El domingo 13 de agosto falleció el joven Luis Guillermo Espinoza Castillo, herido por impacto de bala en la cabeza el pasado 5 de junio por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras participaba en una manifestación en Tulipán, San Diego del estado Carabobo. Su muerte fue confirmada vía Twitter por el alcalde de San Diego, Enzo Scarano.

Con gran conmoción, hago llegar mis condolencias a familiares de Luis Guillermo Espinoza (16) herido el 5 de junio en Tulipán, San Diego.

— ENZO SCARANO (@ENZOSCARANO) August 13, 2017

Alrededor de las 4 de la tarde del 5 de junio, Luis Guillermo Espinoza se encontraba en un plántón organizado en la avenida Don Julio Centeno de Tulipán, en San Diego,  cuando funcionarios de la GNB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron al lugar con la intención de disolverla y reabrir el paso de vehículos, para lo cual utilizaron bombas lacrimógenas y perdigones, relata la prensa sobre aquel día.

Testigos relataron que, en medio de la confusión, el joven corrió y cayó al suelo. En ese momento un funcionario de la GNB le habría apuntado y disparado a poca distancia en la cabeza.

Espinoza fue recluido en terapia intensiva de la Ciudad Hospitalaria Dr. Henrique Tejera de Valencia. El proyectil en la cabeza le ocasionó dos hematomas que le causaron edema cerebral, trascendió.

El adolescente, conocido por sus amigos como Totti, estudió bachillerato en un liceo de la urbanización La Esmeralda de San Diego y asistía a una academia de fútbol en este mismo municipio.

Con el homicidio de Espinoza, suman dos muertes a manos de agentes de la GNB durante protestas en Tulipán en 2017, recuerda la periodista Heberlizeth González.

 

El arresto de cuatro funcionarios de la oposición en Venezuela, la remoción de once y la orden de detención de cinco muestra cómo la administración de Nicolás Maduro está nuevamente intentando ejercer un control extremo sobre cualquier forma de disidencia, llevando la represión a un nuevo y atemorizante nivel, dijo Amnistía Internacional.

“Al quitar a funcionarios de sus puestos sin ningún motivo legítimo, la administración de Maduro está cruzando una línea muy delicada” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“El sistema de justicia nunca debe ser abusado para silenciar a la oposición, en particular contra aquellas personas que fueron elegidas.”

“Primero llegaron por aquellas personas que se manifestaban en las calles, luego por quienes los representan en el sector público. ¿Hasta dónde está el gobierno venezolano dispuesto a llegar para silenciar a quienes piensan diferente? La respuesta es aterradora,” dijo Erika Guevara-Rosas.

“Parece que ganar una elección y ser de un partido opuesto al gobierno es suficiente para llevarte a prisión en Venezuela. Las autoridades deben dejar de intentar silenciar a aquellas personas que no están haciendo más que generar atención a la crisis de derechos humanos que sufre el país.”

“La sugerencia de que una comisión de la verdad establecida por el gobierno puede investigar de forma imparcial los abusos a los derechos humanos que la administración de Maduro niega es, simplemente, absurdo”.

 

*Con información de prensa Amnistía Internacional.

 

 

Para el mundo entero en Venezuela se vive una dictadura. Eso los venezolanos lo sabíamos desde hace mucho tiempo y la comunidad internacional ya tiene una opinión clara al respecto. Sobre lo que vivimos hoy en día, que dista mucho de ser una democracia, se han expresado de manera contundente países y organizaciones internacionales de todo el planeta.

El martes 8 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, presentó al mundo las conclusiones de un trabajo que hizo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela sin poder constatarla in situ, por la negativa del Estado venezolano a autorizar la visita. Por este motivo, se desplegó un equipo de oficiales de derechos humanos para realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá, de la situación de derechos humanos en el país, del 6 de junio al 31 de julio. El equipo llevó a cabo aproximadamente 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscalía General. También recibió información por escrito de la oficina del defensor del pueblo.

En las conclusiones del informe final que será presentado a finales de este mes se hacen graves señalamientos de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, que ponen al descubierto lo que la dictadura se encarga de negar constantemente: que somos un país forajido en materia de derechos humanos y que la represión, la tortura y la muerte se han convertido en el pan nuestro de cada día, de los cuerpos de represión del régimen que actúan con total impunidad.

