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Revictimización en femicidios: el doble asesinato de mujeres
Crisbelis Sarmiento fue asesinada y  su cuerpo fue encontrado en el patio de un familiar de su agresor. La joven de Anzoátegui fue víctima dos veces: de un femicidio y, luego, cuando su caso se conoció en redes sociales, de revictimización por los comentarios que justificaban su muerte
La experta Maggaly Huggins señala que la revictimización es una práctica común en los casos de violencia de género y que constituye una doble violación de los derechos humanos de las mujeres
La idea de pensar que “la mujer se lo buscó” en un caso de femicidio es una pauta cultural aprendida, es un aprendizaje socialmente validado. “Hay una pauta cultural que dice que las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes. Es decir: ella es mala porque fue a todas partes”, explica Huggins
La especialista Esther Pineda asegura que el delito de femicidio está sujeto a diferentes “técnicas de neutralización” que se manifiestan como justificaciones del comportamiento desviado o delictivo para relativizar la naturaleza sexista de estos delitos

@ValeriaPedicini 

Crisbelis Sarmiento conoció a Jesús Alcalá, ambos del estado Anzoátegui,  por redes sociales. Entre mensajes y mensajes por el chat de Facebook, decidieron cuadrar un encuentro para conocerse en persona. La cita fue el 8 de abril en el local nocturno llamado Mojitos Beach, ubicado en Puerto La Cruz.

La muchacha de 22 años debía presentarse el 18 de abril en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para empezar un nuevo trabajo, algo que tuviera que ver con su vocación. Pero eso nunca pasó. Después de verse esa noche con Jesús Alcalá, Crisbelis desapareció. 

Sus familiares se desesperaron, comenzaron a buscarla, a publicar en redes sociales si alguien había visto a Crisbelis. En la red social Facebook se creó el grupo “Crisbelis Regresa” para difundir su caso y recibir alguna pista de su paradero. 

El 18 de abril supieron de ella. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la delegación Barcelona encontraron el cuerpo de Crisbelis en el patio de la parte trasera de la vivienda de los abuelos del muchacho con quien había salido

El cadáver de Crisbelis tenía heridas por arma blanca en la mandíbula, intercostal derecho, cuello y la parte frontal de la cabeza. La joven tenía una data de muerte de entre cuatro a cinco días, por lo que su cuerpo estaba en estado de descomposición.

«Femicidio en Anzoátegui contra Crisbelis Sarmiento quien fue asesinada por Jesús Alcalá el 18 de abril. Fue localizado el cadáver de la víctima enterrado en el patio de la vivienda del investigado. Está detenido para ser imputado por el Ministerio Público por femicidio agravado», publicó el fiscal designado por el chavismo, Tarek William Saab, en su cuenta en Twitter.

Jazmín Guilarte, madre de la víctima, indicó que no conocían al individuo.

Sin embargo, en la red social, el joven utilizaba el nombre de Alejandro Ferrer y se presentaba como rapero o DJ, según reseñó Nuevo Día. Además, se conoció que tiene un hijo que en mayo de 2021 fue diagnosticado con leucemia.

La Fiscalía con competencia en Violencia contra la Mujer presentó a Jesús Alcalá ante el Tribunal Segundo de Anzoátegui como el responsable del asesinato de Crisbelis Sarmiento. El joven de 26 años de edad fue imputado el 20 de abril por femicidio agravado, acto sexual con víctima vulnerable y amenazas.

Lo señalan de apuñalarla ocho veces entre el cuello y la cabeza. “Se ensañó con ella”, se lee en un comentario de la página de Facebook. Los detectives del Cicpc determinaron que Alcalá estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas cuando la mató, porque supuestamente ella no quiso intimar con él.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó en su cuenta en Instagram que Crisbelis y Jesús se conocieron 10 días antes de su desaparición y acordaron encontrarse en una discoteca de la entidad.

Posteriormente, con “alto grado etílico”,  se trasladaron hasta la residencia de un familiar del hombre.

Una vez en el lugar, según la versión publicada por el Cicpc, él procedió a consumir sustancias psicotrópicas para luego mantener un encuentro íntimo con la víctima. Horas después, el hombre intentó convencer a la joven a volver a tener relaciones sexuales, pero ella se negó.

Aunque la negativa de Crisbelis era suficiente para que él no insistiera y la dejara en paz, Alcalá tomó una actitud violenta en su contra: le propinó múltiples heridas punzo penetrantes con un arma blanca hasta asesinarla, detalló el Cicpc.

