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sanciones a funcionarios venezolanos

¡A correr, que llegó la autoridad!, por Carlos Blanco

 

EN EL SIGLO XIX Y DURANTE BUENA PARTE DEL SIGLO XX, Estados Unidos solía resolver a garrote sus conflictos de política exterior y las que consideraba amenazas en su contra. Sin dejar los mazazos, ahora hay más sutilezas. Las medidas hacia los jerarcas de Maduro, de sus testaferros y demás deudos, constituyen un ejemplo de cómo el poder mundial no es mamadera de gallo, y cuando los batracios se ponen a jugar con el narcotráfico, los dólares, el terrorismo y la violación sistemática de los derechos humanos, torcer el nudo en el cuello, paso a paso, da resultados.

¿Se acuerdan cuando Chávez y Maduro se burlaban de las sanciones? ¿Se acuerdan cuando los epifenómenos como Padrino López y El Aissami desestimaban las acciones de Washington? A paso imperial, con pisada de oso, una sanción, tras otra y otra, afectan el centro del poder rojo; a los personajes que siempre pensaron que eran invulnerables mediante la conocida táctica del pajarito: dejar un poquito aquí, y unos saltitos después dejar otro poquito (de dinero) y así hasta la impunidad. Si una bruma atravesaba la marcha triunfal de ese poder vicario, existían los millones de dólares para ahogar el trastorno con un costoso lobby. Así, hasta la victoria siempre; pero, llegó el comandante Donald y mandó a parar.

La táctica no ha sido la de demoler los personajes sino la más sutil de cortarles el oxígeno. En el fondo, las mafias no tienen proyectos trascendentes; aunque Pablo Escobar haya regalado canastillas a las familias del barrio, no es más que coartada. El propósito serio ha sido el de ponerse en unos reales a velocidades siderales y en cantidades inconmensurables. Lo lograron, pero dejaron el reguero. Los recién llegados como que no sabían que toda transacción en dólares pasa por Nueva York o por Londres, y que estos no son los tiempos de Pérez Jiménez con su maleta llena de dólares; ni siquiera los tiempos de Antonini con su valija furtiva para Misia Kirchner. Ahora son otros circuitos y lo que ha hecho Míster Trump es comenzar a tirar del hilo para ver hasta dónde llega el descosido. No son las fotos, es la plata. No es la invasión sino el escrutinio.

A propósito de invasión, hay analistas tontones que quieren descalificar a sus enemigos al decirles que son promotores de la invasión gringa a Venezuela. Esos sabios de pacotilla construyen un muñeco a su medida y lo destruyen en dos minutos. ¿Un promotor de la llegada de los marines por La Guaira? Se ríen –jajaja– y luego lo desmoronan sin piedad.

Lo cierto es que no hay ni habrá invasión de tropas estadounidenses a Venezuela. No existe. Lo que sí existe es una posible acción multilateral en el marco del sistema interamericano que puede tener diversas motivaciones. La principal que se ha argumentado hasta la fecha es la motivada por el desastre humanitario interno y la crisis migratoria provocada. Hay convencimiento en los centro de poder democráticos del mundo “que algo hay que hacer”. Al lado de esa poderosísima razón, hay otras: la alianza con el narcotráfico y el terrorismo, así como la corrupción que contamina sistemas financieros del exterior y la masiva violación de los derechos humanos. Esos son motivos de consideración para las democracias del mundo.

No habrá invasión, pero habrá medidas militares. Pueden ser para proteger la ayuda humanitaria, para organizar en más amplia y regional escala la migración venezolana; para contener el derrame del narcotráfico y terrorismo en la región; para proteger a los ciudadanos de la violencia desatada por un régimen brutal; para someter a ladrones y asesinos a la justicia internacional. Razones hay. Razón, también.

Los que permitieron que Venezuela no tuviera fronteras sino territorios controlados por el hamponato internacional, no pueden ahora reclamarlas para esconderse.

@carlosblancog

El Nacional

UE prolonga por otro año sanciones a Venezuela por “deterioro de situación”

 

LA UNIÓN EUROPEA (CE) ACORDÓ HOY PROLONGAR otro año el embargo de armas decretado a Venezuela y las sanciones individualizadas contra responsables de la presunta represión en el país, al considerar que continúa el “deterioro de la situación” a causa de la crisis política.

