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Provea: Excarcelan a dirigente social Jairo Pérez
Esta fue la segunda detención del líder comunitario en lo que va de año

 

El dirigente social de la parroquia La Vega de Caracas, Jairo Pérez, fue excarcelado este sábado, 24 de julio, luego de pasar 10 días detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del sector La Quebradita, en San Martín. Así lo informó la ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su cuenta en Twitter, donde detalló que el líder comunitario continuará bajo régimen de presentación ante los tribunales.

«Ningún líder social debe ser procesado penalmente por ayudar a su comunidad. Libertad plena para Jairo #LaVegaSinJairoPérez», publicó Provea en la red social.

Pérez había sido arrestado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Sebin el pasado 14 de julio, mientras proyectaba una película infantil en su casa para niños de la comunidad, actividad que solía hacer todos los miércoles en las tardes. Los uniformados arribaron al sitio con armas largas y apuntaron a quienes estaban allí, pese a la presencia de niños y adolescentes en el sitio.

Esta fue la segunda detención de Pérez en lo que va de año. La primera ocurrió en marzo pasado cuando participaba en una protesta por la falta de agua en La Vega.

Freddy Guevara sigue incomunicado a una semana de su detención
Este 19 de julio se difundió un video que muestra cómo fue abordado el dirigente en la autopista Prados del Este.

 

El exdiputado Freddy Guevara, quien ya cumple una semana detenido por el Sebin, no ha podido tener contacto con sus abogados ni con su familia, denunció su equipo de trabajo.

«A una semana del secuestro de Freddy Guevara, la dictadura de Maduro sigue violando sus derechos. Ni la familia ni sus abogados lo han podido ver ni tener contacto. Freddy Guevara es inocente y debe ser liberado al igual que todos los presos políticos», se lee en la cuenta de Twitter de Guevara.

El Ministerio Público acusó a Guevara de estar relacionado con «grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano». Por esta razón, le serán imputados «delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria».

El abogado de Guevara, Juan González, calificó el arresto como «una detención con fines políticos» que considera «completamente absurda».

También presentó «un recurso de apelación» contra la medida de prisión preventiva adoptada por el juez que lleva el caso pues considera que «carece de fundamento».

Rechazo a la detención

David Smolansky, exalcalde de El Hatillo y también dirigente de Voluntad Popular, condenó la detención de Guevara y la calificó de «secuestro». 

«Lo secuestraron. Lo desaparecieron 48 horas. Lo tuvieron toda una madrugada en la audiencia de los tribunales del terror. Tiene una semana arbitrariamente detenido en la mayor cárcel de presos políticos de América Latina. La dictadura es la responsable», tuiteó.

Desde la cuenta de Twitter de Voluntad Popular denunciaron que, «hace una semana, el régimen de Maduro inició una nueva ola de persecución» contra el partido, «materializada con la detención arbitraria, desaparición forzada y el secuestro» de Guevara. 

«Reafirmamos nuestro compromiso de continuar exigiendo la libertad del diputado Guevara, quien es inocente de los delitos que el régimen decidió imputarle», se lee en otro tuit de la organización.

En otro mensaje, exigieron «el cese de la persecución» contra los activistas y dirigentes del partido, «además la libertad absoluta para Freddy y para todos los presos políticos».

Cuando se cumple una semana de la detención de Guevara se difundió un video que muestra cómo fue abordado en la autopista Prados del Este.

Juez ratifica medida privativa de libertad contra Freddy Guevara
El tribunal 4to estableció como lugar de reclusión el Helicoide, informó el partido Voluntad Popular 

 

Tras una audiencia que duró toda la madrugada del 15 de julio, un juez ratificó la medida privativa de libertad contra el dirigente Freddy Guevara y el tribunal 4to estableció como lugar de reclusión el Helicoide, informó vía Twitter el partido Voluntad Popular.

«Freddy agradece a todos por el apoyo y asegura que siempre estuvo claro del riesgo que corría. Envía un mensaje al país: que sigamos en la lucha por la libertad de Venezuela», fue otro mensaje de la organización política.

La noche del 14 de julio, poco después de que Guevara fuera trasladado a los tribunales, el partido había tuiteado: «Después de 58 horas de desaparición forzada, el diputado Freddy Guevara está en los tribunales donde el régimen pretende incriminarlo en delitos que jamás ha cometido para justificar la nueva oleada de persecución contra Voluntad Popular».

