El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos integró a cuatro altos funcionarios militares venezolanos del gobierno de Nicolás Maduro a la lista de sancionados de OFAC, por haber participado en actos de corrupción y represión.
Los cuatro sancionados, que se unen a los 49 oficiales venezolanos en la lista Clinton, son Rodolfo Clemente Marco Torres, Francisco Jose Rangel Gomez, Fabio Enrique Zavarse Pabon y Gerardo Jose Izquierdo Torres.
Los activos de los funcionarios sancionados que estén sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos quedarán congelados inmediatamente, y las personas que tengan relación con el país norteamericano tienen prohibido tratar con los sancionados.
De acuerdo a la nota de prensa emitida por el Departamento del Tesoro, estas serían las razones por las cuales están sancionados los militares:
Rodolfo Clemente Marco Torres es el Gobernador del Estado Aragua y Director Externo en el Consejo de Administración de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA). Marco Torres anteriormente ocupó los cargos de Ministro de Economía y Finanzas, Presidente del Banco de Venezuela y Ministro de Alimentación, y es un general retirado de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Marco Torres ha sido supuestamente vinculado a esquemas de corrupción relacionados con la importación de alimentos, que están controlados por el ejército venezolano.
Francisco José Rangel Gómez es ex Gobernador del Estado Bolívar y está retirado del Ejército Nacional, con el rango de División General. Rangel Gómez ha estado vinculado a actividades de corrupción, como el fortalecimiento de las bandas armadas que operan en Bolívar y la presión sobre los tribunales para liberar a los miembros de pandillas que son detenidos, durante su tiempo como gobernador. Rangel Gómez también ha sido vinculado a redes de oficiales militares supuestamente corruptos.
Fabio Enrique Zavarse Pabón, División General de la Guardia Nacional Bolivariana, es el Comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral de Capital de las Fuerzas Armadas Nacionales y también dirigió las Fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana en el Distrito Capital de Venezuela. Zavarse Pabón es presuntamente responsable de actos de represión por parte de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana contra manifestantes callejeros en Venezuela.
Gerardo Jose Izquierdo Torres, General de División del Ejército, es el Ministro de Estado para la Nueva Frontera de la Paz y el Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Frontera Presidencial. Supuestamente ha utilizado sus posiciones para sacar provecho de la corrupción a expensas del pueblo venezolano.
«El presidente Maduro y su círculo interno continúan poniendo sus propios intereses por encima de los del pueblo venezolano» declaró el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin en la nota del Departamento. «Esta acción subraya la determinación de Estados Unidos de responsabilizar a Maduro y otros involucrados en la corrupción en Venezuela. Hacemos un llamado a las partes interesadas y socios internacionales de todo el mundo para que se unan a nosotros mientras apoyamos al pueblo venezolano para aislar aún más este régimen opresivo».
La publicación expresa que «Mediante sus propias acciones continuas, los cuatro funcionarios designados hoy han abandonado la misión republicana profesional de la institución militar, que, según la Constitución venezolana de 1999, debe ser «sin orientación política … y en ningún caso al servicio de ninguna persona o partidismo político».
Vivimos una crisis de enormes proporciones que afecta a los venezolanos en todas las instancias de su vida. Que se manifiesta en emergencias de alimentación, salud, seguridad, educación, entre muchas. La naturaleza del gobierno se ha mostrado en toda su expresión dictatorial y empobrecedora. Con un modelo que fomenta y aprovecha la crisis para continuar en el poder, a pesar del rechazo mayoritario y su impacto destructivo en las condiciones de vida de los venezolanos.
El megafraude de las elecciones regionales ha mostrado con claridad cómo el régimen ha comprometido el sistema electoral. El CNE es un órgano parcializado. Los comicios se realizan en medio de condiciones injustas y los actores políticos que no son afines al régimen son perseguidos y criminalizados desde el Estado. Los resultados del sufragio, en las actuales condiciones, no responden a la voluntad de la mayoría.
