Ruptura

La fractura de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Venezuela y Panamá ocurrida en abril de este año, le generó pérdidas a Copa Airlines por el orden de los 15 millones de dólares, según informó este miércoles el presidente de la compañía, Pedro Heilbron.

La compañía espera que para finales de mayo los vuelos estén restablecidos en su totalidad, que significa unas cinco frecuencias al día al territorio venezolano.

Heilbron agregó que otras consecuencias de la medida fueron los problemas de conexiones de pasajeros hacia otras rutas que no pudieron abordar, la cancelación de pasajes, reembolsos y otros imprevistos.

“Hemos dicho en llamadas a inversionistas que se perdieron 15 millones de dólares por esta crisis de la suspensión de los vuelos a Venezuela“, explicó Pedro Heilbron durante la firma de una alianza para promover el turismo entre Panamá y Barbados por la inauguración de la ruta hacia esa isla del Caribe el próximo 17 de julio.

La compañía espera estar completando todas las frecuencias que tenían antes de la crisis. “Reanudamos vuelos hacia Caracas y hacia Valencia y en los próximos días lo haremos hacia Maracaibo. En total esperamos tener a finales de mayo tres vuelos diarios a Caracas, uno a Valencia y otro a Maracaibo para un total de cinco frecuencias y normalizar las operaciones“, dijo.

LAS ORGANIZACIONES PROGRAMA VENEZOLANO de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Proiuris; Centro de Justicia y Paz; Comisión Internacional de Juristas y Transparencia Venezuela, participaron este martes en la audiencia sobre “Situación de la Institucionalidad Democrática en Venezuela”, convocada de oficio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 165° período ordinario de sesiones que se celebra en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

En este espacio, Provea presentó su informe especial sobre la ruta tomada por el gobierno de Nicolás Maduro para convertirse en una dictadura, que erosionó la institucionalidad democrática en el país y extinguió el Estado de Derecho. Este informe, titulado “La ruta hacía la dictadura”, describe las medidas y acciones tomadas por el gobierno de Maduro para cerrar los espacios democráticos en el país y suspender -de forma irrita e inconstitucional-, el derecho al sufragio; la manifestación y reunión pacíficas y amenazar severamente el derecho a la libre expresión. Este trabajo sirvió además de encarte especial de nuestro Informe Anual 2016.

Desde octubre del año 2016 Provea decidió calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una “dictadura del Siglo XXI”, cuyo referente inmediatamente anterior es el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, entre los años 1990 y 2000.

ODH-ULA expuso erosión de la libertad académica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Los defensores de Derechos Humanos presentaron ante la CIDH la problemática de las universidades en el país que refleja la erosión progresiva de las bases de la autonomía universitaria y la libertad académica.

Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA, destacó que el gobierno de Nicolás Maduro se dedica sistemáticamente y de manera deliberada a colocar la educación superior al servicio de un proyecto ideológico, situación constante desde el año 2003.

Dijo que con esa política las consecuencias son, entre muchas otras, la suspensión de las elecciones de autoridades universitarias y estudiantiles, con el fin de resaltar la ilegitimidad de las mismas que tienen su período vencido para imponer a dedo nuevas figuras, como ya ocurrió en la Universidad Simón Bolívar (USB) e intentan hacerlo en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

Hocevar resaltó que suman ya 43 las sentencias dictadas por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las cuales obstaculizan la realización de elecciones, dándole argumento al gobierno para nombrar nuevas autoridades afectas a su corriente política.

Por otra parte, recordó que la erosión a la autonomía universitaria se traduce en una institucionalidad paralela que no es autónoma y ejerce políticas discriminatorias hacia quienes expresan una posición crítica, así como en la imposición de normativas, reglas y sentencias judiciales que desconocen la autonomía universitaria.

