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Denuncian que el Sebin detuvo a medianoche y sin orden judicial a activista de Encuentro Ciudadano
Nelson Piñero es muy activo en la red social X en donde publica activamente denuncias y mensajes contra del gobierno y la situación del país

 

La mañana de este miércoles, 22 de noviembre, el partido político Encuentro Ciudadano denunció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se llevó detenido al activista Nelson Piñero. 

A través de la cuenta en X (antes Twitter), Encuentro Ciudadano informó que la detención se produjo a media noche sin ninguna orden judicial.

El hijo de Piñero utilizó la cuenta en X de su padre para informar la situación e indicó que desconocían el motivo de la detención.  Luego, compartió unos mensajes desde su cuenta personal

«Mi tía acaba de llegar del Sebin en donde tienen detenido a mi papá y no dieron información alguna. Dijeron que le llevara comida y ropa que estaba detenido por cosas de Twitter, pero no sabían cuál iba a ser su proceso, por favor liberen a mi papá», dijo el hijo de Pinero.

Nelson Piñero es muy activo en la red social X en donde publica activamente denuncias y mensajes contra del gobierno y la situación del país. 

Delsa Solorzano, presidenta del partido, se pronunció por el hecho y responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por la integridad física del activista. Además exigió saber sobre su paradero.

Fundaredes exige la liberación de Javier Tarazona tras 600 días detenido
El Alto Comisionado Volker Türk solicitó la liberación de todos los presos políticos, y aseveró que su oficina sigue de cerca la situación de varios detenidos, entre ellos Tarazona

El miércoles 22 de febrero el abogado y director de la organización Fundaredes, Javier Tarazona, cumplió 600 encarcelado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), El Helicoide.

Tarazona se encuentra detenido desde el 2 de julio de 2021. Se le acusa de los presuntos delitos de instigación al odio y terrorismo, debido a las denuncias de la ONG sobre la presencia de grupos irregulares en varios estados de la frontera venezolana.

Fundaredes solicitó al Estado venezolano su libertad plena, y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) que califique como arbitraria la detención de Tarazona.

Tras su visita a Venezuela el pasado 28 de enero, el Alto Comisionado Volker Türk solicitó la liberación de todos los presos políticos, y aseveró que su oficina sigue de cerca la situación de varios detenidos, entre ellos Tarazona.

Tarazona fue detenido junto a su hermano, José Rafael Tarazona, y el activista, Omar de Dios García, cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios del Sebin. Ese mismo día fue trasladado a Caracas y recluido en El Helicoide, una de las sedes de ese organismo de seguridad.

«Rafael Tarazona y Omar De Dios Garcia son inocentes de los crímenes que se le acusan, así como nuestro director Javier Tarazona quien cumple injustamente 600 días detenido arbitrariamente», denunció Fundaredes en su perfil de Twitter.

García y José Rafael Tarazona fueron excarcelados posteriormente y se mantienen bajo régimen de presentación ante tribunales. El juicio de los tres activistas se ha paralizado en varias ocasiones debido al continuo diferimiento, falta de convocatoria de las audiencias y la enfermedad del juez del Tribunal Tercero con Competencia en Terrorismo de Caracas.

*Con información de Tal Cual Digital. 
Centros de detención deshabilitaron temporalmente sus celdas de tortura para visitas de organismos internacionales
Durante 2022, Venezuela recibió dos visitas claves en materia de derechos humanos, una representación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y otra, que aún continúa en el país, de la Misión de la Alta Comisionada de DD.HH. de las Naciones Unidas. El Instituto Casla aseguró que tras la llegada de ambas entidades internacionales ciertos centros de detención, donde se ejecutan tratos crueles, deshabilitaron temporalmente sus celdas de tortura

El Instituto Casla de Praga denunció en su informe anual que  los crímenes de lesa humanidad continúan ocurriendo en Venezuela. Entre enero de 2022 y enero de 2023, la organización evidenció que el Estado venezolano continúa realizando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales, tortura y violencia sexual.

“La represión continúa de forma sistemática contra todo aquel que se opone o protesta”, indicó el documento.

En 2022, la lista de presos políticos creció, tras las detenciones de sindicalistas, militantes de partidos políticos, militares y civiles, jóvenes y activistas de derechos humanos, médicos y empleados del sector salud. 