Esto forma parte de un proceso de afianzamiento del modelo dictatorial que impone el gobierno. Proceso que se agudiza en este año a partir de las sentencias del TSJ que pretendían usurpar las funciones de la Asamblea Nacional y que generaron las manifestaciones, entre los meses de abril y agosto, brutalmente reprimidas por fuerzas policiales y grupos paramilitares. Otra etapa de este proceso ha sido la instauración, forzada y fraudulenta, de la Asamblea Constituye. Un poder ilegitimo que se ha atribuido capacidades supraconstitucionales como la imposición a gobernadores electos de juramentarse ante ella o decisiones sobre eventos electorales, como el anuncio de elecciones municipales en diciembre.
El 2017 se ha caracterizado por esta difícil y compleja realidad, en la que se han cuestionado las expectativas de los venezolanos para el logro de cambios y transformaciones. Se plantea una profunda reflexión tanto al liderazgo político opositor como a los diversos sectores de la sociedad: ¿Cuáles pueden ser las formas de participación política en un contexto en el que las habituales o conocidas han sido violentadas por el régimen?
Creemos que es fundamental lograr el involucramiento activo de las diversas fuerzas sociales en el proceso político, pero no limitado a la participación en eventos electorales o movilizaciones multitudinarias. Deben proponerse nuevos espacios y nuevas vías que sumen otros objetivos a los del cambio de régimen. Nos parece prioritario trabajar los temas de organización, empoderamiento, solidaridad y convivencia, a partir de la atención a emergencias como los de la alimentación, violencia, salud y educación, por ejemplo. Y así, lograr la articulación efectiva de comunidades, organizaciones y liderazgos para generar una base de organización social cuyas exigencias y necesidades cuestionen al régimen y sus políticas.
Movimientos y liderazgos locales son perseguidos por instituciones del Estado o grupos afectos al gobierno, impidiéndoles realizar actividades de interés público o negándoles el acceso a barrios o sectores populares, evidenciando el peligro que significa para el orden dictatorial una colectividad organizada y comprometida fuera de la agenda oficial. Esto debe ser registrado por el liderazgo político no desde el oportunismo y la inmediatez sino desde el reconocimiento de otras posibilidades de organización y la consideración de nuevos objetivos políticos.
El modelo dictatorial exige aceptación y lealtad, condicionando mínimos beneficios sociales a través del chantaje, el hostigamiento, la represión y la violencia. En contraposición, la alternativa democrática debe representar la posibilidad real de mejores condiciones de vida y superación, a través de la participación inclusiva en la solución de problemas comunes y el establecimiento de relaciones convivenciales de reconocimiento, respeto y solidaridad. Participación y relaciones y que sean asumidas e internalizadas por la gente y se materialicen en cambios en la realidad inmediata.
Nos encontramos en un momento en el que debe producirse una nueva narrativa en la que lo social y lo político funcionen en conjunto y se alimenten. La solidaridad y la convivencia pueden ser la base para la organización de las personas en la construcción de soluciones a los graves problemas de la crisis. Pero también pueden ser los elementos fundamentales de un programa político y democrático que pueda cuestionar y superar, efectivamente, a la dictadura.
Cuando ya no quedan manzanas para seducir a la población, lo que viene es la represión sin freno. Las cifras sobre la “resistencia a la autoridad” lo confirman
Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca
En una de sus primeras intervenciones, el gobernador electo del estado Carabobo Rafael Lacava exigió a su tren de seguridad aplicar “mano dura” contra la delincuencia. Y fue más allá: habló de golpear a los hampones abajo, al medio y arriba. Todo esto mientras gesticulaba ante un militar impávido.
Nada de esto tiene que ver con el rescate de la institucionalidad mediante el ejercicio de las leyes, como sostenía el juez español Baltazar Garzón.
Ese discurso del mandatario electo sin duda alguna cae bien en todos los sectores de la población. Oficialistas y opositores, los más pudientes y los que menos tienen, religiosos y ateos … todos parecen unidos en un mismo clamor, que es la disminución de la criminalidad.
