EL FALLECIMIENTO DE HUGO CHÁVEZ no es motivo de chiste, así lo dejó claro el Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia número 590 del 3 de julio de 2017.

Según la Sala de Casación Civil del TSJ, burlarse o alegrarse por el deceso del llamado «máximo líder de la revolución» es motivo suficiente para despedir a un empleado público.

El pasado 13 de noviembre de 2014, un tribunal de instancia avaló la decisión de Movilnet de botar a José Antonio De Barros De Freitas, porque a lo largo del 5 de marzo de 2013 (día de la muerte de Chávez) “de forma alegórica celebró dentro de su puesto de trabajo y jornada laboral frente a sus compañeros de trabajo y personal subalterno»

Posteriormente la magistrada Mónica Misticchio rechazó la pretensión de De Barros de que su despido fuera calificado como «injustificado», apegándose en lo previsto en el literal c del artículo 79, el cual establece:  «Serán causas justificadas de despido, los siguientes hechos del trabajador o trabajadora: Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o ella».

Para la Sala, Chávez, por ser presidente y quien designa al presidente de Movilnet, era el empleador del demandante y, por lo tanto, no podía mofarse de él, porque ello produjo «la pérdida de confianza del empleador, que como elemento imprescindible del contrato de trabajo, justifica la terminación de la relación laboral, toda vez que la falta de respeto y compostura que debe mostrar todo trabajador en su labor cotidiana provoca la falta de seguridad del patrono hacia éste y permite que la mala fe se reproduzca también durante la ejecución de sus obligaciones laborales».

El dictamen aprobado por los cinco integrantes de la Sala: Marjorie Calderón (presidenta), Jesús Jiménez Alfonzo, Edgar Gavidia, Mónica Misticchio y Danilo Mojica, parece ir en contra de lo establecido en el artículo 57 de la Constitución, el cual establece: «Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa».

Con información de Transparencia Venezuela 

ALTO

¡BÓRRENLAS¡:

Ésta habría sido la orden dada por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, tras haber escuchado la intervención de la magistrada de la Sala de Casación Civil Marisela Godoy Estaba en la última reunión de la Sala Plena donde estuvieron los 32 magistrados. Las críticas de Godoy a todas las últimas actuaciones del régimen de Maduro y del propio TSJ, tan cuestionadas desde adentro como fuera del país, fueron de tal magnitud que la presidenta decidió, frente a todos, pedir que se borrara la grabación y no se incluyera esa exposición en el acta del cónclave…

CUBA:

Ha sorprendido a los periodistas colombianos que cubren las negociaciones de paz en La Habana el desdén que observan de las autoridades cubanas y de la misma guerrilla de las FARC cuando hablan de Maduro y de Venezuela. Por otro lado, la retirada ordenada desde Caracas del ELN de la mesa de negociaciones con Colombia, no solo molestó al país vecino sino también a los hoy sentados en lo que sería la etapa final para firmar si se superan los últimos escollos producidos la semana pasada en la frontera venezolana con la visita de los jefes de las FARC llevados en vehículos con matrícula venezolana. Por otra parte supieron que todos los miembros del ELN están del lado venezolano, primordialmente en el Apure tienen su base…

MEDIO

BANDAGRO:

¿Se acuerdan?. El caso de las «notas promisorias» sigue vivo y en pleno juicio en Ohio. Recientemente El Nuevo Herald publicó un reportaje indicando que el italiano James Pavanelli fue «acusado por estafas» sobre esas notas de Bandagro. La verdad es que siempre fue absuelto, como se demostró en ese mismo juicio, no fue convicto, igual que nunca han podido demostrar la falsedad de dichos instrumentos. Recordemos que el difunto Waldemar Cordero Vale denunció en Lugano, Suiza, que nunca había firmado esas notas y que por lo tanto eran falsas. La Fiscalía de esa ciudad ordenó el secuestro por un mes (agosto 2009) de las notas para que el difunto presentara 10 especímenes de su firma para comprobar si era suya o no. Hasta el 2016 nunca presentó lo exigido. Por todo ello la fiscalía debería regresar las notas a sus propietarios y reactivar la demanda civil contra Venezuela. El Juez Federal Sargus, en Ohio, fundamentará su decisión sobre dos criterios: a) si el dictamen es vinculante o no y b) la autenticidad de las controversiales notas. Sin embargo, el mismo juez, el 30/12/2015 decidió que las notas promisorias no habían prescrito avalando así la primera decisión de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela. El juez siempre ha sido condescendiente con Venezuela y ha complacido todas las exigencias solicitadas. El gobierno venezolano siempre ha alegado que todo ello es una conspiración contra el país. Mientras eso ocurre los tenedores de los bonos insisten que la verdadera conspiración está en los milmillonarios pagos que durante los últimos doce años ha hecho la Procuraduría -bajo las titulares Marisol Plaza, Gladys Gutiérrez y Cilia Flores- a los once bufetes externos que ha contratado desde el 2004. El último el escritorio Foley Hoag de Boston, casualmente llamado «el escritorio de la ALBA» pues ha representado a Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua en diferentes juicios.

