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Sanciones EEUU

Las pataletas del madurismo contra críticas de sus aliados al proceso electoral

Los gobiernos de Gutavo Petro y de Luiz Inácio Lula da Silva rechazaron las restricciones que ha impuesto el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones presidenciales en Venezuela.Este 26 de marzo, el gobierno de Nicolás Maduro desestimó las declaraciones de sus homólogos de izquierda

«Emitir juicios falsos, aún cuando el canciller (de Colombia) Luis Gilberto Murillo contaba con información veraz de primera mano, no solo es un acto de mala fe, sino que busca minar el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales, que ha sido promovido por nuestros presidentes», dijo el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil.

La Cancillería venezolana reprochó las declaraciones de sus aliados ideológicos al decir que sus discursos «venían» de Estados Unidos, como si no existiera un discurso político independiente en cada Estado

Agregó que las declaraciones del Gobierno de Gustavo Petro son para «complacer los designios del Departamento de Estado de Estados Unidos». Sobre el comunicado de la cancillería brasileña dijo que «pareciera haber sido dictado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se emiten comentarios cargados de profundo desconocimiento e ignorancia sobre la realidad política en Venezuela».

Pataletas ante el rezhazo internacional

Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú se unieron en manifestar su «preocupación» y rechazo, junto a Brasil y Colombia, por la inhabilitación de la política María Corina Machado y el rechazo de la inscripción en la boleta electoral de la profesora Corina Yoris, ambas en representación de los partidos opositores Vente Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática.

«Estamos trabajando con otros miembros de la comunidad internacional para garantizar que los venezolanos puedan participar en elecciones inclusivas y competitivas e instamos a los representantes de Maduro a permitir que todos los candidatos se postulen», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Ante las declaraciones del gobierno norteamericano y de la Unión Europea, la Cancillería venezolana volvió a patalear y amenazó con restringir sus relaciones diplomáticas

«Venezuela tomará decisiones importantes respecto a su relación con Unión Europea, y no permitirá que el desprestigiado bloque siga intentando recurrir a sus fracasadas acciones neocoloniales en contra de un país soberano», dijo Gil. 

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, alertó que «el bloqueo constante a la candidatura unitaria de la oposición ante el acoso y la persecución del oficialismo consolida un sistema antidemocrático».

Mientras que el canciller de Uruguay, Omar Paganini, fue más allá al asegurar que Venezuela se está consolidando como «una dictadura» y que el proceso electoral «se ha desvirtuado por completo».

El único gobierno que le ha «picado la torta» a las violaciones a los derechos civiles y políticos en Venezuela es el de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega. Organizaciones internacionales de DDHH como Civicus han denunciado que el gobierno nicaragüense ha aplicado restricciones y detenciones arbitrarias a sus opositores para afianzar su autoritarismo, como lo está haciendo Venezuela. 

 

Informe Otálvora | EE. UU. y Unión Europea acordaron coordinar enfoque hacia Venezuela

Antony Blinken y Josep Borrell el 24MAR21 en Bruselas, Bélgica. Foto: Departamento de Estado EE. UU.

@ecotalvora

El primer viaje del nuevo Secretario de EE. UU. se inició el 14MAR21, estuvo acompañado del secretario de Defensa Lloyd Austin e incluyó a Japón y Corea. Antony Blinken optó por hablar en persona con los dos principales aliados asiáticos antes de la borrascosa reunión que celebraría el 18MAR21 en Alaska con el todo poderoso jefe de la política exterior china Yang Jiechi. El segundo viaje de Blinken al extranjero tuvo como destino Bruselas. Arrancó el 22MAR21 y tenía como propósito participar en la reunión ministerial de la OTAN y sostener encuentros con los altos jefes de la Unión Europea.

En Asia y Europa el mensaje de Blinken fue el mismo: EE. UU. con Biden está de vuelta a la arena internacional y procura retomar líneas de cooperación y acción conjunta con sus aliados tradicionales.

El 25MAR21, tras la visita de Blinken a Bruselas, tuvo lugar una teleconferencia entre Joe Biden, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y los jefes de gobiernos miembros de la UE.

En las últimas semanas se han estado produciendo notorias coordinaciones de acción internacional entre EE. UU. y Europa. El 02MAR21 la Unión Europea impuso sanciones a funcionarios rusos por violaciones de DD. HH., medida que fue rápidamente seguida por el gobierno Biden. El 22MAR21, casi simultáneamente, EE. UU., Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea impusieron sanciones a funcionarios de China por violaciones de DD. HH.

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Entre las principales actividades de Blinken en Bruselas se marcó un encuentro con el Alto Representante de la UE Josep Borrell, en la cual el español confiaba incluir varios temas de la política en Latinoamérica. Se buscaba la reconstrucción de la agenda de trabajo de EE. UU. y UE.