“En vista del continuado deterioro de la situación en Venezuela, el Consejo decidió hoy renovar las medidas restrictivas selectivas actualmente en vigor hasta el 14 de noviembre de 2019″, indicó en un comunicado esa institución, en la que están representados los Gobiernos de los 28 países miembros.

El Consejo de la UE puso en marcha unas sanciones selectivas a Venezuela el 13 de noviembre de 2017, que incluyeron un embargo de armas y equipos que se pueden utilizar para “la represión interna”.

Asimismo, las medidas restrictivas contemplaban la prohibición de viajar a la UE y la congelación de activos en territorio europeo de 18 personas con cargos oficiales (7 desde enero y otras 11 desde junio) a las que la UE considera “responsables de violaciones de los derechos humanos” y de “haber socavado la democracia y el Estado de derecho” en Venezuela.

El Consejo dejó claro que estas medidas van encaminadas a “ayudar a fomentar soluciones democráticas compartidas a fin de llevar la estabilidad política al país y permitir que haga frente a las acuciantes necesidades de la población”.

Para el Consejo, estas sanciones son “flexibles y reversibles” y “no están diseñadas para perjudicar a la población venezolana”.

La institución recordó que la UE “ha reiterado en numerosas ocasiones su disposición a ayudar a encontrar una salida democrática a la actual crisis multidimensional, a través de una negociación orientada hacia resultados, conducida de buena fe, que incluya a todos los actores políticos venezolanos relevantes”.

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 06.11.2018: BAJO: Neolengua

 

 

 

BAJO

¿SE BUSCAN VICTIMAS PRIVADAS?

¿La Venezuela Potencia, la Venezuela que se quitará a sombrerazos los inversionistas, la Venezuela que gozará de los beneficios de una reactivación económica que nunca llega? Toda esa neolengua conque el régimen viene enterrando lo que queda de nuestra economía y de nuestra moneda, recibe en silencio, de escondidas, un nuevo varapalo. Lo origina una carta que le envía el Procurador General Encargado, Reinaldo Enrique Muñoz, al Ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa Delgado, con fecha 24 de octubre. El primero le pide al segundo información y soportes, supuestamente para -textual- “…en el plano jurídico enfrentar y contrarrestar las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) contra la República Bolivariana de Venezuela…” Para cumplir tal solicitud el segundo hace que tercie la Superintendencia Nacional de Valores, (lo firma Exima Estrella, Gerente de Control e Inspecciones) la cual se activa mandándole un circular abierta a todas las Casas de Bolsa del país pidiéndoles entreguen documentación y pruebas de cómo las medidas tomadas por el gobierno de USA les afecta, bien a ellas o a sus clientes. Ocurre que es tal el desorden, la ignorancia, la incompetencia y la falta de profesionalismo de este régimen, que la propia Superintendencia Nacional de Valores olvida -y el ministro ignora, suponemos- que ella misma prohibió hace mucho tiempo a todas las casas de bolsa el manejo de títulos públicos, así como todo tipo de operaciones en moneda extranjera. Vigente aun tales prohibiciones, desde la cúpula de quienes dirigen este desastre económico y financiero, las casas de bolsa solo tienen la posibilidad de responder que resulta imposible tener documentación sobre algo que no hacen, pues es explícito y mandatorio que el Estado venezolano no maneja sus títulos a través de sus operaciones. En el pedimento (carta de compleja redacción y con siete puntos cargados de la típica neolengua chavista) también se pide documentación sobre cómo las medidas de EEUU afectan en concreto bienes y propiedades de clientes de las casas de bolsa. “Esto es otra locura, otra manifestación de ignorancia”, nos señala un destacado experto del sector. “Las casas de bolsa no disponen de autoridad alguna para definir, opinar o tener injerencia sobre bienes de terceros, mucho menos negociar monedas de terceros, solo lo hacemos con títulos. Fíjate, allí hablan inclusive de monedas digitales, eso está fuera de nuestro alcance legal, esto solo es una demostración de supina ignorancia.”  Validando el contenido de la comunicación consultamos también con un académico experto y le preguntamos por la razón, por el ¿por qué? de esta comunicación. Su repuesta fue precisa:  “-Es muy probable que el régimen reconozca internamente que el agua le llegó al cuello, sienta cercano el momento en que aparezcan pruebas irrefutables de como muchos altos funcionarios aparecerán ampliamente implicados en mega actos de corrupción manejando los títulos públicos y andan buscando “victimas privadas” para justificar lo injustificable, es decir, que las medidas del gobierno norteamericano están orientadas a perjudicar a ahorristas o empresarios honestos que siguen creyendo y trabajando por el país, los cuales, por lo demás, siguen siendo muchos. Insisten en desconocer que el bloqueo es sobre el desempeño de puntuales funcionarios de gobierno, no a la República. Te insisto, creo que el agua la tienen a nivel del cuello y todo indica que sigue subiendo-”.