¿EL PETRÓLEO?:

En su editorial del 26/2 el diario El País analiza el tema petrolero. Extraigo algunas líneas: «En el hipotético escenario de una recuperación de los precios hasta los 60 dólares a fines de 2016, con un acuerdo de los países productores», considera el periódico que “el exceso de oferta no es suficiente para justificar una caída rápida y persistente de los precios, puesto que es un excedente casi estructural. También persiste un temor irracional a la menor demanda. Habrá que examinar con cuidado la evolución del consumo petrolero en China a pesar de su desaceleración y al desorden en la OPEP que perciben los mercados”… “Pero, con todo, los precios hundidos están causando graves problemas a los países (la caída de ingresos en Venezuela, por ejemplo, está causando el pánico), al empleo (todos los días se cierra una instalación de fracking), a las petroleras (tendrán que considerar la venta de activos si la situación se prolonga) y a los bancos, que tienen que provisionar por préstamos fallidos en inversiones petroleras. Y todo ello sin que luzca en el bolsillo de los consumidores la transferencia de las rentas perdidas por los productores. La confusión se ha adueñado del mercado petrolero y no se aprecia ahora una acción clara y decisiva que reoriente los precios hasta el entorno de los 75 dólares o, si se prefiere la expresión, hacia un equilibrio que permita recuperarse a los países que disponen solo del recurso del crudo“. Aquí estamos reflejados y el régimen sigue  hablando bolserías mientras sabemos que al menos $ 300.000 millones fueron robados  y otros $ 300.000 botados en pocas operaciones conocidas de la empresa petrolera….

BAJO

LECCIONES:

En torno a las redes sociales, interesante un análisis parcial que el mismo Evo Morales hace en caliente sobre el resultado del referendo boliviano: Morales aseguró a “La Razón” de La Paz: “No sé si hemos sido expertos sobre las redes sociales, repito: redes sociales con las mentiras hicieron daño, estamos convencidos de ello”… “Tal vez en el futuro va a ser importante debatir ese tema de redes sociales, en algunos países con mala información tumbaron gobiernos…” . Con razón o no, muchos personajes y gobiernos usan las redes en un sentido o en otro. Sin embargo hay más un ignorante que con la intención de echarle la culpa a otros de sus propios fracasos se escuda en páginas web que reflejan realidades que sus propios organismos públicos se niegan a aceptar….

ROJOPINTAS:

La nueva empresa petrolera militar sería inviable según análisis de expertos petroleros y jurídicos. Maduro hasta delegó la función de nombrar los directores. Lo haría el ministro de la defensa. Insólito … Tenemos la criminalidad más alta de la región. La existencia de urnas alcanza solo para las próximas dos semanas. Terrible. Ahora mueren otros conciudadanos de mengua, falta de medicinas, de salud pública, de varias epidemias -como el zika que ya sobrepasó el medio millón de infectados- y pronto hasta de hambre … Vedado a quien no sea de confianza de la robolución en la Asamblea están los sótanos del estacionamiento en el edificio Pajaritos. Allí yacen varias costosas camionetotas blindadas regaladas por el gobierno y la propia legislatura a algunos de sus diputados. Destrozadas por choques y falta de repuestos están abandonadas. Una, quizás la de peor estado, pertenece a la diputada Blanca Eekhout. Habrá que pedir cuentas y facturas de esas «colaboraciones» oficiales … Sigue el «Bel canto» en EE.UU…..

El magistrado entrante del Tribunal Supremo de Justicia, Francisco Velásquez, amenazó con despedir a los abogados y personal administrativo a su cargo en la Sala de Casación Civil, un total de 13 personas, si no entregaban la renuncia antes del 15 de enero, informó una fuente de esa institución.

La advertencia fue hecha por Velásquez el pasado viernes 8 de enero, tras lo cual aumentó la tensión laboral dentro del máximo tribunal del país, sumergido desde hace unas semanas en la diatriba política por la súbita designación de jueces que hiciera la mayoría oficialista de la anterior Asamblea Nacional (2010-2015), entre ellos Velásquez. Los nueva mayoría legislativa, de signo opositor y juramentada hace una semana, inició hoy el proceso para invalidar los nombramientos judiciales, por considerarlos inconstitucionales.

“La decisión es un atropello porque existe inamovilidad laboral, decretada por el presidente Chávez y prorrogada por Nicolás Maduro en diciembre pasado”, indicó una fuente de la sala que pidió mantener su nombre bajo reserva.

La situación afecta en principio a 13 empleados de uno de los tres despachos de la Sala de Casación Civil, donde está adscrito Velásquez. Sin embargo, el resto del personal de la sala teme que las amenazas y los despidos se extiendan a los demás despachos, con lo cual la medida alcanzaría a 25 personas más. Las otras dos oficinas que conforman la sala son las de los nuevos magistrados Vilma Fernández e Ivan Bastardo. Ninguno ha informado de despidos al personal a su cargo, pero tampoco los ha negado.

