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sanciones a funcionarios venezolanos

UE prevé imponer este lunes más sanciones a funcionarios del Gobierno por crisis en Venezuela

 

Luxemburgo.- Los ministros de la Unión Europea prevén aprobar este lunes nuevas sanciones a personalidades próximas al Gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, por la crisis en el país y tras la celebración de unas elecciones que la UE no consideró «ni libres ni justas».

A finales de mayo los ministros ya alcanzaron un acuerdo político para adoptar nuevas «medidas restrictivas» contra Venezuela, mediante la ampliación de la lista de las personas ya sancionadas.
En su opinión, «las prohibiciones y otros obstáculos» a la participación de la oposición, así como el «incumplimiento de estándares democráticos», la «coacción electoral» y el «acceso desequilibrado a los medios», llevaron a unas elecciones cuyo resultado a su juicio «carece de credibilidad».
Está previsto que mañana el Consejo de ministros comunitarios dé luz verde a las nuevas sanciones y detalle quién pasa a engrosar la lista, reseñó Efe.
«En mayo el Consejo tomó clara posición sobre los últimos acontecimientos y dijo que actuaría rápido en ese sentido», señalaron fuentes comunitarias.
El pasado enero los ministros ya decidieron sanciones contra siete altos cargos del Gobierno de Maduro por la «represión» en el país, entre ellos su «número dos», Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.
Estas medidas restrictivas se sumarán así a las impuestas en noviembre, consistentes en un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la «represión interna» en Venezuela.
La UE siempre ha sostenido que las sanciones «selectivas» no son un fin en sí mismo y que con ellas pretende, sin perjudicar a los ciudadanos, incrementar la presión sobre el Gobierno nacional para que busque una salida democrática a la crisis que vive el país.
En su última reunión en mayo, los ministros pidieron reconocer la independencia de todas las instituciones venezolanas elegidas democráticamente y especialmente de la Asamblea Nacional, la liberación de todos los presos políticos y la defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
¿Qué pasará allí adentro?, por Julio Castillo Sagarzazu

 

Pasan cosas al interior del gobierno. Pasa mucho más que cuando los venezolanos, hace un año, llenamos las calles y el mundo vio con cuánta ferocidad podía el régimen responder a las demandas de democracia en el país. Obviamente, lo que pasa ahora no está desligado de lo que pasó ayer y mucho tiene que ver con ello. Sin embargo, ahora sentimos que en el gobierno se mueven cosas que no se movían. Los “gobernólogos” tendrán sus teorías y los que lo conocen más, a lo mejor están dateados sobre lo que allí ocurre. Este escribidor, munido solo de olfato, tejerá una teoría quizás peregrina pero que va de seguidas:
El país es inviable y, ciertamente, siempre se puede estar peor y manipular las necesidades colectivas para atornillarse en el poder. Pero es que en Venezuela el asunto va más allá del poder. En Cuba, por ejemplo, mantener el poder es un tema básicamente político e ideológico. La corrupción de allá es otra cosa. Los recursos que manejaron los Castro fueron siempre relativamente modestos y sirvieron para crear unas canonjías y unos privilegios relativamente limitados. Solo el entorno muy cercano a la clique gobernante se beneficiaba.
Siempre cuento esta anécdota ilustrativa de lo dicho. Junto con el amigo Asdrúbal González, me encontraba en un viaje en La Habana y estuvimos de visita al embajador venezolano Gonzalo García Bustillos. Estando allí, llegó un importante ministro, de los más emblemáticos y conocidos. Vino a preguntar si podía venir con su esposa a la recepción del 5 de Julio para que ella pudiera comer bien una noche. Se despidió, se montó en el Lada que él mismo iba manejando. No prendió y tuvimos que salir a empujarlo para que arrancara.
¿Alguien se imagina a un ministro de este régimen empujando su Lada? Pues no y allí hay una diferencia esencial sobre los privilegios que se manejan en el país y que explican las razones por las cuales el saqueo nacional y las impúdicas cifras de la corrupción criolla se convierten en un tema esencial para explicar por qué estos señores están donde están.
Estas cifras no solo han servido para mantener una camada amplísima de funcionarios apegados como una garrapata al poder, sino también para haber creado una red de cómplices, presta nombres, testaferros, comisionistas, banqueros y empresarios que igual juegan para uno o para los dos lados y que son una base sólida de sustentación del status quo.
Decía el viejo Marx que “el ser social determina la conciencia…” para explicar que un entorno de privilegios y comodidades terminaba influyendo en la manera de pensar de la gente. Mi abuela, de manera más plástica, decía “gato que pisa la alfombra, mas nunca vuelve al tejado…”. Por eso miles de dirigentes rojos, civiles y militares, venidos de la nada, vestidos por la corrupción, van a defender esos privilegios y van a adaptar su manera de pensar a la vida muelle que tienen.
Ese fenómeno es el que ha hecho tan importantes las sanciones económicas individuales a los capitostes del régimen y a sus familiares y allegados. Las “crisis existenciales” que están generando en las familias y entornos de los más comprometidos con la corrupción es grande y está empujando como un ariete sobre el monolitismo del régimen.
¿Algo está cambiando, producto de esa presión? Por supuesto que algo está cambiando. La semana pasada dábamos cuenta de la «operación cambio de rostro para la negociación» que el gobierno ha puesto en marcha. Para la verdadera, no para la chimba a la que se han prestado como teloneros Bertucci, Fernández y otros personajes menores. En esa operación, la de verdad verdad, ha participado como protagonista Rafael Lacava. Un nuevo actor de la pieza, un actor necesario porque como allí saben que es cierto aquella máxima de Mc Luhan que nos advierte que “el medio es el mensaje”, pues han decidido cambiar el medio para ver si el mensaje de una negociación les es más creíble a los señores del norte del Rio Grande.
De manera entonces que el asunto va caminando. A la liberación de Holt, ha seguido la medida sobre varios presos políticos de cambiarlos de cárcel. Un tema que no es menor para un gobierno que aseguraba que se pudrirían en sus mazmorras y que acusaba a inocentes de los perores crímenes de nuestra legislación penal. Es un claro mensaje “A quien pueda interesar”. Se produce también en el marco del informe de expertos de la OEA que da pie para recurrir ante La Corte Penal De La Haya.
Para quienes han recibido la medida y para sus familiares se trata de un respiro mientras consiguen su libertad plena. A los venezolanos nos deja la apertura de una rendija en un muro cerrado a cal y canto. Nos deja además la maravillosa imagen de dignidad del general Vivas gritándole al mundo por las cámaras de VTV “Muera la tiranía, viva la libertad”.
Falta saber ahora si ocurre igualmente algo en relación con los militares presos de la última hornada. Están procesados por el delito de rebelión y son la expresión más nítida de la ola de malestar que recorre la Fuerza Armada. Si las cosas comienzan a moverse también allí, entonces podríamos estar hablando de una vertiginosa situación de «reacomodos» en el seno del régimen; podríamos incluso llegar a decir que la transición, o una forma de ella, se ha puesto en marcha.
¿Que pasara allí adentro? Algún día alguien nos echará el cuento.