 

ANEXO 1. TEXTUAL:

Ciudadanos

Bolsas de Valores y Caja de Valores

Presente.-

Me es grato dirigirme a usted después de un cordial saludo y a su vez, solicitar su colaboración a fin de que nos indique,  si su representada se ha visto afectada por las medidas de sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), contra la República Bolivariana de Venezuela,  en respuesta a una solicitud hecha por el ciudadano Simón Zerpa Delgado Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas (E),  con carácter de urgencia a esta Superintendencia Nacional de Valores por el correos  control.inspecciones2018@gmail.com yeximanar@hotmail.com a más tardar a las 2 p.m. del día jueves  01/11/2018,  la información requerida se indica  según oficio adjunto identificado con la ciclas  D.P./C.I.N° 0296 de fecha 24/10/2018.

Sin más me despido de usted.

Atentamente,

Exima Estrella

Gerente

Gerente de Control e Inspecciones

Superintendencia Nacional de Valores

 

ANEXO 2.Del Procurador al ministro de Economía y Finanzas

LAS CLAP&ALIMENTACIÓN: Los informes sobre sus entregas hasta 2017 eran de periodicidad “muy irregular”. La calidad de la alimentación que reparten no ha mejorado sino mas bien se ha deteriorado. En zonas de la Gran Caracas y sus alrededores la entrega se mantenía en un 80% de regularidad mientras que en el interior apenas era el 70% con periodicidad y 20% de solo una vez al mes. El 20% de los hogares mas pobres son los que mas han perdido donde en casos extremos ha disminuido en un 62% su recepción, según las investigaciones de varias universidades. La baja calidad alimentaria de los sectores pobres se nota cada vez mas en el notorio y deficiente rendimiento escolar. Algunos padres dejan durmiendo a sus hijos para eliminar así una comida diaria. Está claro que sin nutrientes no hay desarrollo y se ha notado que en algunos alumnos del 5to.grado de una escuela dependiente de MinEducación los jóvenes a los que se les hacían varias preguntas no las entendían debido al deterioro cognitivo ya hecho presente. En zonas del interior donde el acceso al agua, la electricidad y el gas cada día se hace más difícil se ha venido notando un mayor déficit alimentario entre los estudiantes. Ya hay casos demostrados y atendidos de enfermedades pulmonares por el uso de la leña para suplir las deficiencias de energía en esas localidades. Y el gobierno no se da por enterado…

 

Injerencia, soberanía y sanciones, por Armando Martini Pietri

@ArmandoMartini

LAS RAZONES Y MOTIVOS PARA LAS SANCIONES PUEDEN SER VARIADAS, desde violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, legitimación y blanqueo de capitales, terrorismo, corrupción, integrar organizaciones mafiosas, bandas delictivas y/o asociaciones para el narcotráfico.

El régimen de Chávez y ahora el de Maduro siempre han estado en el radar, ojo del huracán de los gobiernos democráticos del mundo entre ellos, Estados Unidos, Chile, Argentina, Canadá, Panamá, Suiza y la mayoría de las naciones pertenecientes a la Unión Europea. Ya son muchos los funcionarios pertenecientes o vinculados al gobierno, que han sido sancionados. Aunque a veces dan la impresión que poco parece importarles y algunos osan catalogarlas de condecoraciones.

