La Dgcim es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Rafael Narváez, abogado defensor de Derechos Humanos, sentenció este martes, 18 de mayo, que transferir presos políticos a cárceles comunes no «borra huellas de tratos crueles».
A través de su cuenta de Twitter, el abogado se refirió al decreto que ordena a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicio Penitenciario.
«Ordenar al Dgcim y Sebin transferir custodia de privados de libertad al sistema penitenciario, no exonera de responsabilidad ni borran huellas de tratos crueles e inhumanos y degradantes y torturas contra presos políticos y asesinatos como el de Fernando Alban y Acosta Arévalo», dijo el abogado.
Ordenar al DGCIM y SEBIN transferir custodia de privados de libertad al sistema penitenciario,no exonera de responsabilidad ni borran huellas de tratos crueles e inhumanos y degradantes y torturas contra presos políticos y asesinatos como el de Fernando Alban y Acosta Arevalo.
Por su parte, la diputada Delsa Solórzano, advirtió que la medida implica trasladar a los presos políticos a cárceles comunes.
#URGENTE Gaceta Oficial 42.125, contiene decreto 4.610 de Nicolás Maduro, donde ordenó a Dgcim y a Sebin transferir la custodia de privados de libertad al Min de Servicios Penitenciarios. Ello implica trasladar a los presos políticos a cárceles comunes https://t.co/ziSFGSKjtt
El gobierno de Nicolás Maduro, mediante el Decreto 4.610, publicado en la Gaceta Oficial número 42.125 con fecha del 12 de mayo, ordena a la Dgcim y el Sebin transferir la custodia de los privados de libertad al referido ministerio, en un lapso de 30 a partir de la publicación del decreto.
La Dgcim es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, cuya sede principal se encuentra en Boleíta, municipio Sucre del Estado Miranda.
La Dgcim y el Sebin deberán efectuar la acción en un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigencia del mismo
El gobierno de Nicolás Maduro ordenó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicio Penitenciario.
Así lo expresa la Gaceta Oficial número 42.125 con fecha del 12 de mayo, mediante el Decreto N° 4.610.
En concreto, se ordena a la Dgcim y al Sebin transferir «el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad».
Asimismo, el Decreto establece que la acción debe llevarse a cabo en un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigencia del mismo.
La Dgcim es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, cuya sede principal se encuentra en Boleíta, municipio Sucre del Estado Miranda.
Por su parte, el Sebin es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cuya sede principal está situada en El Helicoide, en Roca Tarpeya entre las parroquia San Pedro y Parroquia San Agustín, municipio Libertador de Caracas.
En cuanto al Ministerio de Servicio Penitenciario, su actual representante es Myrelis Contreras. Anteriormente, y durante varios años, estuvo a cargo de la oficialista Iris Valera.
En otro orden de ideas, la misma Gaceta también se ordena el proceso de Consulta Pública del Proyecto de “Resolución para regular el etiquetado de alimentos manufacturados con alto contenido de azúcar, grasas saturadas y grasas trans”, que en ella se señala.
El juicio preliminar, recordaron, estaba previsto para el pasado 13 de mayo, pero, por cuestiones de salud no se pudo llevar a cabo
Los abogados del exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, aseguraron que no existe la posibilidad de que se declare culpable en el juicio que se sigue en su contra, para salir en libertad.
Carlos Mata Zerpa y Wimen Yohan Romero, abogados del Mayor General, señalaron en un mensaje divulgado por la cuenta de Twitter del programa Vladimir a la Carta, que ninguna de las partes está obligando a admitir responsabilidad alguna por los delitos de rebelión militar.
— Vladimir a la Carta (@Vladialacarta) May 14, 2021
Enfatizaron en que no existe negociación, para que Rodríguez Torres, reciba beneficio de casa por cárcel.
Los abogados hacen esta advertencia, ante los rumores surgidos tras la suspensión de la audiencia preliminar, prevista para el pasado 13 de mayo, que esto tuvo su origen en las gestiones que adelanta el Tribunal Penal Militar 3° de Control y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), para atender la salud del detenido.
Asimismo, aclararon que el equipo de defensa técnica del exdirector de la agencia de inteligencia SEBIN y Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, es el único autorizado y “en pleno conocimiento de la situación jurídica” actual, en razón de que nadie más puede emitir declaraciones al respecto.
