Rodolfo González

Falta de atención médica y traslado a centros hospitalarios es la constante entre los 10 reos por razones políticas que han fallecido bajo custodia del gobierno de Nicolás ,Maduro   

@franzambranor

Con la muerte del general Raúl Isaias Baduel ya suman diez los presos políticos fallecidos en cautiverio durante el gobierno de Nicolas Maduro, según cifras manejadas por la ONG Foro Penal Venezolano. 

Desapariciones forzadas, presentación de civiles ante tribunales militares, diferimiento de audiencias, retardo procesal, denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos, además de negación a suministro de tratamientos médicos y traslados a centros asistenciales, son la constante entre quienes han sido puesto tras las rejas por adversar al régimen madurista.  

Aquí una lista de la decena fallecidos:

Rodolfo González 

Conocido como “El Aviador”, Rodolfo Pedro González Martínez fue hallado muerto en su celda del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el El Helicoide a mediados de marzo de 2015. Versiones indican que González se habría suicidado después de conocer que iba a ser traslado a la cárcel de Yare en el estado Miranda.

González estaba recluido en El Helicoide desde el 26 de abril de 2014, acusado de ser uno de los articuladores de las protestas masivas antigubernamentales en febrero de ese año.

Según el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, al momento de su detención a González se le decomisaron armas de fuego, municiones y equipos tecnológicos.

Carlos García

El concejal de Guasdualito en el estado Apure, de apenas 44 años, falleció a mediados de septiembre de 2017, víctima de un accidente cerebrovascular mientras se encontraba detenido en un calabozo del Sebin en la entidad.

Miembros del partido Primero Justicia aseguraron que pese a presentar problemas de salud, a García no se le prestó atención médica alguna. Autoridades informaron que al momento de su detención el 17 de diciembre de 2016, al activista político se le incautaron bolívares en efectivo y fue detenido por presuntos delitos de hurto calificado, instigación pública y saqueos que se suscitaron en la ciudad.  

Rafael Arreaza

Detenido en marzo de 2017 por presunta conspiración contra el Estado, el teniente falleció el 30 de noviembre de ese mismo año con apenas 28 de años de edad a consecuencia de dos disparos que recibió en un presunto intento de fuga de la cárcel militar de Ramo Verde en Los Teques. 

Fernando Albán

El concejal de Primero Justicia murió el pasado 8 de octubre de 2018 luego de que cayera del décimo piso de  la sede del Sebin en Plaza Venezuela.

Versiones oficiales indicaron que el político se escabulló de sus custodios y se arrojó al vacío desde una ventana. Inicialmente el Fiscal General de la República designado por la extinta asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, apoyó la tesis del suicidio, pero luego cambió a homicidio culposo.

“El Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión contra los dos funcionarios que custodiaban a Albán”, dijo.  

Nelson Martínez 

Acusado por presuntos cargos de corrupción durante su gestión como directivo en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Citgo, Martínez falleció el 12 de diciembre de 2018 como consecuencia de una septicemia con falla renal, hepática, cardíaca, cerebral y respiratoria. A Martínez, quien estaba detenido desde noviembre de 2017 a la espera de un juicio, se le contaminó una válvula que tenía en el corazón por falta de atención médica.  

Rafael Acosta Arévalo 

El capitán de corbeta fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 22 de junio de 2019, acusado de conspiración y traición a la patria. Seis días después de desconocer su paradero, fue presentado ante el Tribunal Militar Tercero de Control de Fuerte Tiuna con visibles muestras de tortura en su cuerpo, de acuerdo con abogados y familiares. Ante la petición de sus allegados, Acosta Arévalo fue trasladado al Hospital Militar del Ejército “Doctor Vicente Salias Sanoja”, donde murió seis días después.   

Pedro Santana

Acusado de presunta vinculación con actos terroristas, el productor ganadero fue detenido el 29 de agosto de 2019. Casi un año después, el 14 de agosto de 2020, falleció a los 75 años de edad cumpliendo arresto domiciliario a causa de varias complicaciones médicas.

Salvador Franco

El miembro de la comunidad indigena pemón falleció el 3 de enero de este año a causa de un edema cerebral, shock séptico y un cuadro severo de desnutrición producto de una tuberculosis no tratada. Franco fue aprehendido el 30 de diciembre de 2019 y recluido en la cárcel del Rodeo II, acusado de participar en el asalto de dos cuarteles militares en el estado Bolívar. Le fueron imputados los cargos de terrorismo, sustraccion de armas de fuego y municiones en resguardo. Miembros de la ONG Foro Penal informaron que un juez ordenó el traslado de Franco a un centro asistencial, pero las autoridades de la prisión hicieron caso omiso del dictamen  

Gabriel Medina 

Fue detenido el pasado 24 de abril de 2020 junto a otras ocho personas, acusado de planear el secuestro del segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello. Bajo prisión preventiva y sin condena, Medina enfermó de tuberculosis y no tuvo acceso a tratamiento médico ni traslado a un centro hospitalario. Murió el 29 de agosto de este año, víctima de un paro respiratorio. 

Raúl Baduel 

El General y otrora mano derecha del fallecido presidente Hugo Chávez murió este 12 de octubre a consecuencia de complicaciones vinculadas al COVID-19, según informó el Fiscal General de la República designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab.

En su cuenta de Twitter, el funcionario expuso que Baduel falleció por un paro cardiorrespiratorio mientras «recibía los cuidados médicos correspondientes» y aseguró que había recibido la primera dosis de la vacuna.

Familiares negaron que el militar haya padecido la enfermedad. Una hija reveló que lo vio el sábado antes de su muerte y que no presentaba síntomas de coronavirus.

Baduel estuvo casi una década detenido. Desde 2017 estaba en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, específicamente en el calabozo conocido como “La Tumba” y luego fue trasladado a El Helicoide, de acuerdo a versión de sus familiares.  

 

 

De la noche a la mañana, la yunta Harrington-González López se convirtió en una carga imposible de llevar para el régimen, acosado por sus aliados internacionales a partir de la muerte del concejal Fernando Albán

 

@javiermayorca

 

En la policía política, las principales razones para quitar y poner a sus directores son políticas. Que nadie se engañe: este despacho, adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, no es un bastión para la defensa de los valores democráticos. Su propia reglamentación interna lo define como una herramienta para la preservación y la consolidación del proceso político, antes liderado por Hugo Chávez, hoy por Nicolás Maduro.

