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Salario mínimo

Canasta básica aumentó 2,5% en febrero y alcanzó los $548,65

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros (Cendas-FVM) informó que la canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas tuvo un costo de $548,65. Un aumento de 2,5 % con respecto al mes de enero. 

La organización señaló que en enero, el costo de la canasta con 60 productos tuvo un precio de 535,23 dólares.

El Cendas indicó que los tubérculos, azúcar, sal y granos fueron los productos que más aumentaron el mes pasado, con variaciones superiores al 3,9 %.
De acuerdo con el Cendas, un hogar venezolano necesitó gastar un 13,7 % más respecto a febrero del año pasado para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, pues el costo de la canasta en ese entonces era de 482,26 dólares.

Desde marzo de 2022, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares al mes, que en ese entonces, al cambio oficial, eran unos 30 dólares, por lo que se ha reducido un 88 % durante estos dos años en su equivalente en la divisa estadounidense, usada como referencia para fijar precios en el país.

Trabajadores exigen aumento salarial 

El pasado viernes, profesores universitarios exigieron al Gobierno mejoras salariales, tras dos años del último aumento del sueldo mínimo que equivale hoy a unos 3,5 dólares al mes.

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), Gregorio Afonso, dijo entonces que los empleados necesitan «cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales» de sus familias, pero -afirmó- «el Gobierno lo impide».

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) propone un aumento del salario mínimo del 5.614 %, hasta 200 dólares.

Trabajadores intensificarán protestas para exigir aumento de salario mínimo a $200

Trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) protestaron este viernes, 15 de marzo, en la casa de estudios para exigir un aumento de salario mínimo a $200.

Eduardo Sánchez, presidente del sindicato, reclamó que el gobierno dirigido por Nicolás Maduro tiene que decretar el incremento salarial, y no puede ser menos de 200 dólares. «Por eso estamos llamando a acompañar la propuesta de los 200 dólares con la calle».

Por su parte, Carlos Salazar, coordinador de la coalición sindical, anunció que la próxima semana será de protestas para exigir aumento del salario mínimo.

«La semana que viene será semana de protestas, la semana que viene protesta nacional», aseguró. 

Trabajarán dos días a la semana

A través de un comunicado, el sindicato informó ratificó el horario de emergencia que los lleva a trabajar solo dos días a la semana por las dificultades que existen para movilizarse, la alimentación deficiente y el poco acceso a los productos de la cesta básica.

«Se trata de un horario de emergencia (similar al horario mosaico que se ha implementado en los centros educativos a nivel nacional) en el que el personal que vive en el Área Metropolitana de Caracas asiste dos días a su trabajo y los que residen fuera de la capital solo van un día», se lee en el comunicado.

El texto señala que trabajarán «en el horario comprendido de 8 a.m. a 1 p.m. o de 9 a.m. a 2 p.m. y se respetarán los acuerdos internos de funcionamiento según las necesidades».

Según reseña el diario El Aragüeño, la decisión la mantendrán hasta tanto no exista un ajuste salarial que permita a los trabajadores satisfacer sus necesidades fundamentales.

En el caso del núcleo de la UCV en Maracay, informaron que el personal obrero trabajará solo un día a la semana.

«En Maracay las autoridades implementaron el tema del comedor, pero les impiden a los trabajadores comer allí y además no tienen ningún transporte, entonces lo llevamos a un día. Los trabajadores necesitan comer. Por ello el comando intergremial decidió aplicar solamente una jornada de trabajo», dijo Sánchez.

salario mínimo a $200

Dos años sin ajuste del salario mínimo: el derecho vital que el chavismo olvidó

Dos años han pasado y el salario mínimo fue olvidado. Fue el 15 de marzo de 2022 cuando el gobernante Nicolás Maduro decretó el último ajuste salarial de los venezolanos a 130 bolívares. Desde entonces y hasta ahora, ese es el monto que perciben mensualmente millones de trabajadores como salario base, así como también los jubilados y pensionados. 

El oficialismo ha tratado de ignorar el hecho de que el salario mínimo está “pulverizado”, como lo denuncian sindicatos y defensores de los derechos de los trabajadores, y la única alternativa de “solución” que ha presentado ha sido la bonificación de los ingresos. 