Dentro de su informe, el instituto incluyó una lista de aquellos funcionarios que fueron señalados reiteradamente por víctimas como los jefes inmediatos y los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad descritos en el informe. Entre ellos destacan: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Iván Hernández Dala, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); Tarek William Saab, fiscal general de la República, Carlos Terán Hurtado, director del DGCIM sede de Boleíta. 

Por otro lado, el informe detalla que la población venezolana vive su día a día con la ausencia total o parcial del Estado. El Instituto denunció que la presencia de grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación del Pueblo (ELN), y el Ejército Popular de Liberación (EPL) se han hecho dueños de territorios en el interior del país, donde predomina el secuestro, los enfrentamientos entre ellos o con organismos de seguridad, ocasionando el desplazamiento forzoso de poblaciones enteras, trata de personas, reclutamiento de niños y jóvenes.

“La presencia de grupos paramilitares demuestra la complicidad por un lado y la incapacidad por el otro del Estado venezolano, de no tener control territorial ni intención real de poner orden”, aseguró el informe. 

Ocultar la verdad a la comunidad internacional

Durante 2022, Venezuela recibió dos visitas claves en materia de derechos humanos, una representación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y otra, que aún continúa en el país, de la Misión de la Alta Comisionada de DD.HH. de las Naciones Unidas. 

El Instituto Casla aseguró que tras la llegada de ambas entidades internacionales ciertos centros de detención, donde se ejecutan tratos crueles, deshabilitaron temporalmente sus celdas de tortura. 

Tal es el caso de las celdas que están ubicadas en los tres sótanos de la sede de la DGCIM en Boleíta. La conocida «celda de los Locos» ubicada en el sótano 2, que había sido convertida en una oficina, ha sido nuevamente habilitada, con paredes forradas de material aislante y pintada de gris y negro y con cámaras ocultas. Dos celdas ubicadas en el sótano 3, mejor conocido como «la Casa de los Sueños» fueron tapizadas con material aislante, pintadas de gris oscuro y negro, colocándoles WC de aluminio sin tapa, quitándole repisas y colocando cámaras enfocando todos los lugares de las celdas.

“El objetivo es utilizarlas para presos políticos que se encuentran en ese lugar, sean castigados, incomunicados, aislados  completamente de ruidos y luz, y que sus gritos no sean escuchados”, denunció el informe.

Además de deshabilitar algunos espacios para torturar, el estudio indicó que el Estado venezolano apresuró juicios cuyos detenidos ya tienen entre tres y siete años esperando la audiencia preliminar o comienzo del juicio, sobornando a las víctimas para que se declararan culpables, ofreciéndoles reducción de la pena y otros supuestos beneficios, poniéndolos a grabar videos para que dijeran que no fueron torturados.

Estado venezolano perfecciona su mecanismo de tortura

El informe anual explicó que a través de nuevos testimonios y denuncias obtenidos entre enero 2022 y enero 2023, se pudo conocer la utilización sistemática de las torturas que no dejan huella física en los nuevos detenidos, así como en los que ya se encuentran en las cárceles de los organismos de seguridad. 

“El gobierno muestra su talante perverso y cruel, torturando y maltratando a sus víctimas, pero cuidándose de no dejar huellas físicas”, afirmó el Instituto Casla.

De acuerdo al estudio, el Estado venezolano aplica los siguientes métodos de tortura en sus centros de detención:

Aplicación de la tortura psicológica en los organismos de seguridad: Amenazas de detención, detención o simulación de tener detenidos a familiares de personas detenidas o buscadas por el régimen, el dolor de otros detenidos en la sede de la DGCIM en Boleíta, y la del SEBIN en el Helicoide, la falta de atención médica oportuna, así como la privación de alimentos e hidratación, Privación y/o falta de privacidad absoluta de la visita familiar y las llamadas telefónicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes incluyendo a la familia.

Aplicación de la tortura blanca en los organismos de seguridad: Aislamientos de sus familiares y abogados desde 72 horas hasta seis meses; tortura visual, con el fin de impedir su capacidad visual; privación sensorial, método de tortura que implica el encierro en solitario y que tiene que ver con la restricción parcial o total de estímulos aplicada a uno o varios sentidos.