Desde febrero de 2014, el mayor general del Ejército Gustavo González López asumió esta tarea con denuedo. Heredó la estructura para la represión diseñada por Miguel Rodríguez Torres, y la elevó hasta niveles antes nunca vistos. Claro está: en el camino él sabía que no todos en sus filas actuarían guiados por una convicción revolucionaria. Sabía que era necesario hacerse de la vista gorda ante esos deslices de los “muchachos” del comisario Calderón en Investigaciones Estratégicas, o los de Contra, que se redondeaban con uno que otro secuestro en el Country, o mediante la extorsión a los presos de conciencia y a esos que conocían como “población”. Había para todos: 400 mil bolívares de los de 2017 por dejar pasar un celular, o los millones que el Turco Walid pagaba para llevar una vida más o menos digna en El Helicoide. Todos allá adentro lo sabían.

Pero esto era lo de menos, a los ojos del Gobierno. Realmente, hace dos meses, hubiese sido imposible predecir la salida del Sabueso. Las quejas de volumen creciente en foros internacionales por el trato inhumano a los detenidos, que incluían sistemáticas golpizas y torturas como la famosa “crucifixión”, aún no pasaban de ser un secreto a voces en el país. La muerte de Rodolfo González, “suicidado” en marzo de 2015 en una de las mazmorras, no solo fue convenientemente encubierta. Además, según testimonios de ex presos, fue utilizada como medio de amedrentamiento. El cadáver del Aviador fue sacado de la celda y abandonado durante horas en un pasillo, a la vista de todos.

En septiembre, González López parecía atornillado en su cargo, eficaz como ninguno para impartir terror desde la maquinaria del Estado y desmantelar todo atisbo de oposición.

Hasta que ocurrió la muerte del concejal Fernando Albán.

El 8 de octubre representó un auténtico punto de quiebre, por lo menos en el Sebin.

Los efectos de este suceso comenzaron a verse donde menos lo pensaban: en España. El cogobierno Psoe-Podemos, que llegó al poder tras la destitución parlamentaria de Mariano Rajoy, iba en un lento viraje para alinearse con el madurato. Ya habían dado prueba de ello, al oponerse públicamente a nuevas sanciones para el régimen, a través de la Unión Europea.

Pero allá aún existe un balance de poderes. Y la muerte del edil, calificada sin ambages como un “asesinato” a manos de la policía política, durante debates parlamentarios a los que acudía Sánchez, puso un frenazo al maridaje.

La secuencia de hechos no da pie a dudas. España –en la actualidad, firme creyente de una salida negociada a la crisis venezolana- aprovechó la conmoción ocasionada por el caso Albán para lograr de una vez por todas la liberación y el destierro de Lorent Gómez Saleh. Este caso era una especie de punto de honor para el régimen. Durante las negociaciones que posibilitaron la libertad de varios de sus compañeros de celda, el Gobierno había reiterado que este activista no saldría. Pero ocurrió la “caída de altura” de Albán, y las cosas dieron un giro radical. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez envió en misión oficial al secretario de cooperación para Latinoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, en Caracas ya habían tomado la decisión de dar un salvoconducto a Gómez Saleh.

Al ex preso político no le impusieron voto de silencio en su nuevo destino. Apenas se bajó del jet en Barajas hizo todo lo posible para dejar al descubierto ante la comunidad internacional el sistema instaurado por González López y su pareja, la entonces vicefiscal Katherine Harrington.

Ante este escenario, el Gobierno optó por aplicar tácticas de “reducción del daño”. De repente, la dupla Harrington-González López dejó de ser la estrella de la represión y se convirtió en un lastre demasiado pesado. Primero, destituyeron a la abogada mediante un decreto constituyente, el 19 de octubre. Una semana después, el mayor general también fue cesanteado. En ninguno de estos casos hubo declaración oficial. La fracción madurista sabe que ambos cuentan todavía con poderosos aliados, de los que gustan jugar la “carta dura”.

A estas alturas, es probable que González López se sienta traicionado. Es por eso que, según fuentes de la policía política, se negó a hacer entrega formal a su sucesor, el general de división (Ejército) Manuel Cristopher Figuera. Hubo un acto administrativo, durante el cual él entregó la dirección, y luego llegó su reemplazo, mano derecha del general Hernández Dala en Contrainteligencia Militar, quien ahora tiene en su alforja todo el aparato de espionaje, y quizá pase a ser el militar más poderoso del país.

 

Breves

 

-Un sombrío panorama en materia de seguridad ciudadana le espera a Venezuela en los meses por venir. Por una parte, el municipio Libertador ya rebasó al estado Vargas como el lugar con la tasa más elevada de delitos en general. En la actualidad, la diferencia entre ambas localidades es de unos 20 puntos. Y eso que Vargas estuvo en la delantera hasta julio. Esto es consecuencia del acelerado impacto que está teniendo en Distrito Capital una ola de delitos contra la propiedad. Aunque lo nieguen los voceros gubernamentales y hagan todo lo posible por mantener artificialmente bajas las estadísticas, en las calles de la capital se siente: hay más delincuentes y actúan con mayor frecuencia. En los estados fronterizos con Colombia, la situación se torna aún más compleja. La combinación drogas/grupos irregulares está originando brotes de violencia armada. Y vendrán más. Este año, Naciones Unidas calcula que en el país vecino hay 209 mil hectáreas cultivadas con coca, un récord para el siglo XXI que va aparejado con un mejoramiento en la productividad por hectárea. Ahora, la coca ha sido potenciada genéticamente. Una de las zonas con mayor densidad en cuanto a siembras de este arbusto está en el eje Tibú-Rio de Oro. Allí se concentra el 9% del total de plantíos. Algunos están en Zulia, otros en Táchira. La salida “natural” de esta producción no es por el Pacífico sino por Venezuela. Por ahora, el control de este trayecto se lo disputan el ELN y los llamados “pelusos” o miembros del Ejército Popular de Liberación, donde han recalado ex integrantes de las FARC. Pero esta violencia no es del todo “importada”. Allí también participan venezolanos, que han servido de anfitriones a guerrilleros y bandoleros.

– A partir del lunes 29 se hicieron virales en las redes de mensajería los videos de una celebración, presuntamente llevada a cabo el fin de semana anterior en la platabanda de una vivienda de la Cota 905, en la que participaron varios de los individuos que figuran en la lista de “los más buscados” por el Gobierno. Primero entre ellos está Carlos Luis Revette, alias Coqui, descrito por Relaciones Interiores como el líder de una banda de secuestradores que opera en la Cota 905, específicamente en el sector conocido como La Chivera. Pero esta fría descripción no hace honor a la importancia que esta figura ha tenido en la historia de la criminalidad venezolana. Cuando se iniciaron formalmente las operaciones conocidas como Liberación del Pueblo (OLP), en julio de 2015, el lugar escogido para la gran redada fue precisamente el predio de Coqui. En esa oportunidad, los cuerpos policiales mataron a 16 personas. Pero Revette salió bien librado, al igual que sucedió durante otras tres operaciones llevadas a cabo posteriormente en el mismo sector. El hombre de 39 años de edad parece disponer de información privilegiada. Desde entonces han pasado más de tres años, y Coqui sigue allí, celebrando. Solo que ahora, desde luego, tiene menos competencia. Las policías le han hecho el favor.

