de ley, ya que el Senado lo había aprobado por unanimidad el lunes.

La mayoría republicana en la cámara baja insertó la legislación sobre Venezuela en la agenda del miércoles, copada por una amplia variedad de temas pendientes antes de que el Congreso culmine el jueves sus actividades por este año.

De no haberse aprobado el miércoles en la cámara baja, la legislación hubiera tenido que ser procesada nuevamente desde el punto inicial cuando el Congreso instale en enero una nueva sesión legislativa de dos años.

En Caracas, el influyente diputado oficialista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, rechazó la aprobación del proyecto de ley estadounidense.

«Da tristeza la posición de algunos sectores de la derecha con el tema de las sanciones que dice el gobierno de Estados Unidos imponerle a nuestra patria. Sanciones que rechazamos por arbitrarias, por inmorales y porque no tiene moral para imponer sanciones a nadie en el mundo», dijo Cabello, uno los aliados más cercanos del ahora fallecido residente Hugo Chávez y fugaz mandatario interino tras el golpe de Estado de 2002, durante su programa «Con el Mazo Dando» que transmite la televisora estatal.

Cabello es considerado uno de los líderes más poderosos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela por los vínculos que mantiene con sectores económicos y la importante ascendencia que tiene en el mundo castrense luego de haber sido oficial del ejército.

El presidente venezolano Nicolás Maduro repudió la víspera la legislación, a la que calificó como «una locura», y llamó a Obama a recuperar «el equilibrio con Venezuela».

La cámara baja estadounidense había aprobado en mayo una versión similar. Su autora, la republicana por Florida Ileana Ros-Lehtinen, dijo el miércoles que al aprobar las sanciones con apoyo bipartidista el Congreso envía «un mensaje inequívoco de que no continuaremos tolerando la impunidad en violaciones de los derechos humanos en Venezuela».

Uno de los autores de la versión del Senado, el demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez, señaló que «la ausencia de la justicia y la negación de los derechos humanos en Venezuela deben terminar de inmediato, y el Congreso de los Estados Unidos está jugando un papel transcendental para aliviar este mal».

El otro autor de la legislación en el Senado, el republicano por Florida Marco Rubio, indicó que con estas sanciones «podemos poner fin a los días en que individuos del régimen violan los derechos humanos del pueblo venezolano durante la semana y luego se pasan sus vacaciones en la Florida viviendo de lujo y malgastando la riqueza de Venezuela».

La iniciativa de ley fue adoptada en el Senado por unanimidad apenas 48 horas después de la derrota electoral que sufriera en segunda vuelta la demócrata por Luisiana Mary Landrieu, quien había presentado objeciones en agosto alegando su temor de que las sanciones pudieran provocar despidos en una planta que la petrolera de propiedad venezolana Citgo posee en Luisiana.

El Departamento de Estado suspendió en julio las visas a 24 funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas que dejaron 43 muertos.

Los dos países no intercambian embajadores desde 2010.