EFE Jul 14, 2021 | Actualizado hace 3 años
Sebin detuvo a la madre de Javier Tarazona
«Efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Sebin se llevaron a la señora Teresa Sánchez, madre de Javier Tarazona, mientras realizaban allanamiento de su hogar», escribió Fundaredes en su cuenta de Twitter

 

Varios activistas venezolanos denunciaron el 14 de julio la detención de Teresa Sánchez, madre del director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien se encuentra preso desde el pasado 2 de julio junto a otras dos personas de esa organización.

«Efectivos del (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) Sebin se llevaron a la señora Teresa Sánchez, madre de Javier Tarazona, mientras realizaban allanamiento de su hogar», escribió Fundaredes en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la también activista de esa organización Clara Ramírez escribió en la misma red social que Sánchez «es beneficiaria, al igual que Tarazona, de una medida cautelar otorgada» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dicha decisión la tomó la CIDH el 1 de julio de 2020 «tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».

El abogado Orlando González, miembro de la ONG Foro penal en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado fronterizo Táchira, donde reside Tarazona, afirmó que los funcionarios del Sebin se llevaron a Sánchez con «rumbo desconocido» junto a un menor de edad.

En un video difundido en Twitter por el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, González explicó que en el allanamiento del domicilio de Tarazona no estuvo presente su abogado ni permitieron el acceso de testigos.

Tarazona fue detenido junto a su hermano Rafael y Omar García, ambos miembros de Fundaredes, y los tres fueron imputados este sábado por «incitación al odio» y otros delitos.

«Javier Tarazona, defensores de DDHH de Fundaredes, quedan privados de la libertad. Les imputan supuesta traición a la patria, terrorismo e incitación al odio», indicó el director Himiob el pasado 3 de julio.

Tarazona fue una voz fundamental para informar acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldó indeterminado de fallecidos.

Al frente de Fundaredes, se convirtió en una fuente clave para conocer lo que sucedía en la zona ante la falta de datos oficiales.

Traslado de presos de la Dgcim y Sebin fue prorrogado por 30 días
Desde mayo el régimen chavista inició a la transferencia de custodia de los reos de la Dgcim y el Sebin al Ministerio de Servicios Penitenciarios

El traslado de presos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), fue prorrogada por 30 días más.

La información la dio a conocer el abogado Joel García, defensor de los derechos humanos. Detalló que la decisión se publicó en la Gaceta Oficial Nº 42.147 con fecha del viernes 11 de junio.

“Según Gaceta Oficial N° 42.147 de fecha viernes 11/06/2021 y Decreto 4528, se prorroga por un lapso de 30 días el traslado de los presos, que aún se encuentran en la DGCIM y SEBIN a los establecimientos penitenciarios”, publicó en su cuenta de Twitter.

Vale recordar que, desde mediados de mayo, el régimen chavista inició a la transferencia de custodia de los reos de la Dgcim, adscrito al Ministerio de Defensa; y del Sebin, dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia; al Ministerio de Servicios Penitenciarios, lo que implica el traslado a cárceles comunes.

La situación fue alertada y denunciada por defensores de los derechos humanos en el país, así como por los abogados de los presos afectados por la medida, pues este proceso se realizó sin aviso previo y en detrimento de la normativa vigente.

El pasado 11 de junio, la ministra de Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, informó que el proceso de traslado comenzó con un primer grupo, que sería radicado en las regiones Capital y Central, principalmente en las cárceles de Rodeo, Yare y el Complejo Judicial Carabobo; por lo que restaban otros grupos.

Al respecto, la funcionaria chavista destacó que intentaban organizar los traslados de forma que los presos se localizaran en una cárcel cercana al tribunal en el que tienen abiertos sus expedientes.

«Estamos procurando que los reclusos estén cerca del tribunal donde tienen abierto el expediente. Esto con la idea de no retrasar su proceso judicial por razones de traslado, entre otros», explicó.

