La coordinadora general de Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera; el ex director general del penal del Altiplano, Valentín Cárdenas; la directora técnica y titular del área jurídica del penal, Leonor García; el oficial en prevención de la penitenciaría, Esteban Estrada; el supervisor penitenciario Juan Ignacio Cuarenta; y el supervisor Roberto Cruz, fueron procesados por la fuga del líder del cártel de Sinaloa.
Luego de cinco meses de investigación, y tiempo después que Joaquín «El Chapo» Guzmán fuera recapturado, seis funcionarios mexicanos fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados por 10 años, por su responsabilidad en el escape del narcotraficante de la cárcel del Altiplano.
Según informó la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular es Virgilio Andrade, el proceso no ha alcanzado a la Comisión Nacional de Seguridad, ya que por el momento no se han encontrado «elementos materiales sólidos».
Con respecto a las sanciones, el funcionario indicó que Oseguera está imputada por no haber llevado a cabo «el conjunto de acciones para que funcionaran los sistemas (de la prisión) de forma óptima». Del mismo modo, la coordinadora general de Centros Federales de Readaptación Social llevó a cabo una sesión extraordinaria a finales de 2014, en la que se aprobó la entrega de un televisor al «Chapo» en su celda, hecho que fue calificado como «fuera de la normatividad».
De dicho encuentro participó Valentín Cárdenas quien también es apuntado por haber omitido la coordinación con las fuerzas de seguridad de manera pertinente, así como los problemas con la visualización del monitor, entre otros cargos que se le atribuyen.
Leonor García, quien se desempeñaba hasta ahora como directora técnica y titular del área jurídica del penal del Altiplano, es señalada por no haber declarado el estado de alerta máxima de manera inmediata cuando supo del escape de Joaquín Guzmán.
Otro de los sancionados es el oficial en prevención de la penitenciaría, Esteban Estrada, quien según indica el informe difundido por el secretario de la Función Pública «no atendió las llamadas que se efectuaron desde el Centro de Monitoreo ni activó la alerta general después de haber hecho verificaciones físicas correspondientes».
Por su parte, Juan Ignacio Cuarenta, supervisor de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, responde a acusaciones similares a las de Estrada, ya que no inició «de manera inmediata» el protocolo de actuación relacionado con este tipo de casos.
El último de los seis funcionarios inhabilitados es el supervisor Roberto Cruz, quien está apuntado por no actuar con «prontitud» para activar el código rojo, así como por «omitir realizar una vigilancia permanente y minuciosa en el área que le correspondía sin dejar a alguien que cubriera su ausencia».
Según indicó Virgilio Andrade, las penas que se les impusieron a los responsables que habrían participado activamente u omitido sus tareas para la fuga de «El Chapo», son las máximas permitidas en el ámbito administrativo, de acuerdo con la ley federal.
Del mismo modo, indicó que todos ellos están bajo proceso por la fuga del capo narco.
Joaquín Guzmán se escapó de la penitenciaría de máxima seguridad del Altiplano el 11 de julio de 2015 por un túnel de 1,5 kilómetros que comunicaba la ducha de su celda a una casa en construcción a las afueras de la prisión.
El pasado 8 de enero, «El Chapo» fue recapturado luego de un importante operativo de la Marina de México en Los Mochis, Sinaloa, en donde varios de sus allegados murieron. Tras ser detenido, el capo narco fue reingresado en el Altiplano y podría ser deportado a Estados Unidos donde debe responder ante la Justicia en los tribunales federales de Arizona, Texas, California, Illinois, Florida y Nueva York, donde está acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