El juicio preliminar, recordaron, estaba previsto para el pasado 13 de mayo, pero, por cuestiones de salud no se pudo llevar a cabo.
En la Gaceta Oficial número 42.116 quedó establecido que el organismo a cargo de Carmen Meléndez tendrá capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera
Este martes, 4 de mayo, se conoció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fue adscrito nuevamente al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz tras haber dependido de la Vicepresidencia de la República durante nueve años.
En Gaceta Oficial número 42.116 quedó establecido que el organismo tendrá capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera.
La decisión tomada por el gobierno de Nicolás Maduro coincide con el envío de un nuevo informe del Ministerio Público a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que lleva los casos que podrían constituir delitos de lesa humanidad en Venezuela.
Con esta transición se podría “evadir” responsabilidades de alto nivel sobre las acusaciones ante la Corte Penal Internacional por violaciones a DDHH específicamente el asesinato del concejal Fernando Alban en octubre de 2018.
Caso Albán y Pernalete
El pasado sábado, 1 de mayo, el fiscal general designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, reconoció que al concejal Fernando Albán lo mataron dos funcionarios del Sebin en la sede de ese organismo, en Caracas. Y señaló que incurrieron en «homicidio culposo».
«El Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios del Sebin que lo custodiaban por los delitos de homicidio culposo. Además, por quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga de detenido», dijo Saab
La declaración de Saab ocurre tres años después del homicidio. Albán permanecía detenido en la sede del Sebin, luego de ser incriminado en un ataque fallido de drones contra Maduro, ocurrido en agosto. En los primeros días de octubre, el gobierno de Maduro informó que el dirigente se lanzó por una ventana de la sede, desde el piso 10.
Saab también se pronunció en la misma rueda de prensa por el caso del joven Juan Pablo Pernalete, asesinado en las protestas de 2017 en Altamira, Caracas.
«El joven falleció como consecuencia del impacto en el tórax de una bomba lacrimógena disparada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)», dijo el Fiscal.
Cabe destacar que el gobierno de Maduro siempre insistió en que Pernalete fue asesinado luego de recibir un disparo por parte de otro manifestante con una pistola de perno.
“En el caso de Juan Pablo Pernalete, que falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho, se logró la imputación de 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”, indicó Saab.
EL SEBIN EN TRES Y DOS; A través de la Gaceta Oficial 42.116, el régimen pasó de la Vicepresidencia de la República al Ministerio del Interior y Justicia, al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). pic.twitter.com/huE7BbTdkW
El joven Luigi Guerrero fue herido en una manifestación en el estado Táchira el 23 de enero de 2019
Ante la negligencia de los cuerpos de seguridad y de justicia, su madre se encargó de investigar la muerte de su único hijo
Luigi Guerrero nunca había ido a una marcha. Pero el 23 de enero de 2019 se animó a salir a las calles a manifestar. Lo decidió esa misma mañana cuando vio cómo las personas de su comunidad se preparaban para ir al centro de Táchira, donde tendría lugar la concentración. Vio que sus vecinos iban en grupos, familias completas con niños, y le pareció que no habría peligro.
Como fue de imprevisto y no había hablado con sus amigos para ir a la concentración, fue solo. Le dijo a su madre Julieta Ovalles que a eso de la 1:00pm ya estaría de regreso. Para evitar que lo robaran, dejó su cartera con sus documentos en casa y se fue con un termo de agua y unas mandarinas.
El reloj marcó la 1 y no había señales de Luigi. Dieron las 3:00 pm… Y nada. Julieta comenzó a preocuparse porque no sabía nada de su único hijo. Desde su casa escuchó en la radio del vecino que en el centro había enfrentamientos, dos muertos y ocho personas heridas. Inmediatamente pensó que a Luigi le había pasado algo.
“Él era muy responsable y tenía que trabajar en la tarde. Además que él no estaba acostumbrado a la violencia y es una presa más fácil porque no sabría cómo actuar. Yo me lo imaginaba a él atrapado en medio de todo eso sin saber qué hacer”.
