Ana Guerra despidió a su segundo hijo, Carlos Luis Castro Guerra, de 16 años, el sábado previo al día de la madre, tras haber sido asesinado en el barrio 19 de abril por un vecino que no quería pagar una deuda. A su primogénito, Jesús Castro Guerra, de 23 años, lo había despedido un año antes, cerca de la misma celebración, cuando fue asesinado en una riña con un contrincante, después de un juego deportivo.
Como los jóvenes de la familia Guerra, otras 141 personas en Caracas han dejado a sus familias incompletas tras sus muertes a manos de la delincuencia, en barrios y zonas de bajos recursos azotadas por los altos índices de violencia, de acuerdo con los casos registrados por Monitor de Víctimas de mayo del año pasado a febrero de 2018 en la capital venezolana.
Las víctimas son en su mayoría hombres jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, que viven en zonas de bajos recursos y que no terminaron sus estudios. De las 142 víctimas que ya contaban con la pérdida de algún familiar por violencia, 58 % se ubican entre ese rango de edad. Del total, 38 % contaba con educación primaria, 35 % con educación media, 9 % con educación universitaria y el 1% no estudió.
Los rasgos configuran un perfil que coincide con un patrón de violencia en barrios que abarca toda Latinoamérica, explica la experta Verónica Zubillaga. “El patrón perfila a jóvenes varones de zonas expuestas a contextos de extrema dificultad económica en las que las oportunidades de obtener un trabajo debidamente remunerado escasean, por lo que recurren a actividades ilícitas para suplir sus necesidades monetarias”.
Gloria Perdomo, coordinadora nacional del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), se refiere al mismo patrón para darle una explicación a estas muertes. “Las zonas en que viven las víctimas los hacen particularmente vulnerables. Hay mayor presencia de bandas delictivas -que suelen invitar a jóvenes a unirse- y situaciones de riesgo de muerte, como robos y enfrentamientos”.
El robo y la ejecución son los móviles más comunes de los asesinatos de personas que ya habían perdido a familiares de forma violenta. 26, el 18 % de los casos, personas fallecieron durante robos, y otro 18% fue asesinado en ejecuciones por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. El siguiente móvil es el ajuste de cuentas o venganza, por los cuales murieron 15 víctimas. Por resistencia a la autoridad se reportaron 10 asesinatos. Otros moviles son balas perdidas y peleas. En 26 % de los casos se desconoce el móvil del asesinato.
Bandas delictivas imponen la violencia
Las cifras recogidas también evidencian que 35 personas, de las 142 víctimas en cuestión, fueron asesinadas por bandas delictivas. Entre ellas están Carlos y Hernán De Hoyo Berrios, dos hermanos de 25 y 32 años, respectivamente. Sus homicidios ocurrieron en el barrio San Blas, de Petare, en julio de 2017.
José De Hoyo ya no recuerda el nombre de la banda que asesinó a sus dos hijos, pero afirma que no fue a ellos a los primeros que mataron en la zona. El padre nunca supo con exactitud qué fue lo que ocurrió el 23 de julio, cuando perdió a sus hijos. “Los estaban esperando cerca del Parque Bolívar, les montaron un complot y les dispararon”, fueron los únicos detalles que dio.
Algunos miembros del grupo delictivo eran amigos de Carlos y Hernán, aunque ellos no estaban metidos en problemas, afirma De Hoyo, pues trabajaban con él como ayudantes de albañilería. Cuando no estaban trabajando, estaban en casa. “Ellos nunca habían tenido problemas, nosotros somos gente tranquila, no festejamos ni los cumpleaños”, explica con pesar.
La familia llevó el caso de las muertes ante las autoridades, sin miedo a represalias por parte de la banda, pero dice que la denuncia no fue propiamente atendida. Sin embargo, la policía no olvidó el asunto. De Hoyo cuenta que, semanas después del doble asesinato, un oficial llamó a su hija, quien presentó la denuncia, para informarle que tenían ubicado al autor del delito y emprenderían un operativo en su contra. Nadie se volvió a comunicar con ella, pero al día siguiente se supo que el jefe de la banda había caído en un enfrentamiento. Lo que quedó del grupo delictivo, asegura De Hoyo, atravesó la frontera hacia Colombia para escapar de las autoridades.
Aunque los De Hoyo sienten que una especie de justicia fue hecha, admiten que nada les va a devolver a sus seres queridos asesinados, quienes ayudaban a sostener económicamente el hogar en que vivían con sus padres, tres hermanas y dos hermanos menores. Ahora, a la familia le quedan además las deudas por los gastos fúnebres.