Incluso, pareciera no importar si en ese proceso se comete alguna injusticia. La gente común pareciera dispuesta a voltear la mirada ante los funcionarios encargados de llevar a la realidad esa exigencia de “mano dura”. En este plan también anda el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab.
Esto ha transformado a los cuerpos de seguridad en probablemente el segundo factor de violencia homicida en todo el país, quizá solo superados por las bandas que ellos dicen combatir.
¿De dónde sale esta conclusión? Hay que poner la vista en el resultado de los procedimientos por “resistencia a la autoridad”. Este es un delito muy interesante, puesto que los funcionarios de los cuerpos policiales son factores indispensables para que se concrete, ya sea porque fungen como agentes provocadores o realmente porque la contraparte se negó a acatar sus órdenes, los insultó o incluso los atacó.
Los datos en poder de la Fiscalía indican que en 2016 fueron reportados 6042 casos de resistencia a la autoridad. Un promedio mensual de 503 expedientes. En el curso de tales averiguaciones hubo 5.124 muertes a manos de policías. En 103 casos hubo cuatro muertos o más, de allí que puedan ser catalogados como “masacres”, según la definición del FBI.
De acuerdo con la misma fuente, durante los primeros nueve meses de 2017 hubo 5.085 casos de “resistencia a la autoridad”. El promedio mensual es 12,3% superior que el de 2016.
Entre enero y septiembre, los agentes policiales y los militares mataron a 4.149 personas. El promedio mensual es de 464 cadáveres, 8,6% más que los 427 muertos en promedio para los meses del año pasado.
Esto tiene consecuencias que van mucho más allá del mero control a la delincuencia. Anteriormente, el Gobierno mantenía a la población apaciguada con las misiones, las becas sin trabajar, la vivienda regalada. En la medida en que escasearon los recursos, los programas megalíticos fueron diluyéndose hasta adoptar la forma de una cajita de alimentos. Y pronto eso no será suficiente.
No cabe duda de que Venezuela es una olla de presión a punto de estallar. Y uno de los factores retardantes de ese estallido son los cuerpos de seguridad, ahora transformados en unidades represivas. Durante las protestas de 2017, el régimen demostró que poco o nada le importa la legalidad si se trata de mantener el estatus. Ya eso fue decidido. Las estadísticas muestran a claras luces que el país entró en una nueva fase de violencia.
Breves
* La Asamblea Nacional Constituyente quiere decretar una amnistía a la medida de Nicolás Maduro. A tal efecto Delcy Rodríguez -al mismo tiempo presidenta de la ANC y de la comisión que estudia la materia- se ha reunido por lo menos en dos oportunidades con miembros del alto mando y generales activos. Hasta ahora, según se ha podido conocer, este no sería un perdón general pero sí abarcaría a oficiales, tropas e incluso algunos civiles que permanecen tras las rejas por haber sido implicados en alguna de las múltiples “conspiraciones” contra el régimen: que si el golpe azul, que si el Fénix, David y otros tantos. De esta forma, el Gobierno sería revestido con un nuevo barniz de legitimidad, disminuiría las fuertes tensiones que perduran en los cuarteles, e igualmente se atacaría el hacinamiento en los centros de reclusión militares, donde incluso han tenido que habilitar espacios anteriormente dedicados a los custodios para albergar a uniformados y civiles presos por razones políticas. En octubre, durante una alocución ante la Guardia Nacional, el titular de Defensa Vladimir Padrino, sentó posición al respecto: “Estamos listos para perdonar”.