En este documento, presentado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se señala: “Los testigos relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado, sin previo aviso, gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparados a corta distancia y que la policía usó como munición canicas (metras), perdigones, tuercas y tornillos. Según las fuentes, las fuerzas de seguridad también habían recurrido al uso de fuerza letal contra los manifestantes. Contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones. Las instancias gubernamentales, en muy raras ocasiones, condenaron esos incidentes. Hasta el 31 de julio, la oficina de la fiscal general había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis del equipo del Acnudh, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos armados’, serían responsables de otros 27 fallecimientos. En cuanto al resto de las muertes, aún no está claro quién las perpetró”.

En el mismo documento se establece: “Aunque no se dispone de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1° de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria. Más de 1.000 personas siguen detenidas en conexión con las manifestaciones. En varios casos examinados por el Acnudh hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura. Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante períodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual– a ellos y a sus familiares”.

A esta grave denuncia del más alto representante de los derechos humanos de la ONU se unió la declaración de 17 países del continente americano que se reunieron en Lima, Perú, para discutir la situación de Venezuela. Dejaron en claro su posición frente a la dictadura de Maduro mediante un acuerdo que se resume en los siguientes puntos: 1) Condenan el quiebre del orden democrático en Venezuela; 2) No reconocen ni la asamblea nacional constituyente ni los actos que emanen de ella; 3) Manifiestan su apoyo y solidaridad a la Asamblea Nacional; 4) Rechazan la violencia sistemática y la aplicación de medidas que perjudiquen las libertades del ciudadano; 5) Manifiestan su apoyo a la fiscal general y los integrantes del Ministerio Público; 6) Condenan la violación de los derechos humanos como consecuencia de la represión luego de más de 120 días de protestas; 7) Consideran que Venezuela no cumple con requisitos de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 8) Expresan su preocupación frente a la crisis humanitaria que atraviesa la nación y hacen un llamado a la reflexión de las autoridades; 9) Reiteran su apoyo a la suspensión de Venezuela del Mercosur; 10) Mantienen firme su decisión de no apoyar candidatura venezolana en mecanismos regionales ni internacionales; 11) Hacen un llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela; 12) Solicitarán presidencia pro tempore de la Celac y consideran postergar Cumbre Celac-UE y, finalmente, 13) Se comprometen a mantener un seguimiento activo de la situación en Venezuela.

La dictadura está desenmascarada ante el mundo, solo su club de aliados que disfrutan del dinero de los venezolanos la apoyan, la comunidad internacional en su mayoría respalda el cambio en Venezuela y la salida de este régimen que tanto daño le ha hecho a nuestra patria. Soplan aires de cambio y un futuro cercano para el retorno a la democracia.

 

@cnietopalma

El Nacional

“¡Arrástrate como un gusano!”, gritaban soldados a Paula Colmenarez Boscán, una estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, tras ser detenida en el este de Caracas en una movilización contra Nicolás Maduro en julio. “Me arrestaron decenas de militares. Me manoseaban la entrepierna mientras me trasladaban en una motocicleta. Me cubrieron la cabeza, me golpearon y robaron el celular. Solo me liberaron cuando se hizo viral una foto en la que aparecía siendo arrestada”, dice.

Su ejemplo ha alertado a instancias internacionales acerca de la creciente represión en Venezuela. El martes, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas señaló al Gobierno de Maduro por el uso “generalizado y sistemático” de “fuerza excesiva” contra miles de manifestantes. El comunicado denunciaba detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas a disidentes durante las protestas de la oposición, que han entrado ya en su quinto mes. Tarek William Saab, defensor del pueblo y fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, no respondió a EL PAÍS sobre este informe.

Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch (HRW), dibuja un perfil de los torturados. “Son mayormente disidentes o críticos. No son solo aquellos líderes opositores conocidos, sino que se trata de ciudadanos de a pie que el Gobierno considera disidentes simplemente por participar en manifestaciones o por estar pasando cerca de una”, explica.