La baja calidad de la educación, la inseguridad jurídica que reina en el entorno del sector universitario y las políticas de discriminación, acoso y persecución hacia profesores y estudiantes universitarios que expresan sus opiniones críticas, fueron otros aspectos que expusieron David Gamboa y Mayda Hocevar en la audiencia del 165° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte David Gamboa, de LUZ, exigió el cese de cualquier práctica del Estado dirigida a erosionar la libertad académica, la autonomía universitaria y los derechos humanos vinculados al ámbito universitario.

Manifestó que la relación de la libertad académica y la democracia es consustancial, por lo que resaltó que en Venezuela el libre pensamiento está bajo amenaza, lo que es incompatible con la democracia.

*Con información de Prensa ODH-ULA

La democracia no es solo un sistema electoral o una forma de gobierno. El filósofo estadounidense John Dewey, fue un poco más allá y dijo que la democracia, más que una forma de gobierno, es primordialmente un modo de vida asociada a esa forma de organización social, que se puede ejercer en cualquier ámbito, además de en el Estado.

En efecto, la democracia no se puede medir solo en la forma de gobierno de un país, sino en el grado de democracia con que viven los ciudadanos. La participación, el control de los representantes, la militancia en proyectos políticos son factores fundamentales y para que el poder resida efectivamente en el pueblo, el pueblo debe ser parte de la cosa pública: participar, preguntar, reclamar, apoyar.

Otros elementos esenciales de la democracia son la libertad y el respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal. De hecho, la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos y todos estos principios están incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y han sido desarrollados  aún más en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra una multitud de derechos políticos y libertades civiles en que se basan las democracias significativas.

Con la idea de revisar la vigencia de todos esos conceptos se celebra en todo el mundo, cada 15 de septiembre, el Día Internacional de la Democracia el cual proporciona una oportunidad para examinar el estado de la democracia en el mundo. La democracia es tanto un proceso como una meta, y solo con la plena participación y el apoyo de la comunidad internacional, los órganos nacionales de gobierno, la sociedad civil y los individuos puede el ideal de democracia ser una realidad.

El tema de este año es: “Democracia y prevención de conflictos”, que se centra en la necesidad de reforzar las instituciones democráticas para promover la paz y la estabilidad. La creación de sociedades resilientes exige, además, un enfoque más integrador para lograr gobiernos democráticos efectivos e inclusivos que respeten los derechos humanos y el imperio de la ley.

Las sociedades resilientes son capaces de dirimir sus disputas a través de la mediación, el diálogo y un grado razonable de legitimidad de sus instituciones. Desarrollar infraestructuras y mecanismos para la prevención de conflictos provee el fundamento para resolver las injusticias y mantener la paz. Procesos tales como los acuerdos de paz, las elecciones y las reformas constitucionales, pueden ayudar a mantener un equilibrio entre intereses contrapuestos, así como reducir la fragilidad y la violencia.

Un liderazgo fuerte que apoye la democracia, mejore la sociedad, empodere a las mujeres y mantenga el Estado de derecho, son condiciones que preservan la estabilidad y la paz.

Por todo eso es tan importante preservar el nexo entre democracia y derechos humanos. Teóricos han planteado que la democracia necesariamente va de la mano de la garantía de los derechos humanos, y de hecho figura en el artículo 21(3) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual establece que:

“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se debe expresar mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

Sin embargo, en el mundo siempre hay expresiones de la debilidad de la democracia,  y las instituciones débiles son algunos de los principales problemas para el respeto de los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos trata de abordar esos problemas mediante sus servicios consultivos y su programa de cooperación técnica, que se centra en el fortalecimiento del marco jurídico para la protección de los derechos humanos (reforma institucional y jurídica), y la promoción de la conciencia y educación en derechos humanos.

En las democracias en transición y en los países que salen de situaciones de conflicto, la Oficina del Alto Comisionado colabora con los gobiernos y otras entidades nacionales para restablecer la confianza  y restaurar la paz y el imperio de la ley. La Oficina del Alto Comisionado se ha concentrado en combatir la impunidad, y ha apoyado activamente programas de justicia transicional en más de 20 países en todo el mundo durante la década pasada. Su apoyo incluye garantizar que factores de derechos humanos y justicia transicional se reflejen en acuerdos de paz; participar en el diseño e implementación de consultas nacionales globales sobre mecanismos de justicia transicional; apoyar el establecimiento de procesos para descubrir la verdad, mecanismos de responsabilidad judicial, y programas de reparaciones; y mejorar la reforma institucional.