@juliocasagar

Embajador de EEUU ante la OEA: No hemos impuesto sanciones al petróleo venezolano

 

El embajador estadounidense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, afirmó que las sanciones de Estados Unidos son individuales y contra funcionarios que han cometido, a juicio de la Casa Blanca, crímenes de lesa humanidad y están relacionados con narcotráfico.

“Y si EEUU ha impuesto o va a imponer sanciones hasta este momento no ha impuesto ninguna sanción en su principal exportación que es el petróleo. El petróleo en Venezuela está en su momento de producción más bajo y quien controla actualmente la producción es el régimen de Maduro”, indicó Trujillo n el segundo día de sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA que se realiza en Washington.

Trujillo concluyó que la crisis económica que atraviesa Venezuela se debe a la gestión del presidente Maduro.

 

 

 

Por su parte, el canciller Jorge Arreaza respondió que Estados Unidos tratar de impulsar medidas en contra de Venezuela que violan la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y dijo que la administración del presidente Donald Trump busca ejercer un bloqueo sobre el país.

“Las transacciones de Venezuela en cualquier ámbito son rechazadas en la banca, no sólo en EEUU, sino en Europa y América Latina y perjudican al pueblo venezolano”, indicó Arreaza.

 

*Con información de Unión Radio

Víctor Maldonado C. Jun 04, 2018 | Actualizado hace 1 semana
La trampa está montada

 

No hay normalización democrática posible mientras sigan vigentes la injusticia, la impunidad represiva y la arbitrariedad constituyente. No habrá normalización económica mientras continúe el plan de la patria, el horror del socialismo del siglo XXI, la indisciplina fiscal y la pavorosa corrupción. Represión y destrucción son dos caras de la misma moneda de curso corriente en nuestra maltratada Venezuela.

Pero el régimen sabe que juega una ecuación que nunca le va a cuadrar a favor. Tiene claro que la represión le resta legitimidad y también tiene conciencia de que está experimentando los rendimientos decrecientes de una economía que se ha convertido en su peor enemiga. Y no dejan de llover malas noticias. Las sanciones políticas y los mercados se han confabulado para organizar un bloqueo a cualquier posibilidad de seguir actuando abusivamente. E internamente ha caído en el más absoluto descrédito. Aun así, es poco lo que puede hacer porque una tiranía no puede dejar de serlo sin derrumbarse. No le queda otra alternativa que “morir con las botas puestas”.

Pero puede reciclarse. En eso consiste la liberación de los presos políticos. Salen del oprobio de las cárceles venezolanas para quedar, muchos de ellos, condicionados a unas medidas cautelares que exigen silencio y compostura. Con esto no se acaba la represión. Siguen muchos perseguidos en las mazmorras, otros continúan siendo víctimas de la persecución, pero lo peor de todo es que continúan vigentes las condiciones de injusticia y abuso que caracterizan a los policial-socialismos. Nada ha cambiado sino la rotación que se produce a través de las puertas giratorias de la represión política.

El régimen sabe que se excedió. Necesita un aire de normalización lo suficientemente creíble para evitar la velocidad y la intensidad de las sanciones. Actúa taimadamente para lograr estabilizar esa ganancia espuria que significó el inmenso fraude del 20 de mayo. ¿Cuánto esta dispuesto a pagar para que le reconozcan esa parodia electoral? ¿Cuánto esta dispuesto a conceder para que una fracción de la oposición (la complaciente y colaboracionista) deje de insistir en ese punto y se dedique a otra cosa?

La oposición colaboracionista es experta en la confusión. Piden a la tiranía que haga elecciones, celebran que la tiranía afloje algunos presos políticos, conceden una y otra vez el beneficio de la duda luego de veinte años de evidencias. Esta oposición es experta en aflojar cada vez que estamos llegando a un punto de quiebre. Lo de ella es una nueva versión de “la era de acuario”, psicodélica, alucinada, y llena de fatua hermandad y amor falsario, experiencias extremas que solo ellos sienten, porque los demás estamos sobreviviendo a los efectos de una tiranía en acción. Los demás vivimos en el plano de una realidad atroz. Ellos viven en otro plano, el de las fantasías exóticas y las creencias extremas. Ese error de composición continuo y sistemático les hace incurrir en errores políticos imperdonables, propios de una estupidez política irreversible.