Diez meses estuvo encerrado en el Helicoide, esa especie de limbo, Rodolfo Pedro González, “el aviador”, hasta una madrugada de 2015 cuando sacó una correa, se la anudó al cuello y se ahorcó, liberándose de todo. Una visita de aquella misma tarde lo puso muy nervioso. Quizás el caso del aviador y la forma en que acabó sus días guarde parecido  con una reciente noticia escandalosa

 

LOS MARXISTAS DE corazón, que los hay, han dicho que el idealismo es una filosofía reaccionaria. Rodolfo Pedro González fue un idealista, tan ingenuo y tan idealista que votó por Hugo Chávez en 1998. Ese  voto, junto con el de otros como él, le costaría la vida.

Rodolfo era un hombre vulnerable, que se exasperaba fácilmente, tradicionalmente adeco y con molesto aparato de ortodoncia metido en la boca. Esa noche que va del 12 al 13 de marzo de 2015 llamó a sus dos hijas, Ivette y Lissette, a su mujer Josefa y a su hermano Domingo, quien había permanecido muy cercano a él durante el proceso (murió el año pasado). Rodolfo se encontraba azorado, estresado, perturbado: necesitaba urgentemente, dijo, que le llevaran su cédula de identidad al día siguiente a las 7:00 am porque unos funcionarios del Ministerio de Prisiones le habían dicho que probablemente lo trasladarían a un recinto de presos comunes, quizás Yare.

Todos trataron de tranquilizarlo. En vano.

A cierta hora de la madrugada algún reo en el Helicoide, del mismo pasillo donde el aviador pernoctaba, escuchó un ruido extraño y dio la voz de alarma. En su propia casa no se enteran si no es por unas primas que viven en Filadelfia (Estados Unidos): llamaron a Ivette y ella fue donde Lissette a decirle; miraron en Twitter a ver qué estaba circulando por allí y, en efecto, se encontraron con una primera declaración del jurista José Vicente Haro. Haro defendía a personas presas en el mismo lugar donde pernoctaba González y por ellas, seguramente, se enteró. No se le ocurrió llamar a los familiares sino meterse en Twitter directamente. En realidad, no lo conocían personalmente.

Viuda e hijas no fueron informadas oficialmente hasta el día siguiente, a las puertas de ese paquidermo que alberga entes oficiales y donde caben todo tipo de encierros. No las dejaban pasar, en principio, pues no era día de visita. Estando allá abajo les entró la llamada de la Fiscalía, cuya representante ya se encontraba dentro. Fue esta funcionaria quien les informó. Al fin accedieron al recinto. Solo Ivette, la hermana menor de Lissette, quiso entrar a ver el cuerpo de su papá, tirado todavía justo donde había caído puesto que todavía debían llegar los investigadores a tomar nota. Ni Josefa ni Lissette quisieron verlo. La fiscal informó del procedimiento: ir a la morgue, ir a declarar, firmar esto y aquello. En casos así, cuando fallece una persona custodiada por el Estado, la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía se encarga de la investigación. Pero nunca, luego de ese día, los familiares del aviador han sabido nada acerca de las conclusiones. Tampoco han sabido quiénes fueron los funcionarios de Prisiones que hablaron con Rodolfo González la tarde anterior ni qué le dijeron ni si, en todo caso, era cierto que recibió la amenaza del traslado a Yare o donde fuera.

Rodolfo Pedro González murió porque supo que le tocaba, que no tenía escapatoria, que su condena era irreversible. Murió porque en alguna ocasión, o en varias, había comentado abiertamente, en el comedor donde recibía visitas, que si le metían tantos años de cárcel no aguantaría y se mataría.

Para ese momento una parte de él ya había muerto, su mejor parte, esa porción del alma o de la psiquis que lo había impulsado desde pequeño, aquella en que se soñó pilotando un avión.

El mismo espíritu que se quedó con la boca abierta ante La guerra de las galaxias. Lissette recuerda que cuando se estrenó el primer capítulo de la saga, Rodolfo estaba allí, a las puertas del cine, primer chicharrón, arrastrando a su hija de 8 años. Él no se ocupaba de las calificaciones escolares ni de asuntos similares, era el terreno de Josefa. Se ocupaba, más bien, de llevar a las hijas al mar. Las enseñó a nadar, a lanzarse del trampolín en Morrocoy o Margarita. Coleccionaba primero las películas de George Lucas en VHS, luego en DVD. Desde chiquito quería ser piloto pero su madre se había negado en redondo a subvencionarle ese capricho, por los peligros que entraña. Después de que la buena señora falleció, y tras sacarle rentabilidad a un local que había heredado en el centro de Caracas, se montó en el primer avión que le dejaron. En el sillón del piloto. Era el Aeroclub Caracas y le dieron su licencia.

“Era un hombre muy impaciente, pero alegre”, dice de él Lissette. “Le gustaba ayudar a todo el mundo, solidario. Él no regañaba por notas en el colegio, pero sí cuando uno se iba a una fiesta y regresaba dos horas más tarde de lo establecido. Ese peo te esperaba era con mi papá”. Lissette es hoy en día una solvente investigadora y docente universitaria en Sociología.

Lo único que tiene la familia sobre la visita de los funcionarios del Ministerio de Prisiones es el testimonio de él: lo iban a trasladar. Oficialmente no se ha admitido nada ni hay documentación sobre tal visita. Lo cierto es que él había dicho más de una vez aquello de que no aguantaba una condena a largo plazo, que prefería matarse. La familia no le creyó. En diez meses solo había salido del Sebin para verse en un par de ocasiones con su odontóloga, por lo del tratamiento de ortodoncia. Una concesión francamente graciosa.