* La descomposición de los cuerpos de seguridad no tiene freno. Conocemos algunas pinceladas cuando la sangre llega al río. En Cicpc, por ejemplo, destituyeron la semana pasada a un detective que cobraba por “limpiar” los expedientes de particulares en el Sistema de Información Policial (Siipol). En la Fuerza Armada, la Fiscalía Militar está alarmada por la gran cantidad de tropas involucradas en delitos. Cuando esta información era conocida, fue detenido en Cojedes un sargento primero de la Guardia Nacional que conducía una moto robada por él mismo. En la Policía Nacional Bolivariana ordenaron hacer un cruce de toda la nómina con las bases de datos sobre antecedentes penales, cosa que debían hacer antes de que los agentes entraran a las filas del cuerpo. De los 25.700 activos 587 tienen registros por delitos y 129 están solicitados por los tribunales. Hay, además, quince oficiales que ni siquiera están registrados en el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Y uno se pregunta cómo diablos fueron admitidos en el cuerpo “pionero” del nuevo modelo policial, si sus nombres no pueden ser verificados.
* Fuerte Tiuna se ha convertido en una guarida de delincuentes. Recientemente, un grupo de piratas de carreteras ocultó en ese sector un camión cargado con insumos para la fabricación de harina, luego de interceptarlo cuando entraba a Caracas por Tazón. Los hurtos de materiales de construcción y de partes de vehículos son frecuentes incluso en los estacionamientos de las unidades castrenses. La Policía Militar no se da abasto para controlar el hampa e intentar cumplir con sus funciones habituales, a pesar de que hace tiempo dejó de ser un regimiento para convertirse en una brigada, con mayor pie de fuerza. La última evidencia fue el enfrentamiento entre agentes de la División contra Robos de la policía judicial y el supuesto integrante de una banda de asaltantes en la avenida Fuerzas Armadas del complejo militar, el 23 de octubre. Los pesquisas determinaron que allí estaba un Mazda 3 año 2006 que había sido robado a una familia en Guaicoco, el 6 de julio de 2016. Luego de coordinar con la jefatura del fuerte, los agentes dieron con el vehículo frente al Regimiento de Apoyo Logístico 82 del Ejército. Allí se enfrentaron y mataron al conductor, identificado como Argenis Castillo Vergara, sobre quien pesaban tres solicitudes. La pistola Glock que portaba fue usada en un homicidio de este año. La banda del Argenito, como le decían a Castillo, tiene otros tres individuos plenamente identificados, que posiblemente viven o frecuentan Fuerte Tiuna. Esas son las cosas que ahora se ven en el centro del poder militar venezolano.
En medio de una política de represión de la población, el gobierno venezolano ha extendido su control con el allanamiento ilegal de viviendas y ataques a zonas residenciales por fuerzas de seguridad, alertó hoy Amnistía Internacional (AI).
«Se trata de un mecanismo más de represión, un mecanismo que está llevando la represión de las calles a la vida privada y al espacio privado de las personas, generando una situación de terror», dijo a Efe Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
El día en que se presenta el informe «Noches de terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela», Guevara-Rosas explicó que los allanamientos, la mayoría enmarcados en las masivas protestas de la oposición de abril a julio que dejaron más de 120 muertos, agravan la «violación de derechos humanos» en ese país y violan «los estándares internacionales».
Para la elaboración del informe, un grupo de expertos de la ONG viajó a cuatro ciudades venezolanas -en los estados de Miranda, Carabobo y Lara, además del Distrito Capital (Caracas)- con un elevado número de allanamientos, y también recogieron datos de entidades civiles locales.
«No tenemos registros precisos, pero sabemos que hay reportes y denuncias de por lo menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados» sin saber si han desencadenado detenciones, indicó la representante de AI.
El informe destaca que hay «evidencia de que, inmediatamente después de las manifestaciones, los cuerpos de seguridad del Estado se dirigían hacia el interior de los edificios y zonas residenciales».
Pero algunos allanamientos se producían «muchas horas después», y en unos y otros se incumplía la propia legislación venezolana que exige una orden judicial para los registros domiciliarios.
Entre quienes acogían a manifestantes en sus casas, hubo incluso detenciones arbitrarias «de corto plazo» y violencia.
«Es alarmante que en todas las comunidades entrevistadas fue consistente el relato de uso de violencia como golpes con las armas o patadas a las personas que estaban siendo arrestadas», señala el informe.