La reunión Blinken-Borrell se produjo el 24MAR21 y al concluir fue distribuida una larga declaración según la cual el encuentro tuvo como propósito “discutir formas de fortalecer la relación entre EE. UU. y la UE y coordinar las respuestas a la política exterior prioritaria”. Irán, China, Rusia, Ucrania, Georgia, cambio climático, Mediterráneo oriental, Etiopía, Afganistán y la OTAN fueron asuntos mencionados expresamente en la declaración. No cabe duda que el texto, redactado y negociado previamente por los diplomáticos de ambos lados, no incluyó todos los temas efectivamente tratados.

Tras la emisión del comunicado conjunto y de una breve comparecencia ante la prensa en la cual no fue mencionado tampoco el caso venezolano, el Informe Otálvora consultó directamente con el Servicio Exterior de la Unión Europea basado en Bruselas. Un vocero oficial de la UE confirmó que Blinken y Borrell “discutieron sobre Venezuela” y “acordaron trabajar juntos en un enfoque coordinado”.

Se estima que el Departamento de Estado y la oficina dirigida por Borrell continuarán adelantando conversaciones sobre la coordinación de acciones en procura de la redemocratización de Venezuela. Diversas fuentes consultadas en Washington y Caracas sugieren que no existe un plan de ruta definido por el gobierno Binden hacia Venezuela y, por ahora, se mantiene en términos generales el esquema adelantado por el gobierno Trump con sanciones al gobierno de facto y reconocimiento de Juan Guaidó como presidente provisional.

Pero tanto en Washington como en Bruselas se intenta definir esquemas que permitan superar el estancamiento del proceso de redemocratización en Venezuela. Borrell, en declaraciones previas a su encuentro con Blinken, afirmó que las elecciones regionales convocadas por el chavismo podrían “traer una nueva oportunidad para tener un acuerdo entre el gobierno [de facto] y la oposición”. Borrell de esta manera insinuaba que unas posibles negociaciones en Venezuela podrían centrarse en las condiciones para esas elecciones regionales, coincidiendo de esa manera con el predicamento del gobierno de Noruega. Sin embargo, la posición en la Casa Blanca de Biden y en el Departamento de Estado no coincide con un “calendario electoral mínimo” sino que aspira a un cambio de gobierno.

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En tanto, fuentes cercanas a Guaidó aseguraron a este Informe que mantienen conversaciones con Canadá, EE. UU. y varios países europeos, incluyendo a Suecia, en procura de un nuevo esquema de alianza internacional para presionar al régimen chavista. En medios diplomáticos latinoamericanos se menciona la posibilidad de institucionalizar un nuevo grupo internacional, eventualmente integrado por ocho gobiernos de América, Europa y Asia, que sin reemplazar al paralizado Grupo de Lima, “fortalezca nuestra posición de presionar el régimen para organizar elecciones presidenciales”, según confirmó un cercano activista internacional de Guaidó.

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La detención el 12JUN20 en el aeropuerto de Isla Sal, Cabo Verde, del operador financiero del chavismo Alex Saab, desató una gran operación por parte del castrochavismo internacional. La detención de Saab se produjo ante la solicitud de EE. UU., quien considera al comerciante colombiano como un fugitivo en un proceso judicial de varios cargos por lavado de dinero procedente de corrupción asociada al gobierno de facto de Venezuela.

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El 13JUN20, el gobierno Maduro emitió un comunicado donde se refería al “Sr. Saab Morán”, a quien extrañamente le adjudicaban la nacionalidad venezolana y para quien aún no reclamaban estatus e inmunidades diplomáticas salvo denominarlo como “agente del gobierno bolivariano”.

Con el transcurrir del año 2020, la estrategia de la defensa del operador chavista consistió en argumentar la forma y la legalidad de su detención haciendo énfasis en su supuesta condición diplomática que el gobierno Maduro intentó adjudicarle cuando ya estaba preso y en proceso de extradición. El 28JUL20 el caso de Saab fue asumido públicamente por el bufete del español Baltazar Garzón, lo que dejaba en evidencia no solo la enorme cantidad de dinero que el chavismo estaba dispuesto a erogar en el proceso de la defensa sino, además, el enfoque internacionalizado y politizado que la defensa se proponía adelantar. Garzón ha sido defensor de Julian Assange, Lula da Silva, Evo Morales y forma parte del equipo jurídico del Grupo de Puebla, con lo cual el español mezcla sus altos honorarios y su filiación izquierdista.

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La defensa de Saab supuso la constitución de varios equipos de abogados en EE. UU., Colombia, Cabo Verde y en Nigeria. Incluso, según el periodista Nelson Bocaranda, habrían sido constituidas varias coordinaciones judiciales que operaban en paralelo.

Igualmente contaba con un aceitado sistema de enlace con medios de prensa de España, Portugal y Colombia. Dado que los acontecimientos judiciales sobre Saab básicamente ocurren en tribunales de lejanas capitales africanas, usualmente la versión que recogen diarios y agencias de noticias es la suministrada por el propio equipo de abogados del procesado, con toda suerte de omisiones o erradas interpretaciones favorables al cliente. La politizada defensa de Saab, intentado presentarlo como una víctima de EE. UU., cuenta con el respaldo de la red diplomática y de propaganda cubana con larga presencia en el África subsahariana.