Hay tres jóvenes en el mismo expediente que comenzó a forjarse el día en que lo fueron a buscar a su casa de Macaracuay, en abril de 2014. Allí mismo está incluida Josefa, no debe olvidarse que ella fue a llevarle algo al Helicoide y allí mismo la dejaron encerrada, los benditos del Sebin, saltándose cualquier procedimiento legal. Los otros tres fueron puestos en libertad luego de que murió el aviador. Renzo Prieto, el último, en mayo de 2018. El juicio no ha empezado, seguramente nunca empezará. Lo que hubo, cuando Rodolfo vivía, fue una audiencia preliminar, aquella en la cual un juez de control decide si hay motivos para la acusación y con cuáles cargos. Esa audiencia terminó en octubre de 2014, es decir, seis meses después de que lo encerraran. Y desde ese entonces hasta que murió no había pasado nada; ni siquiera un tribunal asignado. Después de su fallecimiento sí hubo cierta prisa: fue asignado un tribunal. Sin embargo, las primeras audiencias se suspendieron. Una porque uno de los detenidos pidió que el juicio fuera grabado y, como no había cámaras disponibles, se suspendió el acto. En la siguiente no se presentó la Fiscalía; después, no pudieron ser trasladados los muchachos implicados en el caso. Luego, algo de última hora… En fin. Desde noviembre del año 2017 no se han convocado más audiencias.

Josefa sigue metida en ese expediente, nada ha prescrito. Josefa no anda tranquila de los nervios. Si le toca ir al tribunal, se pone mal; incluso algunas noticias la han afectado mucho. A Josefa, por cierto, no le han devuelto ni las computadoras ni nada de lo que se llevó el Sebin de su agencia de viajes en Chacao. Como tampoco han devuelto las PC que decomisaron en dos casas familiares, ni las tabletas, ni los teléfonos móviles, incluyendo el de la señora que limpiaba donde Ivette. Así de cleptómano es el Estado madurista.

Lissette lo admite pero enseguida reacciona: “Sí, esto nos destruyó la vida que teníamos. Pero la vida sigue. No nos quedamos en estado de postración, gracias a Dios. Yo creo que al gobierno no le importó lo sucedido. Es mi impresión. Creo que al Estado venezolano le importa bien poco los derechos de los opositores. Le importa menos incluso cuando son gente desconocida, como mi papá, que no era una persona influyente.”.

Al menos, Diosdado Cabello no se metió más con el aviador en su programa de televisión. Era uno de sus temas favoritos.

A veces, bajo algunos regímenes, la muerte se convierte en un asunto administrativo, una especie de abstracción. Si la muerte es una abstracción, la vida también lo es. Solo es concreto el poder, su engranaje y su mecánica. Lo demás es prescindible, ya que es tan abstracto. Un cinturón o correa que pasa los controles usualmente estrictos en el Helicoide. Un señor mayor que habla pendejadas en la calle y que ahora dice que él no aguanta una condena larga, que preferiría matarse. Abstracciones de un medio desquiciado.

Cuando los reos traspasan las puertas de las dependencias policiales en Venezuela, ya han perdido la mitad de su vida, probablemente la mitad que valía la pena vivir. A partir de entonces se las verán solos con su lado oscuro. Hubo unos bidones de gasolina en un patio. Lo de los bidones fue la coartada perfecta para que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro —en ese orden— armasen una histérica campaña contra este idealista torpe y ciclotímico. Apoyó a los guarimberos de su zona en 2014. Habló lo que no debía, probablemente locos planes para tumbar al gobierno, y lo escuchó en mala hora quien no ha debido escucharlo.

Después de todo, seguía siendo un iluso, un idealista, un individuo propenso a exasperarse.

Eso pudiera ser un común denominador. Aprovechar las debilidades de quienes entran en esas sombras, explorarlas a conciencia, sacarles partido hasta límites insospechados. Si eres un experto en la materia o estás debidamente asesorado por gente con sesenta años de experticia en estas lides, tienes el éxito garantizado. Puedes hacer que el idealista se cuelgue o que el buen cristiano se tire por la ventana. La muerte es, nada más, un asunto administrativo.

La familia del aviador nunca olvidará el funeral multitudinario. El liderazgo democrático se hizo presente y, sobre todo, el liderazgo del movimiento estudiantil y de eso que después se llamó la resistencia en las protestas de 2017. Gaby Arellano (que aún no era diputada) dio un discurso al lado del féretro. Rodolfo la había conocido, la había apoyado. Había quien se presentaba de este modo: “Usted no me conoce, vine desde Barquisimeto a mostrar mi solidaridad”. Era una sensación rara, dice Lissette, pues sentía como si el acto no perteneciera a su propia familia sino que era algo mucho más extenso, más abarcador.

Algo semejante deben haber sentido los familiares de Fernando Albán en estos días. La solidaridad del venezolano deberá resistir y superar este atroz esperpento que administra muerte.

sdelanuez@gmail.com

FERNANDO ALBÁN ES EL TERCER PRESO POLÍTICO en morir bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero los relatos del gobierno sobre el supuesto suicidio son inconsistentes entre ellos.

La tarde del lunes 8 fue confirmada por el gobierno la muerte del concejal del municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, un militante del partido Primero Justicia (PJ), quien llevaba tres días detenido en la sede de Plaza Venezuela del Sebin.

Tanto el fiscal general Tarek William Saab como el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, calificaron la muerte como un suicidio, sin haber realizado una autopsia ni evaluado las pruebas. Sin embargo, ambos funcionarios difieren en el relato de los hechos: el fiscal asegura que Albán saltó desde la ventana de un baño al que pidió ser llevado, mientras que Reverol dijo que sucedió desde la sala de espera cuando iba a ser trasladado a tribunales.

Mucho antes de la muerte de Albán, otro preso político falleció en el Sebin. Fue Rodolfo Pedro González Martínez, también conocido como “El Aviador”, un ex capitán de la Aviación Civil detenido en abril de 2014 por participar en las protestas antigobierno, calificado como un “articulador logístico” y acusado de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego.

A poco de cumplir un año detenido, el 13 de marzo de 2015, el hombre de 63 años fue encontrado muerto en su celda de El Helicoide. El preso político fue informado un día antes que sería trasladado a la cárcel de Yare. Según sus familiares y la fundación Venezuela Awareness de la abogada Patricia Andrade, González había sufrido torturas psicológicas a manos de los funcionarios del Sebin.

El caso fue completamente basado en el testimonio anónimo de un “patriota cooperante”, sin haber encontrado prueba alguna de los delitos por los que lo acusaron, y con una serie de irregularidades cometidas en la investigación, detención y juicio, aseguraron sus familiares.

La siguiente muerte ocurrida en una sede del Sebin, específicamente en la de Guadualito, fue la de Carlos Andrés García, un concejal del municipio Páez de Apure, donde fue detenido por presuntamente tener billetes de Bs. 100 el 17 de diciembre de 2016, la semana en que Maduro sacó los billetes de circulación y provocó disturbios en varias partes del país, incluído Guasdualito. Los billetes sirvieron de excusa para acusar a García de instigación pública a delinquir, daño violento, incendio en grado de participación y hurto.