Según el testimonio de algunas de las 120 personas entrevistadas, también hubo uso de armas de fuego y gases lacrimógenos, destrozo de las zonas residenciales y robo de objetos dentro de las propiedades como relojes, computadores o teléfonos móviles.
En ocasiones los allanamientos los llevaban a cabo grupos de civiles armados que «operan en paralelo y, de alguna manera, con el apoyo de las autoridades», explicó Guevara-Rosas.
Por ello, Amnistía Internacional considera «incuestionable» que Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, padece una «crisis inconstitucional».
Y está «estrechamente ligada a altos niveles de impunidad», con detenciones arbitrarias, configuración de grupos civiles armados y ahora el allanamiento ilegal a domicilios.
AI concluye que es «imperativo» que el Estado venezolano cese de inmediato los allanamientos y detenga «de forma urgente» la práctica de «uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad».
También solicita que se «investigue y sancione de manera eficiente e imparcial, y por un tribunal civil, las acciones de grupos civiles armados» y a los funcionarios que llevaron a cabo dichos allanamientos.
Además, pide al gobierno de Maduro «las garantías necesarias para que las investigaciones sean imparciales y no supongan un riesgo para las víctimas que busquen justicia y reparación integral».
Y también que «garantice los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la vida privada», y libere a quienes han sido detenidos de manera arbitraria en estos meses, declinando asimismo las competencias otorgadas a los tribunales militares.
Como un sistema de represión, caracterizó Marco Antonio Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), la violación reiterada de derechos humanos por parte del Estado venezolano durante las manifestaciones pacíficas.
En las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizan esta semana en Montevideo, Uruguay, Ponce insistió que este sistema de represión busca caracterizar a una parte de la población como enemiga interna y agentes desestabilizadores.
“Al menos 10 componentes tiene este sistema de represión que el gobierno venezolano mantiene desde 2014. Su actualización en 2017 con el Plan Zamora 200 no solo incorpora a paramilitares, sino que también le asigna tareas a militantes del partido de gobierno de represión y delación”, explicó Ponce.
También el Coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social manifestó su preocupación por la incitación al odio que hace uso del sistema de medios públicos y las redes sociales. Explicó que esta incitación también forma parte de los componentes porque “prefigura y predispone la acción represiva en un marco ideológico contra un sector de la población”.
En los últimos cinco años, el OVCS ha registrado al menos 38.947 protestas, de las cuales más del 90% ha sido con características pacíficas. En el mismo periodo, el 70% de las protestas ha sido para exigir derecho a la alimentación, salud, trabajo, vivienda, agua potable, servicios básicos, entre otros.
Los 10 componentes del sistema de represión del Estado venezolano:
Ataques conjuntos de Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y civiles armados pro gobierno.
En la mayoría de las protestas donde actuaron los colectivos armados se registraron manifestantes asesinados o heridos de bala.
Uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego.
Práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes.
Práctica de torturas.
Detenciones arbitrarias.
Detenciones y agresiones en zonas residenciales en horas de la noche.
Allanamientos sin orden judicial.
Agresión a periodistas.
Procesamiento de civiles en tribunales militares.
El OVCS exige a las autoridades venezolanas poner fin al sistema de represión que vulnera los derechos ciudadanos en el contexto de manifestaciones pacíficas. Y solicita al Estado venezolano aceptar una visita de los relatores de la CIDH al país para que puedan evaluar en el terreno la situación de los derechos humanos.
Funcionarios de la Guardia Nacional reprimieron con bombas lacrimógenas y perdigones a manifestantes que se encontraban concentrados en favor del candidato a la Gobernación de Bolívar, Andrés Velásquez, para exigir el anuncio de los resultados de los comicios en la entidad.
La concentración fue convocada en la avenida Táchira, en Ciudad Bolívar, a la 8:00 am. Los seguidores del candidato a la gobernación se encontraban concentrados en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral a la espera de los resultados, cuando los militares dispersaron la movilización con los gases lacrimógenos.