El error más reciente ha movido a unas organizaciones defensoras de DDHH a solicitar que se atenúen y reconsideren las sanciones financieras. Según ellos “no es moralmente aceptable, o políticamente efectivo utilizar el sufrimiento humano generalizado como una táctica para ejercer presión sobre el gobierno venezolano”. Esas organizaciones no gubernamentales que suscribieron ese comunicado bajo el paraguas de wola.org no caen en cuenta de la causa raíz de los problemas venezolanos. No es, como ellos proponen, que seamos víctimas de las sanciones. Sino que esas sanciones son el resultado de que el régimen haya convertido en víctimas a todos sus ciudadanos, haciendo oídos sordos a todos los llamados a la cordura que desde la OEA y países democráticos le hicieron constantemente. Tampoco es cierto que se hayan instrumentado sanciones al país, porque se ha concentrado en una nómina de dirigentes del régimen, y sus testaferros. Y por supuesto, impedir que siga el saqueo a los recursos del país. Claro está, la izquierda exquisita y falsamente humanitaria no quiere entrar en esos detalles.

Así como tampoco la oposición redimida por el régimen quiere dejar su agenda. Ellos siguen insistiendo en cursos de acción que le concede tiempo al régimen y a ellos innegables beneficios pecuniarios. Entre unos y otros, las ONG´s que humanitariamente piden un “taima” para el régimen, y esa oposición perversa, nosotros hemos estado entrampados. Ellos hacen perder de vista quienes son las verdaderas víctimas, y quien es el verdadero victimario. Ellos no quieren reconocer que mientras siga vigente el socialismo del siglo XXI no va a haber enmienda a la pobreza, la ruina económica y la persecución política. Ellos no quieren admitir que solamente por la vía de las sanciones el régimen aflojó a ese puñado de presos políticos. ¿O es que a alguien se le ocurre que el régimen accedió a las peticiones de Bertucci o Pedro Pablo Fernandez? ¿Alguien le da crédito a las “fianzas” otorgadas por los “gobernadores” adecos”?  Todos ellos son fuego de artificio para darle aires de verosimilitud a una trama montada desde el régimen para parecer complaciente, compasivo y democrático. Y esa es la trampa.

La trampa es aparentar lo que no es. Es jugar, por ahora, al repliegue táctico con el fin de distraer la atención de lo esencial y tratar de espaciar la intensidad de las sanciones internacionales. En ese sentido, los que juegan a favor del régimen son cómplices de sus delitos contra la humanidad de los venezolanos y contra la estabilidad de la república. El régimen quiere que olvidemos el socialismo y sus destrucciones. Quiere que no recordemos que está vigente la espuria asamblea constituyente, que son ellos los que la mantienen por la vía de los hechos, y la usan con criterio de dueño de meretriz. Ellos aspiran a que nosotros no caigamos en cuenta del inmenso descontento en las FFAA, y que no apreciemos el descalabro de la administración pública.

Esas ONG´s abonan a las falacias fabricadas por el régimen. El descalabro económico y la brutal caída del producto interno no es causa de las sanciones, son la razón por la que la comunidad internacional está preocupada y miran con estupor la crueldad subyacente al esfuerzo de destrozar al país y a sus habitantes. Ellas no lo ven porque son parte del sistema que mira con complacencia y sin discernimiento las escaladas de la izquierda, encumbrada en falsos altares, imposible de violar por ellos, sus más conspicuos cómplices.

Aquí en Venezuela la tragedia continúa invicta a pesar de los giros tácticos del régimen. Sería una tontería aflojar una vez más. Pero la trampa está montada. De un lado operan los falsos humanistas, que prefieren el sufrimiento del venezolano a la caída de un régimen socialista. Del otro opera la falsa oposición que pretende simular una falsa normalidad con miras a negociar una entente con el régimen donde se cocine de todo: falsos diálogos y falsas elecciones. En esas componendas sobra la plata sucia y escasea la honradez. Una fiera no deja de serlo porque alguna vez decida jugar con sus presas en lugar de devorarlas de una buena vez.

A los venezolanos nos toca seguir pendientes y atentos, con mucho foco en la realidad. Y la realidad lo que nos dice es lo siguiente:

  1. Que este socialismo es una tiranía que nunca se va a degradar en democracia imperfecta.
  2. Que esta tiranía se sirve de las instancias de gobierno y de una parte de la oposición.
  3. Que los resultados de este socialismo son ruina, represión y colapso.
  4. Que vivimos tiempo de quiebre, porque las tendencias conspiran contra la estabilidad del régimen.
  5. Que, por eso mismo, por debilidad inmanente, el régimen quiere fingir una normalización del país. Pero es apariencia sin esencia.
  6. Que las bases del régimen continúan allí: el modelo económico, la asamblea constituyente, la incondicionalidad del TSJ y del Poder Moral, el alto mando militar, y los patrocinantes y beneficiarios de la impunidad y la corrupción. Y el uso indiscriminado y cruel de la represión.
  7. Que el régimen no tiene legitimidad ciudadana y tampoco reputación internacional.
  8. Que solamente mediante una perfecta alineación entre los esfuerzos nacionales y las sanciones internacionales ocurrirá la debacle de la tiranía.
  9. No habrá salida fácil. Requiere de fortaleza democrática, resiliencia personal y claridad política. Por eso mismo es preferible la claridad al presuntuoso unanimismo.
  10. Son tiempos de opciones claras. No se puede ser tibio. Ni estar jugando en dos tableros a la vez. Venezuela es un país, no un casino.

Son tiempos para actuar con convicción, sortear los obstáculos, evitar a los tramposos y conjurar las trampas. El camino correcto no es fácil, pero es el único que garantiza una oportunidad para la libertad.

@vjmc

Las sanciones y el fin de la mentira oficial, por Brian Fincheltub

 

 

En los últimos meses se había profundizado en boca de la elite en el poder el discurso según el cual la mayoría de nuestros males, por no decir todos, eran consecuencia directa e inmediata de las llamadas “sanciones” impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea a funcionarios venezolanos. “Tenemos tantos millones bloqueados que no nos permiten comprar alimentos” decía un alto funcionario en rueda de prensa hace unos días. “No es posible comprar medicinas, no porque no hay dinero, sino porque lo tenemos represados por las sanciones” le gritaba un director de un hospital en Caracas a los médicos que protestaban por sus dramáticas condiciones de trabajo. Un guión bien montado que buscaba despojarlos de toda responsabilidad del drama nacional, un guión de sello castrista.