COFAVIC, por su parte, recuerda el derecho que tienen las personas para participar políticamente, sin presiones indebidas y en el marco de la Constitución, en procesos electorales. Votar es un derecho humano fundamental y una condición insustituible e indispensable para la existencia de la democracia.

El desconocimiento de los principios democráticos establecidos en nuestra Constitución no solo profundiza la crisis institucional, sino que configura una violación contundente del Estado de Derecho, lo que constituye una ruptura del orden constitucional y democrático.

COFAVIC insiste en que la democracia no puede funcionar si no hay elecciones libres. Por tal razón, las instituciones del Estado y todos los factores de Poder deben tener siempre presente fórmulas electorales que dentro de la vigencia de la Constitución permitan al pueblo, en condiciones justas y equitativas, tener la última palabra sobre su futuro.

El viernes 31 de marzo de 2017 quedará en la historia de Venezuela como el día en el que el régimen recibió una estocada impregnada de democracia y autonomía. La Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, denunciaba ante el mundo que en el país había “ruptura del orden constitucional”.

Ese día, poco antes del mediodía, el régimen perdía una de sus piezas claves y fundamentales, pues en rueda de prensa, no televisada por Venezolana de Televisión, la doctora Ortega Díaz de manera precisa y concisa decía que las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia limitaban, por no decir que aniquilaban, las funciones de la Asamblea Nacional.

Desde ese instante comenzamos a respirar aires de una fiscalía que se estaba desplazando de la izquierda hacia el centro de donde esperamos que nunca se vuelva a mover a cualquiera de los extremos, así el corazón siempre tenga una parcialidad.

Más allá de las complicidades, sentencias, expedientes montados, detenciones injustas y silencio; que Venezuela cuente con otro Poder autónomo, como pareciera ser ahora una parte del Poder moral, es de beneficio para la democracia a la que millones de venezolanos han salido a defender en la calle desde hace casi tres meses.

Bien lo decía Don Quijote y Sancho Panza: “cuando los perros ladran es porque vamos por buen camino”. La fiscal ya comenzó a sentir los ladridos e insultos de sus ex compañeritos de la revolución, sin embargo, sin perder la cordura y el centro que tanto queremos los venezolanos, ha hecho oídos sordos.

Luisa Ortega no sólo recibió insultos y reservas del lado de la oposición, sino que también ha contado con el respaldo de connotados personajes, que a mi juicio gozan de respeto y credibilidad, como el ex fiscal Javier Elechiguerra, Giuseppe Gianneto, Alonso Moleiro, Teresa Albanez, Richard Páez, entre otros, así que creo que más son los que suman que los que restan.

El 6 de junio, Ortega Díaz, dio otra estocada al decir textualmente: “el día que repartieron el miedo, yo no llegué”, en este mensaje, que aún retumba en los pasillos de Miraflores, está claro que no hay amenaza, advertencia o extorsión que valga; seguirá adelante y así lo demostró cuando dos días después, introdujo ante la Sala Electoral del TSJ un recurso de nulidad contra la Constituyente de Nicolás Maduro.

Sin duda la fiscal, nombrada por la Asamblea Nacional roja rojita en el 2007, tendrá un papel preponderante cuando llegue la hora de la transición en Venezuela, y quizás muchos de los que la insultaron tengan que alzar su teléfono para mediar.

Ahora bien, como dicen por allí, la señora Luisa Ortega se deberá jugar a Rosalinda, sin mirar para los lados y con pruebas en mano tendrá que solicitar el antejuicio de mérito contra presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, capaz y el TSJ da una sorpresa y no lo declara inadmisible.