Hace ya dos meses, el 15 de enero de 2024, Maduro ajustó el “ingreso mínimo mensual” de los trabajadores venezolanos. La medida no significó un aumento del salario base, sino del pago que se hace mediante el Sistema Patria, el Bono de Guerra Económica, a 60 dólares mensuales. El bono de alimentación sigue, según el oficialismo, en 40 dólares indexados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Ese “ingreso mínimo mensual” lo perciben completo solo los trabajadores activos de la administración pública y no genera pasivos laborales, es decir, no influyen en el pago de vacaciones, utilidades ni liquidación. Los jubilados de la administración pública reciben el 70% de ese monto, es decir, 70 dólares, mientras que los pensionados solo perciben 25 dólares mensuales.

La aniquilación del salario mínimo como germen de la crisis humanitaria

De acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante el año 2023, los trabajadores venezolanos protestaron en 4.100 ocasiones exigiendo salarios dignos. Esta cifra representa un aumento de 59 % en comparación con 2022.

“El reajuste de salario digno y suficiente sigue siendo el principal motivo de protestas en Venezuela”, señaló el OVCS en su informe.

La organización señaló que los ingresos por salario mínimo del trabajador venezolano resultan “precarios e insuficientes para alcanzar el acceso a vivienda adecuada, alimentación, cuidado a la salud física y mental de las familias”.

En el marco de un foro virtual organizado  el 8 de marzo de 2024 por el Observatorio Social Humanitario el representante de la firma de investigación Anova Policy Research, Omar Zambrano, destacó que la crisis humanitaria no ha desaparecido en los años de leve recuperación económica, pues las condiciones de vida de las personas dependen fundamentalmente de los salarios.

“Esa transacción es fundamental en la constitución de los ingresos de los hogares, por lo tanto, en el bienestar de las familias y de las personas. Lo que pasó en Venezuela tiene todo que ver con lo que pasó en el mercado laboral”, argumentó. 

Para Zambrano, esa caída “estrepitosa, brutal y abrupta” de los salarios reales es uno de los factores que explica la crisis humanitaria en Venezuela.

“El valor del trabajo en Venezuela se hizo trizas, se desapareció, se diluyó completamente a partir de 2015, 2016, 2017”, expresó.

“La crisis humanitaria se gestó en el colapso de los salarios y en la debilidad del mercado laboral y, mientras eso no se revierta, está para permanecer. Está pasando muy poco para revertir esta fragilidad económica. Mientras esto no se revierta seguirá la migración, porque el ciudadano no podrá cubrir sus necesidades básicas, el cambio debe ser en conducción de políticas, conductores y en los programas”, opinó. 

La caída del ingreso real de los venezolanos es uno de los factores que explica que al menos unos 14.000.000 de ciudadanos tengan necesidades críticas, es decir, que tienen comprometida su vida, integridad y seguridad “a un nivel importante”, como señaló en el referido foro virtual del Observatorio Social Humanitario Jo D’Elia, defensor de derechos humanos y coordinador de la plataforma Hum Venezuela.

El activista advirtió que, de no recibir asistencia inmediata, muchos venezolanos de ese grupo podrían pasar al grupo de “necesidades severas”, con riesgo de  sucumbir o tener daños severos, “desde pérdida de la vida hasta daños irreparables, como rezagos desde el punto de vista educativo, extenuación de medios de vida, miseria, explotación, trata, tráfico y desplazamiento”.

Por su parte, la novena edición de Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2023),  elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), concluyó que la  pobreza de ingreso “sigue siendo uno de los grandes escándalos que padece la sociedad venezolana”.

La Encovi registró cinco años consecutivos de aumento de la pobreza de ingresos entre 2014 y 2019. En el año 2020 tocó su techo. Entre 2021 y 2022 la “liberalización económica” redujo la pobreza a niveles similares de 2017, pero en 2023 se detuvo esa leve mejor.

Este estudio también determinó que 89% de los hogares padece inseguridad alimentaria y que la mitad de los hogares encuestados no perciben ingresos suficientes para cubrir la canasta alimentaria, lo que se categoriza como una situación de pobreza extrema.

El salario mínimo fue “pulverizado”

Leida Marcela León, presidenta de la  Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI), señaló que el concepto de salario mínimo “no existe” hoy en Venezuela. “Fue pulverizado, y con él, todos los derechos y reivindicaciones derivadas del valor humano del trabajo”.