Julieta se acercó al Hospital Central de San Cristóbal acompañada de su madre. El joven no aparecía en la lista de heridos ni en la de muertos. “Como Dios existe, una señora que estaba en la emergencia me dijo que era mentira que hubiera dos muertos, sino cuatro y los tenían en la morgue del hospital”.
Subieron a la morgue y un muchacho que cuidaba la entrada le dio los nombres de los fallecidos, pero no figuraba Luigi Guerrero. Julieta no se conformó: “Me dicen que aquí hay cuatro muertos. Yo quiero verlos”. No tenía pensado moverse a buscar a su hijo a otro sitio hasta que no le dieran más información.
De tanto insistir, el muchacho comenzó a hacerle preguntas. Si su hijo tenía aparatos, si tenía tatuajes, si tenía alguna marca característica en el cuerpo. Para todas, las respuestas eran positivas. Y el joven no pudo evitar expresar su sorpresa. Minutos después vio cómo del lugar salía un vehículo con dos hombres “con pinta de matones”. El joven que la había atendido le dijo que eran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En la morgue le preguntaron por el número de cédula de su hijo. El muchacho encargado se acercó a ella con un celular. “Señora, le voy a mostrar una foto de los tatuajes para que usted lo identifique”. Ahí estaban: un paisaje y una flor.
Pero Julieta no se conformó con eso. Quería verle la cara porque sentía que cualquier otro joven podía tener el mismo tatuaje que su hijo. Hasta que le mostraron la foto que ella necesitaba ver, pero no pudo evitar el asombro porque su hijo estaba irreconocible. “Tenía la cara muy golpeada, inflamada. La nariz partida y la boca reventada”.
No le quisieron entregar el cuerpo de Luigi hasta que no fuera al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). “Cuando me lo entregaron al otro día parecía que un camión le había pasado por encima. Estaba todo golpeado, la cara y el cuerpo. Tenía muchos morados”, cuenta.
Julieta no pudo ni quiso quedarse de brazos cruzados con todo lo que vio del estado en el que se encontraba Luigi. “Yo misma me dediqué a averiguar la muerte de mi hijo porque fue demasiado sorprendente que me lo entregaran todo vuelto nada”.
Empezó a averiguar qué había pasado en el hospital. Duró tres meses yendo al centro de salud a hablar con médicos, enfermeras, trabajadores. Quienes recibieron a su hijo, quienes estaban ese día.
Los doctores le contaron que cuando Luigi ingresó a la emergencia, fue rodeado por efectivos del Sebin y del CICPC. “Mi hijo llegó vivo al hospital, lo atendieron en la sala de emergencia. Hubo un momento en que los médicos se fueron porque alguien dio la orden y lo dejaron solo con los agentes. Fue cuando lo golpearon, estando malherido”, explica Julieta.
Los trabajadores del hospital detallaron que había llegado al centro de salud con una herida de bala y tuvieron que hacerle una abertura en el costado izquierdo del cuerpo para drenar la sangre porque tenía un derrame interno. Dos orificios. Y sin moretones. “Pero cuando a mi me lo entregaron, él tenía tres huecos seguidos en el costado izquierdo. Estando ahí le dieron otro tiro más”.
Represión en todo el país
Luigi Guerrero fue a su primera marcha el 23 de enero de 2019, el mismo día que Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela.
Al menos 33 personas fallecieron entre el 21 y el 24 de enero de 2019, en medio de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado a las protestas contra Nicolás Maduro. En 2017, ese número de muertes solo se había registrado tras 25 días de confrontaciones.
La ola de protestas de 2019 estuvieron marcadas por la espontaneidad, por haberse trasladado del este al oeste o centro de Caracas y por ocurrir al caer la noche, casi siempre después de las 8:00 p.m. Las Adjuntas no fue la excepción: habitantes de Catia, La Pastora, la avenida Fuerzas Armadas, Altavista, Coche, La Vega, San Martín también salieron a las calles a exigir un cambio político.
También se registraron saqueos, allanamientos ilegales y enfrentamientos de grupos paramilitares en zonas como Petare, El Junquito o el 23 de Enero. Entre el 21 y el 25 de enero, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1023 protestas en todo el país.