Velásquez dijo que permanecerá frente a las oficinas regionales del CNE para defender su victoria. «Nuestros derechos deben ser respetados. Fuimos agredidos».
Aqui estamos en el CNE. Tenemos que defender nuestra victoria. Nuestros derechos deben ser respetados. Fuimos agredidos.
1:29 pm Lanzan lacrimógenas a ñas afueras del CNE en Ciudad Bolívar, donde Andrés Velásquez y simpatizantes esperaban resultados electorales pic.twitter.com/jS8WH4teRG
Además, el dirigente opositor aseveró que el poder Electoral debe dar la cara, pues hasta las 2 pm, funcionarios del CNE no se habían presentado en las oficinas para dar los resultados. «No se pueden seguir burlando del pueblo».
Este domingo, la rectora Tibisay Lucena en una sorpresiva alocución (por la rapidez en los resultados), dio como ganadores a 17 candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela y cinco de la Mesa de la Unidad, aunque no reveló los resultado de Bolívar pues la tendencia no era irreversible.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) abordarán mañana la crisis en Venezuela mientras se prepararan sanciones selectivas por la represión en ese país, darán luz verde a nuevas medidas restrictivas autónomas contra Corea del Norte y mostrarán su apoyo al acuerdo nuclear con Irán.
Reunidos en un Consejo en Luxemburgo, los jefes de la diplomacia de los Veintiocho escucharán de la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, una actualización sobre la situación en Venezuela, donde la Unión ha rechazado reconocer a la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente, Nicolás Maduro.
Los ministros que así lo deseen podrán intervenir sobre el asunto, a la luz también de las elecciones a gobernadores regionales que se celebran hoy en ese país, que según fuentes diplomáticas no parece que vayan a ser muy democráticas.
En paralelo, ya hay acuerdo político unánime de los embajadores comunitarios para empezar a trabajar en sanciones selectivas contra personalidades venezolanas consideradas responsables de represión contra la población civil.
Los países que más han apostado por imponer sanciones selectivas a Venezuela, evitando que afecten a los ciudadanos, son España, Francia, Alemania u Holanda, mientras que Grecia se mostraba reacio a ello pero finalmente acabó levantando sus reservas, según diversas fuentes diplomáticas.
La UE debe dotarse de todos los instrumentos y medios necesarios para que haya una negociación entre el Gobierno y la oposición en Venezuela, señalaron. Ahora los servicios del Consejo de la UE trabajan en posibles nombres de personas que tienen un papel directo en la represión para añadir a la lista de sancionados, que las fuentes no precisaron si serán del entorno político o militar.
Otras fuentes diplomáticas apuntaron que intentarán tener listas estas medidas restrictivas de cara al próximo Consejo de Exteriores comunitario, que tendrá lugar en Bruselas en noviembre. Por otra parte, los ministros planean ratificar nuevas sanciones autónomas contra Corea del Norte por sus programas nuclear y de misiles balísticos.
En su reunión informal en Tallin el pasado 7 de septiembre, los ministros se mostraron a favor de trabajar en ese tipo de medidas para complementar y reforzar las del Consejo de Seguridad de la ONU contra Pyongyang.
La UE condenó en los términos más firmes posibles la prueba nuclear llevada a cabo por Corea el Norte el pasado 3 de septiembre, así como el lanzamiento de un nuevo misil balístico el día 15 de ese mes.
Se espera igualmente que los ministros debatan y den su apoyo a la implementación del acuerdo logrado entre las potencias del Grupo 5+1 (EEUU, Francia, el Reino Unido, China, Rusia y Alemania) e Irán, a fin de garantizar que el programa nuclear de Teherán se limite únicamente a fines pacíficos.
El pasado viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, retiró su confianza al pacto y dejó el apoyo de su país en manos del Congreso, una declaración que contestó con firmeza Mogherini.
Según dijo entonces la política italiana, el acuerdo con Irán, por tratarse de un anexo a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, no pertenece a ningún país individual.