Seguidamente, el asesino abrió una fosa en el patio trasero de la vivienda y enterró el cuerpo de Crisbelis. «La osamenta fue hallada por unos caninos que estaban en el lugar; por tal motivo, la dueña de la vivienda optó por notificarle a la policía científica sobre el cadáver», indicó Rico.

 
 
 
 
 
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María José Marchán señaló que el hombre, al ser abordado por los padres de Crisbelis, «reconoció que se llevó a mi prima para allá y abusó de ella. Pero no dijo nada sobre su ubicación».

«De hecho, él tiene antecedentes. Estuvo preso por violar a una joven con discapacidad y ni siquiera por eso hacen algo», acotó según lo publicado por el diario El Tiempo

Las mujeres “malas”

Los detalles del caso presentado por el fiscal no sirvieron sino para que Crisbelis fuera señalada, criticada y juzgada por sus acciones. Usuarios de redes sociales publicaron comentarios que indicaban que la joven había sido muy ingenua para ir a casa de alguien que recién acababa de conocer. 

Sin importar que la víctima fuese ella, la culparon de su propio asesinato. 

Maggaly Huggins, profesora, feminista, integrante del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres y de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, señala que la revictimización es una práctica común en los casos de violencia de género y que constituye una doble violación de sus derechos humanos. 

“Tienen que entender que las mujeres somos seres humanos, con igualdad de derechos que los hombres. No podemos decidir que alguien está bien muerta porque hizo algo que yo creo que es malo. No, yo no tengo derecho a juzgar. La mujer tiene derecho a la libertad. La libertad es un derecho humano para todos y todas. 

Esta práctica de pensar que “la mujer se lo buscó” es una pauta cultural aprendida, es un “aprendizaje socialmente validado”, de la que las mujeres tampoco escapan, explica la especialista. “Hay una pauta cultural que dice que las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes. Es decir: ella es mala porque fue a todas partes”. 

La frase feminista que nació en la década de los 60 es una expresión para explicar que eso era lo que se esperaba de las mujeres: que “las niñas buenas” se quedaran en casa.

“Uno en casa, esperando a que el hombre designado viniera a escogerlas, y por eso se ve que las mujeres en la vida pública son malas. La gente cree eso, que si tú sales a encontrarte con alguien que recién conociste en la vía electrónica es porque eres mala, y tienes que ir preparada para todo”, señala la profesora. 

“Así estamos hoy en Venezuela las mujeres que hemos luchado por más de 300 años por nuestros derechos humanos, por nuestra libertad, por nuestro derecho a decidir y a escoger con quién estar, estamos siendo reconfinadas, y no solo por la pandemia, a estar encerradas en casa si no queremos que se nos señale con el dedo”, expresa.

Huggins detalla que, criminológicamente hablando, se le conoce como “víctima propiciatoria”. Es decir, la víctima es culpable de lo que le ocurrió. “Ella propició la situación que la condujo a ser víctima y eso es un crimen que se comete contra las mujeres, porque nosotras tenemos derecho a que se nos respete nuestra dignidad”.

Para la especialista, pensar de esta manera es un retroceso. “¿Por qué yo voy a ser mala porque salgo a la vida pública y voy a ser señalada de víctima propiciatoria? Eso es un delito, adjudicar la victimización a una persona por el solo hecho de haber sido mujer. Eso es una vuelta a la prehistoria. Así como hoy se cocina con leña porque en Venezuela no hay gas, a las mujeres nos están llevando poquito a poco al convento, diciéndonos que ‘debemos ser buenas’”. 

Detalla que esto es así porque existe una estructura de pensamiento social, una visión sociopolítica de los géneros masculino y femenino, que es “absolutamente inequitativa, desigual y que desvaloriza a la mujer». «Por lo tanto, la mujer victimizada no debe buscar ayuda, ¿por qué? Porque ella es culpable”, añade.

El pensamiento que lleva a una persona a asumir que una mujer “se buscó” lo que le pasó son prejuicios, construidos y aprendidos socialmente, sobre todo en un país donde la ciudadanía ha desaparecido, asegura Huggins: “Si tú no tienes derecho, tú eres una potencial víctima. Eso es lo que se está viviendo en Venezuela”. 