La decisión de crear un equipo de abogados en Nigeria tenía como objeto contar con una instancia de apelación ante la esperable negativa de la justicia de Cabo Verde de liberar a Saab. La ciudad de Abuya es la sede de la Corte de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDAO). Dicha corte fue inicialmente constituida para dirimir diferencias entre los quince miembros de CEDAO pero desde 2005, por la aprobación de un protocolo, atiende temas de violaciones de derechos humanos a nivel regional.

Los coordinadores políticos de la defensa de Saab decidieron contratar los servicios de un reconocido jurista nigeriano Femi Falama, quien es a su vez un agente procubano en África.

Falama es un activo amigo de la embajada cubana en Nigeria y usual participante en eventos de “amistad” cubano africana en contra del “embargo” contra la isla. El papel de Falama en el caso Saab es liderar la acción judicial ante la Corte de Justicia de CEDAO y, a su vez, prestar su figura política antiestadounidense a favor del agente de Maduro insistiendo en su supuesta condición diplomática y resaltando que se trataría de un caso político de violación de derechos humanos.

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Con fecha 28DIC20, Jorge Arreaza emitió una comunicación dirigida a Saab mediante la cual lo designaba “Representante Permanente Alterno” de Venezuela “ante la Unión Africana” con sede en Etiopia. Por tratarse de un organismo multilateral del cual Venezuela es “país observador” la designación no requería la aprobación de la UA, pero en realidad tampoco le confería necesariamente inmunidades internacionales al preso. Desde esa fecha los papeles de la cancillería chavista se referían a Saab como “Enviado Especial y Embajador Extraordinario y Plenipotenciario”.

Todas las acciones judiciales y de presión que los abogados y el aparato diplomático castrochavista ejercieron sobre el gobierno y los tribunales de Cabo Verde han resultado inútiles. Las instancias administrativas y judiciales fueron aprobando la solicitud de extradición presentada por EE. UU. basadas en el criterio de cooperación judicial ante la inexistencia de un tratado de extradición. La importancia que EE. UU. le asigna a la extradición de Saab quedó patente en la comunicación telefónica que Antony Blinken, el recién designado Secretario de Estado de EE. UU. del gobierno Biden, realizara el 23FEB21 a su colega caboverdiano Rui Figueiredo.

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El 15MAR21, el tribunal multinacional de CEDAO sentenció que Saab debería ser inmediatamente puesto en libertad y recibir del gobierno de Cabo Verde una indemnización de US$ 200.000 por haber sido objeto de un “arresto arbitrario”. El tribunal constituido por Januaria Costa de Cabo Verde, Edward Amoako Asante de Ghana y el nigeriano Dupe Atoki igualmente mandó a suspender todo el proceso de extradición de Saab a EE. UU. Sin embargo, el sistema de justicia de Cabo Verde no acepta la autoridad del tribunal de CEDAO ya que ese país no ha ratificado el protocolo de 2005.

Incluso el 17MAR21, el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde descartó recursos de la defensa de Saab y confirmó sentencias de tribunales inferiores que autorizaban la extradición del colombiano a EE. UU.. El equipo de Garzón tendría aún la opción de recurrir a la Corte Constitucional de Cabo Verde en un intento desesperado de ganar más tiempo. Pero la estrategia de victimizar políticamente al agente chavista y decorarlo con rangos, privilegios e inmunidades diplomáticas resultó un total fracaso de la diplomacia castrochavista.

El caso de Saab es análogo al de otro famoso defendido por el abogado Baltazar Garzón. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinoza, en un intento para liberar a Julian Assange, quien permanecía asilado en la sede de la embajada de Ecuador en Londres, realizó una serie de maniobras similares a las realizadas por el gobierno Maduro con Saab. El 12DIC17 el australiano Assange recibió la carta de naturalización como ecuatoriano, el 15DIC17 fue designado consejero en la embajada de Ecuador ante el Reino Unido y el 19DIC17 fue nombrado consejero en la embajada ecuatoriana en Moscú. El gobierno británico rechazó la burda operación que pedía privilegios diplomáticos para quien se escondía en la embajada ecuatoriana para impedir ser extraditado a EE. UU. Todo indica que en la maniobra ecuatoriana también estaba presente la orientación de Garzón.

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Aun cuando el tribunal multinacional de CEDAO sentenció a favor de Saab, lo hizo solamente basándose en elementos procedimentales de la detención del colombiano. Los tres jueces descartaron los argumentos esgrimidos por el gobierno de3 Maduro según los cuales Saab estaría protegido por inmunidad diplomática. “La Corte observó que si bien el gobierno venezolano afirmó que el señor Saab Morán viajaba como su enviado especial, no poseía requisitos válidos que lo calificaran como diplomático acreditado en Cabo Verde u otro estado o de alto cargo político en el momento de su arresto”, según la sentencia del tribunal de la CEDAO. En consecuencia, “la corte desestimó el reclamo de Saab “según lo dispuesto en el Artículo 42 de la Convención de Nueva York de 1969 sobre Misiones Especiales”. Es decir, los juristas africanos confirmaron que la inmunidad diplomática no la confiere el gobierno que designa al funcionario sino el país que lo acoge, por lo cual Saab no era diplomático acreditado en Cabo Verde.