Cuando se hacen públicas nuevas sanciones por infringir normas civiles, penales o administrativas, se especula cómo afectan al ciudadano común, de a pie, dada la situación que sufre y padece el país. Es importante subrayar la singularidad y resaltar la individualidad, es In tuito personae, es decir, no puede ser transferida a terceros; y sólo aplicadas a quienes cometen actos criminales considerados de gravedad contra la humanidad. Las sanciones no son contra el país, son puntuales contra individuos con nombre y apellido.

Las sanciones nacen durante la presidencia de Barack Obama en el año 2015, cuando en discusiones de opiniones contrapuestas, se firmó la Orden Presidencial calificando a Venezuela de “amenaza inusual y extraordinaria”. Durante tiempos las sanciones han recaído sobre mafias italianas, rusas, mexicanas, iraníes, bandas del crimen organizado transnacional tras el atentado a las torres gemelas en Nueva York, cuando se implementa la Ley Patriota (Patriot Act), cuyo objetivo es ampliar la capacidad de control del Estado para combatir el terrorismo, mejorando las agencias de seguridad coordinándolas y dotándolas de mayores poderes de vigilancia. Asimismo, en el proceso se ampliaron y contemplaron nuevos delitos, endureciendo el castigo. Ley polémica y controversial, ha sido criticada con dureza por organizaciones de derechos humanos, debido a la limitación de libertades y garantías que ha significado para los ciudadanos.

La intromisión es siempre una preocupación, genera agrias discusiones con argumentos de lado y lado. Lo cierto, es que cada país está en su derecho de expulsar dentro de su territorio a quien considere inapropiado; de la misma manera en la que Venezuela ha desalojado a diplomáticos por razones internas. Cualquier nación soberana, puede sancionar a personas, organizaciones, empresas, que supongan no deseables y dentro de esas atribuciones se encuentra exigirle su salida. Las sanciones tienen que ver con personas que hayan cometido delitos considerados graves que puedan atentar a la seguridad nacional y en casos, extendiéndola a la región, se conoce como geopolítica.

Las consecuencias para el sancionado entre otras: la imposibilidad de realizar operaciones con otro país ya que el dinero transita por Estados Unidos. De allí que aquel banco, entidad financiera o cualquier agente que acepte o maneje patrimonio de un infractor sancionado, correrá la misma suerte y será también sancionado y sujeto de cierre. Cuando se refiere a funcionarios de gobierno, el mercado internacional se inhibe pues se pierde la confiabilidad, convirtiéndose en persona no grata y muchos no querrán estar cerca, mantener relación de amistad o comercial. Es decir, castigo moral y más que eso, al aparecer en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se le congelarán bienes y activos, no podrán operar el dólar; y si intentan convertirlos a otras monedas, el sistema los rastreará y perseguirá; por si fuera poco, serán excluidos y le serán revocadas las visas propias y de familiares, además de cualquier otro documento, incluido los consulares.

Con las resultas del Comité General The Global Center for Responsability to Protect que aprobó incluir en la agenda de la Asamblea General de la ONU, la discusión sobre activar e impulsar el Principio de Responsabilidad de Proteger –adoptado en la cumbre mundial de 2005-, contra los abusos perpetrados por la dictadura comunista castro-madurista en Venezuela, obteniendo 93 votos favorables y 16 en contra, a saber: Cuba, Belarus, Burundi, China, Corea del Norte, Egipto, Gabón, Irán, Myanmar, Kyrgyzstan, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Sudan, Siria y Venezuela- la mayoría de dudosa reputación.