En junio, Mileidy González, una joven auxiliar de enfermería, fue detenida por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando caminaba cerca de una protesta en Barquisimeto, capital del Estado de Lara (oeste). “En la comandancia policial me ataron por las muñecas, me colgaron y así comenzaron a golpearme una y otra vez. Amenazaron con violarme y sembrarme droga si denunciaba, me destrozaron”, dice.

Sus evidencias son fotos, recuerdos, cicatrices en la piel y una lesión en el bazo. González estuvo hospitalizada ocho días después de ser salvajemente golpeada, pero nunca recibió un informe médico que certificara su condición durante el arresto. “Ningún doctor se atrevió a dármelo. Ni siquiera quisieron darme una constancia médica en un CDI [Centro de Diagnostico Integral, red de ambulatorios creada por Hugo Chávez]”, explica. Sus agresores están en libertad, mientras ella debe presentarse cada mes ante un tribunal, imputada por daños violentos y resistencia a la autoridad. “Si eres policía o militar en Venezuela, lo puedes todo. Ellos te quitan tu libertad y violan tus derechos sin importar si eres inocente”, agrega.

Gaetano Costa, un politólogo de 42 años, ya había experimentado los excesos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) en 2014. En mayo de ese año fue detenido en una protesta. “No estaba solo. Varios manifestantes fueron detenidos ese día. Nos encerraron en una oficina en el interior de una comandancia de la GNB. Allí nos golpearon, amenazaron con desaparecernos, nos apuntaron con armas de fuego y hasta lanzaron dos bombas lacrimógenas. Parecía una cámara de gas nazi. Los militares decían que íbamos presos por guarimberos [opositores]”, recuerda Costa, militante de Voluntad Popular, el partido del preso político Leopoldo López, y regresó a las calles para protestar nuevamente contra Maduro este año. Fue detenido y golpeado, una vez más, en Lara.

 

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Las fuerzas de seguridad en Venezuela han «maltratado» y «torturado» de forma «generalizada y sistemática» a manifestantes y detenidos, denunció hoy la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

«Hemos recibido informes creíbles de trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura», afirmó la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani, en rueda de prensa al agregar que «estos no fueron casos aislados».

Además, denunció que la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es una muestra más de la ruptura del estado de derecho en el país.

«La destitución de la fiscal general está en la línea de lo que hemos estado denunciando, que el estado de derecho en el país se ha roto y la fractura se está ahondando», afirmó en una rueda de prensa la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani.

La portavoz explicó que tras intentar en vano que un equipo de investigadores pudieran tener acceso al país para poder pesquisar in situ sobre lo que está ocurriendo, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, decidió enviar a Panamá un grupo de expertos que hicieron su trabajo a distancia.

«Las entrevistas realizadas sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes».

«Las conclusiones del equipo indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas», subrayó la portavoz.

Según contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, «emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran».

Shamdasani recordó que hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones.

Según el análisis del equipo de investigadores, «las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos armados’, serían responsables de otros 27 fallecimientos».

La Oficina de la Fiscal General investigaba también al menos 1.958 casos de heridos, aunque el número real de personas que han sufrido lesiones podrían ser mucho mayor.

La portavoz denunció que de la información compilada se desprende que los colectivos armados, montados en motocicletas, suelen atacar y acosar a los manifestantes.

«En determinados casos también les disparan con armas de fuego», puntualizó.

Asimismo, Shamdasani denunció que a pesar de no disponer de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria.

Más de 1.000 personas siguen detenidas en conexión con las manifestaciones.

Ante el caos reinante en el país, los claros indicios que la situación no va a mejorar a corto plazo y, ante la ausencia de una Fiscalía independiente y no partidaria, Shamdasani dijo que la Oficina está solicitando «de forma urgente» una investigación «independiente» sobre las vastas violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela. EFE

Una estudiante de 20 años llamada Willmerys Ocarina Zerpa pasó a formar parte de las más de 100 personas muertas en Venezuela en el contexto de las protestas, tras haber sido asesinada por colectivos armados que dispararon a una barricada en Ciudad Bolívar.