“¿Cuántas veces hemos ido a casa de alguien que recién acabamos de conocer? Mil veces. Pero de los miles, 999 no son hombres que consideran que si una mujer acepta una invitación a su casa puede hacer con ella lo que le dé la gana hasta matarla. Eso es cavernario. Eso te está hablando de la dimensión humana que se está construyendo en este país”, agregó- 

Para Huggins eso se refleja, directamente, en los casos de maltratos, abusos y femicidios. “Por eso tenemos tantas mujeres asesinadas, tantas mujeres maltratadas y poca capacidad de procesar las denuncias en los centros policiales. Tanta mala formación desde la cabeza pública más grande hasta el policía raso en entender lo que es la violencia contra la mujer por ser mujer”

Revictimización y desprotección

La organización Utopix señaló que durante los cuatro primeros meses de 2022 se han contabilizado 75 femicidios en todo el territorio nacional, lo que representa un promedio de cuatro mujeres asesinadas por motivos de género cada semana. 

Y las mujeres siguen desprotegidas por un Estado que no reconoce ni garantiza sus derechos.

“Seguimos alertando y viendo con preocupación que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta problemática, que solo muestra la gran falencia que hay en torno a las políticas públicas referidas a la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres”, reza el más reciente informe de la organización feminista. 

Aprender violencia, ejercer violencia

Maggaly Huggins asegura que nada de esto es aislado y que este pensamiento de violencia y culpa es “obra pública”, profundizándose durante los últimos 23 años desde que el chavismo está en el poder.

“Se está construyendo un país en donde la violencia es válida como forma de relación, como forma de resolución de conflicto. Y si le metes la condición de género de por medio, entonces siempre el hombre siempre puede acusar a la víctima de culpable si es una mujer”, describe.

Por otra parte, plantea que la sociedad sigue manteniendo el poder de quien violenta en la figura masculina. 

“Cuando un padre golpea a una madre, el varón hijo está aprendiendo la violencia contra la mujer y la hija está aprendiendo a hacer víctima. Esa es la mejor escuela de la violencia intrafamiliar: lo que sucede dentro del hogar”, afirma. 

Asimismo,  sostiene que las situaciones de violencia se van a seguir repitiendo sin un sistema cultural y educativo que le desmonte a los hombres que la única forma de resolver los problemas es a golpes o con armas.

La justificación 

Pese a que el femicidio es una de las formas de violencia extrema contra la mujer más común y extendida en América Latina, la desigualdad por razones de género y los prejuicios a ella asociada contribuyen a que continúe siendo una de las formas de victimización de la mujer más invisibilizada, desestimada y justificada.

Los familiares del detenido por el caso de Crisbelis Sarmiento alegaron, según algunos reporteros de sucesos, que Jesús Alcalá sufre de esquizofrenia. 

Esther Pineda, doctora en Ciencias Sociales, escritora y feminista venezolana que ha estudiado temas de género, explica en su libro “Morir por ser mujer. Femicidio y feminicidio en América Latina” que el acto femicida con frecuencia es interpretado como una reacción sancionatoria ante la transgresión de dichos valores dominantes por parte de la mujer. 

La especialista asegura que el delito de femicidio y sus víctimas se encuentran continuamente sujetas a diferentes “técnicas de neutralización”.

Estas se manifiestan como racionalizaciones o justificaciones del comportamiento desviado o delictivo con la intención de evadir o disminuir la eficacia del control social. 

“Estas técnicas son puestas en práctica previa o posteriormente a la comisión del crimen por parte de los victimarios, por los medios de comunicación, por la población en general, por el Estado en la figura de los operadores de justicia y el sistema penal”, dice Pineda.

Apunta que, en el caso de los femicidios, estas llamadas “técnicas de neutralización”  apuntan a relativizar la naturaleza sexista de estos delitos. 

Entre estas técnicas están patologizar al agresor, considerándolo enfermo o monstruo, y justificando su actuación en los comportamientos de la víctima.

También, señala la creencia de que ella “algo habrá hecho o dicho”, la «víctima se puso en riesgo» o fue «irresponsable».

De esa forma, se condena, cuestiona o ataca a  quienes visibilizan o denuncian el crimen.

Y, en lugar de atacar al femicida, se ataca al movimiento feminista, «solidarizándose con el agresor de forma automática e irreflexiva (la solidaridad puede darse por su sexo, clase social o por otro motivo que lo haga parte de un grupo en particular”. 

La muerte de un ser querido por violencia se repitió para 142 familias en Caracas en diez meses

Ana Guerra despidió a su segundo hijo, Carlos Luis Castro Guerra, de 16 años, el sábado previo al día de la madre, tras haber sido asesinado en el barrio 19 de abril por un vecino que no quería pagar una deuda. A su primogénito, Jesús Castro Guerra, de 23 años, lo había despedido un año antes, cerca de la misma celebración, cuando fue asesinado en una riña con un contrincante, después de un juego deportivo.