Torturas físicas: como descargas eléctricas sobre suelo o u objeto mojado, azotes en las plantas de los pies o bastinado con látigos, correas, cables o un palo, desprendimiento de uñas de las manos y/o pies, arrastrados por lugares boscosos desnudos, atados y encapuchados, ruleta rusa y descargas eléctricas en testículos, tetillas, uñas de las manos o los pies, y costillas, atadas de pie a una columna u otro objeto fijo, ahogamiento por inmersión en pozo natural, o con utensilios para agua o bolsas plásticas llenas de agua, fracturas o heridas contundentes en el rostro que causan deformaciones permanentes o temporales, asfixias con bolsas plásticas llenas de productos químicos e inyecciones con producto desconocido. 

Violencia sexual: las víctimas fueron desnudadas completamente para someterlos a largos períodos de tortura, expuestos ante los funcionarios y otras víctimas que estaban torturando al mismo tiempo. Al menos dos de ellas fueron amenazadas con violarlas. 

Los señalados de torturar

Además de identificar los tratos crueles que ejecuta el Estado venezolano, el instituto identificó a aquellos funcionarios que fueron señalados reiteradamente por víctimas y testigos en las incidencias denunciadas en 2022, como los jefes inmediatos y los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad descritos en el informe: 

  • Nicolás Maduro Moros. 
  • Diosdado Cabello 
  • M/G Vladimir Padrino López 
  • M/G Iván Hernández Dala, Director de la DGCIM 
  • Tarek William Saab. Fiscal General de la República 
  • G/D (Ej) Carlos Terán Hurtado, director de la DGCIM Boleíta. 
  • Comisario Carlos Calderón Chirinos. SEBIN. 
  • G/B (Ej) Manuel Christopher Figuera, ex subdirector del DGCIM y exdirector del SEBIN. 
  • C/B (Ej) Rafael Franco Quintero. (Ej) exjefe de Investigaciones del DGCIM hasta febrero del 2020. 
  • Gral. Hannover Esteban Guerrero Mijares, Jefe de Investigaciones del DGCIM. 
  • G/D Octavio Gomez Hernandez: Director de los Servicios Penitenciarios Militares 
  • Cnel. Asdrubal José Brito Hernández, actual Jefe de Investigaciones del DGCIM 
  • Cnel. Alexander Enrique Granko Arteaga. Director de Asuntos Especiales DAE y DGCIM 
  • Carlos Alberto Calderón Chirinos, Oficina Superior (SEBIN) 
  • Comisario Angel Flores (SEBIN) 
  • Comisario Hemis Cermeño (SEBIN) 
  • Comisario Joel Cacique 
  • T/Navio Abel Angola, Área de Investigación y jefe del cuarto de evidencias. DGCIM, hoy dia ZOCIM Carabobo 
  • T/Cnel (GNB) Néstor Nepalí Blanco Hurtado, exjefe de Investigaciones del DGICIM, hoy dia ZOCIM Barinas 
  • Mauro Alexis Bracho. Jefe de Asuntos Penitenciarios del Mismo Ministerio en el DGCIM, Boleita. 
  • Cap. Jonathan Becerra, funcionario del DGCIM 
  • Cap. Jesús Cárdenas. DGCIM 
  • Ptte. Moisés Saúl Méndez Calderón, funcionario del DGCI 
  • Fiscal: Farib Mora 
  • Fiscal Dinora Bustamante

El documento reiteró que los señalados como presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad por entidades internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siguen actuando libremente y sin que se conduzca una investigación por parte del Ministerio Público o la Fiscalía Militar, para identificar a los altos y medios responsables. 

*Puede leer el informe completo aquí.

Enfermeros de Carabobo denunciaron presencia del Sebin en residencia de gremialista
El hecho ocurrió después de las 5:00 p.m. Para ese momento, la esposa y los dos hijos menores de Julio García, presidente del Colegio de Enfermería de Carabobo, estaban en la casa, ubicada en la urbanización El Trigal, al norte de Valencia 

Foto referencial

Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, denunció que funcionarios del Sebin habían llegado, la tarde del 20 de enero, a la residencia de Julio García, presidente del Colegio de Enfermería de Carabobo.