Con información de TalCual

EFE Jun 07, 2021 | Actualizado hace 3 años
Guaidó denuncia persecución a su esposa e hija
«La dictadura continúa la persecución constante a los venezolanos, en este caso a mi familia, no solo en consulta de embarazo, también camino al pre-escolar de mi hija Miranda», tuiteó

 

El presidente (E), Juan Guaidó, denunció el 6 de junio «persecución» a su esposa y a su hija, después de que un usuario de Twitter le advirtiera que había observado como los cuerpos de seguridad del Estado perseguían a su mujer el pasado 4 de junio.

El simpatizante advirtió al opositor, a través de la red social, que vio a su esposa «bajarse de su carro para ir a consulta» a hacer un chequeo de su embarazo, mientras era perseguida -aseguró- por efectivos, cuyo grupo no aclaró, al referirse a «Sebin DGCIM», que son dos cuerpos de seguridad diferentes, aunque ambos son estatales.

El simpatizante que advirtió al dirigente opositor no explicó por qué él sabía que la esposa de Guaidó iba a un chequeo médico, específicamente relacionado con su embarazo, un detalle que despertó la curiosidad de otros usuarios, alguno de los cuales lo calificaron de «montaje».

El tuit hizo que Guaidó reaccionase en la misma red social: «La dictadura continúa la persecución constante a los venezolanos, en este caso a mi familia, no solo en consulta de embarazo, también camino al pre-escolar de mi hija Miranda».

«Lo escribo hoy por la cantidad de mensajes preguntándome si están bien, gracias a Dios, lo están. No lo comunicamos antes para no preocupar a mi familia, la mayoría en el exilio o también perseguida, pero no podemos normalizar esto», explicó el opositor.

«La dictadura sabe que no nos afecta, que seguimos porque nuestros hijos, y todos los niños de Venezuela, merecen crecer en libertad», insistió.

Guaidó denunció, en ocasiones anteriores, persecución hacia él y «acoso» de las fuerzas de seguridad del Estado en su zona de residencia, aunque se desconoce si en algún momento planteó denuncia formal ante algún organismo nacional o internacional con las correspondientes pruebas.

Presos políticos y comunes en Venezuela

@cnietopalma

Nuevamente el tema de los presos políticos y comunes vuelve a la discusión de la opinión pública, a raíz del decreto 4610 publicado en la Gaceta Oficial número 42.125, con fecha del 12 de mayo. Este ordena a la DGCIM y al SEBIN transferir el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad al Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Esta decisión ha sido cuestionada por familiares de los presos políticos que se encuentran en estos recintos y que han manifestado su negativa a que estos permanezcan junto a presos comunes en sus sitios de reclusión.

Quiero aclarar que la legislación venezolana, tanto en el Código Orgánico Penitenciario, como el decreto de creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, establece que los privados de libertad, sean procesados o penados, deben estar bajo el control de este ministerio.

No hay, al menos legalmente, ninguna normativa que establezca que los presos políticos y comunes deben estar en sitios diferentes.

De hecho, existe un buen número de presos políticos que han cumplido su detención en cárceles comunes, aun sin la existencia de este decreto; al igual que hay presos comunes detenidos en la sede del SEBIN.

Tengo claro que la gran diferencia que existe entre los presos políticos y los comunes es que los primeros no cometieron delito alguno, más allá de pensar diferente y luchar por la salida de la dictadura que vivimos los venezolanos. En cambio, los presos comunes están privados de su libertad por haber delinquido. O por presuntamente haberlo hecho, si tomamos en cuenta que el 70 % de los privados de libertad en Venezuela sufren de retardo procesal. De modo que, según el artículo 49 de la Constitución nacional, son presuntamente inocentes por no tener una sentencia definitivamente firme.

Este decreto, lleno de una cantidad de considerandos innecesarios, solo viene a reafirmar lo que ya dice nuestra legislación respecto a quién se encarga de garantizar las condiciones de vida y respeto a los derechos humanos de los presos venezolanos.

Entiendo la preocupación de los familiares de los presos políticos por las condiciones infrahumanas en que están las cárceles comunes a las cuales serían enviados estos, según el decreto, en un lapso de 30 días. Aunque igualmente pienso que no es muy diferente a la que se vive en los lugares donde están actualmente detenidos y donde sus derechos humanos son violados de manera constante.

