El abogado explicó que la Sala Político Administrativa del Supremo, donde fue introducido el reclamo, argumentó hoy que no pudo entregar el expediente debido a un fallo eléctrico
El abogado Perkins Rocha, defensor de María Corina Machado, expresó este jueves su preocupación por el retraso en la revisión de la inhabilitación de su representada por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Por tercer día consecutivo, Rocha acudió al TSJ para solicitar acceso al expediente de la demanda, al que, según el tribunal, se han agregado documentos por parte de la Contraloría General (CGR), la institución que, en 2015, dictó la inhabilitación contra Machado, que le impide competir por cargos de elección popular hasta 2030.
El tribunal, «en vez de aprobar (la demanda), decidió solicitar antecedentes administrativos a la CGR sobre el caso de Machado, eso nos coloca en una situación, si se quiere, preocupante, porque dilata la obligación que tiene el órgano judicial de resolver el amparo cautelar inmediatamente», señaló Rocha.
El abogado explicó que la Sala Político Administrativa del Supremo, donde fue introducido el reclamo, argumentó hoy que no pudo entregar el expediente debido a un fallo eléctrico, por lo que ahora la defensa de Machado deberá esperar hasta el próximo martes para acceder a estos documentos.
«La Constitución establece que los amparos constitucionales deben resolverse de manera inmediata (…) y ya estamos en el margen de aceptación posible a esa circunstancia, (…) caeríamos en una zona de peligro porque son más horas continuas, más días continuos que se suman a la no decisión sobre el amparo cautelar», sostuvo.
Rocha reconoció que no se trata de un planteamiento ordinario, sino «complejo», por lo que cree que el TSJ ha de estar estudiando «la mejor forma de resolverlo», un lapso de tiempo que, reiteró, «tiene un límite».
El 30 de junio de 2023, la Contraloría, cuyo titular era el actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó sobre la inhabilitación de Machado por 15 años mediante un documento que la candidata presidencial unitaria opositora nunca recibió y en el que la instancia del Estado que controla el oficialismo la vincula con una supuesta trama de corrupción, entre otros señalamientos, sin que exista juicio ni sentencia judicial.
*Con información de EFE