Queda dilucidada la existencia de delitos que transcienden las fronteras y, en consecuencia, extinguida la posibilidad de alegar a favor, intrusión, injerencia y soberanía. Es una opción que tienen los Estados para asumir una posición activa contra los regímenes que consideran violadores de Derechos Humanos, que hayan cometidos crímenes de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra lo que justifica sobreponer la soberanía. Es decir, si un estado manifiestamente no protege a sus poblaciones, la comunidad internacional debe estar preparada a fin de tomar medidas colectivas apropiadas, de manera oportuna, decisiva y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Venezuela es materia permanente de alarma y preocupación, nos encontramos en pleno proceso de arbitrajes. Los colaboracionistas manifiestan su inconformidad y desagrado, organizándose para adversarlo. Sin embargo, ya se inició y continua indetenible. Venezuela merece libertad, está obligada a recuperar la democracia; otra modalidad -en pleno siglo XXI- es inaceptable y las pocas que existen, se extinguen sin posibilidad de renacer, son dinosauros de la prehistoria que se resisten abandonar las pretensiones populistas de izquierdas trasnochadas, desgatadas y anacrónicas. El comunismo es un mal nefasto, perverso que sufre la humanidad y debe ser anulado, no solamente por fracasado, sino por impropio de naciones que desean incursionar en la modernidad y explorar la maravilla de las nuevas tecnologías del mundo futuro.

Senadores de EE.UU. proponen ley integral para atajar la crisis venezolana

UN NUEVO PROYECTO DE LEY INTEGRAL para atajar la crisis de Venezuela fue presentado hoy en el Congreso de EE.UU. por un grupo bipartidista de senadores, con el que pretenden aumentar la presión “política, económica y diplomática” contra el Gobierno de Nicolás Maduro, y proveer ayuda al pueblo venezolano.

El proyecto de ley propone varias secciones de respuesta a la crisis venezolana, desde un aumento de las sanciones a determinados agentes del Gobierno venezolano y su deuda soberana, hasta dos provisiones de asistencia valoradas en un total de 40 millones de dólares y un aumento de los esfuerzos diplomáticos.

La propuesta, titulada Ley de Ayuda Humanitaria, Reconstrucción y Estado de Derecho en Venezuela de 2018, se trata del proyecto legislativo más amplio de los abordados por el Congreso estadounidense para atajar la situación del país caribeño.

La propuesta legislativa está liderada por el senador demócrata Bob Menendez, a quien se han sumado los también demócratas Bill Nelson, Dick Durbin y Ben Cardin, además de los republicanos Marco Rubio, John Cornyn y David Purdue, y su implementación depende de la aprobación de las dos cámaras del Congreso.

“La legislación bipartidista de hoy es la respuesta más integral, más significativa hasta la fecha, y proporciona la ayuda humanitaria y política y la presión económica necesarias para colocar el país de vuelta en el camino a la democracia”, apuntó Menéndez, ante el anuncio.

Por su parte, Rubio consideró que “es vital” para EE.UU. y sus socios “proporcionar ayuda humanitaria directa al pueblo venezolano”, y subrayó el carácter bipartidista de una ley, cuyo objetivo es “garantizar” que tanto el Gobierno estadounidense como sus aliados “estén preparados para ayudar a restablecer el Estado de derecho en Venezuela”.

En cuanto a la ayuda humanitaria para el pueblo venezolano, la legislación autorizaría 20 millones de dólares de asistencia para la crisis interna del país, y otros 20 millones adicionales para los Estados vecinos, que se enfrentan “a los desafíos” del crecimiento de la migración venezolana.

También otorga 14,5 millones dólares para “apoyar a la sociedad civil democrática” y medio millón para la observación internacional de futuras elecciones democráticas.

Asimismo, requiere que el Departamento de Estado realice una conferencia de donantes para coordinar la financiación internacional ante la crisis Venezuela, y garantiza el apoyo a los esfuerzos en las Naciones Unidas al respecto.

En cuanto al aumento de sanciones, apunta específicamente a aquellos funcionarios venezolanos que hayan incurrido en “corrupción pública” y en actos destinados a “socavar la democracia”, de igual que forma que propone más castigos financieros a la deuda soberana del país.

Por otra parte, el proyecto exige el reconocimiento de EE.UU. a la Asamblea Nacional, inhabilitada por Maduro, como “el único cuerpo legislativo legítimo en Venezuela”, y urge a buscar una “solución negociada a pesar de la falta de voluntad” del Ejecutivo venezolano para “comprometerse con un proceso de negociación creíble”.