En opinión de la UE, se trata de un acuerdo que funciona, que está dando resultados y que es necesario mantener ante la amenaza nuclear aguda en el panorama internacional, con la mira puesta especialmente en Corea del Norte.
Los ministros también hablarán de la cooperación regional con Turquía y la situación en el país, un asunto que los líderes de la UE abordarán también en su cumbre del jueves en Bruselas.
Se oyen gritos, algarabía, aplausos. Música. Es sábado por la noche en la Plaza de Altamira de Caracas. Hace dos meses allí se escuchaban disparos, sirenas y gritos.
La zona del anfiteatro convoca un sábado en la noche a un gran número de personas alrededor del escenario. Se pide «un minuto de silencio por las víctimas de la violencia y la represión». A las 9:00 de la noche, se acaba el concierto. «La alcaldía solo dejó hasta esta hora», se excusan. Y los muchachos, medio fastidiados, desalojan y se van a casa.
Nadie diría que en ese mismo lugar, de abril a julio, no eran público y músicos los que se veían las caras, sino la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y los manifestantes con el tum-tum de las bombas lacrimógenas y los cocteles molotov.
La Plaza Altamira fue uno de los principales escenarios de las protestas que iniciaron en Venezuela el pasado 30 de marzo y que dejaron como saldo más de 100 muertos.
Allí se contaron por centenas las lacrimógenas que las fuerzas del Estado lanzaron contra los manifestantes. Fue también el lugar donde manifestantes quemaron a Orlando José Figuera, donde una tanqueta arrolló a tres jóvenes opositores y otro salió ardiendo al tratar de quemar una moto de la GNB.
Este enclave de Chacao, barrio de clase media-alta, fue uno de los lugares de más dura confrontación entre la oposición y el gobierno después de dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le quitaban competencias al Parlamento, controlado por los opositores.
Un episodio más de una polarización que arrancó con la llegada del chavismo al poder en 1999 y que pervive.
Sin embargo, esta zona luce ahora como el resto del país: en aparente calma a la espera de las elecciones regionales de este domingo.
La calma tras la Asamblea Constituyente
Desde que se votó -con la ausencia de la oposición- la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 30 de julio, las protestas cesaron. Y Venezuela recuperó una relativa normalidad en medio de la crisis que atraviesa con la mayor inflación del mundo, la falta de alimentos, medicinas y otros productos básicos y el enconado enfrentamiento entre gobierno y oposición.
«No es que haya vuelto todo a la normalidad. Hay indignación. La gente siente miedo, preocupación, la inseguridad es muy fuerte. Yo protesté y volvería a hacerlo. Tarde o temprano volverán las protestas. Ahora, con las regionales, o con las presidenciales, quién sabe. Es una bomba de tiempo», dice a BBC Mundo Samuel, un estudiante que cuenta apenas la veintena.
Unos amigos juegan a las cartas en un banco a la sombra. Una pareja trata de escapar de las miradas y se deshace en manoseos. Una abuela pasea con su nieto. Decenas se apresuran por las escaleras para tomar el metro.
Durante las manifestaciones, día sí día también, el subterráneo cerraba «en resguardo de los usuarios, personal e instalaciones». También se suspendieron las dos líneas de Metrobús que partían de la plaza hacia El Cafetal y La Trinidad, dos zonas opositoras de Caracas. Aún hoy están inhabilitadas.
Es de los pocos rastros de cuatro meses de protestas que quedan en la plaza.
El gobierno se jacta de que la Asamblea Constituyente llevó la paz a Venezuela y fue un triunfo frente a la oposición, a la que tilda de violenta.
Por su parte, la oposición busca ahora vencer cierta desilusión entre sus filas, superar la sensación de derrota y reanimar a sus seguidores para que la lucha siga, aunque cambie de escenario. El domingo, en las urnas.
Sin esos meses de lucha no habría habido sanciones internacionales ni el desconocimiento masivo de países a la Asamblea Constituyente, argumentan los opositores para convencer de que esos duros meses no fueron en vano.