Se conoció que el grupo amenazado por el magistrado Velásquez, de 13 personas, no tiene intenciones de renunciar. “Es una ironía que los llamados a hacer justicia en sus cargos son los ejecutores de la ilegalidad”, indicó el abogado fuente.

Velásquez, Fernández y Bastardo fueron designados como magistrados principales de la Sala de Casación Civil por la Asamblea Nacional el pasado 24 de diciembre. Ese día los partidos oficialistas del saliente Poder Legislativo (2010-2015) nombraron y juramentaron 13 magistrados principales y 21 suplentes. Los legisladores tuvieron que agotar cuatro sesiones extraordinarias para realizar la votación necesaria por no contar con las dos terceras partes requeridas para que el proceso fuera más rápido.

Los diputados de oposición salvaron sus votos por considerar que estaban en presencia de un acto nulo, dado que el cuerpo legislativo había finalizado sus sesiones a mediados de diciembre y la decisión de nombrar nuevos magistrados correspondía a la nueva Asamblea.

El despido de funcionarios públicos es irregular bajo la actual situación de inamovilidad laboral. Incluso en el caso de que no existiera esa condición, según la ley, los empleados del Estado sólo pueden ser despedidos a través de un procedimiento administrativo que determine que la persona incurrió en una falta.

El TSJ está compuesto de 6 salas: Constitucional, Político-Administrativa, Civil, Penal, Social y Electoral. En cada sala hay cinco magistrados, tres principales y dos suplentes. Los jueces principales cuentan con un equipo de trabajo de alrededor de 13 personas: 6 abogados, cuatro secretarias, un mensajero, un chofer y un escolta, aunque las cifras pueden variar. En total hay un promedio de 39 personas adscritas a cada sala.

El Tribunal Supremo de Justicia ya tiene 16 nuevos integrantes, designados este domingo 28 de diciembre por la mayoría simple del PSUV en la Asamblea Nacional. La bancada de la oposición salvó su voto y criticó el procedimiento que no contó con el consenso en la conformación de la lista de aspirantes.

Redacción Runrunes

La Asamblea Nacional aprobó este domingo 28 de diciembre la designación de los 16 nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. La propuesta presentada por el  Comité de Postulaciones Judiciales, conformado con mayoría chavista, fue finalmente juramentada en una cuarta sesión con votación de la mayoría simple (mitad más uno) de los diputados. Solo dos diputados de la oposición votaron la terna: uno de ellos fue Ricardo Sánchez, suplente de la exdiputada María Corina Machado; el otro fue Andrés Avelino, quien levantó la mano pese a ser suplente de Edgar Zambrado (AD), quien se encontraba en la sesión.

Elvis Amoroso, diputado (PSUV) y presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, criticó a la bancada de la oposición, que por cuarta sesión consecutiva decidió no votar. «Designaremos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con los votos de la revolución», sentenció. En la sesión también intervinieron Deyalitza Aray, diputada de oposición (Proyecto Venezuela-Carabobo) y Pedro Carreño (PSUV), integrante de la Comisión de Contraloría.

Aray destacó que la bancada opositora no votaría porque no iba «avalar» la designación «ilegítima» de los magistrados: «aquí se ha violado la constitución. No vamos a validar con nuestro voto el secuestro de los Poderes y esta absurda renovación. El TSJ ha torcido la justicia para complacer al gobierno», dijo.

Pedro Carreño, por su parte, tildó al grupo parlamentario de la oposición de hipócrita. Reseñó también las declaraciones de una de las integrantes del llamado ‘Comité de Víctimas de la Guarimba’, quien cuestionó que el Alto Comisionado para las Naciones Unidas no pudiera recibirla, mientras que sí había sostenido reuniones con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, criticó que dirigentes de la oposición estuviesen fuera del país y mencionó todos los destinos a los que supuestamente habían viajado Ramón Guillermo Aveledo, María Corina Machado, Antonio Ledezma, Alberto Federico Ravell y otros ciudadanos.

La lista juramentada

La nueva conformación de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quedó de la siguiente manera:

Sala Político Administrativa: María Carolina Ameliach Villaroel, Bárbara Gabriela César Siero, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta.

Sala de Casación Social: Edgar Gavidea González, Mónica Gioconda Misticchio, Marjorie Calderón Guerrero, Danilo Mojica Monsalvo.

Sala de Casación Civil: Guillermo Blanco Vásquez, Marisela Godoy Estaba, Vilma María Fernández González, Juan Pablo Torres Delgado (suplente).

Sala Electoral: Indira Alfonzo Izaguirre.

Sala de Casación Penal: Elsa Janeth Gómez Moreno, Francia Coello González, Maikel José Moreno Pérez.

Sala Constitucional: Francisco Ramón Velásquez Estevez (suplente)