A continuación el sumario de la Ley de Ayuda Humanitaria, Reconstrucción y Estado de Derecho de Venezuela de 2018  que llegó a  Runrun.es llegó a través de una fuente anónima:

 

Ley de Ayuda Humanitaria, Reconstrucción y Estado de Derecho en Venezuela de 2018 by runrunesweb on Scribd

 

Ley de Ayuda Humanitaria, Reconstrucción y Estado de Derecho de Venezuela de 2018

Título I – Ayuda Humanitaria para Venezuela

  • U$20 millones en ayuda humanitaria.
  • U$20 millones en ayuda a los esfuerzos de países vecinos.
  • Coordinación de ayuda humanitaria desde el Departamento de Estado.
  • Coordinación de ayuda humanitaria desde las Naciones Unidas.

Título II – Restauración de la democracia y abordar la crisis política en Venezuela

  • Reconocimiento a la Asamblea Nacional.
  • Propuesta de soluciones diplomáticas apoyadas por los EE.UU. para una salida negociada de la crisis en Venezuela.
  • Respaldo al Grupo de Lima.
  • Declarar responsables en crímenes de lesa humanidad.
  • Respeto a la carta democrática de la OEA.
  • $14 millones en ayuda para la sociedad civil democrática y $500 mil en observación electoral futura.

Título III – Avanzar la reconstrucción de Venezuela

  • Coordinación financiera interinstitucional para la reconstrucción económica de Venezuela.
  • Repatriación de bienes fruto de la corrupción.

Título IV – Restaurar el Estado de Derecho en Venezuela

  • Reportar sobre la incursión de funcionarios Venezolanos en el narcotráfico y corrupción.
  • Sancionar a personas responsables por actos de corrupción y socavar la gobernanza democrática.
  • Hacer pública la información sobre bienes incautados a funcionarios y personas sancionadas.
  • Coordinar sanciones con aliados la región (América) y la Unión Europea.
  • Sanciones financieras a la deuda venezolana.
  • Sanciones adicionales a la deuda venezolana.
  • Expansión de sanciones y sancionados en temas de narcóticos de la lista Kingpin.
  • Excepciones para asistencia y ayuda humanitaria.
  • Preocupaciones por transacciones entre PDVSA y Rosneft.
  • Reporte sobre actividades de agentes de países extranjeros y actores no gubernamentales en Venezuela.

Título V – Sanciones a la criptomoneda y asegurar la efectividad de las sanciones estadounidenses

  • Sanciones a la criptomoneda Venezolana y tecnologías relacionadas.
  • Reporte sobre el impacto de las criptomonedas a las sanciones de EE. UU.

Título VI – Finalización

  • Extensión o finalización de sanciones contra Venezuela.

 

 

 

*Con información de EFE

 

AP: Focos de nuevas sanciones de EE.UU. serían corrupción de las Clap

LA REUNIÓN DE JUNIO se llevó a cabo a puerta cerrada, lejos de la intensa atención normalmente enfocada en Venezuela.

Alrededor de una mesa en forma de U en un hotel sobre el Canal de Panamá, funcionarios del Departamento del Tesoro distribuyeron una lista de compañías sospechosas que creen que altos funcionarios venezolanos han utilizado en todo el mundo para desviar millones de dólares en contratos de importación de alimentos pese a el hambre que se padece en la rica nación petrolera.

Esa reunión, y varias desde entonces, es parte de una campaña sostenida de la administración Trump para presionar al presidente Nicolás Maduro y castigar las billeteras de altos funcionarios de la administración socialista de Venezuela.

“Saben que los buscamos y saben que los perseguimos a nivel multinacional porque estamos empezando a ver cómo las redes se transforman y las nuevas compañías ficticias se ponen de pie y las existentes se debilitan”, dijo Marshall Billingslea, funcionario del Tesoro en el área de financiamiento al terrorismo, en una entrevista al margen de la reunión de junio.

En esa sesión, investigadores forenses de Estados Unidos y tres aliados conservadores de América Latina -México, Panamá y Colombia- rastrearon transacciones de compañías que se cree estaban controladas por un empresario vinculado al gobierno, según varios participantes que hablaron con The Associated Press sobre el tema a condición de guardar el anonimato porque las discusiones fueron privadas.