Pero como el padre que mata a su propia criatura, esta línea discursiva sufrió un grave golpe esta semana y esto fue posible gracias a uno de sus autores principales: el régimen cubano. Resulta que en medio de la peor crisis de nuestra historia, donde los niños mueren de hambre, los enfermos de mengua y millones escapan, nos tocó ver y leer con asombro -todavía es posible asombrarse- cómo desde los medios públicos se anunciaba con gran jolgorio y alegría el envío de doce toneladas de ayuda humanitaria a Cuba. Repetimos, 12 se lee doce. Un contingente que incluía comida, medicamentos y demás enseres que cualquier población venezolana sumida en el hambre y la destrucción del socialismo habría recibido con júbilo, como quien ve llegar un salvavidas en medio de un mar de ruina.

Parece ser que esto confirma que los únicos que sancionan al pueblo venezolano son lo que ahora controlan las riendas del Estado. Sanciones que a diferencia de esas que la comunidad internacional impone a personalidades concretas, no discriminan y se aplican a treinta millones de venezolanos por igual. El criterio sin duda es administrar la miseria otorgando premios o castigos a un pueblo domesticado con el hambre. 

Si antes el cuento de las sanciones no se sostenía, considerando que nuestra crisis se debe a un modelo que comenzó a hacer aguas muchos años atrás, después de esta semana son pocos los que sigan cayendo en la trampa, al menos que vivir bajo engaño sea una elección personal y no el resultado de una campaña de baja manipulación. Estoy seguro que la mayoría estamos claros quién está contra nosotros y quiénes con la democracia venezolana.

 

@Brianfincheltub

Fincheltubbrian@gmail.com

Donald Trump tras firmar la Orden Ejecutiva imponiendo nuevas sanciones al gobierno de Venezuela el 21MAY18. Foto: Casa Blanca

Los gobiernos del Grupo de Lima “no reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en Venezuela que concluyó el pasado 20 de mayo, por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”. La oración es especialmente relevante porque los gobiernos extranjeros que desconocen las votaciones del 20MAY18 en Venezuela no se limitan a objetar los resultados difundidos por las autoridades electorales del régimen, sino que censuran todo el proceso incluyendo desde las inhabilitaciones y encarcelamientos de líderes opositores, las inhabilitación de los principales partidos políticos hasta la falta de independencia de las autoridades electorales. El rechazo internacional no es por el altísimo nivel de abstención sino por todo el entramado que impidió que fueran unas elecciones libres.

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Tal como adelantara el Informe Otálvora del 19MAY18, las principales cancillerías del continente trabajaban bajo la presunción de que el régimen chavista no suspendería las votaciones del 20MAY18 y desde una semana atrás ya estaban perfiladas las respuestas que EEUU y el Grupo de Lima emitirían. La hipótesis de que ganaría el candidato Henry Falcón, disidente del chavismo y quien presentó su candidatura en contravía de la mayoría de la Oposición, nunca fue seriamente considerada por gobiernos extranjeros. A las 10:30 de la noche del domingo ya la cancillería panameña tuiteó: “el gobierno de la república de Panamá no reconoce los resultados”. Pocos minutos después, el gobierno chileno emitía un comunicado formal en la misma dirección que serían seguidos por decenas de pronunciamientos análogos.

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Apenas amanecía el lunes 21MAY18 comenzó a difundirse un largo pronunciamiento del Grupo de Lima cuya versión definitiva ya estaba redactada desde el sábado anterior. El texto firmado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, reúne las medidas que en las últimas semanas venían siendo discutidas y que fueron acordadas en la reunión del 14MAY18 celebrada en México. El Grupo de Lima anunció un paquete de medidas, algunas de ellas consideradas como sanciones diplomáticas y financieras contra el régimen chavista. Otras medidas buscan dar una respuesta internacional a la masiva migración de venezolanos a países de la región y ya fueron convocadas reuniones de las autoridades migratorias y de salud que se encontrarán en Lima a principios de junio. Los gobiernos acordaron “reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas” con Venezuela, impedir la aprobación de créditos de organismos multilaterales y procurar la aprobación en la OEA de una resolución continental contra el gobierno chavista. El grueso de las medidas acordadas y que se implementarán por cada gobierno “siempre que su legislación y normativa interna lo permita”, se refieren a medidas para impedir el uso de los respectivos sistemas financieros por el gobierno y los jerarcas venezolanos. Por ello acordaron “ampliar el intercambio de información de inteligencia financiera sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas”. Esta medida se corresponde con acciones del ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, quien en abril pasado creó junto al Departamento del Tesoro de EEUU un grupo de trabajo multilateral para seguir operaciones financieras que involucran a funcionarios venezolanos vinculados con actos de corrupción.

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A media tarde del 21MAY18, rodeado del vicepresidente Mike Pence, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y del asesor de Seguridad Nacional John Bolton, Donald Trump procedió a suscribir una Orden Ejecutiva imponiendo unas sofisticadas sanciones al régimen venezolano. No se trataba de un embargo petrolero sino de la prohibición dirigida a empresas y ciudadanos estadounidenses que en lo sucesivo no podrán hacer negocios de compra venta con deudas y cuentas por cobrar, deuda pignorada como garantía y acciones de empresas en las cuales Estado venezolano posea más de cincuenta por ciento de participación accionaria. “He firmado una Orden Ejecutiva para evitar que el régimen de Maduro venda o empeñe activos financieros venezolanos, y para prohibir que el régimen gane dinero de la venta de ciertas entidades del gobierno venezolano. Este dinero pertenece al pueblo venezolano”, explicó una nota distribuida por la Casa Blanca.