La joven, que estudiaba Ingeniería Geológica en la Universidad de Oriente (UDO), había salido con su esposo Kevin Lares la noche del domingo por el barrio El Perú, de Ciudad Bolívar, para comprar comida en un puesto cercano a una barricada, de acuerdo a la información del periodista Germán Dam en Caraota Digital.

Cuando la pareja, padres de una niña de un año, estaban a metros de la barricada, un grupo de civiles armados conocidos como colectivos dispararon hacia ellos y los demás manifestantes desde un vehículo Renault Signo, color azul eléctrico, y una moto Bera, color negro.

Zerpa resultó herida por el impacto de un proyectil que entró y salió por su costado izquierdo. A pesar de que fue ingresada a quirófano inmediatamente en el hospital Ruiz y Páez, falleció a las dos de la madrugada de este lunes.

En el ataque también resultaron heridos los manifestantes Juan Guevara, de 24 años y activista de Voluntad Popular, a quien el proyectil le ingresó por la región lumbar y se le alojó en el abdomen después de rebotarle en el plexo; y Jesús Almeida, de 27 y activista de Vente Venezuela, quien recibió un tiro en la clavícula izquierda. El portal de noticias asegura que ambos están estables y bajo observación médica.

 

Testimonios de allegados a la familia de Zerpa, recogidos por el periodista Dam, indican que la joven no participaba en la manifestación, sino que solo «Simplemente iban a comprar comida para la cena y fueron alcanzados por los disparos de los colectivos contra la barricada”. Uno de los manifestantes heridos aseguró a Caraota Digital que él era el blanco del ataque. “Desde el carro me señalaron y dijeron al motorizado: ‘Ese es, ese es’, y comenzó a dispararnos”, reveló el joven.

Zerpa sería la víctima 155 en el conteo extraoficial de Runrun.es que compila los fallecidos en el contexto de las manifestaciones iniciadas hace cuatro meses contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

 

*Con información de El Universal y Caraota Digital

 

El coordinador regional de activismo del partido Avanzada Progresista del estado Carabobo, Ramón Rivas, fue asesinado este domingo 6 de agosto durante una manifestación en la avenida Bolívar de Valencia.

La información fue divulgada a través de la cuenta Twitter de la organización, en la que indicaron que el hecho se registró, específicamente,  en la redoma de Guaparo.

El secretario general de la organización, Luis Augusto Romero, exigió también a través de la red social que se investigue el hecho y denunció que para asesinar a Rivas, utilizaron un arma de fuego.

El dirigente resultó herido cuando participaba en la manifestación en la avenida Bolívar y luego fue trasladado hasta el policlínico La Viña, donde ingresó sin signos vitales.

Desde la mañana se registran enfrentamientos entre la Guardia Nacional y manifestantes en Valencia. Los residentes de sectores aledaños al fuerte Paramacay salieron a las calles a respaldar el ataque registrado contra la 41 Brigada Blindada.

A primeras horas de la tarde, los enfrentamientos se mantienen y se contabilizan de manera extraoficial 12 personas detenidas, además de 10 heridos,  de los cuales  siete son civiles y tres militares.

 

#AvanzadaProgresista lamenta informar del fallecimiento de Ramón Rivas de la estructura regional de #Carabobo, caído en redoma de Guaparo

— Avanzada Progresista (@AvanzadaProgre) August 6, 2017

Exigimos se investigue la muerte por arma de fuego en la mañana de hoy, de Ramón Rivas dirigente de @AvanzadaProgre en Carabobo.

— Luis Augusto Romero (@luisromeroc) August 6, 2017

#Carabobo Ramón Rivas Dirigente Avanzada Progresista, es asesinado hoy por un impacto de bala en medio de la manifestación. Honor y Gloria. pic.twitter.com/fubmNzLPVO

— Marco Bozo Tamayo (@bozotamayo) August 6, 2017

La fisiología del ser humano estudia las distintas funciones que despliega cada parte del cuerpo con el propósito de comprender el estudio de la interacción entre razones y causas que incitan su funcionamiento integral. Tanto es, que cada función motiva un comportamiento de la naturaleza del cuerpo en medio de toda condición posible. Se habla de diversas especialidades de la Fisiología en correspondencia con los diferentes tipos de células, órganos y sistemas propios del organismo humano.