A la tercera va la vencida, y faltan 48 días.

@edwardr74

El abogado constitucionalista, Hermann Escarrá, declaró que el Parlamento no puede destituir a ningún magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido a que no está entre sus funciones luego de que la Asamblea Nacional aprobara un Acuerdo de activación de proceso de remoción de los Magistrados del TSJ por ruptura orden constitucional.

“No pueden destituir a ningún magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. En primer lugar, tendrían que dirigirse al Consejo Moral Republicano, este hace un expediente y garantiza el derecho de la defensa y al debido proceso. Y lo dice la norma de manera clara, en el supuesto negado que declare falta grave es cuando ese expediente llegaría al Parlamento para su debate”, dijo este miércoles durante la sesión especial del Concejo Municipal .

“Les quiero decir que el Tribunal Supremo de Justicia no requiere intervención de nadie para destituir a los parlamentarios que traicionan a la patria”, sentenció.

Aseveró: “Nos faltó en la Constitución la norma sobre los delitos constitucionales, en una conducta inocente de quiénes fuimos a ese proceso constituyente. Redactamos una Constitución que se defendía institucionalmente, y se defiende, pero no colocamos los delitos constitucionales como los tiene la Constitución del Brasil, Argentina, casi todas las constituciones centroamericanas (…) quizás fue un error, pero ahí está el código penal que habla con claridad cuando define la traición a la patria y habla de las sanciones, entonces dice: ‘Aquellos que piden intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela, es traición a la patria’”.

“Venezuela no tiene nada qué hacer en la Organización de Estados Americanos, esa es una oficina de la visión imperial, si no recordemos a la Cuba intervenida, a Santo Domingo, Centroamérica (…) Yo quiero debatir con Almagro, quiero que en ese escenario el que dice ser jurista y especialista en derecho Constitucional me explique cómo es un tarifado de la misión imperial”, destacó.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este miércoles por mayoría calificada un acuerdo en rechazo a la ruptura del orden constitucional y la permanencia de un golpe de Estado en Venezuela, así como el acuerdo a la activación del procedimiento para la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por la ruptura del orden constitucional.

El primer punto de la orden del día estableció la devolución de las facultades legislativas para los diputados, la liberación de los presos políticos, la realización de elecciones generales y la denuncia de las irregularidades contra los diputados para la búsqueda de acciones penales contra los organismos involucrados. El segundo punto de la orden de día pedía que se iniciara un procedimiento que permitiera a los diputados remover a los magistrados del TSJ

Entre las declaraciones realizadas resalta la convocatoria al pueblo venezolano a protestar a las 10:00 a.m. en la Autopista Francisco Fajardo, a la altura del Distribuidor Altamira, por la continuidad del golpe de Estado. Asimismo, el diputado Simón Calzadilla señaló que el 18 de abril se dirigirá junto con representantes de Amazonas al TSJ y a la Fiscalía para exigir justicia.

Entre los parlamentarios que presentaron sus argumentos en el Hemiciclo están:

Henry Ramos Ramos Allup: “el golpe de Estado y el desconocimiento de la Asamblea Nacional no comenzó el 30 de marzo, sino desde que se dieron los resultados del 6 de diciembre  y el 23 de diciembre con la designación de Magistrados express que se encargaron de anular elección en Amazonas”.

“Sigue el Golpe del Estado Venezuela”, expresó Ramos Allup al afirmar la existencia de un golpe de Estado continuado. “Este gobierno se fundamenta en las decisiones inconstitucionales del TSJ y el apoyo del Alto Mando militar”.

Allup  expresó que “los magistrados, en compañía del Alto Mando Militar y los colectivos armados continúan aplicando el Autogolpe de Estado”.

Freddy Guevara: “Estamos en Golpe de Estado hace mucho tiempo cuando violaron el derecho del pueblo a Referendo revocatorio, esto no se trata de una sentencia, se trata de un proyecto de quienes secuestraron las instituciones del Estado”.