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La decisión del Grupo de Lima de retirar a sus embajadores de Caracas  realmente sólo involucró a México, Panamá, Guyana y Honduras ya que los restantes miembros del Grupo progresivamente habían retirado en los últimos años a sus embajadores, manteniendo sus misiones diplomáticas en Caracas dirigidas por funcionarios de menor rango con carácter de encargados de negocios.

Aparte de la declaración colectiva, algunos gobiernos explicaron el tipo de medidas que pondrían en práctica ante Venezuela. Canadá impuso una  “degradación de la relación diplomática” lo cual se materializa con negar el apoyo de Canadá a las candidaturas venezolanas en organizaciones multilaterales, suspender la cooperación militar bilateral, no enviar funcionarios canadiense a  eventos internacionales auspiciados por Venezuela, restringir la invitación a altos funcionarios civiles y militares venezolanos para que asistan a eventos en Canadá.

El gobierno de México especificó que emitirá una “alerta al sector financiero y bancario mexicanos sobre el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional, incluyendo convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior”. Por su parte, el canciller chileno Roberto Ampuero anunció que acelerarían “el intercambio de información sobre depósitos y recursos que tengan los dirigentes venezolanos”  e impondrá “restricciones al otorgamiento de visas a la dirigencia de Venezuela».

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Los gobiernos de Ecuador y Uruguay, antiguos aliados del chavismo, optaron por mantener una posición “neutral” ante las votaciones en Venezuela.

Pese al  tendencial distanciamiento del presidente Lenin Moreno de la órbita castrochavista, la cancillería ecuatoriana continúa en manos de María Fernanda Espinosa, exministra de Defensa de Rafael Correa, vinculada con la dictadura nicaragüense vía su esposo, aspira a ser electa para presidir la Asamblea General de la ONU 2018 que correspondería a un gobierno latinoamericano. En los últimos meses Espinosa  ha cruzado varios continentes en procura de apoyos. El 06ABR18, Espinosa sostuvo un encuentro con Jorge Arreaza, el canciller de Maduro, en la lejana Bakú, Azerbaiyán, donde procuraba votos de los gobiernos del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) presidido por Maduro. El 16MAY18, Espinosa se encontraba en Moscú y en presencia del canciller ruso Serguéi Lavrov justamente uno de los protectores internacionales de Maduro, la ecuatoriana afirmó que su gobierno «debe respetar su Constitución donde se habla de la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados”. Si bien Ecuador aún forma parte del grupo ALBA, no actuó en solidaridad automática a favor de los resultados de la votación en Venezuela. El 22MAY18, al ser entrevistada por el canal Teleamazonas, Espinosa afirmó que su gobierno no se ha pronunciado y “consultamos con varios actores, estamos preguntando a los observadores que estuvieron presentes en Venezuela, mirando la reacción de los países y estudiando la situación». La canciller ecuatoriana parecía no querer molestar a ninguno de los gobiernos que votarán el 05JUN18 para elegir a la primera latinoamericana que presidirá la Asamblea General de la ONU entre ella y la embajadora hondureña Mary Elizabeth Flores.

El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, por su parte, emitió el 22MAY18 un lacónico comunicado en el cual ni rechaza las elecciones ni reconoce los resultados oficialistas. “La elección del pasado domingo confirma la necesidad de un diálogo nacional” concluye el comunicado emitido por el gobierno de Tabaré Vázquez.

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La presencia de los gobiernos de Guyana y Santa Lucia entre los suscritores de la declaración del Grupo de Lima da cuenta del progresivo distanciamiento del Caribe con respecto al régimen chavista. Del total de quince gobiernos que son miembros natos de la organización regional Comunidad del Caribe Caricom sólo cinco de ellos accedieron a enviar a Caracas representantes para convalidar las votaciones. Pese a que la cancillería de Maduro solicitó la designación de una delegación oficial de Caricom para “acompañar” las votaciones, el organismo caribeño se negó a atender el pedido. Representando a sus respectivos gobiernos y no a Caricom llegaron a Caracas los enviados de Antigua y Barbuda, Surinam, Granada y Dominica encabezados por Ellsworth John  de San Vicente y las Granadinas.

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Los 28 gobiernos miembros de la Unión Europea podrían ampliar el número de  altos funcionarios del gobierno chavista objeto de sanciones. El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE tiene prevista una sesión el 28MAY18 en Bruselas en cuya agenda fue incluido el “tema Venezuela” el cual será debatido y sobre el cual se espera que los ministros adopten decisiones. La Alta Representante para Asuntos Exteriores, la italiana  Federica Mogherini, declaró el 22MAY18 que las votaciones en Venezuela se realizaron “sin cumplir con los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble, sin respetar el pluralismo político, la democracia, la transparencia y el estado de derecho”. Mogherini adelantó que la UE “considerará la adopción de las medidas adecuadas”. La aprobación el 22ENE18 de sanciones de la UE contra siete altos jerarcas chavistas fue asumida por 11 gobiernos europeos no miembros de la UE incluyendo a Suiza, los cuales podrían sumarse a una nueva oleada de sanciones.

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

 

Secretario de Estado Mike Pompeo interviene vía teleconferencia en reunión del Grupo de Lima del 14MAY18. Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores México.

 

Posponer nuevas sanciones al régimen chavista para luego del 20MAY18 fue la decisión tomada por el conjunto de gobiernos que forman el Grupo de Lima, aunque EEUU optó por imponer nuevas sanciones a jerarcas chavistas en vísperas de las votaciones. En lo que constituye la muerte definitiva de la “diplomacia Obama” hacia  el chavismo, el Departamento del Tesoro de EEUU incluyó el 18MAY18 al importante jefe político Diosdado Cabello, a su esposa y hermano en la lista de funcionarios venezolanos sujetos de sanciones en EEUU. Hasta ahora la línea del Departamento de Estado había sido la de preservar un “puente” hacia el chavismo representado en Cabello.