Desde que Donald Trump se convirtió en presidente, decenas de altos funcionarios venezolanos han sido sancionados por acusaciones de corrupción, abusos contra los derechos humanos y tráfico de drogas. El año pasado, el mandatario estadounidense incluso amenazó con una “opción militar” para destituir a Maduro y, junto con altos asesores y líderes latinoamericanos, planteó la posibilidad de invadir el país sudamericano.

El enfoque en la comida es deliberado, dijo Billingslea, quien dirigió el equipo de transición de seguridad nacional de Trump.

Una historia publicada por la AP en 2016 reveló cómo altos funcionarios venezolanos y miembros de las fuerzas armadas se enriquecían desviando dinero de los contratos de alimentos. Desde entonces, a medida que el hambre se ha extendido, Maduro ha logrado tener un control aún mayor de la distribución de alimentos, entregando cajas mensuales de productos básicos que los críticos califican como una forma de control social dictatorial.

Maduro dijo que comenzó a distribuir las cajas CLAP -el acrónimo de Comités Locales de Abastecimiento y Producción- como una forma de burlar la “guerra económica” que libran sus oponentes. Pero los críticos dicen que el mandatario venezolano esencialmente ha convertido los alimentos en armas, distribuyendo las cajas principalmente entre trabajadores del gobierno y sus seguidores.

A medida que Venezuela se ha sumido en la agitación, el programa CLAP se ha convertido en un tenue salvavidas para millones de personas que sufren debido a los estantes de los supermercados y la hiperinflación.

“Esto va más allá de la corrupción”, dijo Billingslea, quien estuvo acompañado en Panamá por Kenneth Blanco, director de la red de ejecución de crímenes financieros del Departamento del Tesoro. “Esto es, literalmente, saquear el único programa de red de seguridad social que queda”.

Billingslea no habló sobre individuos o entidades específicas en el radar del equipo de trabajo, pero dijo que es una prioridad ir tras el dinero robado de las importaciones.

Los participantes que hablaron con la AP a condición de guardar el anonimato dijeron que un empresario colombiano llamado Alex Saab fue un foco principal de las reuniones en la Ciudad de Panamá.

Saab ganó cierta prominencia en 2011 después de aparecer en la televisión estatal venezolana con el fallecido presidente Hugo Chávez para firmar un acuerdo para construir viviendas para el gobierno. Los investigadores dicen que ingresó al negocio de alimentos a través de Group Grand Ltd., con sede en Hong Kong, que según dicen lleva el sello distintivo de una compañía ficticia.

Group Grand recibió contratos para proporcionar al menos 11,5 millones de cajas de CLAP, según una hoja de cálculo del Ministerio de Alimentos de Venezuela obtenida por la AP.

Fiscales de Miami y Colombia han estado investigando a Saab por más de un año, dijeron a la AP cuatro funcionarios estadounidenses y colombianos con conocimiento de esas investigaciones. Todos hablaron bajo la condición de anonimato debido a lo delicado de la investigación.

El abogado de Saab en Miami, Richard Diaz, rechazó las acusaciones de cualquier mal proceder y dijo que su cliente ha sido sometido a escrutinio indebido y a una dura cobertura mediática debido a los falsos testimonios contra él. Agregó que si Estados Unidos tenía motivos para creer que las acusaciones eran posiblemente ciertas, su cliente habría sido acusado hace mucho tiempo.

Saab dijo en un comunicado que está siendo atacado por opositores del gobierno que buscan sabotear la economía de Venezuela.

“En cambio, deberían estar agradecidos de que a pesar de la mala prensa y el bloqueo internacional todavía hay empresarios dispuestos a invertir y creer en el país”, dijo.

Estados Unidos calcula que al menos el 70% del programa CLAP está siendo destruido por la corrupción.

Entre las transacciones que levantan banderas rojas se encuentra una factura de septiembre de 2017 presentada al Ministerio de Alimentos de Venezuela por Group Grand de 41 millones de dólares por leche en polvo a un precio de 6.950 dólares por tonelada métrica, más del doble del precio de mercado en ese momento. Se proporcionó una copia de la factura al AP.

La investigación cooperada entre Estados Unidos y otros países ya ha dado algunos resultados.