Tampoco era un “enviado especial” a los efectos de Cabo Verde ya que la cancillería de Maduro nunca notificó “de antemano” a las autoridades caboverdianas sobre la existencia de un “enviado especial” de apellido Saab, quien haría una parada en Cabo Verde y para quien solicitara “inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito” como reza la Convención de Nueva York. Saab, a los efectos del país que lo detiene y del tribunal multinacional africano, no era un diplomático al momento de su detención, con lo cual se derrumbó toda la argumentación inventada por la cancillería chavista.

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El régimen chavista junto con Cuba, Rusia e Irán ha convertido el rechazo a las sanciones internacionales, calificadas como “medidas coercitivas”, en una de sus banderas en foros internacionales. Sin embargo la herramienta de la sanción internacional es rápidamente esgrimida por el régimen chavista contra quienes considera sus enemigos. El abogado Femi Falama, operador cubano en Africa y contratado para encabezar la defensa de Saab en Nigeria, actuando en nombre de sus representados (Saab y el gobierno Maduro) solicitó que fueran aplicadas sanciones internacionales al gobierno de Cabo Verde. Falama presentó el 24MAR21 una moción para que el Tribunal de CEDAO solicite a los gobiernos miembros la imposición de sanciones que incluirían el boicot a proyectos multilaterales y la prohibición de visas a los altos funcionarios caboverdianos. El valor de Saab para el régimen chavista parece ser muy alto.

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Por cierto, con el apoyo de Rusia y Cuba, el gobierno de facto de Venezuela solicitó el 16MAR21 incluir en la agenda de la reunión del 26MAR21 del Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio, la petición para crear un grupo especial de análisis sobre las sanciones impuestas por EE. UU. al régimen chavista. La reunión fue suspendida en razón de que la delegación de EE. UU. no reconoce la legitimidad de los enviados de Maduro. “EE. UU. rechazará cualquier esfuerzo de Maduro por hacer un mal uso de la OMC para atacar las sanciones estadounidenses destinadas a restaurar los derechos humanos y la democracia en Venezuela”, dijo un comunicado del representante comercial de EE. UU. el 26MAR21.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | Biden confirma política dura hacia régimen chavista

Joe Biden escoltado por Kamala Harris y Antony Blinken el 04FEB21. Foto: Departamento de Estado.

@ecotalvora

El 04FEB21 se produjo la primera alocución de Joe Biden sobre política exterior desde que tomó posesión el 20ENE21. Biden visitó el Departamento de Estado y realizó un esperado pronunciamiento en el cual afirmó que “EE. UU. está de regreso EE. UU. está de vuelta. La diplomacia vuelve a estar en el centro de nuestra política exterior”.

Biden afirmó que “el liderazgo estadounidense debe enfrentar este nuevo momento de avance del autoritarismo, incluidas las crecientes ambiciones de China de rivalizar con EE. UU. y la determinación de Rusia de dañar y perturbar nuestra democracia”. El mismo día el gobierno de EE. UU. dejó sin efecto la orden emitida por Donald Trump para retirar hasta doce mil efectivos militares acantonados en Alemania.

Canadá, México, Reino Unido, Alemania, Francia, la OTAN, Japón, Corea del Sur y Australia fueron los socios mencionados por Biden con los cuales ya había entrado en contacto. En la alocución de Biden, en la cual incluso se pronunció contra el reciente golpe de estado en Birmania, no apareció alguna referencia a Latinoamérica.

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Por cierto, a lo largo de las dos semanas desde que asumió el cargo de Secretario de Estado, Antony Blinken había realizado decenas de llamadas a sus colegas pero solo se había comunicado con dos cancillerías latinoamericanas: México y Colombia.

Las estrechas relaciones tejidas entre los gobiernos de EE. UU. y Brasil, gracias a la diplomacia personal y la empatía entre Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro, pareciera que quedarán en el pasado.

Ante la falta de señales desde Washington, el canciller brasileño Ernesto Araújo decidió invitar al embajador de EE. UU. en Brasilia, Todd Chapman, para un almuerzo el 04FEB20 en el Palacio de Itamaraty en Brasilia. Araújo ratificó a Chapmam el interés de Bolsonaro en mantener estrechos vínculos con el nuevo gobierno estadounidense.

En medios diplomáticos de EE. UU. se estima que las relaciones con Brasil tenderán a regresar a una normalidad operativa dirigida desde el Departamento de Estado sin estridencias de amistad vertidas en las redes sociales. El 04ENE21, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente y diputado federal, publicó en su cuenta en Instagram una fotografía tomada en la Casa Blanca. En la imagen puede verse a Ivanka Trump llevando en brazo a la hija de Eduardo Bolsonaro, quien aparece junto a su esposa. La familiaridad de la escena y su difusión confirmaban el tipo de relación personal que Trump y Bolsonaro establecieron y sobre la cual funcionó la política exterior de Brasil en los últimos años.