No muy lejos de allí, en el sector de Boleíta Norte, Bladimir Zambrano fue el segundo de su familia en fallecer a causa de la violencia. El comerciante de 41 años había llevado a su esposa al trabajo la mañana del 15 de junio. Regresaba a casa a buscar algo y en el camino un grupo de hombres lo abordó para robar su carro y sus pertenencias. Se resistió y le dispararon en el abdomen.
Jorge Zambrano recuerda que la zona de Boleíta Norte donde vivió su hermano por muchos años solía ser segura, la clase de comunidad donde se podía estacionar el carro afuera de la casa sin que algo malo le pasara. Pero en los últimos años la inseguridad aumentó y el desvalijamiento de vehículos y robos a mano armada son ahora una cosa del día a día, dice el familiar de esta víctima.
Los Zambrano habían perdido a un sobrino de 19 años en 2015, asesinado durante una riña en La Vega. Su muerte no fue denunciada, pero la de Bladimir sí. “Ellos lograron ubicarlos por los pagos de los ladrones con las tarjetas de crédito y pudimos recuperar todo. Pero no a mi hermano”, cuenta Jorge.
De estos 142 fallecidos en hechos violentos en Caracas que ya habían sufrido pérdidas familiares en circunstancias similares, 26 murieron durante robos en zonas de bajos recursos, caracterizadas por altos niveles de criminalidad.
Criminalidad en familias
La familia de Joneiker Lugo ha perdido a tres personas por violencia y criminalidad en el barrio 19 de abril, en Petare. Allí vivían su abuela, su tío Alexánder y sus dos primos, los hijos de este. Los tres últimos fueron asesinados en los pasados años.
Joneiker recuerda que sus dos primos fueron abandonados por su madre de pequeños y el padre de ellos era adicto a las drogas y el alcohol, por lo que fueron criados por su abuela. Crecieron en las calles del barrio, sin haber estudiado debido a la precaria condición económica de la familia.
La primer muerte violenta que sufrió su familia fue la de su tío, quien tenía 45 años cuando fue asesinado en 2014 en una fiesta familiar de cumpleaños por miembros de una banda. Lo mataron de madrugada. “Él estaba en la mala vida, pero ya se había retirado”, reconoce Joneiker. Presume que su tío tuvo problemas con familiares de loa miembros de la banda.
Dos años después murió el hijo menor de su tío, Jorge Luis Lugo, de 24 años. Él también estaba “en los malos pasos”, cuenta su primo, pues colaboraba en robos con delincuentes de Petare, a pesar de que trabajaba como jockey en el hipódromo de La Rinconada. Una noche de junio de 2016 salía del hipódromo con amigos cuando fue abordado por un grupo de hombres que le dispararon y le quitaron sus pertenencias.
Francisco Javier, el mayor de los hermanos Lugo que murieron en medio de hechos violentos, estuvo en prisión por robo, pero cuando en enero de 2017 sufrió una enfermedad y fue llevado al Hospital Domingo Luciani para ser atendido, decidió escaparse. “La cárcel es un lugar que nadie debería conocer”, repetía a su primo, advirtiéndole a Joneiker de los peligros de verse envuelto en actividades criminales.
Pocos meses después un carro de color negro pasó frente al porche donde estaba sentado Francisco. Le dispararon en la pierna. Una comisión del CICPC acudió a los pocos minutos y lo llevaron supuestamente a ser atendido en un hospital. Cuando los familiares lo encontraron en un centro asistencial distinto al que los oficiales dijeron que lo llevarían, Francisco tenía tres impactos de bala. Había fallecido.
La noticia de la ejecución extrajudicial no sorprendió a los familiares de la víctima y de acuerdo a Joneiker, el mismo Francisco sabía que eso ocurriría tarde o temprano. “Cuando mataron a su hermano un policía le dijo a la tía de ellos que faltaba el otro. Ellos sabían que tenían que ir por él”, admite el joven estudiante.
El miedo inhibe las denuncias
La escasez de denuncias sobre actividades delictivas en Venezuela es común para los cuerpos de seguridad. En los casos en los que las víctimas son personas que residen en zonas pobres, que se ven expuestas a conflictividad con bandas, el problema es el miedo a las consecuencias que se pueden generar si denuncian, ese es el principal obstáculo, indica la coordinadora del OVV, Gloria Perdomo.
Varios familiares de víctimas que fueron contactados para la realización de este trabajo evitaron dar declaraciones por miedo a retaliación de banda o de autoridades policiales que estuvieron involucradas en los sucesos.
@mpaolams