Como los jóvenes de la familia Guerra, otras 141 personas en Caracas han dejado a sus familias incompletas tras sus muertes a manos de la delincuencia, en barrios y zonas de bajos recursos azotadas por los altos índices de violencia, de acuerdo con los casos registrados por Monitor de Víctimas de mayo del año pasado a febrero de 2018 en la capital venezolana.

Las víctimas son en su mayoría hombres jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, que viven en zonas de bajos recursos y que no terminaron sus estudios. De las 142 víctimas que ya contaban con la pérdida de algún familiar por violencia, 58 % se ubican entre ese rango de edad. Del total, 38 % contaba con educación primaria, 35 % con educación media, 9 % con educación universitaria y el 1% no estudió.

Los rasgos configuran un perfil que coincide con un patrón de violencia en barrios que abarca toda Latinoamérica, explica la experta Verónica Zubillaga. “El patrón perfila a jóvenes varones de zonas expuestas a contextos de extrema dificultad económica en las que las oportunidades de obtener un trabajo debidamente remunerado escasean, por lo que recurren a actividades ilícitas para suplir sus necesidades monetarias”.

Gloria Perdomo, coordinadora nacional del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), se refiere al mismo patrón para darle una explicación a estas muertes. “Las zonas en que viven las víctimas los hacen particularmente vulnerables. Hay mayor presencia de bandas delictivas -que suelen invitar a jóvenes a unirse- y situaciones de riesgo de muerte, como robos y enfrentamientos”.

El robo y la ejecución son los móviles más comunes de los asesinatos de personas que ya habían perdido a familiares de forma violenta. 26, el 18 % de los casos, personas fallecieron durante robos, y otro 18% fue asesinado en ejecuciones por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. El siguiente móvil es el ajuste de cuentas o venganza, por los cuales murieron 15 víctimas. Por resistencia a la autoridad se reportaron 10 asesinatos. Otros moviles son balas perdidas y peleas. En 26 % de los casos se desconoce el móvil del asesinato.

Bandas delictivas imponen la violencia

Las cifras recogidas también evidencian que 35 personas, de las 142 víctimas en cuestión, fueron asesinadas por bandas delictivas. Entre ellas están Carlos y Hernán De Hoyo Berrios, dos hermanos de 25 y 32 años, respectivamente. Sus homicidios ocurrieron en el barrio San Blas, de Petare, en julio de 2017.

José De Hoyo ya no recuerda el nombre de la banda que asesinó a sus dos hijos, pero afirma que no fue a ellos a los primeros que mataron en la zona. El padre nunca supo con exactitud qué fue lo que ocurrió el 23 de julio, cuando perdió a sus hijos. “Los estaban esperando cerca del Parque Bolívar, les montaron un complot y les dispararon”, fueron los únicos detalles que dio.

Algunos miembros del grupo delictivo eran amigos de Carlos y Hernán, aunque ellos no estaban metidos en problemas, afirma De Hoyo, pues trabajaban con él como ayudantes de albañilería. Cuando no estaban trabajando, estaban en casa. “Ellos nunca habían tenido problemas, nosotros somos gente tranquila, no festejamos ni los cumpleaños”, explica con pesar.

La familia llevó el caso de las muertes ante las autoridades, sin miedo a represalias por parte de la banda, pero dice que la denuncia no fue propiamente atendida. Sin embargo, la policía no olvidó el asunto. De Hoyo cuenta que, semanas después del doble asesinato, un oficial llamó a su hija, quien presentó la denuncia, para informarle que tenían ubicado al autor del delito y emprenderían un operativo en su contra. Nadie se volvió a comunicar con ella, pero al día siguiente se supo que el jefe de la banda había caído en un enfrentamiento. Lo que quedó del grupo delictivo, asegura De Hoyo, atravesó la frontera hacia Colombia para escapar de las autoridades.

Aunque los De Hoyo sienten que una especie de justicia fue hecha, admiten que nada les va a devolver a sus seres queridos asesinados, quienes ayudaban a sostener económicamente el hogar en que vivían con sus padres, tres hermanas y dos hermanos menores. Ahora, a la familia le quedan además las deudas por los gastos fúnebres.