En medios empresariales brasileños existen temores de que la agenda ambientalista del gobierno Biden se convierta en motivo para un distanciamiento político e incluso para justificar el cierre a las exportaciones brasileñas hacia EE. UU.

En Brasilia, como en casi todas las capitales latinoamericanas, el gobierno aún espera señales sobre la real política que Biden y su equipo implementarán para la región.

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El más completo pronunciamiento del gobierno Biden sobre Venezuela fue emitido el 03FEB21 por el vocero del Departamento de Estado Ned Price, durante su rueda de prensa diaria. Ante una pregunta de la periodista venezolana Gaby Perozo de VPItv, Price desarrolló la posición de su gobierno ante Venezuela lo que conllevó a un largo e inusual intercambio sobre el tema entre los periodistas acreditados en el Departamento de Estado y el vocero.

 “El objetivo primordial de la administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país” fue la premisa de Price. Además afirmó que EE. UU. sigue reconociendo a la Asamblea Nacional 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, y en consonancia con eso, la persona elegida por la Asamblea Nacional para ser su presidente como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó”.

Price desmintió que su gobierno se propusiera mantener conversaciones con Nicolás Maduro a quien calificó como “dictador”. Afirmó que “no esperamos ningún contacto con Maduro en el corto plazo. Nuestro enfoque está en trabajar con nuestros aliados y socios, trabajar con socios en la región” (…) “foros afines que comparten los mismos objetivos de lograr la democracia y los derechos humanos y el fin de esta dictadura corrupta en Venezuela”.

Por cierto, corre el rumor según el cual Ricardo Zúñiga, quien trabajó como parte del equipo del gobierno Obama en asuntos como las sanciones al régimen venezolano y las negociaciones con Cuba, estaría reingresando al Departamento de Estado. El hondureño-estadounidense actuaría como segundo en la subsecretaría del Hemisferio Occidental que estará en manos de Brian Nichols. Zuñiga ha cumplido funciones como diplomático y analista sobre Latinoamérica e incluso sirvió en la embajada de EE. UU. en Brasilia.

En tanto, la oposición venezolana está negociando una visita a Washington. Representantes de los partidos que forman la alianza que respalda a Juan Guaidó procuran una serie de reuniones con el nuevo gobierno de EE. UU. y con voceros parlamentarios para exponer la situación venezolana y conocer de primera mano la óptica sobre Venezuela.

A su vez, el gobierno Biden mantiene la política de sanciones al régimen chavista en los términos como el gobierno Trump los fue imponiendo. El 02FEB21 el Departamento de Tesoro emitió la autorización 30A, complemento de la emitida por el gobierno Trump, mediante la cual permitió que empresas y ciudadanos de EE. UU. realicen limitadas operaciones con los puertos del gobierno venezolano.

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Las usuales visitas de diplomáticos noruegos suelen desatar inmediatos bulos sobre hipotéticos pactos entre el régimen chavista y la oposición venezolana. A principios de febrero se conoció de la presencia de representantes del Ministerio de Exteriores del Reino de Noruega en Caracas. Consultada por este Informe, la vocera del Ministerio de Exteriores noruego Trude Måseide se limitó a emitir una corta declaración el 05FEB21: “Confirmamos que una delegación noruega está visitando Caracas para obtener una actualización sobre la situación política y humanitaria en Venezuela”.

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Dado que Noruega cerró su embajada en Caracas en 2013, el embajador noruego en Colombia ejerce como “Embajador concurrente” ante Venezuela. El seguimiento de la situación venezolana lo realiza discretamente desde su misión diplomática en Bogotá y, además, periódicamente llegan a Caracas enviados desde Oslo coordinados por la “Sección de Paz y Reconciliación” de su Ministerio de Exteriores. Este Informe consultó a la vocera oficial noruega sobre la composición de la misión enviada a Caracas a principios del mes de febrero y sobre su agenda de trabajo pero Måseide se abstuvo de proporcionar otros detalles.

Desde el 07AGO19 cuando Maduro suspendió las conversaciones que sostenía en Barbados con la oposición venezolana bajo el auspicio de Noruega, la cancillería noruega ha mantenido contactos permanentes y ha enviado delegaciones a Caracas.

El programa que cumplen los noruegos suele ser similar al de los enviados de la UE que también frecuentan la capital venezolana; reuniones con Juan Guaidó y directivos de la alianza partidista que lo respalda, con representantes de ONG y de la genéricamente denominada “sociedad civil”, diplomáticos extranjeros y con el canciller de Maduro y otros altos jerarcas del régimen. En cada ocasión los rumores en Caracas y Miami estallan sobre supuestas nuevas negociaciones.