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Cancillerías de América y Europa trabajan con un escenario en el cual las votaciones del 20MAY18 no representarán un cambio político en Venezuela. La mayoría de los miembros del Grupo de Lima, así como EEUU y varios gobiernos europeos que atienden la crisis venezolana, estiman que deberán escalar sus acciones de presión. De hecho, el subsecretario de Estado de EEUU John Sullivan quien viaja a Buenos Aires el 20MAY18 para una cita de ministros de exteriores  del G20, incluyó en su agenda una visita a Brasilia, el martes 22MAY18, durante la cual pretende discutir con el gobierno de Michel Temer “la crisis humanitaria venezolana y el apoyo regional para la restauración de la democracia en Venezuela”. De esta manera, Sullivan suple al vicepresidente Mike Pence cuya visita a Brasil prevista para el 30MAY18 fue diferida. Como un adelanto de esas conversaciones, el 18MAY18 el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, telefoneó a su homólogo brasileño Aloysio Nunes quien permanecía en Tokio. Según el comunicado oficial de EEUU, en la conversación ocupó lugar el “tema Venezuela”, la importancia del papel de Brasil para lograr una “resolución pacífica, transparente y democrática” a la crisis en Venezuela y “expandir la asistencia humanitaria al pueblo venezolano”. La ofensiva judicial y mediática que enfrenta el gobierno Temer desde la izquierda y desde importantes medios de prensa habría hecho que el activismo internacional de Brasil sobre el “tema Venezuela” se viera frenado en los últimos meses.

Ya en Buenos Aires el 20MAY18, el segundo del Departamento de Estado de EEUU afirmó en entrevista con la agencia Reuters que su gobierno “está considerando activamente sanciones petroleras sobre Venezuela” y adelantó que los ministros del G20 mantendrían una reunión el lunes 21MAY18 sobre “el tema Venezuela” para evaluar el escenario post votaciones.

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El 14MAY18 se realizó en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México una nueva reunión del Grupo de Lima creado el 08AGO17 y que desde entonces se ha convertido en una instancia multilateral, distinta a la OEA, para el análisis de la situación venezolana y la definición de acciones unilaterales o colectivas de presión sobre el régimen chavista. En menos de un año, el grupo ha celebrado seis reuniones de rango ministerial y discretas sesiones técnicas para intercambio de información.

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En el comunicado emitido en México, el Grupo de Lima hizo un “último llamado al Gobierno venezolano a suspender las elecciones generales previstas para el próximo 20 de mayo, ya que han sido convocadas por una autoridad ilegítima”. En otro párrafo, el Grupo informa que “los participantes intercambiaron información, analizaron los posibles escenarios e identificaron una serie de acciones que podrían tomar de manera colectiva o individual, después del 20 de mayo, en el ámbito diplomático, económico, financiero y humanitario”.

La reunión del Grupo de Lima celebrada en México tuvo tres novedades políticamente relevantes: la entrada de Europa en el mecanismo, la participación de alto nivel de EEUU y la ampliación de la agenda sobre Venezuela.

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Hasta la fecha, el Grupo de Lima estuvo constituido por gobiernos americanos pero en México se registró la participación presencial de España lo que amplía la representatividad política del mecanismo. La reunión de Ciudad de México fue copresidida por los cancilleres de México y Perú ‎Luis Videgara y  Néstor Popolizio, y participaron además los enviados de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Santa Lucía, a los cuales se sumó en la mesa un enviado del gobierno español. Los cancilleres de Colombia, Panamá y Brasil fallaron a la cita por encontrase de viajes a Europa y Asia, pero se hicieron representar por funcionarios de sus cancillerías. Faltaron los gobiernos de Jamaica y Guyana que suelen participar en estas reuniones.

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Dada la dificultad de congeniar las agendas de los cancilleres, es usual que en las reuniones del Grupo de Lima algunos ministros participen vía teleconferencia como ya en el pasado lo han hecho los cancilleres de México y Jamaica o funcionarios de tercer escalón del Departamento de Estado de EEUU. Pero si bien EEUU no forma parte del Grupo de Lima, en la reunión del 14MAY18 el gobierno Trump participó mediante una intervención vía teleconferencia del secretario de Estado Mike Pompeo dándole alta relevancia política al evento.

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La tercera novedad de la reunión fue su carácter: “Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y de Finanzas del Grupo de Lima” por lo que junto al canciller mexicano se encontraba el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, José Antonio González Anaya. El título reveló que las deliberaciones de carácter político que privaron hasta ahora, comienzan a ser derivadas hacia el área financiera dejando ver la decisión de definir y aplicar sanciones económicas al gobierno Maduro. La inclusión de los ministerios de Finanzas en el Grupo de Lima sigue la línea pactada en las reuniones de ministros del área celebradas para analizar el “tema Venezuela” informalmente el 19MAR18 en Buenos Aires en el marco de un encuentro del G20 y, formalmente el 18ABR18 en Washington aprovechando la asistencia de los ministros a la reunión de primavera del FMI. La reunión de Washington tuvo al secretario del Tesoro Steven Mnuchin como anfitrión y contó con presencia de enviados de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Alemania, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú, España y Reino Unido.

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Algunas acciones “financieras” sobre el régimen chavista ya estarían siendo ejecutadas por un grupo de países latinoamericanos, mediante el cruce de información sensible. El gobierno de Panamá procedió el 27MAR18 a incluir a Nicolás Maduro y otros 54 funcionarios chavistas en la lista de  personas “de alto riesgo” a los efectos del sistema bancario panameño. La cancillería panameña alegó que se trataba de una medida que ya otros gobiernos habían implementado.