Reiterando que hay presos políticos que han estado en cárceles comunes desde hace tiempo, me viene a la memoria el caso de los 13 indígenas de la etnia pemón, apresados en diciembre de 2019, tras ser acusados de participar en el asalto a un cuartel militar en el estado de Bolívar, ocurrido el día 22 de ese año y que permanecieron en la cárcel Rodeo 2 desde su detención hasta el pasado 13 de febrero, cuando fueron liberados. En este caso es importante recordar que a comienzos de este año, uno de estos detenidos, Salvador Franco, falleció en el centro de detención que se encontraba, supuestamente víctima de tuberculosis que no fue atendida por las autoridades encargadas de su custodia.

Me atrevo a pensar que el objetivo de cerrar como centro de detención las instalaciones del SEBIN y DGCIM, es eliminar las evidencias de los centros de tortura que funcionan en ambos recintos, a raíz de la investigación que se sigue en la Corte Penal Internacional, pero los testimonios de las víctimas y sus familiares no podrán callarlos.

Por último, como lo he dicho muchas veces, los presos venezolanos tienen derechos humanos, al igual que el resto de la población; esto está bastante claro en el artículo 272 de nuestra Constitución nacional. Y estos le deben ser garantizados por las autoridades encargadas de su custodia.

Instagram: @carlos_nieto_palma

cnietopalma@gmail.com

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Foro Penal: Mayoría de traslados de presos políticos se han dado antes del decreto
Gonzalo Himiob informó que desde antes de que se publicara la Gaceta Oficial se dieron traslados de presos políticos

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob aseguró que el traslado de presos políticos se venía haciendo desde mucho antes de que se publicara la Gaceta Oficial 42.125 donde se ordena el traspaso de custodia de presos del Sebin y la Dgcim al Ministerio de Servicio Penitenciario.

En rueda de Prensa, Himiob indicó que eso «ya tiene mucho tiempo haciéndose» y que hasta el 5 de mayo, habían llevado desde la Dgcim hasta cárceles comunes, a 48 presos, 17 de ellos presos políticos.

«El llamado que hacemos es a no generar una alarma innecesaria con una situación que no es nueva y que no tiene vinculación con la Gaceta», solicitó.

El defensor de derechos humanos, también dijo que después de que se publicó la Gaceta Oficial no ha habido una gran cantidad de traslados de presos políticos, y que el jueves, 20 de mayo, recibieron la confirmación de que se dieron 4 nuevos traslados. «La mayoría de los traslados se han dado antes del decreto». 

Agregó que el hecho de que se trasladen desde estos organismos a cárceles comunes, no implica que dejen de ser presos políticos y que su detención sea arbitraria y en condiciones precarias. «Salvo en algunos casos puntuales, que puede haber cambios para mejor o para peor, pero básicamente se mantendrá igual».

Himiob indicó que el problema con los traslados, es que se está violando el Código Orgánico Penitenciario, y que no se le está informando a los familiares y a la defensa. «No implica una mejoría en sus condiciones, porque en Venezuela no hay una sola cárcel o centro de reclusión que cumpla con las Reglas Mandela, que son los estándares internacionales», añadió.

Fichas de negociación

Sobre un posible nuevo proceso de negociación, entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, dio su visto bueno, pero pidió que no se utilicen a los presos políticos como una ficha de negociación. «Esto lo hemos repetido en múltiples ocasiones, cada preso político es un ser humano, que tiene familia, hijos, que sufren su prisión», recalcó. 

Romero aseguró que dan la bienvenida a la liberación, aunque sea de una sola persona, pero que el Foro Penal no se prestará a apoyar o utilizar a los presos políticos como piezas de negociación. «Creemos que los diálogos son necesarios. Cómo no aceptar un proceso que lleve a la transición y claro que el Foro Penal se haría parte, pero hay que comprender la situación humana de los presos políticos, hay que saber y conocer la situación de cada uno», explicó.

Por eso dijo que una negociación debe contemplar que no se encarcelen más personas. «El Foro Penal abierto a cualquier posibilidad y da la bienvenida a la liberación de presos políticos y que el país tenga un proceso real de paz, eso sí, paz sin impunidad», expresó.

Igualmente indicó que hasta la fecha se registran 306 presos políticos, de los cuales solo el 15% ha recibido una condena, mientras que 53% llevan dos años sin juicios, por lo cual denunció que deben ser liberados, porque el Código Orgánico Penal señala que una persona no puede estar detenida por más de dos años sin condena.