“El salario mínimo es tan mínimo, tan bajo, tan ínfimo, que no proporciona ni a los trabajadores ni a sus familias condiciones de vida adecuadas”, denunció León en conversación con Runrun.es

Para Leida Marcela León, desde el gobierno y la patronal privada existe “un juego en usar términos que disfrazan la desaparición del salario”.

Señaló que tanto patronos públicos como privados hablan del “concepto de ingreso”, que no es más que la bonificación de los derechos laborales, todo con el objetivo de “seguir desapareciendo el salario mínimo”.

León denuncia que esta política de congelar el salario en lugar de los precios de la canasta y servicios básicos, “ha aumentado las desigualdades y nos ha convertido en hogares muy pobres”.

“Hoy, la inflación, la corrupción, la crisis política, las tres reconversiones, las sanciones y la errada política de congelación del salario y los contratos colectivos, desvanecieron la calidad de vida, ya el salario no es suficiente para comer, no es suficiente para cubrir la salud y no es suficiente para cubrir la educación”, lamentó.

Leida Marcela León advierte que se ha perdido la salud, el futuro del país, beneficios de contratos colectivos, vacaciones, aguinaldos, horas extras, bonos nocturnos, dotaciones y prestaciones al tener “un salario mínimo tan invisible”.

¿Es posible la “recuperación progresiva” del salario?

La presidenta de la Central de Trabajadores ASI, Leida Marcela León, explicó que desde la organización han hecho varias propuestas de acuerdo al momento. Por ejemplo, recordó que en los momentos de la pandemia de COVID-19 plantearon un “ingreso de emergencia” y una ley de emergencia laboral.

“En el contexto actual, de disminución de la inflación y del inicio de un proceso de recuperación y crecimiento económico, así como la mejora en el ingreso fiscal, en el ingreso de divisas y en la recuperación petrolera, pedimos una reconstrucción y recuperación progresiva del salario mínimo nacional”, señaló.

Para conseguir esa recuperación, explicó León, al revisar los indicadores y la canasta de consumo mínimo de los trabajadores que realizan mensualmente en Central ASI y ante la no publicación de la canasta normativa del Instituto Nacional de Estadística (INE), plantean “un salario mínimo de arranque de 200$, que debe ir recuperándose progresivamente en la medida que mejore el crecimiento económico, es decir bajo un método de equilibrio entre la producción y el consumo, hasta llegar al salario mínimo vital”.

León considera que el ajuste del salario mínimo nacional constituye un “potente estímulo económico”, pues el salario más alto fomenta el consumo, “lo que conduce a una mayor demanda agregada e incluso a una mayor productividad”. 

“El salario mínimo debe tener en cuenta el costo de vida, y debe actualizarse periódicamente para garantizar que los salarios reales de los trabajadores no se deterioren con el tiempo y no hagan que la brecha sea tan descomunal como ocurre actualmente”, señaló.

Bonificación del salario es insuficiente

Leida Marcela Moreno señaló que con el Bono de Guerra Económica, que para trabajadores activos en la administración pública equivale a 60 dólares “se produce el cuento del real y medio” con el que apenas pueden pagar la electricidad, internet, gas, subsidio de gasolina, y bolsa CLAP. “Es decir, se lo devolvemos al Estado”.

Recordó además que hay diversos montos de bonificaciones además del de “Guerra Económica” para funcionarios públicos. Por ejemplo, los trabajadores de alto nivel, dependiendo del grado de responsabilidad y jerarquía, pueden recibir unos 120 dólares mensuales, lo cual también “es insuficiente para cubrir las necesidades básicas esenciales que permitan vivir dignamente”.

En el caso de los funcionarios de cuerpos de seguridad como el Cicpc y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), perciben una bonificación de al menos dólares. Sigue siendo insuficiente “y menos aún ante el medio ambiente de trabajo de ese sector”, dijo.

Se refirió a otros beneficios o bonos del Sistema Patria que no son para los trabajadores , sino para sectores comunitarios, por ejemplo, Hogares de la Patria, Amor Mayor, José Gregorio Hernández, Escolaridad, entre otros. Además, recordó que los trabajadores de la economía informal son los de la “mayor fuerza de trabajo” y estos no reciben el Bono de Guerra Económica.