La represión también arreció. El OVCS identificó a 51 personas muertas durante las manifestaciones, en Caracas y otras ciudades, entre el 22 de enero y 7 de abril, la gran mayoría por impacto de bala. El 68% de los asesinados son atribuibles al uso excesivo de la fuerza pública, siendo la GNB la principal responsable y seguida por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES).
El 23 de enero fue el día con más víctimas durante protestas en los últimos 20 años. El mismo día que Luigi Guerrero fue a su única y última marcha.
Una madre que no se rinde
Julieta Ovalles se preocupó por documentar y registrar todo sobre la muerte de Luigi. Fue cientos de veces a denunciar lo ocurrido con su hijo y nadie le prestó atención. El caso de Luigi Guerrero está en Fiscalía, pero no ha avanzado nada desde aquel 23 de enero de 2019. Solo lo que ella se propuso buscar para la reconstrucción del crimen de su único hijo.
“Todo lo que se sabe sobre el asesinato de mi hijo es por la investigación que yo hice, ni la Fiscalía ni el CICPC han hecho su trabajo. Eso quiero que quede bien claro y así lo denuncio. Me pasé entre 8 y 10 meses investigando; la información que manejo es de primera mano”.
Varias veces ha estado en el sitio donde Luigi cayó herido, visitó los comercios y contactó a las personas que estuvieron ese día en la zona. Habló con el personal médico que brindó los primeros auxilios a su hijo. Ubicó por redes sociales a los jóvenes que participaron en la manifestación, recopiló videos y fotos que la han ayudado a armar el caso.
Sin embargo, con cierta desazón lamenta que todas las diligencias y demandas presentadas han sido desestimadas. Pero no desmaya, su determinación por honrar la memoria de su hijo y el llamado a las autoridades a garantizar el derecho a la justicia consagrado en la Constitución Nacional, no cesan.
“Han hecho de todo para encubrir el asesinato de Luigi y se han burlado de mí. Yo exijo justicia al Ministerio Público y pido al ente encargado de las investigaciones, en este caso el CICPC, cumpla con su trabajo. Han sido crueles conmigo, con mi dolor de madre, pero Dios me dio esta fortaleza que me acompaña, mientras esté viva seguiré alzando mi voz”.
Una de las acciones impuestas en la DGCIM y el SEBIN es la figura de la desaparición cuando una persona es detenida
Desde octubre se ha venido realizando una serie de audiencias de los juicios políticos, muchos de ellos engavetados (archivados), con presos que tienen años detenidos. La acción responde a la recomendación de la Comisión de Bachelet sobre acelerar los casos, entre esos más de una docena de conspiraciones.
En las audiencias hay muchas denuncias sobre las torturas recibidas por los militares y civiles desde el momento en que son detenidos. La mayoría tiene coincidencia. Lo insólito es que no se le da curso a la gravedad que representa el hecho. No es cualquier cosa violar derechos humanos.
La Misión de Determinación de los hechos que se reactiva en sus funciones dentro de unas semanas, dijo en su último informe que investigó 77 casos en los que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) arrestó, detuvo y torturó a oficiales militares activos y retirados y a personas civiles asociadas.
Detalló ocho de esos 77 casos, basándose según explican en información directa, que contempló entrevistas, expedientes de causas judiciales, grabaciones de video, “también en información fidedigna reunida por fuentes indirectas fiables”.
Reconocen haber revisado la información recibida por el Foro Penal sobre 339 detenciones de personal militar y personas civiles asociadas. Para ese momento hablaron de 187 detenidos, 61 con medidas sustitutivas y 41 en libertad. “En unos pocos casos, la DGCIM arrestó, detuvo y torturó a civiles no afiliados a ninguna operación o personal militar”.
Los pasos de los arrestos
Es muy importante acercar el foco a los arrestos que hace la DGCIM y que el informe de la ONU explicó muy bien, porque siguen patrones similares, muchos de ellos denunciados en el marco de los juicios que se están llevando a cabo actualmente.
La Misión identifica los siguientes:
1. Tuvieron lugar durante el día, ya sea en el lugar de trabajo del detenido o en la base militar o en las instalaciones de la DGCIM, en ocasiones después de que el detenido fuera convocado a una reunión.