Pero igualmente, la ciencia política igualmente hace su mayor esfuerzo por estudiar la anatomía política y social del individuo en tanto miembro de una comunidad cuyo desempeño colectivo refleja la disposición, motivación, congruencia y perseverancia que tiene de cara a contingencias, incertidumbres o posibilidades expuestas en medio de todo proceso de confrontación, cotejo o careo entre actores, pares o factores impares ideológicamente considerados.

Cuando se busca dar con alguna respuesta que integre la teoría política con la Fisiología Humana para comprender las determinaciones que animan al gobernante (déspota) a actuar alineado a métodos furiosamente represivos, como si de esa forma el pueblo comprendería la concepción de “revolución”, la disertación en curso se torna de sumo interés. No sólo político o fisiológico. También, dada la dilucidación cultural y emocional que, como problema social, puede contener y comprometer.

Quizás algo de ello, pueda hallarse al explicar que la represión política, está asociada al ejercicio de la sexualidad. Particularmente, cuando se ordena sobre criterios y causas que involucran intereses que se mueven bajo el único ámbito de la estructura de poder a la cual se suscriben el dirigente de mayor ascendencia política y sus más fervientes y aduladores acólitos. La reacción que dicha orden gubernamental pareciera provocar, pudiera verse cual expresión de cuestionados imaginarios que confunden realidades políticas con presunciones sexuales.

En medio de tan urdido desarreglo personal, la naturaleza sexual de quienes exhiben el poder político, casi siempre apegado al mundo militar, o paramilitar, expuestos a través del empleo de las armas en el fragor de situaciones de exagerado alarde de fuerza y prepotencia militarista, utilizada como símbolo de soberbia, se sujeta a la situación de desigualdad y de dominación que se da en pleno enfrentamiento entre estos personajes empoderados por la represión que son capaces de ejercer, y quienes escasamente se defienden con piedras y un precario escudo de madera. Y tal vez, una máscara para evitar la congestión respiratoria por inhalar gases prohibidos.

Tan rechazada escena, actúa a manera de estimulación sexual toda vez que la adrenalina, propia de tan exigentes momentos, si bien en algunos opresores surge en paralelo con la compulsión de negarse a la seducción que es capaz de brindar el hecho de sentirse superior ante quien flagela o atropella, en otros incita la voracidad que puede arrastrar quien valiéndose del armamento que maneja y articula, domina la realidad. En este caso, la repentina liberación del deseo sexual suprimido por las circunstancias, actúa a la inversa. O sea, que el poder que ostentan quienes por las coyunturas reinantes se creen superiores ante quienes enfrentan para combatirlo con fuego mortal, desenfrenado y exagerado, hace que evoquen conflictos sexuales que imaginan superarlos con el auxilio de lo que su exacerbada morbosidad puede retribuirle a fin de compensar lo que representan esos sentimientos de culpa y de aprietos íntimos.

Puede inferirse que estos individuos, afanados por un poder político enfermizo, bien porque presumen detentarlo, o porque quienes fungen de subalternos son personas carentes de moralidad, valores y sentimientos, padecen de una personalidad absolutamente inconsistente la cual se intensifica al estar compartiendo un torcido gozo de placeres egoístas. Estos hechos, los lleva a sentirse unidos alrededor de tan perversas actitudes. Mientras su nivel sexual los motiva a vivir adulados y arrogantes por saberse que portan armas enfundadas en uniforme militar, o porque se arrogan la condición que otorga el presuntuoso empoderamiento político, su actitud será de tanto engreimiento que cada vez que hablen en nombre de su revolución o que impongan medidas bajo la más absoluta represión, su reacción será una traducción del orgasmo que no pudieron disfrutar. Por eso, todas sus ejecutorias quedan reducidas a una revolución de orilla. Así como a un socialismo de burdel. Fue así que la represión se convirtió en un catalizador de orgasmos que penosamente logró estimular esa revolución malamente llamada “pacífica pero armada”. De esa manera puede pensarse en la relación que como “trinomio cuadrado perfecto”, cabe ahora en el discurso constituyentista: Revolución, Orgasmo y Represión.

antoniomonagas@gmail.com