El 16MAY18, autoridades policiales y aduaneras colombianas, siguiendo una investigación en la cual participarían varios gobiernos, procedieron a incautar en el puerto de Cartagena cinco contenedores en los cuales serían reexportados hacia Venezuela 400 toneladas de alimentos “no aptos para el consumo humano” según voceros colombianos, contenidos en 25.000 cajas de los llamados “Comités Locales de Abastecimiento y Producción”. En una intervención televisada de Juan Manuel Santos el 17MAY18, el mandatario colombiano aseguró que “es la punta del iceberg de un negocio despreciable que involucra empresas de fachada en Colombia, México y muchos otros países” y explicó que “en el marco de la investigación que permitió este decomiso hay evidencias de posibles delitos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito”.

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El gobierno de Canadá decidió no autorizar la apertura de mesas de votación del gobierno venezolano el 20MAY18. Krista Humick y Brendan Sutton voceras del  Global Affairs Canada, al ser consultadas por el Informe Otálvora señalaron que  “Canadá no autorizará la apertura de las mesas electorales en las misiones diplomáticas venezolanas en Canadá debido a la ilegitimidad de las elecciones”. “El régimen de Maduro no ha hecho ningún intento para asegurar que el país cumpla con los estándares internacionales de libertad y justicia. Es lamentable la falta de voluntad del régimen Maduro para permitir que todos los actores políticos participen libre y plenamente y para permitir la libertad de prensa”, afirmaron las voceras canadienses al ser consultadas sobre las razones para desautorizar y negar protección policial para las votaciones convocadas por el régimen chavista.

 

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

 

Las últimas medidas aplicadas por Estados Unidos contra operadores de oficialismo venezolano tienen un carácter netamente administrativo, y es posible que estén ligadas a casos judiciales. Eso sí: siempre tienen un propósito político

 

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

 

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones a otros tres venezolanos. Dos de ellos, Pedro Luis Martín y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, son comisarios generales jubilados de la policía política (Disip-Sebin), mientras que el tercero (Walter del Nogal) es propietario de empresas registradas tanto en el país como en Panamá, está ligado a escándalos de toda índole, desde homicidios hasta tráfico de drogas, y fue indultado por Chávez.

Este hecho, conocido el 7 de mayo, coloca nuevamente sobre el tapete el tema de las sanciones de EEUU a venezolanos. Algunas veces, parecieran ser la reafirmación de una posición del gobierno de Washington frente a la crisis venezolana. En otras, tendrían propósitos más punitivos, consecuencia de investigaciones criminales cuyo contenido generalmente se desconoce. Entre una y otra cosas, el ciudadano tiende a confundirse, a meterlo todo en un mismo saco, y esto sienta las bases para que el gobierno de Maduro eche la culpa al “imperio” por cuestiones tan cotidianas como la escasez ya crónica de comida y de medicamentos. Si leemos Aporrea, entenderemos que mucha gente así lo cree.

Lo primero que se debe explicar es que todas las sanciones son el producto de “órdenes ejecutivas”, emitidas por el presidente de Estados Unidos. Pero el mandatario no puede decidirlas sin contar con una ley aprobada previamente por el Congreso de ese país, que le sirva de marco regulatorio.

En el caso venezolano, hasta el año 2015 la principal ley utilizada para imponer sanciones individuales fue el Acta para la Designación de Capos Extranjeros de la Droga (Kingpin Act). Otra utilizada en términos más genéricos ha sido el Acta de Asistencia Foránea, vigente desde 1961, mediante la cual se llevan a cabo los criticados procesos de certificación en materia de cooperación antidrogas. Desde hace diez años, por cierto, Venezuela no pasa este examen, pero el Presidente de turno en la Casa Blanca se ha negado a aplicar las sanciones previstas, entre ellas el cese de todo tipo de cooperación financiera a organizaciones civiles, pues entiende que eso afectaría más a la población del país que a su gobierno.

A finales de 2014, a la luz de la represión a manifestantes venezolanos durante el proceso conocido como La Salida, el Congreso estadounidense aprobó el Acta de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela. En los últimos tres años, este ha sido el instrumento jurídico mayormente invocado por los presidentes Obama y, especialmente, Trump, para sancionar a operadores del oficialismo venezolano, negándoles los visados y ordenando el congelamiento de los bienes y cuentas que puedan tener en la banca de ese país.

A propósito de estas medidas se han planteado situaciones de extremada rareza. Por ejemplo, la de una nación cuyo Presidente en ejercicio ha sido sancionado por violaciones a los Derechos Humanos y cuyo Vicepresidente Ejecutivo simultáneamente ha sido incorporado a la lista de capos de la droga.

En el caso venezolano, además, un mismo funcionario ha sido colocado tanto en la lista relativa al tráfico de drogas como en la de violaciones a los Derechos Humanos. Se trata de Freddy Bernal, ex alcalde de Libertador, actual ministro de Agricultura Urbana y Protector del estado Táchira.

En tercer lugar, Venezuela también figura en los listados de financiamiento al terrorismo. Dos agencias de viajes cuyas oficinas están en la avenida Baralt, Hilal y Biblos, así como sus propietarios, han sido señalados como conductos del dinero utilizado para respaldar las operaciones del grupo Hezbollah. Pero esa es otra lista.

Todos estos aspectos, que podrían ser considerados anecdóticos, son el producto de largos procesos de acumulación de información por parte de distintas agencias estadounidenses, pero no necesariamente están ligados a juicios penales. Lo importante para EEUU es enviar un mensaje al gobierno de Maduro, con la intención de que desista de su línea. De allí que muchos sancionados ni siquiera tuviesen un visado norteamericano. Este es el caso del fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, quien era considerado no elegible para obtener el permiso de entrada a EEUU, a propósito de su afinidad con grupos islámicos. Por lo tanto, sin permiso de entrada, era poco probable que tuviese cuentas o bienes en territorio estadounidense. Y aún así lo sancionaron en 2017.