“Se eliminó la Asamblea Nacional desde el momento en el cual el Tribunal Supremo de Justicia, se dedicó a anular cada una de nuestra leyes, ellos andan con el fulano cuento del desacato, porque los diputados de Amazonas estuvieron incorporados a pesar que ellos (…) Esta Asamblea Nacional estuvo son los diputados de Amazonas ocho meses, y durante esos ocho meses ninguna de las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional fue acatada (…) Dado que de nada servía el sacrificio de los diputados se tomó la decisión de reincorporarlos”, recalcó Guevara.

El parlamentario reiteró el llamado a la calle para este jueves 6 de abril para seguir la agenda.

Guevara sostuvo que “desde hace tiempo la Sala Constitucional venía asumiendo las competencias de la Asamblea, ése tribunal ilegal y golpista viene asumiendo las funciones de la Asamblea Nacional(…) De los 32 miembros del TSJ 11 fueron designados de manera irregular, por lo tanto queremos reafirmar desde este espacio que en Venezuela haya una ruptura en el orden constitucional producto que a un dictador le tiemblan las piernas ante el pueblo”.

Guevara llamó a los demás miembros de los Poderes “a que se pongan del lado de la Constitución” y sigan el ejemplo de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
“Tenemos un Estado que ha sido secuestrado”, expresó Guevara. “Nuestro objetivo es la restitución del orden constitucional”. “Le hablo al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab”, dijo al conminarlo a “cumplir el deber de Defensor del Pueblo”. También llamó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional. “No estamos pidiendo un golpe de Estado, estamos pidiendo que no van a arremeter contra el pueblo”.

Simón Calzadilla: “Con aquella medida cautelar aprobada el 30 de diciembre de 2015 cuando tres diputados fueron desincorporados por una amañada sentencia comenzó el desconocimiento a la AN».

Calzadilla expresó: “Tenemos 15 meses sin la representación de Amazonas y eso es ruptura constitucional, son los diputados de Amazonas la excusa con la que el gobierno ha pretendido desconocer la voluntad del pueblo expresada el 6 de diciembre de 2015”.

“El próximo 18 de abril vamos a ir al TSJ y la Fiscalía del Ministerio Público a exigir justicia sobre el pueblo de Amazonas”, dijo Calzadilla.

Enrique Márquez consideró que “el Gobierno ha complicado la política y el manejo del Estado”, provocando “incertidumbre”.

“Esta vez las bayonetas fueron sustituidas por togas de los magistrados, y eso ha permitido que se atente contra la Constitución. Es un proceso continuado por la pretensión del gobierno de pretender quedarse en la orgía de bolívares y de dólares a espaldas de esta Asamblea. La intención es desaparecer la voluntad del pueblo para seguir con la orgía de corrupción que ha llevado a Venezuela a ser el país más corrupto, es una orgía de corrupción en Cadivi, en Pdvsa. Por eso el gobierno dijo desde el principio no me conviene una Asamblea que venga a revisar las cuentas de la República”, dijo Márquez.

“Quieren seguir en el poder para seguir asaltando el tesoro de la nación que ya lo han asaltado bastante”, opinó Márquez”. ¡Elecciones ya es el grito del pueblo venezolano!, el gobierno debe dejar de tenerle miedo a su sombra, el cambio político es indetenible, por eso creo que esta junta directiva tiene que asumir el papel histórico que le ha asignado esta coyuntura para construir un gran frente cívico, democrático, donde cabemos todos, y salir todos los venezolanos a conseguir el cambio político que los venezolanos estamos buscando”.

Juan Requesens dijo que “aquí no hay excusas, si no quieren convocar elecciones, se encontrarán con el pueblo en la calle luchando por ello”.

Juan Guaidó: El diputado indicó que los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deberían ser encarcelados por cometer un golpe de Estado.