Depender de las remesas y dedicarse a la economía informal

Leida Marcela León señaló que para poder sobrevivir ante los ingresos insuficientes, los trabajadores dependen, en muchos casos, de las remesas que envían los familiares que migraron. 

Sobre los migrantes que envían remesas, León señaló que muchos están en el exterior con una baja calidad de vida y en condiciones de trabajo difíciles, pues algunos “no son bien remunerados, sufren humillaciones, xenofobia, maltrato y discriminación”.

“Hoy vemos que los montos de esas remesas son de 30, 50 hasta 100 dólares, lo cual también es insuficiente, pero ayuda a paliar”, señaló.

En segundo lugar, indicó que la mayoría de trabajadores se han trasladado al sector informal de la economía, en “emprendimientos caseros de emergencia”, sin formalidad laboral en pequeños negocios como “venta de alimentos, delivery, manicure y pedicure, repostería, ventas por catálogo, ventas por internet, ruletas, rifas online”, entre otros.

Otra forma de subsistir es el trueque de víveres contenidos en las bolsas de alimentos, por vegetales, frutas y hortalizas, “como complemento de la dieta nutricional”, acotó León.

Se necesitaron 158 salarios mínimos mensuales para adquirir la canasta alimentaria en enero
De acuerdo con los datos de Cendas-FVM, el rubro que registró el mayor aumento durante el mes de enero fueron los granos, con un alza del 9,18 %; seguido de azúcar y sal, con un 4,84 %; pescados y mariscos, con un 4,09 %; y café, con un incremento del 3,96 %

En enero de 2024 se necesitaron 158 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria familiar, de acuerdo con cifras del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros (Cendas-FVM).

Mediante su más reciente reporte, el Cendas-FVM indicó que la canasta alcanzó los 535,23 dólares en enero de 2024, lo que equivale a 48,36 dólares más respecto al mismo periodo del año 2023, cuando un hogar con cinco integrantes necesitó 486,87 dólares mensuales.

En total, el precio en bolívares de la canasta fue de 684,73 diarios necesarios para costearla, mientras que en dólares se requirieron 17,84 cada día para poder adquirirla.

Asimismo, la institución precisó que la canasta aumentó un 1,6 %, en bolívares, lo que representa 327,93 bolívares con respecto al precio que tuvo en diciembre de 2023. En dólares subió 0,6 %, es decir, 3,28$.

De acuerdo con los datos de Cendas-FVM, el rubro que registró el mayor aumento durante el mes de enero fueron los granos, con un alza del 9,18 %; seguido de azúcar y sal, con un 4,84 %; pescados y mariscos, con un 4,09 %; y café, con un incremento del 3,96 %.

El pasado jueves, 16 de febrero, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) informó, en un comunicado, que espera, antes de abril, un aumento “significativo” del salario mínimo.

Estas afirmaciones de la CTV llegaron luego de que el gobierno de Nicolás Maduro, empresarios y sindicatos celebraran un encuentro a principios de este mes, con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La CTV propuso un incremento superior a los 200 dólares mensuales, lo que supondría un ajuste del 5.714 %.

DDHH Olvidados | El salario digno es el derecho humano más vulnerado
Durante enero del 2024, el Estado venezolano vulneró derechos humanos como la salud, la libertad sindical, propició la persecución de dirigentes políticos, continuó el cierre de emisoras, violó la Constitución al mantener la política de congelamiento del salario mínimo y ejecutó inhabilitaciones con irregularidades en el proceso

@Andrea_GP21

El primer mes del año 2024 comenzó con distintas vulneraciones a los derechos humanos de los venezolanos y terminó de igual forma. El salario mínimo sigue siendo el derecho más vulnerado. Trabajadores y pensionados siguen sin recibir un aumento salarial. Desde marzo de 2022 no se ajusta el salario mínimo (que se mantiene en 130 bolívares) y el gobierno de Nicolás Maduro optó, desde el 2023, por sopesar la falta de ajustes a través del Bono de Guerra Económica.