«Con persecución y amedrentamiento no se resuelve lo que vivimos los trabajadores públicos. Rechazamos esta acción», tuiteó Zambrano.

Una nota publicada por El Pitazo reseñó que el hecho ocurrió después de las 5:00 p.m, «cuando la esposa y los dos hijos menores de García estaban en la casa, ubicada en la urbanización El Trigal, al norte de Valencia».

De acuerdo con la nota, habitantes del sector informaron que al lugar llegaron «al menos cinco funcionarios, vestidos de negro, en dos unidades del Sebin y rodearon la casa». Según el medio, pasadas las 7:00 p.m. los efectivos policiales se retiraron del lugar. 

El gremio de enfermeros emitió un comunicado a través del cual rechazó el hecho.

«En este momento unidades del SEBIN se encuentran en la residencia del Dr. Julio Garcia Presidente del Colegio de Enfermeras (os) del Estado Carabobo, trataron de entrar a la misma pero fue impedido por la esposa de Julio quien se encuentra con sus dos hijos menores de edad, angustiada y desesperada ya que Julio no esta en su residencia y teme por la seguridad de su familia y la de Julio», se lee en el comunicado, que fue divulgado a través de la cuenta de Twitter del vicepresidente del gremio, el enfermero David Torrealba.

Con información de El Pitazo

 

“Se han llevado varias cosas”: VP denuncia que casa de Leopoldo López en Caracas sigue tomada
Dirigentes de Voluntad Popular aseguraron no tener información precisa sobre el paradero del vigilante Rubén Briceño, quien fue detenido en el momento en que los funcionarios tomaron la residencia

 

La casa de la familia del dirigente opositor Leopoldo López, en la que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) irrumpieron hace dos días, sigue «tomada» por las fuerzas de seguridad, informaron este lunes a EFE fuentes del partido político Voluntad Popular (VP).

«Nadie ha podido entrar. La casa está tomada por la dictadura. Lo que sabemos es que han roto paredes y se han llevado varias camionetas llenas de cosas», afirmó el equipo de prensa de VP.

Además, varios dirigentes de Voluntad Popular aseguraron no tener información precisa sobre el paradero del vigilante Rubén Briceño, quien fue detenido en el momento en que los funcionarios tomaron la residencia.

Este sábado, a través de varios mensajes en su cuenta en Twitter, López denunció que un grupo de hombres armados, a los que identificó como miembros del Sebin, entraron por la fuerza en la casa y se llevaron «bienes familiares, luego de forzar la entrada y reventar el muro».

Según su relato, los uniformados, «sin ninguna justificación, se llevaron secuestrado a Rubén Briceño, el vigilante que estaba presente».

Lepoldo López se encuentra en España desde octubre de 2020, tras salir de Venezuela huyendo de una condena de casi 14 años de prisión dictada en 2015 por la violencia desatada en protestas antigubernamentales de 2014.

Fuentes de VP aseguraron a EFE que la residencia a la que entraron los agentes es la misma que en la que el opositor pasó casi dos años bajo arresto domiciliario, en el este de Caracas.

Funcionarios del Sebin allanaron la casa del Leopoldo López
El político indicó que funcionarios Sebin ingresaron por la fuerza a su casa y en una camioneta salió carga da con bienes de la familia 

 

Este sábado, 22 de octubre, el político y dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, denunció que en horas de la mañana, un grupo de hombres armados ingresaron a la fuerza a la casa que tiene en Caracas. 

«Una camioneta pickup entró y salió cargada de bienes familiares, luego de forzar la entrada y reventar el muro», escribió López en su cuenta en Twitter.

El político indicó que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se llevaron secuestrado a Rubén Briceño, el vigilante que estaba presente.

«A esta hora desconocemos su paradero. El SEBIN mantiene la ocupación ilegal del inmueble», expresó.

Noticia en desarrollo…

Misión de la ONU acusa a Sebin y Dgcim de crímenes de lesa humanidad
El informe documentó al menos 77 casos de torturas y abusos a detenidos en la Boleíta y otras prisiones militares, así como 51 en el Helicoide y otros centros de detención del Sebin

 

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela acusó, este 26 de septiembre, al Sebin y a la Dgcim de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, mediante un modus operandi de abusos orquestado «desde el más alto nivel».

La presidenta de la misión, Marta Valiñas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela cometidas por ambos organismos.