“Este golpe de Estado aún no está resuelto. Primero deben ser juzgados los magistrados que lo perpetraron. No solo deben ser destituidos sino que deberían estar presos”, indicó Guaidó durante el debate sobre la activación del proceso de remoción de los magistrados involucrados en el golpe de Estado.

El parlamentario alegó que los magistrados, electos por la Asamblea Nacional saliente en 2015, no cumplen con los requisitos para ejercer acciones judiciales en el TSJ. Además, sostuvo que los funcionarios solo actúan en torno a los intereses del Ejecutivo en lugar de trabajar por las necesidades de la sociedad venezolana.

Bancada del Psuv se incorporó a sesión donde se discute remoción de magistrados

Cerca del mediodía Víctor Clark, diputado del Psuv, se acercó al hemiciclo a hablar con el presidente de la Asamblea, Julio Borges. Más tarde ingresó al Parlamento el jefe de la bancada, Héctor Rodríguez, y posteriormente los diputados del Gran Polo Patriótico ocuparon sus curules ya casi al término de la sesión.

“Quiero aclarar que el diputado Víctor Clark tenga que firmar para pedir el derecho de palabra es un atropello. Por supuesto que están violando la Constitución”, dijo Rodríguez al citar la necesidad de dos tercios de la Asamblea Nacional. Hasta que el Poder Ciudadano no califique la falta grave ustedes no pueden por ninguna razón destituir a ningún magistrado sin violar la Constitución. Sean coherentes, dejen de hacer el ridículo”, expresó durante su derecho de palabra.

“Vayamos a elecciones como corresponde. Esa es la solución y la Paz de Venezuela”, recalcó Rodríguez.

ACUERDO EN RECHAZO A LA RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y A LA PERMANENCIA DE LA SITUACIÓN DE GOLPE DE EST… on Scribd

La comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó este lunes, por mayoría, una moción que condena la «ruptura del orden constitucional y democrático» en Venezuela, informó un comunicado oficial del Legislativo.

La moción fue suscrita por ocho congresistas, seis de ellos del partido opositor Fuerza Popular, que domina el Congreso, pero no fue apoyada por los parlamentarios del Frente Amplio de Izquierda.

El pronunciamiento condenó «el cierre de la Asamblea Nacional de Venezuela» por considerar que se trató de «un hecho anticonstitucional, así como la violación de los derechos humanos y la grave crisis humanitaria que afecta a su población.»

El congresista fujimorista Juan Carlos del Águila Cárdenas, presidente de la comisión, explicó que la moción condena el «permanente acoso y desconocimiento de las facultades y derechos de la Asamblea Nacional por parte del gobierno de dicho país y los demás poderes públicos.»

Agregó que en Venezuela se pretende «consolidar un gobierno dictatorial presidido por Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela.»

Un segundo acuerdo de la comisión formuló de manera oficial una solicitud a los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela «y los demás grupos democráticos de ese país, a reflexionar sobre las acciones totalitaristas promovidas por su gobierno.»

«El último acuerdo exige al gobierno venezolano que rectifique su actuar y que realice un diálogo constructivo y efectivo que permita salir del estado de crisis en el que ha sumido al país, liberar a presos políticos, respetar la libertad de prensa y expresión y convocar en breve plazo a elecciones generales para que sea el pueblo quien se pronuncie por su futuro», acotó la nota oficial.

El pasado jueves, Perú retiró de manera definitiva a su embajador en Venezuela ante lo que consideró un «flagrante quebrantamiento del orden constitucional y democrático» e inició consultas con los países de la OEA para analizar la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, consideró «inaceptable» la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, que el miércoles asumió las competencias del Legislativo de ese país, aunque el sábado dio marcha atrás en esta medida tras recibir un pedido en ese sentido de Maduro.

La Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó hoy una resolución que afirma que en Venezuela hay una «grave alteración inconstitucional del orden democrático» y exige al gobierno de Maduro que restaure «la plena autoridad» de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

El 4 de febrero de 1992, en opinión del Dr. Elías Pino Iturrieta, fue la ruptura de la convivencia democrática, que se había fraguado trabajosamente de 1958. Había un entendimiento de los negocios públicos y del bien común, que desapareció de manera abrupta hasta el punto de que se puede temer que casi se ha perdido. Esta puede ser la consecuencia, en términos generales, de esa aventura.