El pasado 15 de enero, el gobernante Nicolás Maduro ajustó el “ingreso mínimo mensual” (no del salario base) de los trabajadores venezolanos. La medida significó el aumento del Bono de Guerra Económica a 60 dólares mensuales. Mientras que el bono de alimentación se mantiene igual en 40 dólares que, según dijo, están indexados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que los trabajadores que perciben el Bono de Guerra Económica bono tendrán un salario integral indexado de 100 dólares. Esta bonificación la perciben completa únicamente los trabajadores de la administración pública. Los jubilados de la empresa pública recibirán 70 dólares del total y los pensionados, apenas USD 25. Rodríguez no menciona que los bonos no tienen incidencia sobre prestaciones sociales, utilidades, cálculo del bono vacacional ni otros beneficios amparados en la Ley del Trabajo. 

La ONG Provea aseveró que millones de obreros y jubilados reciben «un salario mínimo y una pensión de hambre», pues no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas, cuyo precio supera los 500 dólares mensuales, según estimaciones independientes.

La falta de un ajuste en el salario mínimo viola el segundo parágrafo del artículo 91 de la Constitución, el cual señala: “El Estado garantizará a los trabajadores del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.

Pasaporte sigue siendo impagable para muchos

El petro, la criptomoneda creada por el chavismo, cesó sus operaciones el pasado 15 de enero de 2024. Con la eliminación del petro, se modificaron los costos de servicios gubernamentales que estaban indexados al valor de esta criptomoneda.

El primero de estos pagos que cambiaron fue el costo del pasaporte. Antes de la eliminación del petro, el pasaporte para adultos con vigencia de 10 años tenía un costo de 3,6 petros. Ahora, según el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Remigio Ceballos, el costo del mismo será de 200 dólares calculados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Aunque esta nueva cifra representa una rebaja de 16 dólares en comparación con el último referente en petros, lo cierto es que no todos los venezolanos pueden costearlo. O al menos no con un solo salario.

De acuerdo con un reporte que publicó el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) el pasado 24 de enero, entre 2022 y 2023 se amplió significativamente la brecha entre las remuneraciones pagadas por el sector privado y el público y esto se debe a la política de congelación salarial aplicada por el gobierno nacional. 

Según los datos que recoge el OVF, mientras en el sector público el salario mínimo promedio más bonificaciones en 2023 se situaron en aproximadamente USD 40 mensuales, en el sector privado alcanzó a USD 202 por mes. Esto evidencia cómo para los trabajadores del sector público pagar por un pasaporte representaría una inversión de cinco meses de salario, mientras que los del sector privado deberían utilizar todo su salario de un mes para pagar por el documento.

Desatención crónica en el J.M. de los Ríos 

Durante los primeros quince días del 2024, tres niños fallecieron en el Hospital J. M. de los Ríos en Caracas, a la espera de un trasplante de riñón que nunca llegó, según denunció la organización no gubernamental Prepara Familia.

Mediante una publicación hecha en X (antes Twitter), la organización extendió sus condolencias a las familias de los niños fallecidos: Sebastián Dávila de 9 años, Adrián Rodríguez también de 9 años y Scarlet González de 14.

 

El programa de trasplantes en Venezuela está paralizado desde el año 2017. En mayo del 2023, defensores de los derechos humanos reiteraron la exigencia de varios años al Estado venezolano de que invierta en políticas públicas para la reactivación de este programa, pero eso no ha ocurrido.

Para la ONG Provea, esta situación “se enmarca en un contexto más amplio de crisis en el sistema de salud venezolano, especialmente en lo que respecta al trasplante de órganos y las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja que sacude al país”.

Desde el año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a todos los niños y niñas pacientes del Servicio de Nefrología del Hospital J.M. de los Ríos frente a los riesgos y daños irreparables a la salud, y a la vida como consecuencia del desabastecimiento de medicamentos, insumos y equipos médicos en dicho centro de servicio hospitalario público de Venezuela.

La ONG Codevida señaló que, de acuerdo a los estándares internacionales, el Estado venezolano está en la obligación de adoptar las medidas para proporcionar tratamiento médico de alta calidad, así como asegurar condiciones de salubridad y seguridad en el área de Nefrología.

Criminalización de la actividad sindical sigue

Durante el mes de diciembre del 2023, el gobierno de Nicolás Maduro excarceló a seis sindicalistas que fueron detenidos en el año 2022, también fueron excarcelados otros presos políticos. Al menos 13 familias pudieron reencontrarse con sus parientes luego de estar tras las rejas. Sin embargo, llegado enero de 2024, la administración chavista atentó nuevamente contra la actividad sindical.