El concejal ya sufría de problemas de tensión cuando fue aprehendido, los cuales se agravaron en los calabozos del servicio de inteligencia en Guasdualito.

Sufrió crisis hipertensivas, aunado a un severo cuadro de depresión, condiciones que decantaron en un ACV en agosto de 2017. Los médicos recomendaron trasladarlo a un centro asistencial, procedimiento que los funcionarios de los cuerpos de seguridad ejecutaron 12 días después, cuando supuestamente este ni siquiera reconocía a sus allegados, y los médicos no pudieron hacer nada al respecto. 

Diputados opositores denunciaron al gobierno de Maduro por no acatar la orden a tiempo y consideraron que el concejal fue asesinado por el régimen, acotación que el Tribunal Supremo de Justicia solicitó a la oposición no repetir por ser “opiniones irresponsables con informaciones falsas”.

 

Versiones encontradas

El especialista en Derechos Humanos y coordinador de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, consideró que “si el fiscal y el ministro del Interior dan declaraciones encontradas es porque uno de los dos está mintiendo”, por lo que es necesario realizar una investigación a fondo.

Nieto Palma aseguró que en cualquier caso, la responsabilidad absoluta de la muerte del concejal es del Estado, ya que así lo dice la Constitución en el art. 272, que garantiza un un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Lo mismo indican las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las reglas Mandela.

El experto detalló que al Ministerio Público le corresponde investigar quienes eran los funcionarios a cargo, por qué no estaba custodiado y cómo se les escapó del Sebin, entre otras cosas. “Eso casi ni ventanas tiene. Además estaba recién detenido, incomunicado”, dijo Nieto a Runrun.es.

Además, la Defensoría del Pueblo debe actuar de oficio, pedir la investigación del caso y hacerle seguimiento para constatar su cumplimiento.

 

Ellas prefieren quedarse hoy en casa, ajenas a las correderas y faustos propios de un día como el de hoy. Su pérdida es aún muy reciente, muy dolorosa, es una herida de esas que, uno lo sabe, no cerrarán nunca. Allí están sus fotos viejas, recuerdos de cuando eran niñas, de cuando sentían y sabían que los brazos de su padre eran los más fuertes del mundo; y unas camisas que misteriosamente aún les huelen a papá. Se aferran hoy a los ecos de una vida que ya no es, a aquel pasado luminoso en el que el miedo y la ausencia lucían imposibles y no les faltaban bastión ni cobijo. Cada una recordará a Rodolfo, su padre, a su manera. Lo traerán de vuelva hecho pensamiento, vestido de aquellos momentos con él que se quedaron para siempre en sus corazones. Hoy, para Lissete y para Ivette, es un día oscuro. Solo les quedan la memoria, y el amor que jamás se les apagará, para esperar pacientemente la noche y comenzar mañana de nuevo, aunque el sol solo les salga a medias.

Deben ser fuertes, o al menos mostrarse fuertes. Su mamá Josefa es un roble, pero ellas saben que tras la fachada hay océanos de lágrimas represados. Tras sus ojos se le ven gritos ahogados, rabias, tristezas. A ella además le tocó compartir la experiencia de la cárcel con su papá, y aún enfrenta un juicio absurdo por pecados que no cometió… No es fácil.

Lo más duro es lidiar con la duda ¿Qué pasó en realidad? Según el Acta de Defunción, ese papelito desmesurado y feroz, “Estrangulamiento y Asfixia” fueron las causas de la muerte de Rodolfo González, allá en el SEBIN, donde todo pasa y nada queda. Pero a la verdad, esta vez, no le bastan tres líneas. Pusieron sobre los hombros de su padre la culpa de su muerte, y establecieron que fue él mismo el que se quitó la vida. Un par de firmas más adelante, el caso quedó cerrado. Nada se dijo de las terribles condiciones en las que lo mantenían preso injustamente, de los juegos perversos a los que lo sometían sus carceleros o de las inmensas privaciones que padeció, incluso siendo ya un hombre mayor. Tampoco se habló de esa colcha de retazos mal pegados que es el expediente judicial que le montaron, otro de tantos, pura cháchara de esos nuevos cobardes que con pompa se anuncian como “Patriotas Cooperantes”, en el que mezclaron “chicha con limonada” solo para apuntalar las mentiras oficiales sobre lo que ha venido pasando en el país desde 2014. Los jueces olvidan que cuando meten preso a alguien se colocan sobre los hombros la plena responsabilidad sobre su salud y su vida. Pero no les importa, son simples fichas en el tablero, y para este gobierno la culpa de todo lo que pasa, incluso la de la muerte de aquellos que mantienen injustamente privados de su libertad, está siempre en los demás. Cero rollo.

Ellas, sin embargo, sí le darán su regalo. El legado de su padre permanece. No abandonarán su lucha por la justicia y seguirán batallando no solo por ellas, sino por todos los que padecen las mismas miserias. Aunque papá ya no esté en casa.

 

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Lo más probable es que hoy les suspendan, con cualquier excusa, la visita. O quizás les exijan, a sus esposas e hijos, humillaciones intolerables, solo para dejarles pasar. Las prerrogativas y el respeto nuestros derechos básicos son solo para los pranes, no para los presos del poder. Les importa nada que estés en huelga de hambre, pues por si acaso no lo hemos entendido, la idea de todo esto no es, como lo ordena el COPP “establecer la verdad por las vías jurídicas”, sino convertir al proceso al que te han sometido en un castigo en sí mismo. Pero no en cualquier castigo, debe ser uno que vaya mucho más allá de ti. De nada vale que la bolivariana, esa de la que tanto se enorgullecía Chávez, diga que mientras no has sido condenado tienes derecho a ser juzgado en libertad o, lo que es más importante, a ser tenido y tratado como inocente. Tampoco sirve de nada que allí se diga que cualquier medida o sanción debe ser solo contra ti, y que no puede afectar a los tuyos, mucho menos a tus hijos. Alzaste la voz contra el “heredero”, te atreviste a reclamarle su incompetencia y pusiste en duda su legitimidad. Pecado mortal, más grave incluso que el de los que a diario nos matan, secuestran o atracan, ya que a esos sí los dejan vivir tranquilos en sus “Zonas de Paz”. Te temen más a ti.

 

Leopoldo pasará otro día del padre alejado de sus hijos, de su esposa, de su hogar. Quizás, más allá de sus ansias de libertad, de su amor por Venezuela y del hambre que lo mata poco a poco, hoy lo que más le duele es que sus hijos, muy pequeños, seguramente aún no entienden muy bien de qué va todo esto. Pero no hay que ser un genio para imaginar cuál es la inquietud que llena sus pequeños pechos y que ronda en sus cabecitas.