En términos particulares es evidente que se tiene que agregar en ese inventario el menoscabo de los partidos políticos, el secuestro de la libertad de expresión y la desaparición de un entendimiento sobre la vida pública, pero también de la vida privada, que tenía por lo menos medio siglo de establecimiento.

El 4 de febrero también trajo la resurrección del más salvaje personalismo, que parecía borrado de la historia y que pensábamos que estaba enterrado en los rincones del siglo 19.Suficiente evidencia en resumen para deplorar ese suceso y también para deplorar que no hubiese sido castigado enfáticamente por la sociedad en su momento.

La sociedad venezolana se entusiasmó por la posibilidad de una regeneración, con la alternativa de una salvación, que nos condujo al despeñadero en el cual hoy se encuentra la república.

-Pero, según Chávez, todo fue motivado para acabar con la corrupción.

-En los últimos años de la democracia representativa hay testimonios indiscutibles de corrupción. Y de cómo los partidos políticos fundamentales, AD y Copei, llegaron a convertirse en un club de contratistas, abandonando los principios y los valores de la democracia. Sobre eso no hay dudas. Y Chávez manejó ese argumento. En ese momento de golpis- ta no le faltaba razón. Pero, era un argumento vacío, sin ningún tipo de consistencia por el hecho de que lo fue un suceso evidente se ha convertido en un suceso panorámico, a efecto de que la corrupción sea una de las características estelares de la llamada revolución bolivariana.

-Giordani denunció que los corruptos se habían apropiado de 25 mil millones de dólares, pero ahora otro ex ministro dice que fueron 300 mil millones de dólares los dilapidados. ¿Cómo es posible que no haya habido una investigación?

-Lo que ha venido pasando es algo que se relaciona con el proyecto del 4 de febrero: el secuestro de los poderes públicos. En la medida en que desaparece la independencia de los poderes, en la medida en que la Asamblea Nacional se convierte en un adorno o en apéndice del Poder Ejecutivo, en la medida en que el Poder Judicial solo obedece las órdenes de Miraflores, es evidente que no sólo campea la corrupción, sino también su compañera necesaria e ineludible que es la impunidad. En la medida en que se concentra el poder en la residencia del Poder Ejecutivo se permite cualquier tipo de latrocinio. Por esa razón, lo que fue un fenómeno importante de los últimos años de la democracia representativa se convirtió en un pesado bacalao que cargamos sobre el hombro todos los venezolanos: la ladronería bolivariana.

-¿No fue la propia presidenta del Poder Judicial quien habló de concentrar poderes?

-Ella dijo que no era aconsejable la independencia de los poderes públicos. No puede haber justicia en un estado autoritario, que niega la división de los poderes. Cuando se concentra el poder en una nomenclatura, que es lo que está pasando actualmente en Venezuela, la corrupción campea y no existe la posibilidad de ningún tipo de condena. El discurso reciente del Presidente Maduro no es más que un saludo a la bandera en medio de la crisis. No puede ocultar el hecho de que la corrupción se ha convertido en una peste nacional. Pero, en la medida en que el Poder Judicial y los órganos de la Fiscalía dependan de la voluntad del Ejecutivo, la situación no cambiará.

-¿No cree que las colas para conseguir alimentos se hayan convertido ya en una costumbre?

-Nadie se acostumbra al hambre, a la escasez a la incomodidad, ni a la arbitrariedad, ni a la mala administración. Estos son los signos que de alguna manera tendrá que buscársele solución a estos problemas gigantescos de injusticia. Asi ha pasado en los países a través de la historia. Esto debería ser un fenómeno transitorio, que pudiera desembocar en una situación de conflictividad si no se buscan solución por caminos pacíficos y constitucionales.