Uno de los afectados fue Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza de Venezuela (Fenatev) seccional Barinas, quien fue apresado por funcionarios de la PNB y el Sebin el pasado 17 de enero mientras dirigía una asamblea con miembros de la organización. 

La asociación civil Frente Amplio de Mujeres Venezuela Libre denunció que durante el procedimiento también agredieron físicamente a mujeres docentes.

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, anunció en sus redes sociales que Venegas sería procesado por «estar involucrado en actividades contra la paz de la República». Asimismo, informa que Venegas, supuestamente, formaba parte de un grupo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas.

La libertad sindical es un derecho humano que tienen los trabajadores para asociarse y constituir asociaciones con el objeto de defender sus intereses comunes, de acuerdo con el artículo 95 de la Constitución, el cual establece: “Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley…”.

Persecución focalizada en el entorno de María Corina Machado

Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, jefes regionales de campaña de María Corina Machado, fueron detenidos en la penúltima semana de enero. Tarek William Saab vinculó a los aprehendidos, miembros del partido político Vente Venezuela, con la operación “Brazalete Blanco”, la cual supuestamente tenía el objetivo de atentar contra la vida de Freddy Bernal, gobernador de Táchira; y la de Nicolás Maduro.

“Dichos sujetos se encuentran vinculados a la presente trama terrorista, ya que servirían como apoyo logístico para el grupo terrorista armado que se desplazaría del estado Táchira a la ciudad de Caracas, liderados por el terrorista Anyelo Heredia”, dijo Saab el pasado 26 de enero en una transmisión televisada.

Camacaro era el jefe de campaña de Machado en el estado Yaracuy, Freites en La Guaira y Guillermo López era responsable del comando en Trujillo

Tanto Camacaro como Freites, según denuncias de Vente Venezuela, fueron presentados ante un tribunal sin permitir la “presencia de sus abogados privados” ni el “contacto con sus familiares”.

 

Inhabilitaciones a la carta

El pasado 26 de enero, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció ocho sentencias sobre las sanciones que la Contraloría General de la República (CGR) impuso contra dirigentes políticos de oposición y de otras tendencias políticas.

En algunas de las decisiones, la Sala habilitó temporalmente a los candidatos a ejercer sus derechos políticos, mientras decide la demanda principal, como es el caso de Leocenis García, Richard Mardo, Pablo Pérez, Daniel Ceballos y Rosa Brandonisio de Scarano. 

Sin embargo, otras solicitudes no tuvieron una respuesta positiva, justamente las que más esperaba el país. La Sala aseguró que María Corina Machado, quien fue electa con amplia mayoría como candidata presidencial de la oposición en la primaria del 22 de octubre del 2023, estaba inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.

De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, el caso de Machado presenta varias irregularidades. La más evidente es que la Sala incurrió en la “omisión de publicar los textos completos de sus decisiones” y, en lugar de ello, “se limita a anunciarlas mediante un extracto en su página web”.

“Esta práctica impide conocer el texto íntegro de dichos fallos, incluyendo, entre otros aspectos, las razones jurídicas que las fundamentan”, explicó la organización en una nota de prensa.

La ONG explicó que esta situación suele ocurrir en casos de relevancia política o de gran interés general. Un ejemplo emblemático es el texto de la sentencia de la Sala Electoral que suspendió provisionalmente las primarias de octubre del año pasado -la misma que presidía la recién designada como presidenta del TSJ- que aún no se conoce en su totalidad. En ese sentido, todavía no se sabe por qué se suspendieron y tampoco el alcance íntegro de la decisión tomada, a pesar de ser este un asunto de máximo interés para todo el país.

Además de Machado, la Sala ratificó la inhabilitación política durante 15 años de Henrique Capriles Radonski, exgobernador de Miranda.

Los micrófonos de la radio se siguen apagando

El pasado 10 de enero, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Caracas denunció el cese de operaciones de las emisoras Órbita 99.7 FM, de Guanare, y Galáctica 100.7 FM, de Biscucuy, ambas ubicadas en el estado Portuguesa. 

De acuerdo con la institución gremial, la clausura de las estaciones de radio ocurrieron por «órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), (porque) no fueron renovadas las concesiones».