No muy lejos de allí, en el sector de Boleíta Norte, Bladimir Zambrano fue el segundo de su familia en fallecer a causa de la violencia. El comerciante de 41 años había llevado a su esposa al trabajo la mañana del 15 de junio. Regresaba a casa a buscar algo y en el camino un grupo de hombres lo abordó para robar su carro y sus pertenencias. Se resistió y le dispararon en el abdomen.

Jorge Zambrano recuerda que la zona de Boleíta Norte donde vivió su hermano por muchos años solía ser segura, la clase de comunidad donde se podía estacionar el carro afuera de la casa sin que algo malo le pasara. Pero en los últimos años la inseguridad aumentó y el desvalijamiento de vehículos y robos a mano armada son ahora una cosa del día a día, dice el familiar de esta víctima.

Los Zambrano habían perdido a un sobrino de 19 años en 2015, asesinado durante una riña en La Vega. Su muerte no fue denunciada, pero la de Bladimir sí. “Ellos lograron ubicarlos por los pagos de los ladrones con las tarjetas de crédito y pudimos recuperar todo. Pero no a mi hermano”, cuenta Jorge.

De estos 142 fallecidos en hechos violentos en Caracas que ya habían sufrido pérdidas familiares en circunstancias similares, 26 murieron durante robos en zonas de bajos recursos, caracterizadas por altos niveles de criminalidad.

Criminalidad en familias

La familia de Joneiker Lugo ha perdido a tres personas por violencia y criminalidad en el barrio 19 de abril, en Petare. Allí vivían su abuela, su tío Alexánder y sus dos primos, los hijos de este. Los tres últimos fueron asesinados en los pasados años.

Joneiker recuerda que sus dos primos fueron abandonados por su madre de pequeños y el padre de ellos era adicto a las drogas y el alcohol, por lo que fueron criados por su abuela. Crecieron en las calles del barrio, sin haber estudiado debido a la precaria condición económica de la familia.

La primer muerte violenta que sufrió su familia fue la de su tío, quien tenía 45 años cuando fue asesinado en 2014 en una fiesta familiar de cumpleaños por miembros de una banda. Lo mataron de  madrugada. “Él estaba en la mala vida, pero ya se había retirado”, reconoce Joneiker. Presume que su tío tuvo problemas con familiares de loa miembros de la banda.

Dos años después murió el hijo menor de su tío, Jorge Luis Lugo, de 24 años. Él también estaba “en los malos pasos”, cuenta su primo, pues colaboraba en robos con delincuentes de Petare, a pesar de que trabajaba como jockey en el hipódromo de La Rinconada. Una noche de junio de 2016 salía del hipódromo con amigos cuando fue abordado por un grupo de hombres que le dispararon y le quitaron sus pertenencias.

Francisco Javier, el mayor de los hermanos Lugo que murieron en medio de hechos violentos, estuvo en prisión por robo, pero cuando en enero de 2017 sufrió una enfermedad y fue llevado al Hospital Domingo Luciani para ser atendido, decidió escaparse. “La cárcel es un lugar que nadie debería conocer”, repetía a su primo, advirtiéndole a Joneiker de los peligros de verse envuelto en actividades criminales.

Pocos meses después un carro de color negro pasó frente al porche donde estaba sentado Francisco. Le dispararon en la pierna. Una comisión del CICPC acudió a los pocos  minutos y lo llevaron supuestamente a ser atendido en un hospital. Cuando los familiares lo encontraron en un centro asistencial distinto al que los oficiales dijeron que lo llevarían, Francisco tenía tres impactos de bala. Había fallecido.

La noticia de la ejecución extrajudicial no sorprendió a los familiares de la víctima y de acuerdo a Joneiker, el mismo Francisco sabía que eso ocurriría tarde o temprano. “Cuando mataron a su hermano un policía le dijo a la tía de ellos que faltaba el otro. Ellos sabían que tenían que ir por él”, admite el joven estudiante.

El miedo inhibe las denuncias

La escasez de denuncias sobre actividades delictivas en Venezuela es común para los cuerpos de seguridad. En los casos en los que las víctimas son personas que residen en zonas pobres, que se ven expuestas a conflictividad con bandas, el problema es el miedo a las consecuencias que se pueden generar si denuncian, ese es el principal obstáculo, indica la coordinadora del OVV, Gloria Perdomo.

Varios familiares de víctimas que fueron contactados para la realización de este trabajo evitaron dar declaraciones por miedo a retaliación de banda o de autoridades policiales que estuvieron involucradas en los sucesos.

 

@mpaolams