2. Los oficiales de la DGCIM no se identificaban y a menudo tenían el rostro cubierto y/o usaban alias. No obstante, su afiliación institucional era evidente por sus uniformes o, en algunos casos, por el logotipo de los vehículos.
3. Los arrestos tuvieron lugar en diferentes lugares del país. En los casos revisados, los arrestos se realizaron en 13 de los 23 estados de Venezuela.
4. Los detenidos fueron llevados a la sede central de la DGCIM en Boleíta en Caracas, ya sea directamente o pasando primero por sitios clandestinos de detención, por un periodo de horas o días.
5. Durante los traslados, la mayoría de las víctimas tenían los ojos vendados o eran traídas por rutas indirectas, supuestamente para confundirlas sobre su paradero.
6. La Misión identificó un patrón en el que los funcionarios de la DGCIM no presentaban órdenes de detención y/o no explicaban el motivo de la detención en el momento del arresto, en violación de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.
7. La Misión tiene motivos razonables para creer que esa práctica era habitual.
8. En todos los casos investigados, salvo uno, la Misión observó una discrepancia entre la fecha del último paradero conocido de la víctima y la fecha oficial de detención o la fecha oficial de la orden de aprehensión.
9. Las actas oficiales solían señalar la fecha de detención dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de la audiencia de presentación, supuestamente para cumplir el plazo establecido por la ley para la presentación ante un tribunal después de la detención. Por ejemplo, se desconocía el paradero del capitán Rafael Acosta Arévalo desde el 21 de junio de 2019, según lo anunciado por su familia en los medios de comunicación social, pero su fecha oficial de detención aparece como el 26 de junio de 2019, dos días antes de su audiencia de presentación.
10. En cada uno de los casos que la Misión investigó, en las horas o los días siguientes a las detenciones, las autoridades gubernamentales de alto nivel hicieron declaraciones públicas sobre los delitos de los que el detenido era culpable y a veces mostraron información que lo respaldaba, como las imágenes de video recogidas por los informantes de las reuniones en las que supuestamente se habían planeado intentos de golpe de Estado.
11. La Misión observa que esas declaraciones perjudicaron la presunción de inocencia y además ejercieron presión sobre los agentes judiciales, en violación de los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los representantes del Gobierno que formularon declaraciones con frecuencia se encontraban el Presidente Maduro, Diosdado Cabello (en su programa de televisión “Con el Mazo Dando”); el Ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez Gómez; el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y/o el Ministro del Interior, Néstor Reverol.
“Llegó a tener desprendimiento de testículos a causa de las torturas”: El sufrimiento del capitán Caguaripano
La costumbre de desaparecer
Una de las acciones impuestas en la DGCIM y en el SEBIN es la figura de la desaparición cuando una persona es detenida. Eso permite que la torturen sin notificar ante el Tribunal que está bajo custodia del organismo en cuestión.
La comisión de la ONU reveló que tuvo motivos fundados “para creer que algunos disidentes militares y personas relacionadas con ellos fueron objeto de desapariciones forzadas de corta duración”.
“Una vez detenidos, militares y civiles asociados fueron mantenidos sin ningún contacto con el mundo exterior, durante periodos de cinco a siete días sin poder llamar a familiares o abogados para informarles de su paradero”.
Lo que ha sucedido en cientos de casos, los familiares de los detenidos se presentan a las oficinas de la DGCIM para averiguar su paradero. “En algunos casos, no se les proporciono información y en otros, el personal de la DGCIM negó tener conocimiento del paradero de los detenidos”.
Es relevante lo que indicó la Misión. “Las normas internacionales de derechos humanos no establecen un periodo mínimo de tiempo durante el cual un detenido deba ser sometido a una desaparición forzada para que se produzca la violación”.
La investigación que hizo la Misión les reveló que “la DGCIM detenía con frecuencia a las personas en centros de detención clandestinos o non-oficiales, especialmente en las primeras horas o días de detención. El examen de los casos por la Misión reveló que desde 2018, el uso de estas instalaciones por parte de la DGCIM ha incrementado”.
“Los primeros días de la detención personas detenidas fueron llevadas a la sede de la DGCIM Boleíta o a centros no oficiales de detención”. Identificó seis lugares de detención clandestinos:
• Un sitio en San Bernardino cerca de Crema Paraíso.