 

Por su parte, luego de dos años de operaciones en su sede en la avenida Bolívar de Valera (Trujillo), el 27 de enero del 2024 la emisora radial Palpitar Trujillano se vio obligada a entregar sus espacios, luego de enfrentar presiones y amenazas por su labor periodística.

Mediante un comunicado, la estación señaló: “Lastimosamente nos toca informar que las amenazas que pesan sobre Palpitar Trujillano han hecho que tengamos que desalojar nuestros espacios físicos ubicados en el Edición Lares Alizo (Avenida Bolívar de Valera con calle 14), un lugar que en dos años se había posicionado como un sitio de encuentro, cultura, conocimiento y Periodismo de calidad”,

Gobierno viola la Constitución al no aumentar salario mínimo y el TSJ lo avala
El 14 de diciembre del 2023, la Sala Político Administrativa del TSJ desechó dos demandas por abstención que se interpusieron contra Nicolás Maduro por incumplir con el mandato constitucional de ajustar el salario mínimo

El gobierno de Nicolás Maduro no aumenta el salario mínimo desde marzo del año 2022, lo cual viola la Constitución de Venezuela.

«El Estado garantizará a los trabajadores del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica», reza el segundo parágrafo del artículo 91 de la Constitución.

De acuerdo con la denuncia de Suprema Injusticia, iniciativa de Transparencia Venezuela, ese contenido de la Carta Magna «ha probado ser letra muerta» pues, no solo «han sido destruidos» los ingresos de los venezolanos, sino que el Poder Ejecutivo tampoco cumple con la orden de incrementar los sueldos anualmente. Una omisión que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha tenido problemas en avalar.

 

El 14 de diciembre del 2023, la Sala Político Administrativa del TSJ desechó dos demandas por abstención que 18 sindicatos y asociaciones de jubilados interpusieron contra Nicolás Maduro por incumplir con el mandato constitucional de ajustar el salario mínimo.

En los fallos redactados por el presidente de la instancia, magistrado Malaquías Gil, se dio el mismo argumento para desechar las denuncias: no acudieron ante el gobierno para solicitarle, por escrito, que subsanara la situación.

“Se advierte de la revisión efectuada a las actas que conforman el expediente judicial, que la parte actora no acompañó a su libelo documentos que acrediten la realización de petición alguna ni de las gestiones efectuadas ante la Administración para obtener respuesta, razón por la cual, al no estar cumplidos los extremos previstos en el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debe esta Sala declarar inadmisible la presente demanda por abstención”, se lee en el dictamen.

El artículo 66 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa estipula que el  demandante «deberá acompañar los documentos que acrediten los trámites efectuados, en los casos de reclamo por la prestación de servicios públicos o por abstención” para que su solicitud sea analizada.

Urgen a reformar legislación laboral para mejorar situación de trabajadores
Además de un aumento del salario mínimo, en el país se necesita reformar la legislación laboral para mejorar situación de los trabajadores, consideró el socio-director de Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros,

El pasado 15 de enero el gobernante Nicolás Maduro, anunció un nuevo ajuste del «bono de guerra» que reciben los empleados públicos venezolanos, sin embargo, no se habló de un incremento del salario mínimo mensual, que se mantiene invariable desde marzo de 2022.

Para el socio-director de Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros, además de un aumento del salario mínimo, en el país debería producirse una reforma de la legislación laboral.

Oliveros, en una entrevista para el Circuito Éxitos con el periodista Román Lozinski, aseguró que la legislación laboral venezolana «no va con los tiempos que están corriendo», sin embargo, piensa que no ve posible que se produzca en el corto plazo una reforma, por ser un año electoral. 

Insistió en que se debe revisar el costo laboral y reformar la Ley del Trabajo, sin dejar de un lado la realidad económica.

«La otra cara de este tema es de dónde salen los recursos para pagar un aumento. A mí me gustaría que un maestro ganara más de 500 dólares mensuales,  1.000 dólares mensuales. ¿Pero tiene el Estado venezolano las condiciones actuales para pagar eso, con más de 2,5 millones de trabajadores públicos (…) El tema tiene aristas que no se han tocado: reforma del Estado, institucional, laboral, cómo aumentar la productividad», preguntó. 

Hasta ahora, el salario sigue siendo de 130 bolívares mensuales, que equivalen a 3,60 dólares de acuerdo a la tasa del Banco Central. El bono de guerra se comenzó a pagar desde inicios del 2023 tanto a los empleados públicos, jubilados y pensionados. El ajuste de este 2024, según Maduro, es «un primer empuje».