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Noruega se muestra dispuesta a reanimar un proceso de diálogo entre las distintas fuerzas políticas venezolanas pero, según varias fuentes diplomáticas europeas, los diplomáticos noruegos consideran que no están presentes las condiciones en Venezuela para una nueva ronda de negociaciones. Si bien Noruega no forma parte de la Unión Europea, suele compartir información con el Servicio Exterior de la UE cuyo jefe, Josep Borrell, dejó saber el 28ENE21 que sus colegas noruegos «no consideran que se den las condiciones» y «habrá que esperar a que todo el mundo se resitúe».

Oficialmente Noruega reconoce al gobierno de facto de Maduro aunque desconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional instalada el 05ENE21 por el chavismo. “La instalación de una nueva Asamblea Nacional no altera las relaciones de Noruega con Venezuela. De acuerdo con la política establecida, las autoridades noruegas se relacionan con el gobierno que gobierna Venezuela. Anteriormente hemos expresado nuestro apoyo a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y a su líder Juan Guaidó, y seguiremos relacionándonos con la oposición”, decía un comunicado entregado el 06ENE21.

Por cierto, el gobierno alemán decidió ofrecer una muestra pública de respaldo a la oposición venezolana, luego de que la agencia de noticias rusa RT y el régimen chavista divulgaran la falsa versión de un cambio de posición de Alemania ante la situación en Venezuela. Leopoldo López, el jefe político del partido de Juan Guaidó, fue recibido el 04FEB21 en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania por el ministro de Estado Niels Annen y por el secretario de Estado Miguel Berger.

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El reconocimiento y el eventual apoyo de gobiernos extranjeros es un elemento clave para la oposición venezolana, en la medida en que ve cerrados los espacios de acción política interna y el gobierno de facto tiende a normalizarse.

El fin del período para el cual fue electa en 2015 la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó y la instalación de una asamblea totalmente controlada por el chavismo, creó una serie de dilemas de interpretación legal en los distintos aliados internacionales de la oposición con lo cual, por ejemplo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea decidieron por no reconocer a ninguna Asamblea Nacional venezolana y, en consecuencia, mantener el respaldo a Guaidó pero negándole la condición de presidente interino.

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El gobierno de Panamá comenzó a distanciarse de la oposición venezolana en lo que pareciera una toma de la diplomacia panameña por parte de sectores vinculados con el régimen cubano.

En mentideros políticos de Ciudad de Panamá se comenta que el presidente Laurentino Cortizo no mantiene control de su cancillería. La política exterior de Panamá estaría siendo orientada en temas claves desde la dirección del partido gobernante PRD a manos del secretario general Pedro Miguel González. En la cancillería opera como asesor el intelectual Nils Castro, estrechamente vinculado con el régimen cubano. González, quien recibió protección de Cuba cuando fue acusado de asesinar a un soldado estadounidense en 1992, mantiene vínculos directos con el régimen cubano y el 18FEB20 fue recibido en La Habana por Miguel Díaz-Canel.

El panameño habría sido el negociador con Cuba del envío de 220 funcionarios cubanos a Panamá que arribaron el 24DIC20 bajo la cobertura de personal médico e, igualmente, está orientado el cambio de posición panameña ante Venezuela.

González, junto con la parlamentaria Sandra Noriega y cuatro miembros de la dirección nacional del PRD incluyendo a su secretario de Relaciones Internacionales Héctor Alemán, viajó a Venezuela en calidad de invitado del régimen para presenciar las votaciones legislativas del 06DIC20. Los representantes del partido oficialista panameño, en contraste con su propio gobierno, avalaron las votaciones legislativas del 06DIC20. El grupo fue recibido en el Palacio de Miraflores el 07DIC20 donde fueron atendidos personalmente por Nicolás Maduro. 

Cuando el Grupo de Lima emitió el 05ENE21 un pronunciamiento desconociendo la Asamblea Nacional instalada ese día por el chavismo y ratificando su reconocimiento a Juan Guaidó, la cancillería panameña junto con la de Argentina se negó a suscribir el documento. Panamá emitió su propio comunicado en el cual retiró su reconocimiento a la Asamblea Nacional encabezada por Guaidó aunque afirmó que la nueva posición panameña “no puede ser interpretada como un reconocimiento a la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro”.

El 08ENE21 la cancillería panameña citó a su sede a Fabiola Zavarce, cercana al “canciller” de la oposición venezolana Julio Borges, para notificarle que a partir de ese día Panamá no reconocía al “gobierno Guaidó” y en consecuencia no la reconocía a ella como representante diplomática venezolana.

Zavarce había entregado sus cartas credenciales el 18MAR19 al entonces presidente Juan Carlos Varela, cuyo gobierno la reconoció como embajadora representante de Venezuela. Pese a la promesa de mantener de bajo perfil la decisión contra la representante venezolana, la cancillería panameña envió el 04FEB21 una nota diplomática a todas las misiones extranjeras presentes en Panamá informándoles de la decisión transmitida a Zavarce el 08ENE21.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad,. Y  no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Estados Unidos sanciona a cuatro militares por represión y corrupción

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El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos integró a cuatro altos funcionarios militares venezolanos del gobierno de Nicolás Maduro a la lista de sancionados de OFAC, por haber participado en actos de corrupción y represión.