«Ambas agencias cometieron violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, y entre estos se incluyen la tortura y otros malos tratos, la violencia sexual y de género, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de corta duración«, subrayó ante el Consejo formado por 47 miembros de la ONU.

El informe, que ya se publicó y presentó en rueda de prensa la semana pasada, documentó al menos 77 casos de torturas y abusos a detenidos en la Boleíta y otras prisiones militares -algunas clandestinas- del Dgcim, así como 51 en el Helicoide y otros centros de detención del Sebin.

«Tanto el Sebin como la Dgcim utilizaron la violencia sexual y de género contra las personas detenidas, a través de descargas eléctricas y golpes en sus genitales, violaciones o amenazas de violaciones, con el propósito de intimidarlas y humillarlas», subrayó Valiñas.

La jefa de misión negó que los crímenes fueran cometidos por individuos aislados sin conexión con las jerarquías, ya que los órganos de inteligencia «forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno que tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores».

Este plan fue orquestado «desde el más alto nivel político», subrayó Valiñas.

Responsables de los delitos

La experta no citó nombres en su comparecencia ante el Consejo, aunque el informe apunta a Nicolás Maduro como responsable último de los abusos. También cita al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, por su influencia en el Sebin.

El documento también señala al actual director general del Sebin, Gustavo Enrique González; al director del Helicoide entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número dos en ese período, Ronny González.

En el caso de la Dgcim se menciona al director general, Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.

«Tenemos motivos razonables para creer que estas personas son responsables por dichos actos y deben ser investigadas», aseguró Valiñas.

Según la misión de la ONU, las violaciones de los derechos humanos por parte de ambos organismos continúan hasta el presente, bajo «un clima de total impunidad».

Valiñas denunció que en el mismo día de publicación del informe, el pasado 20 de septiembre, funcionarios del Sebin se presentaron en la sede de Provea, mientras familiares de sindicalistas detenidos hacían una rueda de prensa reclamando justicia.

Violación de DDHH en el Arco Minero del Orinoco

Además de este informe, la misión presentó otro sobre violaciones de los derechos humanos en el estado de Bolívar, tras la creación en 2016 del Arco Minero del Orinoco.

Ello ha ido acompañado de una militarización de la región, con las fuerzas armadas y líderes gubernamentales involucrados en la explotación del oro.

«Grupos armados criminales, incluyendo los llamados sindicatos, operan abiertamente controlando zonas mineras e incluso poblaciones», señaló Valiñas.

Actores estatales y no estatales, a menudo enfrentados entre sí, han cometido delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género, destaca este segundo informe.

Con información de EFE

Sebin alegó que tenía “órdenes superiores” para hostigar en rueda de prensa en Provea
La amplia presencia de miembros de la prensa y activistas sociales, los obligó a los funcionarios a retirarse del lugar

 

La ONG Provea denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), intentaron ingresar a la sede de la ONG ubicada en Caracas, cuando familiares y abogados de los trabajadores humanitarios Néstor Astudillo, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés y Alcides Bracho, realizaban una rueda de prensa. 

Según detalla la ONG, dos funcionarios adscritos al cuerpo de seguridad, se presentaron a las 10:30 de la mañana del 20 de septiembre a la sede de la organización, y expresaron su intención de presenciar lo que se estaba diciendo en la rueda de prensa, organizada por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales con el apoyo de Provea.

«Sabemos que se está realizando una rueda de prensa, y tenemos órdenes superiores de entrar para escuchar lo que se está diciendo», alegaron los funcionarios a los miembros de Provea.

Durante más de 40 minutos, los oficiales del Sebin se mantuvieron en el lugar, y fotografiaron al coordinador de Provea, Inti Rodríguez y también a sus documentos de identidad. 

La amplia presencia de miembros de la prensa y activistas sociales, los obligó a los funcionarios a retirarse del lugar. 

Provea calificó la situación como un nuevo acto de intimidación y hostigamiento contra activistas sociales y organizaciones de la sociedad civil, que se produce en medio de un creciente cierre del espacio cívico y amenazas para el ejercicio de los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas.

La situación se presentó justo el día en el que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU presentó su tercer informe sobre Venezuela, en el que documentó graves violaciones a los DDHH.