Graffiti borrado
En la fuente principal, la que ostenta el emblemático obelisco, una obra de 1945 en mármol blanco, la alcaldía se empleó en limpiar un graffiti que en letras mayúsculas rojas, azules y blancas ponía «Dictadura». Apenas quedan restos. En el suelo no limpiaron otras: «Maduro dictador», se lee.
Carlos y María conversan en uno de los bancos de piedra mientras hacen tiempo para volver a sus casas. «Me parece bien esta vuelta a la calma. Pasaron muchas cosas que no debieron pasar, como cuando quemaron el kiosko ése de la esquina», dice Carlos mientras señala la parte sur de Altamira.
«Creo que los que protestaron pararon porque no iban para ningún lado. Mucho preso… No tenía sentido. Venga protestar y los políticos por otro lado, y ellos cayendo presos», critica que el precio fue demasiado alto para el resultado obtenido.
Para María, el fin de las protestas fue un alivio. «No funcionaba el metro, la camionetica (autobús urbano). Tenía que ir caminando con todas las lacrimógenas. Me pareció bien la vuelta a la calma». Del cuello le cuelga el carnet de pasante del Ministerio de Turismo.
«Con esas protestas no llegan a ningún lado»
Claritza y Evarista bajan de la avenida principal para tomar su camionetica camino al populoso barrio de Petare. Los dos trabajan en las oficinas de un banco cercano como limpiadoras. Para ellas, de 44 y 63 años, fue un alivio el fin de las protestas.
«No estamos de acuerdo con lo que pasa en el país, pero antes teníamos que dar unas vueltas enormes para salir del trabajo, tragamos lacrimógenas, pasábamos horas hasta que podíamos llegar a casa».
Xavier, mototaxista de una línea en los alrededores, tiene sentimientos encontrados. «En las protestas se hacía buena plata, porque como no había transporte, uno hacía carrera y carrera. Pero lo que hicieron… No, no era el modo. Así, con esas protestas, no llegan a ningún lado. Ahora hay calma. Pero los problemas siguen estando ahí», apunta.
«A dos compañeros la Guardia les quemó unas motos el día 30 de julio. No tienen cómo reponer eso. Todo está aún más caro. Y con menos carreras que hacer».
En la parte sur de la plaza, en una enorme pared que sirve de resguardo para un terreno baldío, las pinturas han ido cambiando estos meses.
Durante las protestas, aparecieron unos graffiti contra el gobierno y unas gigantografías con fotos de manifestantes. Después, unos funcionarios taparon todo con pintura negra. Fue luego del 30 de julio, el día de la votación a la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el gobierno. La calle «se enfrió», como dicen popularmente en Venezuela.
«Nos cayó fuerte, nos sentimos mal después del 30 de julio. Eso fue una farsa y un engaño. Pero no siento que la oposición me traicionó», explica Blanca, estudiante, que llega a la plaza para encontrarse con su novio, Samuel.
«Salí a manifestarme, había un plan y lo siguieron adelante. Solo creo que les quedó grande la tarea y no supieron alentar las protestas. No lograron seguir motivando a la gente y por eso la cosa decayó», agrega, comprensiva.
Una camionetica pasa lenta alrededor de Plaza Altamira. Por las ventanas salen banderas amarillas del partido opositor Primero Justicia y, a todo volumen, una versión criolla del éxito del cantante colombiano Maluma «Felices los cuatro». En la canción se pide el voto este domingo para Carlos Ocariz, el candidato de oposición para el estado Miranda, que linda con Caracas.
Sobre aquella pared pintada de negro ya no quedan rastros de las protestas. Ahora carteles piden el voto por Ocariz. Otras, sin embargo, llaman a la abstención: «No votes te lo suplico» .
Los analistas coinciden en que la abstención por la desilusión podría perjudicar a los opositores. Algunos no se fían de la limpieza de las elecciones. Dependiendo de lo que pase, la protesta podría regresar a la calmada Plaza Altamira.