• Una casa en el área de Bello Monte de Caracas.
• Una casa en la urbanización San José en el Fuerte Tiuna o cerca, en Caracas.
• Un sitio en el Fuerte Tiuna donde el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejercito tienen su sede.
• Un sitio comúnmente conocido como Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de Los Altos en el estado Miranda.
• Una ubicación en la zona montañosa del municipio de El Hatillo, estado Miranda.
Es tortura
Los investigadores de Naciones Unidas dijeron tener “motivos razonables para creer que el trato infligido a los detenidos militares en los casos investigados equivale a tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se define como los actos que causan dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental. Para que puedan calificarse como tortura, esos actos deben ser infligidos intencionadamente, cometidos con un propósito especifico e implicar a un/a funcionario/a publico/a, ya sea directa o indirectamente”.
“El propósito específico podría incluir la obtención de una confesión, la obtención de información, el castigo, la intimidación, la humillación, la coerción o cualquier razón basada en la discriminación”.
“Oficiales de la DGCIM cometieron torturas contra los detenidos en cada uno de los casos estudiados”, asevera la Misión y es exactamente lo que demuestran los testimonios de los militares detenidos y torturados, que son simbólicos como los casos de Igber Marín Chaparro y el coronel Jonny Mejía Laya.
“Los actos de tortura se produjeron generalmente durante los interrogatorios, poco después del arresto mientras los detenidos estaban incomunicados y antes de la audiencia de presentación. Algunos detenidos también fueron torturados durante periodos posteriores de detención en Boleíta”.
“Las preguntas formuladas a los detenidos sugieren que los actos se llevaron a cabo para obtener una confesión del detenido, obtener información sobre la participación de otros en presuntas conspiraciones y/o castigar al detenido”.
Es importante lo que revela el informe sobre lo que un ex funcionario de Dgcim le dijo a la Misión, confirmando la tortura en la DGCIM. “La fuente dijo: ‘Había tortura en los centros de detención. Lo supe por los colegas que me hablaron de ello. Tenías que sacarle la información a la persona a cualquier precio’”.
Los investigadores dijeron que tienen información sobre los patrones de conducta y los métodos de tortura utilizados por oficiales masculinos y femeninos de la DGCIM, contra militares y personas asociadas. “Los casos examinados sugieren que los métodos de tortura de la DGCIM evolucionaron entre 2014 y 2020, con una agudización de la violencia desde 2017”.
Runrun.es hizo una recopilación de las noticias económicas más importantes del momento. Ventas flojas en navidad, caída de la economía ronda por 30 % y Sebin arresta a trabajadores de la refinería El Palito, son los temas más destacados del día.
Freddy Bernal: La mejor manera de controlar la frontera es abrirla comercialmente
El candidato para la Asamblea Nacional, cabeza de la lista regional por la alianza PSUV – Gran Polo Patriótico, Freddy Bernal, habló sobre la propuesta parlamentaria que pretende llevar al palacio legislativo, de ganar las elecciones este 6 de diciembre. Se enfocó en la reactivación fronteriza y en la lucha contra las sanciones económicas norteamericanas sobre Venezuela, como bandera de sus propuestas. “La mejor manera de controlar la frontera es abrir la frontera comercial”, declaró, al mismo tiempo en que explicó que son las mafias las únicas beneficiadas con la frontera cerrada. Descifrado
Ventas «flojas» en navidad reflejan la crisis económica que vive el país
La tristeza se respira en las calles. Llegó diciembre y la asfixiante crisis económica impide que los valencianos puedan comprar los estrenos de Navidad y Año Nuevo. Jetzy Villasana se siente deprimida. Después de un recorrido por las vitrinas del bulevar Constitución de Valencia, llegó a la melancólica conclusión: no habrá ropa nueva para ninguno de sus tres hijos por lo que resta de año porque el dinero no le alcanza. “Es muy triste trabajar todo el año y no tener para comprarle estrenos a mis hijos, ni el niño Jesús, ni nada”. Descifrado
La caída de la economía del país este año ronda por 30% y lo califican de «catastrófico»
Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica afirmó que «el año 2020 ha sido catastrófico para Venezuela y el mundo. En el país la caída de la economía ronda el 30% y estimamos que se siga contrayendo aunque en un ritmo menor». «De cara al 2021 la economia venezolana no se perfila que crezca, nosostros estimamos que se siga contrayendo y puede estar por el orden del 1%, hemos llamado a eso estabilización en el foso», expresó. Descifrado
Entra en vigencia reforma de ordenanzas sobre actividades económicas e inmuebles en Caracas
Este martes 1° de diciembre entraron en vigencia las Ordenanzas de Impuestos sobre Inmuebles Urbanos y la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio y Servicios, normativas legales que se dan en cumplimiento al acuerdo nacional de armonización tributaria, reseña el portal VTV. Como política de la nueva institucionalidad fiscal, se creó un nuevo clasificador de actividades económicas simplificadas y con disminución de alícuotas, el cual servirá como elemento orientador para establecer alícuotas mínimas y máximas de impuestos municipales de las actividades de producción, industria, comercio y servicios, difundió la municipalidad. Bancaynegocios
Trabajadores: incendio por falla en una válvula paró la refinería El Palito
Una falla paralizó de nuevo la producción de gasolina en la refinería El Palito del estado Carabobo desde el lunes 30 de noviembre, cuando una válvula explotó y provocó un incendio leve. Este pudo ser controlado, pero la falla causó, una vez mas, el cese de la actividad refinadora. El Pitazo
Asamblea Nacional se mantiene sin decidir si apela sentencia que declaró la legalidad del bono PDVSA 2020
La sentencia de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, que reconoce la legalidad de los bonos PDVSA 2020 fue publicada este 1º de diciembre y a partir de esa fecha corre un plazo de un mes, que vence el 2 de enero de 2021, para que la autoridades de Petróleos de Venezuela nombradas por la Asamblea Nacional decidan si apelan esa decisión u optan aceptar el dictamen que ordenar pagar 1.924 millones de dólares a los tenedores de estos títulos. Petroguía
Sebin arresta a trabajadores de la refinería El Palito
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) practicaron este lunes la detención de un grupo de trabajadores de la refinería El Palito, estado Carabobo, acusado de retardos y sabotaje en el arranque de la planta. El Carabobeño
Reactivan planta compresora de gas en Anzoátegui para 20.000 bombonas
Este miércoles 2 de diciembre ha sido reactivada la Planta Compresora Santa Rosa, con la que reincorporan 120 millones de pies cúbicos de gas para satisfacer el mercado interno, anunció el vicepresidente Sectorial del Área Económica, Tareck El Aissami. Banca y Negocios
El comisionado afirmó que Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y por tanto, debe ser condenado
La ONU ratificó las incoherencias en las versiones sobre la muerte del concejal Fernando Albán, que fueron documentadas por la Misión de Determinación de Hechos, afirmó el Julio Borges, comisionado para las Relaciones Exteriores del gobierno encargado de Venezuela que preside Juan Guaidó.
Borges aseveró que en el informe se revela que las huellas dactilares encontradas por el Cicpc en la ventada no pertenecían a Fernando Albán, sino a un funcionario del Sebin.
La Misión de la ONU ratificó la incoherencia en las versiones sobre la muerte de Fernando Albán. Sabemos que fue asesinado por el régimen de Maduro y por ello, estamos luchando para que la justicia universal se imponga y los responsables de este y tantos delitos sean juzgados. pic.twitter.com/ENDI0EO8uD
«La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ratificó las incoherencias en las versiones sobre la muerte de nuestro hermano Fernando Albán. Sabemos que fue asesinado por el régimen criminal de Nicolás Maduro y por ello, estamos luchando para que la justicia universal se imponga y los responsables de este y tantos delitos sean juzgados», indicó Borges.
«El informe de la ONU debe alimentar varios procesos de presión. Uno es la justicia universal, que debe ejercerse tanto en la CPI como en cada país, el otro es la responsabilidad para proteger. Tiene que haber un antes y después de este informe, ya no se trata de indicios o presuntos hechos, es una realidad firme, Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y por tanto, debe ser condenado», reiteró el comisionado.
El informe es un instrumento fundamental para el ejercicio de la justicia universal y la activación de la responsabilidad para proteger.