Solo quieren saber por qué papá no está en casa ¿Quién se anima a responderles?

 

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“Sabes hermano lo triste que estoy, se me ha hecho vuelo de trinos, y sangre la voz, se me ha hecho pedazos mi sueño mejor, se ha muerto mi niño, mi niño mi niño, mi niño hermano”.

Escucho “Era en Abril”, de Baglietto, y aunque no lo conozco pienso en Alex. Soy padre, no me es difícil identificarme con él. Lo imagino rodeado hoy de las cositas que cuando estamos embarazados nos desbocamos a conseguir para los sueños que ya pronto nos llegan. Aquella camisita de los Tiburones de la Guaira, de los Cardenales, del Caracas o del Magallanes que, pese a las quejas de Adriana, sería lo primero que se pondría Alex Adrián no más salido del vientre, la cunita vacía y las paredes del cuarto pintadas con vivos colores que sin embargo a él le lucen mustios y apagados. Le faltaba poquito para empezar a celebrar el día del padre, cuando una bala absurda, disparada por un absurdo, en un país absurdo, le arrancó de un tajo a su mujer y a su hijo.

Toma en sus manos la otra franelita que se quedó sin usar, la de la Vinotinto. Le sorprende y le duele lo chiquita que es. Su mirada topa con esa foto en la que los ojos de Adriana, barrigona, brillaban como aquella vez, cuando él se animó a robarle el primer beso. La sonrisa no le llega a los labios como le llegaba antes. Quizás esa sonrisa tan especial, ese calor en el alma que solo sabe describir el que lo ha sentido, no le vuelvan más.

Ya Adriana Urquiola no está. La mató la estupidez de los que no hablan más idioma que el de las balas, la de los que se saben protegidos por los poderosos, la de los enajenados, y se llevó con ella su alegría, mil besos para Alex que le quedaron pendientes y a su pequeño, en el vientre, que no tuvo tiempo de ver el sol, de desordenar la casa, de descoser la lona en un estadio o de robarle con un golazo sorpresivo un mundial a Brasil, unos cuantos años más adelante. Se fueron los dos, y dejaron a Alex, a papá, que se quedó solo en casa con un universo de sueños rotos sobre los hombros.

Hoy mis plegarias, las de mi esposa y las de mi hija, van por ellos y por todos los padres a los que les han robado y les están robando el derecho de serlo. Yo nos los olvido.

 

@HimiobSantome

 

“No son casos aislados, sino una política sistemática del Estado que se ha agudizado durante el gobierno de Nicolás Maduro”, destacó Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, durante la presentación de un estudio sobre los patrones de persecución a la oposición en Venezuela.

La advertencia de Borges sobre la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos tiene implicaciones muy graves en términos de responsabilidad internacional del Estado y responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales de los atropellos. “Si, como hemos podido documentar, los excesos corresponden a prácticas concurrentes y repetidas, el análisis jurídico-político trasciende a la evaluación de la vigencia del Estado de Derecho y de la democracia misma en Venezuela. Precisamente por ello es que la Constitución establece que las violaciones graves de los derechos humanos son imprescriptibles”, insistió la directora de Cepaz.

Se analizaron 35 casos que incluyen diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes, dirigentes de partidos políticos y organizaciones sociales, y estudiantes.

Criminalización. Se identificaron ocho patrones que, en conjunto, fundamentan la ejecución de la llamada criminalización de la disidencia: 1.- apertura de procedimientos judiciales (86,71%); 2.- estigmatización a través de los medios de comunicación social (42,86%); 3.- allanamientos irregulares a la propiedad privada (22,86%); 4.- aquiescencia estatal sobre actos de violencia (17,14%); 5.- destitución de cargos públicos (11,43%); 6.- allanamiento de la inmunidad parlamentaria (5,71%); 7) usurpación de funciones públicas (5,71%), y 8.- inhabilitación política (2,86%).

En el informe que presentó Cepaz se verifica que el uso de la jurisdicción penal y la instrumentalización política de los operadores judiciales constituyen el mecanismo de hostigamiento más recurrente. En todos los casos analizados hubo violación del debido proceso, por la negación de la asistencia jurídica, la presunción de inocencia y el principio del juez natural. El retardo procesal que convierte la detención judicial preventiva en una pena anticipada también es una práctica deliberada y constante.

Cada uno de los patrones se describe a través de ejemplos concretos. Se recuerda que el 14 de agosto de 2013 el presidente Maduro acusó al líder opositor Henrique Capriles Radonski de ser cómplice de una red de corrupción y prostitución gay. “En muchas ocasiones, el propósito, simplemente, es descalificar moralmente al adversario ante la opinión pública”, acotó Borges. Sin embargo, a veces los señalamientos se confunden con una acusación penal. Como fue el caso de lo dicho por Maduro sobre la ex diputada María Corina Machado el 10 de junio de 2014: “No exagero cuando digo que es una asesina”.

Para la criminalización de la disidencia mediante la destitución de funcionarios de cargos de elección popular –se refiere en el estudio de Cepaz– el Tribunal Supremo de Justicia ha desempeñado un papel clave, como quedó evidenciado con el enjuiciamiento sumarísimo y sin debido proceso, condena penal y encarcelamiento de los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos.

Por tercera vez se cita al jefe del Estado, para ilustrar sus injerencias indebidas en las funciones de exclusiva competencia del Poder Judicial, específicamente cuando arremetió contra el ex ministro de Planificación Ricardo Hausmann, que escribió un artículo sobre el riesgo de default en Venezuela: “He ordenado a la Procuraduría, y le he hablado a la fiscal, para que iniciemos acciones porque usted está metido en una campaña para hacerle daño a nuestra patria”.

 

Ciudadanos y partidos. Cepaz es una ONG que se dedica a la construcción de ciudadanía, por lo cual su análisis de la persecución política se complementa con una exhortación a las organizaciones de la sociedad civil y a los partidos políticos a aprender a documentar y denunciar violaciones de derechos humanos.

En el informe se incluye la relación entre hostigamiento estatal y militancia político partidista. Beatriz Borges refirió el ejemplo de Rosmit Mantilla (preso en el Sebin desde el 2 de mayo de 2014) que se convirtió en objetivo político del gobierno por su afiliación a Voluntad Popular, el partido más golpeado según el estudio.

 

Ceballos, un año en prisión
Dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática y la alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, encabezaron la concentración en la plaza Los Mangos, en la capital tachirense, para exigir la liberación de Daniel Ceballos, a propósito de que ayer se cumplió un año de su encarcelamiento.