Las dos últimas rondas de sanciones, aplicadas este año contra siete personas en total, han afectado si se quiere a operadores de segundo plano. No es lo mismo señalar por violaciones de Derechos Humanos a Tibisay Lucena, jefa del Poder Electoral, que al presidente de los Seguros Sociales, cuyo nombre pocos recuerdan. No es lo mismo tachar al presidente del TSJ Maikel Moreno que a un oscuro comisario jubilado del Sebin. Esto sucede por dos razones. En primer lugar, de acuerdo con fuentes consultadas en EEUU, las medidas verdaderamente fuertes vendrán luego de las elecciones del 20 de mayo. Pero durante los meses previos no se quería enviar el mensaje equivocado en el sentido de que la administración Trump habría perdido interés en el caso venezolano. Lo otro es que, con la salida del subsecretario de Estado Thomas Shannon, en febrero, se abrió un paréntesis en cuanto a las decisiones gruesas sobre el caso venezolano.

Esto quiere decir, entonces, que probablemente Washington elevará el perfil y el alcance de las sanciones en los próximos días. Sin embargo, para el momento de hacer las consultas referidas a este trabajo, no existía un consenso sobre el sector que podría ser atacado con las próximas decisiones. Algunos piensan que debería ser la renta petrolera, mientras que otros prefieren apuntar a las fuerzas armadas.

Hay además la clara intención de involucrar a otros países en las próximas medidas. “EEUU no quiere ser el dueño absoluto de problema, de allí la necesidad de lograr soluciones consensuadas”, explicó un consultor y exfuncionario del Servicio Exterior de ese país, que declaró bajo la reserva de su nombre. Pero eso implica procesos de negociación que podrían retardar las medidas, y mitigar el impacto inmediato.

En el caso venezolano, la mayoría de las sanciones ha tenido carácter individual. En otras palabras, afectan a personas o a empresas específicas. Pero ya se han tomado algunas decisiones, como por ejemplo negar los visados a funcionarios oficialistas y a sus familiares, restringir el financiamiento a la industria petrolera y prohibir operaciones con la moneda virtual Petro, que podrían marcar la pauta luego del domingo electoral.

 

Breves

 

*En un punto muerto se encuentra el proceso judicial por el fraude masivo a través del Banco Peravia, una entidad financiera de República Dominicana que fue usada como vehículo para el desvío de fondos de los ahorristas, el cohecho con funcionarios militares y el lavado de dinero. Por este caso, los fiscales del Distrito Nacional de República Dominicana Yeni Berenice Osorio, Ysidro Vásquez Peña y Milcíades Guzmán solicitaron la extradición de los venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Morales Santoro, Cristina Martidona de Santoro, Maria Cristina Santoro Martidona, Máximo Bartilomo y Lorenzo Labiosa, además de cinco dominicanos. La entidad fue disuelta en noviembre de 2014, al verificarse un recurrente estado de insolvencia, a pesar de los “planes de fortalecimiento” ordenados por la Superintendencia de Bancos de la isla. La solicitud de extradición indica que Santoro “se vinculó al mundo del narcotráfico y el lavado de activos a través del capitán de la Policía Nacional Brezhnev Jiménez Jiménez”, quien por cierto era propietario de una compañía de alquiler de vehículos en Florida, EEUU. Según el abogado César Amadeo Peralta, quien ha participado activamente en la querella contra los venezolanos, el Ministerio Público dominicano está al tanto de que la Constitución aprobada en 1999 prohíbe la extradición de nacionales. Sin embargo, la entidad tampoco está ganada a intentar la detención y el procesamiento en Venezuela de los propietarios del banco. “No creen que allá (en Venezuela) los juzgarán con el rigor necesario por los delitos que cometieron aquí (Dominicana), y por eso no ha querido participar (…)”. Para el abogado, tanto Santoro como los demás implicados algún día cometerán el error de pisar un territorio donde las autoridades se percaten de que tienen una notificación roja de Interpol, y ejecutarán la extradición.  

 

*Escribió un lector al correo crimenessincastigo@gmail.com, con información sobre la terrible situación que viven los pobladores de Caucagua debido a la inseguridad. La capital del municipio Acevedo no se recupera todavía del impacto negativo del programa de “zonas de paz”. Actualmente, las bandas se dedican a asaltar los transportes colectivos que cubren las rutas aledañas a Los Cerritos, Mendoza y San Rafael. No les importa si las unidades pertenecen al servicio de transporte comunal o si son privadas. Los pasajeros son despojados incluso de las viandas con comida. Este año, los delincuentes del mismo sector secuestraron a un conductor cerca de la almacenadora de refrescos. Las víctimas son interceptadas mediante la colocación de objetos en la vía, o la simulación de “puntos de control” policiales, en una carretera escasamente iluminada.

 

*El territorio venezolano fue usado activamente como punto de origen de los mensajes dirigidos al público de habla castellana para apoyar la independencia catalana. Oculto en el respaldo abierto que el gobierno venezolano dio al movimiento separatista, a través de declaraciones emitidas por el propio presidente Maduro, había toda una actividad a través de los medios electrónicos que pretendía mantener sobre el tapete, como trending topic, aspectos del conflicto como por ejemplo la represión a los manifestantes. Este es un tema que concita mucha atención entre expertos académicos y estudiosos de los conflictos de cuarta generación, o híbridos. En una presentación, realizada recientemente a puertas cerradas, se divulgó el resultado del análisis de más de cinco millones de mensajes relacionados con esta crisis, emitidos a través de las principales redes sociales entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2017. Venezuela fue, luego de Rusia, el principal origen de tales divulgaciones. 29% de las cuentas usadas se identificaban abiertamente con el oficialismo nacional; otro 28% solo era utilizado para hacerse eco a las noticias de agencias como Russia Today y Sputnik, que poseen emisiones en español, aunque mezclados con otros contenidos; otro 36% solo rebotaba las emisiones de estas agencias, y 7% era de emisores que fueron suspendidos, por decisión de los administradores de las herramientas, al verificarse que se trataba de robots.