Gobierno tiene capacidad para pagar el aumento

Oliveros informó que la administración madurista ha mejorado el flujo de sus ingresos en los últimos con el relajamiento progresivo de sanciones por parte de la administración de Joe Biden. Además, Venezuela había logrado reducir también el descuento con el que vende su petróleo, con lo que aumentaron sus ingresos en 2023, «muy superior al que dice Maduro», destacó. 

«Esto señala que el gobierno tiene la capacidad de pagar este aumento«, recalcó el socio-director de Ecoanalítica.

Respecto al ajuste de los bonos de guerra económica, Oliveros no estima que tras los ajustes haya presión inflacionaria, ni tampoco una depreciación agresiva.

«No espero deterioro en las variables inflación y tipo de cambio y sí puede mejorar un poquito el consumo», precisó.  

Trabajadores desprotegidos

En el caso del sector privado «el salario es superior al del público», comentó el economista, aunque ambos siguen siendo bajos para el costo de vida en Venezuela.

El promedio del salario en el sector privado es de 200 dólares, que están por encima del «ingreso mínimo integral» que ofrece el gobierno madurista tras los recientes ajustes anunciados (100 dólares).

«Hoy muchos trabajadores tienen un ingreso superior a 100 dólares pero que no imputa para vacaciones, prestaciones, no hay seguros. Están en una situación de vulnerabilidad, tienen bonos, pero no salario», comentó Oliveros.

Oliveros resaltó que los trabajadores venezolanos están atados a sueldos bajos y que eso a su vez contribuye al crecimiento de la economía informal.

«Debería cambiarse y reformarse una nueva dinámica laboral en Venezuela para que un trabajador, tanto del sector público como del sector privado, pueda recibir mayores ingresos», explicó.

Y es que ante la falta de buenas y consistentes oportunidades laborales, la economía informal en el país ha crecido. Se calcula que hay al menos un 40% de la fuerza laboral que ha decidido «ni trabajar en una empresa ni trabajar en el sector público, sino por su cuenta. Esto tiene sus complicaciones».

 

“En Venezuela nadie vive únicamente del salario mínimo o la pensión” y otras perlas del ministro de Trabajo
«Usted como empleador debe ir a consultar el valor (del dólar) en la página del BCV y pagar en bolívares», afirmó el ministro del Trabajo sobre el pago de tícket de alimentación, que equivale a 40 dólares

El ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, aseguró este miércoles, 17 de enero, que en Venezuela nadie vive únicamente del salario mínimo o las pensiones.

Durante una entrevista que concedió a Unión Radio, Torrealba culpó a las sanciones impuestas al gobierno venezolano de que no se puedan aumentar más los ingresos.

Torrealba afirmó además en un video que se difundió en redes sociales que el sector privado debe pagar a los trabajadores el equivalente a 40 dólares por el tícket de alimentación.

A continuación las perlas de Torrealba:

«En Venezuela nadie gana salario mínimo, y nadie cobra la pensión o la jubilación únicamente. Con esas realidades estamos construyendo un modelo que ha sido exitoso».

«No hay otro país que indexe el salario mínimo de los trabajadores. Hemos ido transitando hacia incrementos progresivos e indexados, que no se deprecien».

«En esta etapa se ha privilegiado el ingreso mínimo integral indexado. Empezar el año con estos anuncios es un buen augurio y un buen auspicio que se haya incrementado el bono de guerra económica».

«Estamos en una situación compleja agudizada por las medidas coercitivas que han mermado los ingresos del Estado. Si no existieran esas medidas, se tendrían ingresos más elevados».

«Estamos en un nivel donde la inflación ha sido controlada y la tasa de cambio no se mueve. Aquí a todos nos interesa que haya estabilidad y reglas claras».

«No hay espacios para inventos ni para vivezas con el pago del ticket de alimentación (…) Usted como empleador debe ir a consultar el valor (del dólar) en la página del BCV y pagar en bolívares».

«Eso (el cesta tícket) también tiene que pagarlo el sector privado. No se hagan los locos. No tienen que esperar publicación en Gaceta. Son 40 dólares indexados. Los empleadores privados tienen que cumplirlo también».