Gutiérrez de Ceballos exigió la libertad de su esposo, recluido en la cárcel militar de Ramo Verde por  orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que lo condenó y destituyó por no impedir las protestas de 2014.

Lo más grave es que Ceballos está siendo juzgado dos veces por los mismos hechos, lo cual viola los más fundamentales principios del derecho penal.

El segundo proceso se desarrolla  ante la jueza 15ª de Juicio, Yhosmar González, por rebelión civil y agavillamiento. El primero de los delitos es sancionado  con presidio de entre 12 y 24 años.

La Fiscalía solo presentó como pruebas testimonios de personas (varios de ellos funcionarios y militantes del PSUV) que aseguran que el ex alcalde de San Cristóbal promovió las protestas.

Ayer se llevó a cabo la 14ª sesión del debate oral y público, a la cual no tienen acceso los representantes de la prensa ni de los partidos de oposición. Se espera  que el 24 de marzo próximo comparezca el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, en calidad de “testigo estelar”.

 

CIDH condena muerte de González
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado a través del cual expresa  preocupación por la muerte de Rodolfo González, que presuntamente se suicidó en los calabozos de la sede del Sebin en el Helicoide, al día siguiente de que le informaron que sería trasladado a la cárcel Yare III.

Se recuerda que la prisión mirandina es una de los siete centros penitenciarios de Venezuela respecto de los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas de protección, “porque la gente de allí se habría sometido a situaciones que ponen en peligro o han afectado directamente sus derechos a la vida y a la integridad personal”.

La CIDH agrega que “las transferencias de las personas privadas de libertad no deben llevarse a cabo con el fin de castigar, reprimir o discriminar en contra de ellos, ni en condiciones que causen sufrimiento físico o mental”.

Además, se destaca  que los organismos especializados de las Naciones Unidas y otras organizaciones se han pronunciado muchas veces sobre las condiciones de los detenidos en el Sebin y sobre el presunto uso de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Se advierte que “el hecho de que una muerte se caracterice inicialmente como un suicidio no exime a las autoridades competentes de llevar a cabo una investigación”, la cual debe ser desarrollada de manera eficiente y eficaz, y no como una simple formalidad.

ALTO

DAÑO COLATERAL II:

Por falta de espacio no pude colocar algunas líneas más en el tema de la Orden Ejecutiva del presidente Barack Obama. Cuba fue informada de la acción de la Casa Blanca así como Cuba informó a los Estados Unidos cual sería su mensaje a Venezuela tras esa decisión. Así están bailando pegados los dos gobiernos que buscan acelerar la apertura de sus embajadas en La Habana y Washington. A pesar de que la última reunión entre las dos delegaciones quizás fue la más difícil hasta la fecha. Los temas de la base de Guantánamo, en arrendamiento perpetuo desde 1903; el levantamiento total del bloqueo económico; las reparaciones por daños ocasionados para ambas partes y el caso Venezuela fueron muy duros y ocasionaron la suspensión anteayer del encuentro. Cuba no tiene prisa pero EE.UU. si ya que Obama quiere que las embajadas estén abiertas para la Cumbre de las Américas.  La declaración de “Fidel” sobre el ejército mejor equipado de América Latina tras el simulacro del pasado sábado- donde la evidencia fue totalmente negativa en cuanto al apresto militar- fue un saludo a la bandera para seguir desviando la atención de la realidad que hoy tiene Venezuela.

La liberación de algunos presos políticos cuyas causas no tenían sustento sino eran parte de las acusaciones por “la salida” podrían ser fruto de esas presiones o de la inmolación del preso político Rodolfo González en una celda del Sebin, en momentos que pagan avisos en los diarios estadounidenses -que parecieron “pidiendo cacao”- donde enfatizan que respetan los Derechos Humanos cuando hay exageradas pruebas que demuestran lo contrario y que va en aumento cada día.

La demostración en curso desde el Departamento del Tesoro, el FinCen (Financial Crime Enforcement Network) y  la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de innumerables hechos delictivos por parte de funcionarios –por ahora- cercanos a Rafael Ramírez y PDVSA sigue su curso. Luxemburgo y sus entidades financieras son las próximas pesquisas demostradas con pruebas. Otros bancos, propiedades adquiridas y nuevas modalidades de lavado de capitales serán anunciados desde diferentes sitios. Por lo pronto sabemos que hay otro militar del entorno de Chávez (¿uno de los informantes del magnífico seguimiento que hace la revista brasileña Veja a la corrupción roja rojita?) que también se acogió al asilo a cambio de información. ¿Sabrá de la famosa libretica donde Chávez apuntaba el movimiento del dinero que aprobaba a sus hombres (¿y la almiranta?) de más confianza?  La soberana payasada de pedirle a los niños de las escuelas escribirle cartas a Obama pidiendo revocar el decreto y las sanciones a 7 personajes rojitos contrasta con las ofertas de estrecharle la mano en Washington o Panamá. Pena ajena junto a los avisos de paz al tiempo que celebran todo tipo de ofensas a “los invasores gringos culpables de la guerra económica”. Por cierto que dos banqueros venezolanos a los que revocaron sus visas -y la de sus familiares- se ofrecieron a hablar y lo están haciendo en Washington. Hasta ahora han señalado algunas rutas de las transferencias y han manifestado que fueron chantajeados por las autoridades financieras venezolanas so pena de intervenirle sus entidades….

MEDIO

$I PODEMO$, HAY MÁ$:

Leo el contrato N° 009-2014 entre el Banco Central de Venezuela representado por Eudomar Tovar y la Fundación Centro de Estudios Políticos Sociales “C.E.P.S” de Valencia, España, representada por Sergio Pascual Peña por el que la Fundación recibiría un monto anual de 60.000 Euros exactos pagados a razón de 5 Mil mensuales para que CEPS preste asesoría técnica en materia de integración regional y política económica nacional. Análisis de la coyuntura económica nacional y ayudar al diseño de políticas económicas nacionales incluidas. Es decir que poco a poco se van descubriendo más fuentes de financiamiento al partido de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. La información que se tiene ahora es que el total de dinero enviado desde las arcas venezolanas ascendería a mas de 9 millones de Euros con la peculiaridad roja rojita de que en el camino de las transferencias o envíos en efectivo se “perdieron” 2 Millones en Caracas y un Millón en Madrid por lo que la caja registradora de Podemos recibiría solo un poco mas de 6 millones de la moneda europea. El refrán “ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón” fue puesto en efecto en estas instancias tanto como en las que vienen apareciendo desde Washington, España, Panamá y Andorra …

CONTRATO No 009-2014

IRANGATE:

Los datos aportados por los “red cooperating patriots” en el Norte y que dieron las pistas para el seguimiento a la mediación de Chávez entre los presidentes Ahmadinejad de Irán y Kirchner de Argentina demostraron el agrado con que la ex embajadora argentina en Caracas y posteriormente ministra de Defensa y luego de Seguridad en Buenos Aires ayudó a disimular las evidencias de ese “menage a trois” de Irán, Venezuela y Argentina que el “suicidado” fiscal a Nisman puso al descubierto en su investigación, hoy avalada por las filtraciones militares venezolanas…

PRESIÓN ROJA:

Desde el gobierno, viendo cada vez mas cierta la posibilidad de perder las elecciones parlamentarias, obligarán a los gobernadores rojos a “meter al menos diez diputados” en sus estados en las dichas elecciones so pena de no ser candidatos a la reelección en 2016. “Si no metes diez diputados entonces no eres líder en tu región” será la consigna del PSUV. Tiene otra trampita para la oposición con el porcentaje de mujeres y hombres en las planchas para crearle un caos días antes del final de inscripciones….

BAJO

ROJOPINTAS:

El martes se me fue un gazapo. Debí escribir: La Televisora Regional de Venezuela, TVR, fue vendida a la roja gente de TV-Aragua. Nada que ver con TRT. Ofrezco mis disculpas…

El informe de PROVEA donde quedó demostrado que hoy hay tantos pobres como cuando Chávez llegó al poder golpeó duro al gobierno. Lo que quiso ser una ayudadita del rojito representante ante la CIDH, Germán Saltrón, terminó siendo una payasada más a las que estamos acostumbrados. Le echó la culpa a los 100 años antes de esta robolución. Jajá…

Tras mi columna anterior estuvieron a punto en el Ministerio de la Defensa de emitir una circular prohibiendo a los militares hacer mercado uniformados pues ya son más frecuentes las manifestaciones espontáneas en mercados y supermercados de compradores enardecidos por las colas, los precios, la escasez y el malestar reinante protestando a voz en cuello contra el gobierno y su presidente…

Otro rumbo en la investigación del lavado de PDVSA llevará a descubrir la relación entre Baldo Sansó, Ernesto Velasco y Ramón Gordils con Bancoex y el Banco del Alba. Les dieron contrato millonario en Euros para “montar” Cumbre de No Alineados a través de una empresa en España operada desde Caracas…

 

 

La Sala 4 de la Corte de apelaciones declaró sin lugar  el recurso  interpuesto por la defensa del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma,  contra la medida de privativa de libertad dictada en su contra.

La decisión fue acordada por el Juzgado sexto de control el pasado 20 de febrero y ratificada este miércoles por esta instancia superior.

Aún cuando no hubo despacho en la mencionada sala durante toda  la semana pasada,  en un solo día  la Corte de apelaciones estudió todo el expediente y se negó a evacuar las pruebas.

El recurso de apelación fue interpuesto por Omar Estacio, José Fernando Núñez y Antonio Sierralta. Así queda sin efecto esta acción judicial que buscaba la liberación de la máxima autoridad de la Gran Caracas.

 

Defensores de Ledezma recusan a la fiscal Katherine Harrington

 

Omar Estacio y José Fernando Núñez, defensores del  Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también solicitaron a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz,  que separe del proceso a la Fiscal 20 del Ministerio Público, Katherine Harrington Padrón y su asistente, Yeison Moreno, pues habrían intentado inculpar falsamente a la máxima autoridad capitalina  a través de uno de los detenidos por el Sebin.

Los integrantes de la defensa de Antonio Ledezma sostienen que existe una causa grave que afecta la imparcialidad de estos fiscales, por lo que presentaron formalmente un escrito de recusación para que sean separados del caso. “Nosotros no necesitamos pedirle a la Fiscalía que cumpla con su deber”, aseguró Estacio.

Manifestaron que existe conflicto de intereses, entre Ledezma y los fiscales recusados, que se deriva de las gestiones adelantadas por la Fiscal Harrington cuando pidió a Rodolfo Gonzalez, recientemente fallecido en una celda del Sebin, que «delatara» al Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma a cambio de beneficios procesales, según lo reveló a la prensa Joel García, ex abogado del piloto muerto.

“La divulgación de hechos tan graves, obliga a la propia Fiscalía General a abrir investigación. En tal caso, la fiscal Harrington, pasa a convertirse en parte interesada o directamente investigada, lo que genera conflicto de intereses con Ledezma. Lo que exculparía, en dicha investigación, a la fiscal recusada podría, entonces, revertirse contra Ledezma. O viceversa, lo que inculparía a la fiscal recusada, podría beneficiar a Ledezma dentro del juicio que se le sigue ante el Juzgado 6º de Primera Instancia Penal en Funciones de Control de Caracas, por supuesta conspiración y asociación para delinquir”, aseguró Estacio.

Núñez, por su parte, explicó que la fiscal Harrington estaría incurriendo en un delito de extorsión. «Las causales taxativas de recusación que establecen tanto el Código Orgánico Procesal Penal como la Ley Orgánica del ministerio Público, no preveen esta situación, pero sí hablan de causas graves que afecten la imparcialidad del funcionario. De ser cierto eso, evidentemente estaríamos en presencia de una práctica extorsiva que está prevista en la Ley contra la Corrupción, por ser ella un funcionario público», manifestó el jurista, quien agregó que de ser declarada con lugar la recusación «eso determina incluso su destitución».

Puntualizaron los defensores de Ledezma que no están prejuzgando la culpabilidad de la fiscal Harrington. “Ella, como todo ciudadano, tiene derecho a que se le presuma inocente hasta que se  demuestre lo contrario.  Sin embargo el solo hecho que con motivo de las declaraciones del doctor Joel García, la doctora Harrington se haya convertido en parte afectada o directamente interesada, la obliga a separarse de inmediato del caso contra Ledezma lo que acarrea, a su vez, la inhabilidad de su fiscal asistente”, afirmó Estacio.

La defensa pidió que, mientras se decide este recurso, los fiscales sean separados de la causa que se  sigue ante el Juzgado 6° de Control contra Antonio Ledezma, “lo que no paraliza, ni suspende los lapsos que están corriendo en esa causa penal, pues ahí actúa también el Fiscal Oropeza, quien no es objeto de recusación”, apuntó Estacio.

Los abogados Estacio y Núñez ratificaron  que las acusaciones contra Ledezma se basan en “hechos falsos, pruebas evidentemente manipuladas y en calificaciones jurídicas deleznables”, que contravienen más de 70 jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia por lo que confían que en los próximos días se decrete la libertad del alcalde.