El 17 de mayo, tres días antes de que Maduro fuera reelegido, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, actuando con información provista por Estados Unidos, anunció la incautación de 15 contenedores llenos con más de 25.000 cajas CLAP.

En un testimonio de la policía obtenido por la AP, el dueño de una empresa colombiana dijo que fue contratado por una firma portuguesa para armar y enviar las cajas a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, que según el Departamento del Tesoro es un vehículo frecuentemente utilizado por funcionarios corruptos para malversar fondos estatales.

Billingslea dijo que Maduro ha intentado en reiteradas ocasiones desviar la culpa de su propia mala gestión y negativa a enfrentar la creciente hambre.

“Si realmente quisieran alimentar a las personas, dejarían entrar la ayuda extranjera que se les ofreció“, dijo.

 

El ex alcalde del municipio El Hatillo en el exilio, David Smolansky, envió una carta al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le asegura que el aumento del flujo migratorio en el país es culpa de Nicolás Maduro y no de las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos, por parte del gobierno estadounidense.

Smolansky señaló que Maduro es el único responsable de “este deslave humano, es la dictadura a la que hemos estado sometidos los venezolanos”. En este sentido invitó a Zapatero a recorrer el Puente Internacional Simón Bolívar en Cúcuta y las carpas en Boa Vista para que constate que allí nadie habla de que se fue por las sanciones.

El ex alcalde calificó las declaraciones como una humillación y una burla para los migrantes del país y para las familias que fueron separadas por detenciones políticas.

“Señor Zapatero, la única causante del éxodo de millones es la dictadura y la solución para frenar este río humano que se desborda por América Latina será una Venezuela libre, segura y próspera”, aseveró.

“Como siempre ocurre con las sanciones económicas que producen un bloqueo financiero, quien, en definitiva, en ultima instancia, lo paga no es el Gobierno, sino los ciudadanos, es el pueblo. Esto debería dar lugar a una cierta reflexión” y “consideración”, dijo Zapatero en entrevista con Efe tras participar en un foro en la ciudad brasileña de Sao Paulo.

 

UE sanciona a Delcy Rodríguez y otros 10 funcionarios venezolanos

 

La Unión Europea impuso este lunes sanciones contra 11 funcionarios venezolanos, a raíz de la «elección presidencial» del 20 de mayo que no reunió las garantías suficientes.

Los cancilleres europeos reunidos en Luxemburgo fueron los encargados de añadir el nombre de 11 personas a la lista de sancionados con medidas «selectivas», que implican la prohibición de viajar a la UE y la congelación de sus activos en el bloque.

Ocho días después de la reelección de Maduro con 68% de los sufragios en una elección presidencial anticipada, los cancilleres se comprometieron a adoptar nuevas sanciones y pidieron nuevas elecciones.

Un alto funcionario europeo explicó entonces que el objetivo era sancionar a los actores vinculados a la organización de las elecciones poco representativas.

Nuevos nombres

En la lista agregan a la nueva vicepresidenta y ex presidenta de la asamblea nacional constituyente, Delcy Rodríguez; y Tarek El-Aissami, vicepresidente de Economía y ministro para Industrias y Producción Nacional

También figuran en la lista Sergio José Rivero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jesús Rafael Suárez, comandante general del Ejército Bolivariano; Iván Hernández, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y Elías José Jaua Milano, ministro del Poder Popular para la Educación.

Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Alirio Bernal, director del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción; Katherine Nayarith Harrington, vicefiscal general; Socorro Elizabeth Hernández, miembro del CNE y la Junta Nacional Electoral, y Xavier Antonio Moreno, secretario general del CNE; completan la lista.

La decisión eleva a 18 el número de personas sancionadas por menoscabar, a juicio de la UE, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela, país sumido en una profunda crisis política y económica.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ya fue sancionada en enero junto a otras seis personas, entre ellas el número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, actual presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige Venezuela.

Al contrario que Canadá, Estados Unidos y Panamá, los europeos se resisten a imponer sanciones al presidente venezolano, ya que abogan por no romper los puentes del diálogo y poder trabajar en pos de una solución negociada a la crisis.

 

 

*Con información de AFP y EFE