Los cuatro sancionados, que se unen a los 49 oficiales venezolanos en la lista Clinton, son Rodolfo Clemente Marco Torres, Francisco Jose Rangel Gomez, Fabio Enrique Zavarse Pabon y Gerardo Jose Izquierdo Torres.

Los activos de los funcionarios sancionados que estén sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos quedarán congelados inmediatamente, y las personas que tengan relación con el país norteamericano tienen prohibido tratar con los sancionados.

De acuerdo a la nota de prensa emitida por el Departamento del Tesoro, estas serían las razones por las cuales están sancionados los militares:

  • Rodolfo Clemente Marco Torres es el Gobernador del Estado Aragua y Director Externo en el Consejo de Administración de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA). Marco Torres anteriormente ocupó los cargos de Ministro de Economía y Finanzas, Presidente del Banco de Venezuela y Ministro de Alimentación, y es un general retirado de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Marco Torres ha sido supuestamente vinculado a esquemas de corrupción relacionados con la importación de alimentos, que están controlados por el ejército venezolano.
  • Francisco José Rangel Gómez es ex Gobernador del Estado Bolívar y está retirado del Ejército Nacional, con el rango de División General. Rangel Gómez ha estado vinculado a actividades de corrupción, como el fortalecimiento de las bandas armadas que operan en Bolívar y la presión sobre los tribunales para liberar a los miembros de pandillas que son detenidos, durante su tiempo como gobernador. Rangel Gómez también ha sido vinculado a redes de oficiales militares supuestamente corruptos.
  • Fabio Enrique Zavarse Pabón, División General de la Guardia Nacional Bolivariana, es el Comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral de Capital de las Fuerzas Armadas Nacionales y también dirigió las Fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana en el Distrito Capital de Venezuela. Zavarse Pabón es presuntamente responsable de actos de represión por parte de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana contra manifestantes callejeros en Venezuela.
  • Gerardo Jose Izquierdo Torres, General de División del Ejército, es el Ministro de Estado para la Nueva Frontera de la Paz y el Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Frontera Presidencial. Supuestamente ha utilizado sus posiciones para sacar provecho de la corrupción a expensas del pueblo venezolano.

«El presidente Maduro y su círculo interno continúan poniendo sus propios intereses por encima de los del pueblo venezolano» declaró el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin en la nota del Departamento. «Esta acción subraya la determinación de Estados Unidos de responsabilizar a Maduro y otros involucrados en la corrupción en Venezuela. Hacemos un llamado a las partes interesadas y socios internacionales de todo el mundo para que se unan a nosotros mientras apoyamos al pueblo venezolano para aislar aún más este régimen opresivo».

La publicación expresa que «Mediante sus propias acciones continuas, los cuatro funcionarios designados hoy han abandonado la misión republicana profesional de la institución militar, que, según la Constitución venezolana de 1999, debe ser «sin orientación política … y en ningún caso al servicio de ninguna persona o partidismo político».

Sanciones de EEUU son individuales y favorecen respeto a DDDHH

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@Ronnarisquez

Defensores de Derechos Humanos difieren sobre los alcances y ventajas de las sanciones que aplicará el gobierno de Estados Unidos a funcionarios venezolanos. Rocío San Miguel considera que los castigos individuales son un avance para acabar con la impunidad, mientras que Alfredo Romero no está seguro de que sea la medida más acertada

 

Las imágenes de Marvinia Jiménez cuando era golpeada por una funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana, la muerte de Geraldine Moreno al ser herida por perdigones disparados también por efectivos de la GNB y la violación del estudiante Juan Manuel Carrasco mientras estaba detenido en un Destacamento de Seguridad Urbana son apenas una pequeña muestra de las decenas de casos de violaciones de Derechos Humanos protagonizados, ordenados y avalados por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro desde el pasado 12 de febrero de 2014.

En estos crímenes se fundamenta la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela promulgada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que sancionará a funcionarios venezolanos por violación de Derechos Humanos. Luego del anuncio de esta medida los líderes de dos Ong, que destacan por su defensa de estos derechos, ofrecieron sus primeras impresiones sobre la medida y sus consecuencias.

“Creo que las sanciones constituyen un avance novedoso en la política exterior de Estados Unidos pues se trata de sanciones a funcionarios y no al Estado. Este es un precedente importante en la ruta hacia las sanciones penales individuales por delitos contra las personas y violaciones de derechos humanos”, aseguró Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada Nacional.

Se presume que la mayoría de los afectados por la ley promulgada por el presidente Obama son oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana que tenían funciones de dirección y mando durante las protestas que se registraron a principios de 2014 y que dejaron 43 muertas, 3.408 detenidos y más de 854 lesionados.

San Miguel, quien es experta en temas militares, explicó: “Suele ocurrir que estos individuos se escudan en el Estado y la Fuerza Armada para cometer delitos contra la integridad física de la personas, así que este tipo de sanciones individuales son un paso y claramente un avance en materia de Derechos Humanos”.

El abogado Alfredo Romero, coordinador del Foro Penal, tiene otra posición. No está tan convencido de los efectos positivos de la medida que suspende la visas y congela activos a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. “No sé si es la medida más adecuada. Tenemos que evaluarla bien”, dijo. El abogado hubiera preferido el pronunciamiento de alguno de los organismos internacionales de defensa de Derechos Humanos a los que acudieron a denunciar 138 casos de tortura y otros de violaciones de Derechos Humanos ocurridos desde las protestas del pasado 12 de febrero.

“Como Foro Penal hemos acudido a las instancias correspondientes según los establecido en la Constitución y en los tratados internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien la decisión de un gobierno de permitir la entrada o bloquear cuentas de extranjeros es otra cosa, escapa a nuestra jurisdicción”, aclaró Romero.

Este defensor de Derechos Humanos explicó que ha pedido que cuando el Estado Venezolano incumple algunas de las medidas ordenadas por la ONU “allí los Estados sí deben pronunciarse para condenar a los funcionarios del gobierno que no cumplan y hacer que acaten los acuerdos”.

 

Avance contra la impunidad

La presidenta de Control Ciudadano también espera que la medida del gobierno norteamericano tenga otros efectos. “Ojalá que esta categorización inhiba a los funcionarios militares venezolanos en la violación de derechos humanos y los tratos crueles”, y recordó que esta ONG reportó este año casos de muchos militares venezolanos a quienes se les estaba impidiendo abrir cuentas en dólares en el exterior.

“Creo que el mundo avanza en la lucha contra la impunidad con este tipo de penas individuales. Frente a este tipo de sanciones a funcionarios, creo que es inadmisible apelar al Estado o las Fanb como lo ha hecho Maduro”, apuntó San Miguel, que reiteró el valor de la medida.

Romero, sin embargo, insistió en que la instancia correcta para ventilar y castigar las violaciones de Derechos Humanos, son los organismos internacionales destinados a este materia y no los gobiernos de otros Estados.

La firma de las sanciones a funcionarios venezolanos por parte del presidente Obama, ocurrió apenas un día después del anuncio del restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana. El acuerdo contempla el levantamiento del embargo comercial a la isla, que durante más de 50 años han afectado a todos los ciudadanos cubanos y no solo a los hermanos Castro.

 

El País: El ALBA carga contra EE UU por su propuesta de sanciones a Venezuela

EWALD SCHARFENBERG

Paises ALBA décimo aniversario

 

La XIII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos (ALBA), que se celebró en La Habana para conmemorar el décimo aniversario del organismo, estuvo marcada por la nostalgia. El recuerdo al tratado fundacional del organismo, suscrito entonces por Fidel Castro y Hugo Chávez, marcó el acto, así como el vigésimo aniversario del primer encuentro entre los líderes, en 1994 en la isla, cuando el venezolano era apenas un exteniente coronel recién liberado de la prisión militar, y el cubano aparecía como el último mohicano del socialismo en un planeta arropado por la ola neoliberal.

Ese encuentro “dio inicio a una amistad entrañable, basada en la identificación en las ideas y metas, que influyó notablemente en la región y en los procesos emancipadores de las últimas décadas”, valoró Raúl Castro, hermano de Fidel y actual presidente de Cuba, al dar comienzo a las intervenciones en el evento. La ausencia de “los dos padres fundadores” —como se les llamó en el foro— indujo a la extraña circunstancia de que diversos oradores se refirieran al líder cubano, en su propia capital y a escasos kilómetros de donde convalece, como se haría de alguien fallecido.

En el orden de la reunión, así como en su declaración final de 40 puntos, destacaron las expresiones de solidaridad con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y de condena a Estados Unidos, cuyos legisladores promueven sanciones financieras contra personeros civiles y militares del régimen de Caracas. La semana pasada, a instancias de parlamentarios de la bancada republicana, las dos cámaras del Congreso estadounidense aprobaron la denominada Ley de 2014 para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil en Venezuela. La normativa prevé la congelación de bienes y activos que mantienen en Estados Unidos 56 funcionarios de la Administración de Maduro, que participaron en la represión de las protestas del pasado febrero en diversas ciudades venezolanas, así como su eventual deportación y revocatoria de visas. Desde el 10 de diciembre la ley solo espera la firma del presidente, Barack Obama, para su ejecución.

Maduro, que presidió el evento en conjunto con el anfitrión, Castro, ha movilizado todos los recursos diplomáticos disponibles para responder a las posibles sanciones estadounidenses y trocarlas por un estímulo para la indignación soberanista. Ha convocado a una concentración popular hoy en la avenida Bolívar de Caracas, en pleno centro de la capital venezolana, en rechazo a la actitud “injerencista” de Washington.

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